Ricardo Garcia Valencia
Expediente 254/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ricardo Garcia Valencia
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y toda vez que de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Luego, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, es destruible el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se negó la suspensión provisional y definitiva, por tanto, glósese al expediente principal; en cuanto al duplicado del incidente, guárdese por separado y en su oportunidad llévese a cabo la destrucción del mismo, conforme al punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Finalmente, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Y, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. ...
- Principal
SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO: : S E N T E N C I A (...)(...) Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido Ricardo García Valencia, contra los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Suministrador de Servicios Básicos, por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, Secretario de Juzgado, quien autoriza hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 254/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, Ricardo García Valencia, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridades responsables: La Delegación Regional de la Comisión Federal de Electricidad con domicilio ubicado en Calle la Suave Patria, Lagunita 99340, Jerez de García Salinas, Zacatecas. Actos reclamados: a) El inminente corte de suministro de energía eléctrica en mi domicilio ubicado en Calle geranios #73, Colonia Jardínes de Ramón López Velarde, municipio de Jerez, estado de Zacatecas, como resultado de un acto ilegal, con falta de fundamentación y motivación y de resultados de imposible reparación en mi persona y en mi familia Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia correspondió por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veinte se ordenó registrar la demanda con el expediente 254/2020 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga en términos de la presente acta; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: El corte de suministro de energía eléctrica en su domicilio ubicado en calle Geranios número setenta y tres, colonia Jardínes de Ramón López Velarde, Municipio de Jerez, Zacatecas. La precisión de los actos reclamados se hace sin tomar en cuenta los calificativos que sobre los mismos vierte la parte quejosa, dado que constituyen conceptos de violación, que en su caso, de resultar procedente el juicio de garantías, se analizaran como tal. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con el número P.VI/2004, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, página 255, con registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. En el presente caso, si bien la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos en su denominación correcta, negó la existencia del acto reclamado y no obstante que la parte quejosa a fin de demostrar la existencia del acto reclamado a su escrito de demanda anexó como pruebas de su parte: Contrato de arrendamiento debidamente digitalizado celebrado entre Juan Sánchez Hernández, como arrendador y el aquí quejoso Ricardo García Valencia, como arrendatario, respecto del inmueble ubicado en calle Geranios número 73, Fraccionamiento Ramón López Velarde en Jerez de García Salinas, Zacatecas. Dos comprobantes de pago y un duplicado de factura expedidos por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Luis A. Sánchez Venegas relativos al trece de febrero de dos mil veinte, respecto al servicio de energía eléctrica ubicado en Geranios setenta y tres de Jar López V., de Jerez Sub Urbano, Zacatecas. Recibo para pago expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Luis A. Sánchez Venegas respecto del inmueble ubicado en Geranios setenta y tres Jar López V., de Jerez Sub Urbano, Zacatecas con número de medidor P257TN. Sin que tales documentales tengan el alcance de desvirtuar la negativa de la responsable, pues únicamente se aprecia que la parte quejosa tiene celebrado un contrato de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en calle calle Geranios número 73, Fraccionamiento Ramón López Velarde en Jerez de García Salinas, Zacatecas; del recibo para pago y comprobantes se advierte que se encuentran emitidos a nombre de un tercero de nombre Luis A. Sánchez Venegas, mismos que solo demuestran la existencia del citado contrato y que dichos recibos se encuentran expedidos a una tercera persona que no es el aquí quejoso. Por otra parte, en cuanto al comprobante de pago electrónico, lo único que demuestra es que el aquí quejoso realizó el pago del servicio de energía eléctrica del citado domicilio por medios electrónicos; de ahí, que la negativa de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, con sede en Guadalupe, Zacatecas, en representación del Agente Comercial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, no logró desvirtuarse. Sin embargo, en el caso también está demostrado que la señalada como responsable, esto es, Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, con sede en Guadalupe, Zacatecas, en representación del Agente Comercial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, no tiene el carácter de autoridad, presupuesto que se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De tal suerte que, el presente caso no será resuelto por inexistencia del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la tesis de la Décima Época, Registro: 2020279, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.A. J/20 (10a.), Página: 2086, del rubro texto siguientes: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser de estudio preferente, este Juzgado de Distrito examinará de oficio la procedencia del juicio constitucional, lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que instituye que las causales de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se sobreseerá en el juicio. Bajo esa tesitura, de un estudio realizado a las constancias obrantes en el sumario de amparo, se considera que tal y como lo menciona la señalada como autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Respecto al tema materia de este juicio -actos de la Comisión Federal de Electricidad-, existe la siguiente tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son los siguientes: Décima Época, Registro: 2016656, Jurisprudencia, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Administrativa, Civil, Tesis: 2a./J. 30/2018 (10a.), Página: 532, del rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Los preceptos y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo. Para mayor claridad, existe la siguiente jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". (Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época. Registro 161133). Luego, los parámetros que deben satisfacerse para considerar que un acto emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra consonancia con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, donde se establece que autoridad es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Finalmente, contempla la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, entendiéndose que éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos de los demás gobernados. En el caso, no se está en presencia de un acto de autoridad propiamente dicha, como tampoco de un acto de particular que se conduzca con tal carácter, pues el acto reclamado se hace consistir sustancialmente en el corte de servicio eléctrico respecto del servicio número 1127900700067, lo que conlleva a concluir que se trata de un acto derivado de un contrato de prestación de servicios, donde interviene la voluntad de ambos contratantes, lo que coloca a ambas partes en un plano de igualdad, por ello, el acto que emane de una de las partes, en el caso, de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, carece de la naturaleza de un acto de autoridad, pues la relación jurídica entre los particulares usuarios del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación) sino a una relación de coordinación entre aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos, de ahí que los referidos actos dentro de esa relación, no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino de la mera consecuencia del contrato de suministro de energía eléctrica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Agosto de 2010, página 364, con número de registro 164145 del rubro y texto los siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión conduce a esta Sala a abandonar el criterio de que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad para efectos del juicio de amparo tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, toda vez que: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo, el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. En ese sentido, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Es importante destacar que no es óbice a lo anterior, que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda para tratar de acreditar el carácter de autoridad de la que señaló como responsable haya citado la tesis que no ha integrado jurisprudencia de la voz "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AJUSTE, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DERIVADO DE LA PRÁCTICA DE UNA VERIFICACIÓN EFECTUADA POR DICHA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SON ACTOS DE PARTICULAR EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Lo anterior se afirma, pues como ya se dijo, se trata de una tesis que no ha integrado jurisprudencia y por ende no es obligatoria su aplicación, máxime que la presente resolución ha sido apoyada con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", la que, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo sí es de observancia obligatoria para el suscrito juez de amparo. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Finalmente, al decretar el sobreseimiento en el juicio, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación, la Jurisprudencia (Común), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido Ricardo García Valencia, contra los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Suministrador de Servicios Básicos, por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, Secretario de Juzgado, quien autoriza hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
"... Agréguese a los autos el oficio signado por la representante y apoderada legal de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos en representación del encargado de la Jefatura del Departamento Comercial Zona Aguascalientes, mediante el cual, proporciona el correo electrónico dayam.zamoranocfe.mx, y el número telefónico 4929491729; los cuales se le tienen por señalados, a fin de que se establezca el contacto respectivo en los casos que se estime necesario..."
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