Ricardo Flores González
Expediente 412/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 33 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ricardo Flores González
- Rosalba Luna del Real
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 15846. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la promoción que remite el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por la que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Comisionada Ejecutiva de Atención Integral a Victimas del estado de Zacatecas, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintisiete de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El veinte de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con folio 14096. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la autoridad responsable, por la que interpone recurso de revisión; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia autorizada en este juicio de derechos; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, en turno, así como el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. gfp En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiuno de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 412/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, Ricardo Flores González y Rosalba Luna del Real, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa estimó vulnerados en su perjuicio, las garantías y derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20, apartado "C" y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes del acto reclamado. SEGUNDO. Returno por conocimiento previo. La demanda de amparo de que se trata fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, siendo que por auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, su titular constató que el juicio de amparo número 606/2019 del índice de este Juzgado Primero de Distrito, fue promovido por Ricardo Flores González, contra actos del Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas, derivado del expediente CEA/VZ/001/2015, el cual fue resuelto por sentencia de once de febrero de dos mil veinte, en la que, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, la que causó ejecutoria por auto de dos de marzo siguiente. Ahora, en el juicio de amparo 391/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el estado, la parte quejosa reclamó del Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas, la resolución dictada en el expediente CEA/VZ/001/2015, mediante la cual se declaró la imposibilidad para registrarlos como víctimas indirectas y como consecuencia, la indeterminación de la procedencia y cuantía de los montos indemnizatorios por concepto de reparación de daños. Ante ello, se concluyó que el juicio de amparo número 606/2019 del índice de este Juzgado, guarda estrecha relación con el diverso expediente 391/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el estado, en atención a que este último fue promovido contra actos provenientes del mismo expediente administrativo CEA/VZ/001/2015, del índice de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Zacatecas. En tales condiciones, con fundamento en lo previsto por los artículos 45 y 46, fracción II, y párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en el estado, ordenó remitir el juicio de amparo número 391/2020 de su índice, a fin de que este órgano jurisdiccional se pronunciara sobre la competencia planteada. TERCERO. Aceptación de la competencia planteada y prevención a la parte quejosa. En acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte y una vez analizados, los motivos que dieron lugar a considerar que este Juzgado de distrito conoció previamente en el juicio de amparo número 606/2019, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Primero de Distrito en el estado, asumió el conocimiento de la demanda promovida; se registró el juicio con el expediente 412/2020; se previno a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días hábiles legalmente computados, bajo protesta de decir verdad, cumpliera lo siguiente: Señalaran la fecha en que fueron notificados, o bien, cuándo tuvieron conocimiento de los actos reclamados, es decir, la fecha en que les fue notificada la resolución dictada dentro del expediente administrativo 001/2015. CUARTO.- Cumplimiento de prevención y admisión. Mediante escrito recibido el ocho de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa bajo protestad de decir verdad, señaló que la fecha en que tuvieron conocimiento del acto reclamado lo fue el dieciséis de julio de dos mil veinte; día en que les fue notificada la resolución combatida en el presente juicio. A su vez, por auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la prevención realizada a la parte quejosa y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se ordenó dar intervención a la agente del Ministerio Público adscrita. QUINTO.- Primera ampliación de demanda respecto de la falta de fundamentación y motivación. En proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo y señaló como acto y autoridad los siguientes: a). Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas De quien reclama: 1).- La falta de fundamentación y motivación de las razones expuestas en el informe justificado rendido por la citada autoridad, en relación con la emisión de la resolución dictada en el expediente CEA/VZ/001/2015, mediante la cual se declaró la imposibilidad para registrarlos como víctimas indirectas y como consecuencia, la indeterminación de la procedencia y cuantía de los montos indemnizatorios por concepto de reparación de daños. SEXTO.- Segunda ampliación de demanda. En acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo y señaló como acto y autoridad los siguientes: a). Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas. De quien reclama: 1).- Informe justificado rendido por el Encargado de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas, sin tener facultades para ello. 2).- La pretensión de complementar la fundamentación y motivación de su actuar, lo cual resultó insuficiente. Asimismo, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se le atribuye a una autoridad que radica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" y la tesis VI/2004, con registro 181810, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y veintiséis, del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En esas condiciones, de un análisis acucioso a la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados son los siguientes: Del Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, se reclama: 1).- La resolución dictada el diez de marzo de dos mil veinte, en el expediente CEA/VZ/001/2015, mediante la cual se declaró la imposibilidad para registrarlos como víctimas indirectas y como consecuencia, la indeterminación de la procedencia y cuantía de los montos indemnizatorios por concepto de reparación de daños. No pasa inadvertido, que la parte quejosa señaló como diverso acto reclamado la falta de fundamentación y motivación de las razones expuestas en el informe justificado rendido por la citada autoridad, en relación con la emisión la resolución dictada en el expediente CEA/VZ/001/2015, mediante la cual se declaró la imposibilidad para registrarlos como víctimas indirectas y como consecuencia, la indeterminación de la procedencia y cuantía de los montos indemnizatorios por concepto de reparación de daños. Sin embargo, no resulta procedente tenerlo como acto reclamado, acorde a lo siguiente: En principio, debemos precisar el contenido del artículo 117 de la ley de la materia que establece: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. [.]". Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional.". De la interpretación armónica de dicho numeral se desprende que el juicio de amparo es procedente cuando el acto reclamado sea materialmente administrativo respecto del cual en la demanda se hubiere aducido falta o insuficiencia de fundamentación y motivación. Además, se aprecia que sólo tratándose de actos materialmente administrativos y cuando se señalen tales vicios desde la demanda, la autoridad responsable al rendir su informe justificado debe complementar en esos aspectos el acto reclamado, caso en el cual, debe correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la cual se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Asimismo, en caso de que se amplíe la demanda, se dará vista a las partes y, si es que se hubieren señalado nuevas autoridades responsables, se ordenará emplazarlas. En relación con lo anterior, cabe destacar que en la contradicción de tesis la 327/2014 resuelta por la Segunda Sala del Alto Tribunal, se definió lo siguiente: "[.] Ahora bien, en razón de lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que cuando el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo establece que: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado.", y que "Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración."; no debe entenderse referido a cualquier tipo de asunto administrativo, sino sólo respecto de aquellos actos materialmente administrativos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el gobernado y, por tanto, son discrecionales), por corresponder, precisamente, a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. Se afirma lo anterior, si se toma en consideración que cualquier acto administrativo diferente de los anunciados, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, por citar algunos ejemplos, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues, de lo contrario quedaría inaudita la violación alegada, bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo cual no es acorde con los objetivos del amparo, como lo es el restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a que respete dicho derecho. De ahí que, tratándose de este tipo de actos, necesariamente éstos deben ser apreciados tal como aparecen probados ante la autoridad responsable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es que el referido enunciado no debe ser entendido respecto a cualquier tipo de asunto del orden administrativo, sino únicamente respecto de aquellos actos materialmente administrativos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública (en los que no tiene intervención el gobernado y, por tanto, son discrecionales).". Ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia que dice: "Décima Época Registro: 2008753 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 23/2015 (10a.) Página: 1239 ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo.". En tales condiciones, si bien la parte quejosa amplió su escrito de demanda por conceptos de violación respecto de los escritos presentados por la autoridad responsable registrados con los folios 15663 y 19343 y recibidos en este juzgado ocho de octubre y veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, por los cuales rindió sus informes justificados y expuso la fundamentación del acto reclamado, lo cierto es que esos actos no pueden ser considerados como actos reclamados, pues en el caso, no son materialmente administrativos. Lo anterior es así, pues el acto reclamado no fue emitido en forma espontánea, unilateral y discrecional, cuyos efectos sean directos e inmediatos, sin que para ello hubiere tenido intervención el quejoso, sino por el contrario, la resolución impugnada de inconstitucional derivó del escrito presentado por la parte quejosa que contiene la propuesta del plan de reparación de nueve de marzo de dos mil veinte ante la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del estado de Zacatecas. Orienta a lo anterior la tesis que dice: "Décima Época Registro: 2013084 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a. CXIV/2016 (10a.) Página: 1551 ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO SE REFIERE A LOS QUE SON EMITIDOS DE FORMA UNILATERAL POR UN ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EN LOS QUE NO TIENE INTERVENCIÓN EL GOBERNADO Y, POR TANTO, SON DISCRECIONALES). El apartado del precepto citado no debe entenderse referido a cualquier tipo de asunto, sino sólo respecto de actos materialmente administrativos, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. Lo anterior, si se toma en consideración que cualquier acto administrativo diferente de los anunciados, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, por citar algunos ejemplos, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario no se atendería la violación alegada, bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo cual no es acorde con los objetivos del juicio de amparo, como lo es el restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a que lo respete.". Aunado a que, si este órgano jurisdiccional tomara en consideración las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable en alcance a su informe justificado y, por ende, procediera al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, atentaría con el principio de inmutabilidad del acto reclamado consagrado en los artículos 75, párrafo primero, y 117, párrafo penúltimo, ambos de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior el hecho de que se hayan admitido y dado trámite a las ampliaciones de demanda presentadas por la parte quejosa en proveídos de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y trece de enero de dos mil veintidós, pues ello no impide que una vez analizadas la totalidad de las constancias que integran el presente asunto acorde con lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, sea fijada adecuadamente la litis. Orienta a lo señalado la tesis que dice: "Décima Época Registro: 2017215 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E.74 K (10a.) Página: 2958 COMPLEMENTACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO. AL ESTAR PREVISTA LIMITATIVAMENTE PARA LOS ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE PRETENDA REALIZARLA RESPECTO DE UNO QUE NO TENGA ESA NATURALEZA, EL JUEZ DE DISTRITO, AL DICTAR SU SENTENCIA, RESOLVERÁ SIN ADMITIRLA. De acuerdo con las reglas de la Ley de Amparo, en caso de que se impugne un acto materialmente administrativo, por falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, según se advierte del último párrafo de su artículo 117, la autoridad responsable está obligada a complementar esos aspectos al rendir su informe justificado y, si no lo hace, da lugar a que en la sentencia que llegue a dictarse se tenga como un vicio de fondo que impediría a la autoridad la reiteración del acto, como lo dispone el artículo 124, párrafo tercero, del propio ordenamiento. En estas condiciones, una vez que la responsable rinda su informe, deberá correrse traslado al quejoso para que, dentro del plazo de quince días hábiles, pueda ampliar su demanda en lo tocante a dicha complementación y, en su caso, con la ampliación se dará vista a la responsable y al tercero interesado. Así, el esquema defensivo anterior pretende evitar que cuando se reclame un acto materialmente administrativo por carencia o insuficiencia en la fundamentación y en la motivación, el efecto de la sentencia de amparo se limite, en su caso, a obligar a la autoridad responsable que lo emitió a colmar esta deficiencia. Por ello, se prevé que, en ese supuesto específico, la responsable debe complementar el acto reclamado en su informe con justificación, y el quejoso podrá impugnar -mediante la ampliación de la demanda- la resolución complementada, lo que tiene como finalidad eludir la promoción de un juicio de amparo contra el acto que llegara a dictarse para subsanar la violación señalada. Ahora bien, conforme a las reglas indicadas, si en el juicio de amparo indirecto se reclama un acto que no tenga la naturaleza de materialmente administrativo, pero al rendir su informe la responsable pretende complementarlo y, ante la vista que se dé al quejoso, éste amplía su demanda, el hecho de que el Juez de Distrito admita la ampliación y le dé trámite, no le impide -al dictar la sentencia- fijar adecuadamente la litis, en observancia al artículo 74, fracción I, de la ley invocada, y resolver sin admitir la complementación de la resolución reclamada, dado que ese procedimiento está establecido limitativamente para los casos de impugnación de los actos materialmente administrativos. Admitir lo contrario, permitiría a la autoridad responsable un manejo arbitrario, al poder subsanar la falta de fundamentación y motivación, o modificar la decisión en situaciones no permitidas por la ley, lo cual afectaría los principios de legalidad y de seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA". Por otro lado, tampoco resulta procedente tener como acto reclamado el informe justificado rendido por el Encargado de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas, sin tener facultades para ello, toda vez que el fin u objeto del informe es aceptar o no la existencia de los actos reclamados, así como justificar su emisión y aunado a ello, la parte quejosa debió objetar el informe en cuanto a su autenticidad. "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.- El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido." Aunado a ello, del informe rendido por el Encargado de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas, registrado con folio 17419 (fojas 344-347 de autos) y que fue materia de ampliación de demanda, se debe concluir que tal comunicado no deberá surtir efecto alguno en el presente sumario, dado que la Comisionada Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado relativo a la complementación y motivación del citado informe, reconoció que el funcionario Edgardo Bocanegra Rendón, en su calidad de Secretario de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, no contaba con facultades para rendir el informe justificado solicitado, pues al momento en que rindió tal comunicado, no se contaba con titular de tal dependencia, siendo su deber informar de tal situación al órgano jurisdiccional. En otro aspecto, de ningún modo resulta procedente tener como acto la pretensión de complementar la fundamentación y motivación de su actuar; ello es así, pues la citada fundamentación y motivación que refiere la parte quejosa, forma parte del contenido del acto reclamado y no constituye propiamente un acto que afecte la esfera jurídica del quejoso, sino se está en presencia de incipientes conceptos de violación, que podrán ser materia de estudio del fondo de la cuestión planteada. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia cuyo texto y contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, del contenido de su comunicado se aprecia que reconoció que dio cabal cumplimiento a la resolución o determinación como resultado de la integración de la queja CDHEZ/501/2011, así como a la sentencia dictada en el juicio de amparo número 606/2019 del índice de este Juzgado de Distrito; de ahí, que su acto es cierto. Por otra parte, en cuanto al informe rendido por el Encargado de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas, registrado con folio 17419 (fojas 344-347 de autos) y que fue materia de ampliación de demanda, debe decirse que tal comunicado no deberá surtir efecto alguno en el presente sumario, dado que la Comisionada Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado relativo a la complementación y motivación del citado informe, reconoció que el funcionario Edgardo Bocanegra Rendón, en su calidad de Secretario de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, no contaba con facultades para rendir el informe justificado solicitado, pues al momento en que rindió tal comunicado, no se contaba con titular de tal dependencia, siendo su deber informar de tal situación al órgano jurisdiccional. Finalmente, la Comisionada Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, al rendir su comunicado de ley, respecto de la ampliación de demanda, negó los actos reclamados, bajo el argumento de que no fue omisa en reparar íntegramente el daño causado por autoridades estatales; sin embargo, expuso argumentos tendentes a justificar que sí se proporcionó asesoría y apoyo de supervivencia las víctimas; de ahí, que tal acto es cierto. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, sería innecesario el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A). Artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo (Hipótesis no actualizada). En el presente asunto, la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado con registro 15663 (foja 220), considera que el término para la interposición de la demanda de amparo comenzó a transcurrir el día tres de julio de dos mil veinte, pues esa era la fecha en que los quejosos fueron notificados del contenido del acuerdo impugnado y del oficio CEAIVZ/0991/2020 y dicho periodo feneció el veinticuatro de julio del citado año, por lo que, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiuno de agosto de dos mil veinte, transcurrió en exceso el plazo de quince días. Al respecto, debemos mencionar que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". La causal de improcedencia es infundada, por lo siguiente: En el caso, se estima que no se actualiza la hipótesis a que se refiere el numeral 18 de la Ley de la materia, relativa a que el término para presentar la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente en que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto, pues la autoridad responsable no aportó prueba alguna para justificar su afirmación en el sentido de que desde el tres de julio de dos mil veinte, la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de la decisión contenida en el oficio CEAIVZ/0991/2020, de tres de julio de dos mil veinte. No obstante lo anterior, es preciso mencionar que la parte quejosa en su escrito aclaratorio con registro 6432, recibido el ocho de septiembre de dos mil veinte, bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de julio de dos mil veinte, pues en esa fecha le fue notificada la resolución impugnada en el presente juicio de amparo, por lo que, al no encontrarse probada de manera manifiesta e indudable la fecha de conocimiento del acto reclamado, debe concluirse que su presentación fue oportuna, dado que no puede dejarse en estado de indefensión a la parte quejosa, pues, la responsable, si bien afirma, que procedió a la notificación del oficio impugnado, no acreditó la fecha en que lo realizó. Aunado a ello, se concluye que la falta de exhibición de prueba fehaciente, que acredite la fecha de notificación del acto reclamado, genera la presunción de que no la realizó y que la fecha de conocimiento del acto reclamado, ocurrió el dieciséis de julio de dos mil veinte. No obstante lo anterior, debe decirse que la fecha en la que dio inicio el término para la presentación de la demanda de amparo, lo fue el tres de agosto de dos mil veinte, toda vez que del periodo comprendido del diecisiete de marzo al dos de agosto del citado año, se encontraban suspendidos los plazos, por la contingencia sanitaria COVID 19; por lo que, si la demanda se presentó el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, es claro que su presentación fue oportuna. B). Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (Hipótesis no actualizada). En otro aspecto, la citada autoridad, manifestó que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que en el contexto jurídico y fáctico, no existe un acto de autoridad que afecte a la parte quejosa de forma directa sino que buscan que el Estado les conceda la manutención con fondos públicos. Asimismo, refiere que los quejosos no demostraron que se actualice un perjuicio tal que transgreda sus derechos fundamentales. La causa de improcedencia debe desestimarse. Ello es así, pues en el caso, el tema relativo a la transgresión de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 apartado C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su protección como víctima del daño sufrido, requiere un estudio de fondo, el cual será materia de análisis de la sentencia definitiva que se dicte en el presente juicio de amparo, atendiendo a la causa de pedir. Aunado a lo anterior, debe decirse que el Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del estado de Zacatecas, mediante oficio CEAIVZ/1141/2019, de siete de agosto de dos mil diecinueve, informó a los aquí quejosos Rosalba Luna del Real y Ricardo Flores Luna, que fueron dados de alta en el Registro Estatal de Víctimas (foja 267 de autos). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.- Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." QUINTO.- Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad hechos valer por los peticionarios de derechos se tienen por reproducidos en este considerando, sin que resulte necesaria su trascripción, atendiendo al criterio jurisprudencial J/129, con registro 196477, consultable en la página 599 del Tomo VII, Abril de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: Tribunales Colegiado de Circuito, Novena Época, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.". La parte quejosa aduce de manera esencial en sus conceptos de violación que: a).- La resolución reclamada es violatoria de los artículos 1°, 14, 16, 17. 20, apartado C y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no les reconoce la calidad de víctimas, bajo el argumento de que existen recursos pendiente por resolver, sin embargo, tal reconocimiento no debe quedar sujeto a ninguna resolución pendiente, mucho menos esperar a que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, resolviera el recurso de inconformidad presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Zacatecas. b).- La Comisión Ejecutiva responsable fue omisa en pronunciarse respecto del proyecto de reparación integral del daño y consecuentemente determinar una cuantía por indemnización por violaciones a derechos humanos, ni tampoco se pronunció sobre alguna medida de reparación integral. Los conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional, acorde a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, entre otros, el derecho al debido proceso legal. Esta prerrogativa se traduce en que los procesos jurisdiccionales deben substanciarse en cumplimiento de las condiciones fundamentales establecidas en la ley. Por su parte, el artículo 16 de la Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Así se advierte de la porción normativa correspondiente que dice: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". La vinculación de estos dos derechos fundamentales nos permite concluir que toda resolución, ya sea que provenga de autoridad judicial o administrativa, debe cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, las resoluciones emitidas por cualquier autoridad deben emitirse de forma fundada y motivada. En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior, tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se considere de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Luego, no basta que las resoluciones de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino se requiere además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Aunado a lo anterior, debe decirse que el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral está regulado entre otros, en los preceptos 72 a 78 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, los cuales son del tenor siguiente: "DEL PROCEDIMIENTO Artículo 72. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva de conformidad con lo señalado por esta Ley y su Reglamento. Quien reciba la solicitud la remitirá a la Comisión Ejecutiva en un plazo que no podrá exceder los dos días hábiles. Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo. Artículo 73. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva la turnará a los integrantes del Comité Evaluador señalado en el artículo 67, junto con el expediente que servirá de base para que se determine el apoyo o ayuda que requiera la víctima. Artículo 74. El expediente a que se refiere el artículo anterior deberá contener como mínimo: I. Los documentos presentados por la víctima; II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima; III. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y IV. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos. Artículo 75. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además: I. Estudio de trabajo social elaborado por la Comisión Ejecutiva en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización; II. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación; III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y IV. Propuesta de resolución que se propone donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda. La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad de la Comisión Ejecutiva lograr la integración de la carpeta respectiva. Artículo 76. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del Comité Evaluador con los documentos señalados en el artículo anterior, a efecto de que analice, valore y concrete las medidas que se otorgarán en cada caso. El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la ayuda. La Comisión Ejecutiva deberá integrar el expediente completo en un plazo no mayor a veinte días hábiles y resolver, con base al dictamen del Comité Evaluador, la procedencia de la solicitud. Artículo 77. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima: I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y otras formas de reparación; II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron; III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva. Artículo 78. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando: I. La condición socioeconómica de la víctima; II. La repercusión del daño en la vida familiar; III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño; IV. El número y la edad de los dependientes económicos, y V. Los recursos disponibles en el Fondo." De lo transcrito se advierte que el artículo 72 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas establece que el procedimiento inicia con la solicitud de la víctima ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por su parte, los preceptos 72 y 76 de la ley en estudio, refieren que quien reciba la solicitud la remitirá a la Comisión Ejecutiva, dentro del plazo de dos días hábiles, y que ésta una vez que reciba la solicitud, deberá integrar y resolver el expediente en un plazo no mayor a veinte días hábiles. Precisándose en el artículo 74 de la norma en comento, que el expediente supracitado deberá contener como mínimo: los documentos presentados por la víctima; la descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima; el detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y en caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos. El artículo 75 de la ley señala que en el caso de una solicitud de ayuda o apoyo, adicionalmente, deberá agregarse el estudio de trabajo social elaborado por la Comisión Ejecutiva, en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización; el dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación; el dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y la propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda. Por otro lado, los preceptos 72, 73 y 76 de la citada ley, dispone que una vez que el expediente se encuentre integrado, se turnará a los integrantes del Comité Evaluador el cual, una vez realizado el análisis, valoración y concreción de las medidas que se otorgarán en cada caso, deberá emitir un dictamen sobre la procedencia o no de la solicitud, respecto del cual la Comisión Ejecutiva emitirá una determinación, dentro del precitado plazo de veinte días contados a partir de la recepción de la solicitud por parte de dicha comisión, misma que tendrá el carácter de resolución administrativa definitiva sobre la cual, en su caso, procederá el juicio de amparo. En tales condiciones, en la resolución reclamada (fojas 223-227 de autos), el Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del estado de Zacatecas determinó que no era posible entrar al estudio de la solicitud de reparación planteada por Ricardo Flores González hasta en tanto fueran concluidas las instancias ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas y ante ello, se estimó que no se acordaba de conformidad la solicitud señalada. Así se advierte de la transcripción siguiente: "En la Ciudad de Guadalupe, Zacatecas, siendo el día diez de marzo de dos mil veinte. VISTO. - El contenido de la resolución dictada en juicio de amparo 606/2019 por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, pare el efecto de que se sustancien de manera inmediata la solicitud para el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral planteada por el C. RICARDO FLORES GONZALEZ, así como el escrito presentado por el mismo ciudadano donde hace una propuesta de plan de reparación presentado en fecha nueve de marzo del año 2020, por ser supuestos actos violatorios de Derechos Humanos, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en consecuencia, teniendo a la vista el expediente administrativo del cual se le asignó el número 001/2015, entramos al estudio de cada uno de los siguientes considerandos: PRIMERO: El día cuatro de octubre de dos mil once, en consecuencia a la nota periodística que en la primera plana del relativo de circulación estatal, "El Sol de Zacatecas", del día de la fecha, que apareció bajo el titulo; "Banda de Policías Estatales la que mató a un joven", de cuya lectura se desprende la presunta participación de elementos de la Policía Estatal Preventiva en la comisión de hechos sancionados por la Ley Penal, como lo es el robo, apoderamiento que al pretender evitarse se repele con arma de fuego, y se priva de la vida a una persona. Por tal motivo y toda vez que la prensa reporta la presunta participación de elementos de la Policía Estatal Preventiva, y por imperativo constitucional; "La actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos..." as posible inferir que con tal conducta se incumplió con tal mandato del máximo orden, con fundamento en el artículo 8 fracción VII, Inciso A) de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se registra bajo el número de expediente CEDH/501/2011, en el libro de quejas y derívese al visitador que en turno le corresponda. SEGUNDO. - El día seis de octubre del año dos mil once, se emite el ACUERDO DE CALIFICACION DE QUEJA, mismo que bajo previo estudio de los hechos que la constituyen se califica como de PRESUNTOS HECHOS VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, que de acuerdo al Manual para la calificación de hechos violatorios, según lo estipulado en el artículo 56 fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pudiera ser constitutivos de HOMICIDIO, es en fecha doce de octubre del año dos mil once, se emite por parte de la Primera Visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el oficio V1ZAC/5848/11, el cual informa que por una nota periodística del diario el "Sol de Zacatecas" el cual denuncia a elementos de la Policía Estatal Preventiva como responsables de vulnerar los derechos humanos de quien en vida respondiera al nombre de Alejandro Flores; solicitando el informe respectivo sobre los actos constitutivos de la misma. TERCERO. - En fecha dieciocho de noviembre del año dos mil once, la Licenciada Magda María Moya Hernández,. Visitadora adjunta a la Primera Visitadora General de la Comisión Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, emite una Acta Circunstanciada en la que hace constar que estando legalmente constituida en la cello Roberto Mendizábal de la Colonia Barra Sierra, Zacatecas, Zacatecas, con la finalidad de localizar a familiares del joven quien en vida respondiera al nombre de ALEJANDRO FLORES, localizando a una persona del sexo masculino ye de edad avanzada, por lo que al entrevistarlo y comentarle el objetivo de la visita era ratificar la queja y detallarla, respondió que no le interesaba saber nada de trámites, diligencias, citatorios, entrevistas, ye que nada le regresaría a su hijo, siendo todo lo que manifestó. CUARTO.- En fecha quince de febrero del año dos mil doce, se emite per parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos un ACUERDO DE TERMINIACION DE QUEJA, debido a que per parte de la Secretaria de Seguridad del Estado de Zacatecas, se allana de manera parcial a la queja, considerando el órgano garante que con las acciones que se proponían se daban por cumplidas en cuanto a la clasificación jurídica que se le diera a la violación a los Derechos Humanos contemplando que el derecho violado es a la SEGURIDAD DE LAS PERSONAS EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD, tomando como víctima a la sociedad en su conjunto y no a un a victima que pudiera considerarse por la Ley General de Victimas como Indirectas. QUINTO. - Sin embargo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, le notifica al solicitante la resolución de la terminación de la queja hasta en fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, por lo que a partir de ese momento el solicitante contaba con treinta días naturales para poder interponer su inconformidad, siendo que en fecha dieciséis de febrero del mismo año, por parte de esta autoridad resolutora se hizo el escrito de inconformidad, en virtud a lo estipulado con el artículo 61 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y se mandó a la autoridad competente como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que analizara la clasificación raciocinios, puntos resolutivos y realizara el procedimiento ante esa instancia para que se observara si la resolución emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, para que la opinión del órgano revisor, analizara acciones, y ordenara la reconsideración de la resolución, aclarando que a la fecha la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha pronunciado al respecto, quedando inconcluso el procedimiento de análisis y así resolver el recurso interpuesto por el solicitante ante ese Órgano Nacional de Derechos Humanos, consideramos que existe litispendencia en este caso porque no se han terminado aún los procesos y recursos necesarios para poder resolver la petición del solicitante. SEXTO.- Ahora bien dentro del contenido de la resolución denominada acuerdo de terminación de queja que elaboró la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, nunca tuvo consideración de tomar como violación a los derechos humanos que afecten la esfera jurídica de los solicitantes, sino que se acreditó coma violaciones de derechos humanos a la Seguridad de las Personas en Perjuicio de la Sociedad, tomando como afectados a la sociedad y no a una victima en especial pudiendo ser los padres de la víctima directa, es per eso que se le asesoró que se agotaran los medios legales para que se hiciera la reconsideración del acuerdo de terminación de queja y se tomaran en cuenta que los solicitantes fueron las víctimas indirectas de los hechos narrados, sin embargo al persistir la resolución con los razonamientos, consideraciones y resolutivos sería imposible para esta autoridad considerar a los solicitantes como víctimas indirectas de Violaciones a Derechos Humanos, por lo que es imposible hacer el análisis del rondo de su solicitud. SEPTIMO. - Cabe señalar que en el Acuerdo de Terminación de Queja que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de fecha seis de mayo del dos mil diecinueve, por supuestas violaciones de Derechos Humanos al ahora peticionario de garantías, en su expediente CDEZ/501/2011 surge el allanamiento del Director de la Policía Estatal desde el doce de diciembre del dos mil once, no obstante los responsables materiales no actuaron en so calidad de servidores públicos por lo que la Comisión se declara incompetente para conocer de los asuntos de conflictos entre particulares de acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de la Comisión de Derechos del Estado de Zacatecas. Aunado a ello existe una sentencia condenatoria que recae sobre el autor material misma que se encuentra en periodo de ejecución, por lo que en atención a los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones en el artículo 16 señalan "Los Estados han de procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir con sus obligaciones", con lo que se interpreta que el responsable de los daños sufridos es quien primeramente debería asumir el pago de la reparación si de acuerdo al derecho se le concediera y no esta Comisión Ejecutiva. OCTAVO.- En fecha seis de mayo del dos mil diecinueve la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas emite acuerdo de solicitud de Registro de Victimas y Reparación Integral, documento en el que se hace la declaratoria de calidad de Victima, que a consideración de esta autoridad resolutoria y en relación a los antecedentes que ya se han vertido que en el cuerpo de la terminación de queja por allanamiento, la catalogación de la Violación es considerado coma víctima; es la sociedad y no da la calidad a un particular, es por eso y haciendo uso de mis facultades que me da la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas en su artículo 40 fracción IV, a la fecha no es posible reconocer por parte de esta autoridad dicha calidad de víctima de Violación a los Derechos Humanos, hasta en tanto se hayan agotado los procedimientos y recursos que se encuentran pendientes, y poder clarificar si la Comisión Nacional de los Derechos humanos, considera que el acuerdo de terminación de queja está apegado a los reglamentos y lineamientos que rigen la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. NOVENO. - Por tal motivo es imposible entrar al estudio de la solicitud planteada por el C. Ricardo Flores González, hasta en tanto sean concluidas las instancias en las que se encuentran en trámite para su aclaración. Por el contenido anteriormente expuesto del expediente administrativo 001/2015, se resuelve, Con fundamento en el artículo 1, 2, 3, 25 y 40 de la Ley de Atención a Víctimas del estado de Zacatecas: PRIMERO. - No se acuerda de conformidad atender la solicitud las consideraciones anteriormente vertidas. SEGUNDO. - Se pide se notifique a los solicitantes la presente resolución entregando una copia Certificada de la presente. TERCERO. - Notifíquese a los solicitantes que conforme al artículo 72 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, cuenta con el recurso de amparo. CUARTO. - Se dejan a salvo sus derechos para que promueva lo que estime pertinente ante las instancias correspondientes. QUINTO. - Los servicios de esta Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Victimas del Estado de Zacatecas quedan a sus órdenes para lo que en algún asunto diverso y de acuerdo a nuestras facultades sea posible apoyarla." De lo destacado se advierte que la resolución de diez de marzo de dos mil veinte, que constituye el acto reclamado, tuvo como base una propuesta como plan de reparación presentada por Ricardo Flores González el nueve de marzo de dos mil veinte, derivada del procedimiento administrativo registrado con el número 001/2015. No obstante, del análisis integral de la resolución reclamada, no se advierte que se hayan justificado las razones por las cuales era imposible entrar la estudio de la solicitud contenida en el plan de reparación planteada por Ricardo Flores González. Dicho de otro modo, no se motivaron las razones por las cuales, en principio, no era posible reconocer por el Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del estado de Zacatecas, la calidad de víctima de violación a los derechos humanos, hasta en tanto se hubieran agotado los procedimientos y recursos que se encontraban pendientes; ello es así, pues como se evidenció en términos de lo previsto por los numerales 72, 73 y 76 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, una vez que el expediente se encuentre integrado, se turnará a los integrantes del Comité Evaluador el cual, una vez realizado el análisis, valoración y concreción de las medidas que se otorgarán en cada caso, quien debería emitir un dictamen sobre la procedencia o no de la solicitud; sin que la citada ley, faculte a dicho comisionado, a declarar la imposibilidad de la solicitud de reparación por existir recursos pendientes por resolver. Aunado a ello, el citado Comisionado, no señaló qué datos y hechos eran los que le impedían resolver la solicitud de reparación, pues la existencia de recursos pendientes por resolver ante otras instancias, no debe considerarse como una justificación legal, dado que la parte quejosa presentó un plan de reparación por actos violatorios de derechos humanos, esto es, solo se limitó a citar algunos antecedentes existente en el procedimiento, consistentes en el contenido del acuerdo de terminación de queja que elaboró la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas y escrito de inconformidad del señor Ricardo Flores González, para después concluir que no era posible entrar al estudio de la solicitud planteada. Lo anterior es así, pues únicamente se refirió que existían recursos pendientes por resolver y con base en ello se determinó que no era posible analizar la solicitud de reparación planteada por Ricardo Flores González. En efecto, si bien la autoridad refirió que no se acordaba de conformidad la solicitud, no expresó los argumentos mínimos necesarios para justificar su determinación. Es así, ya que al emitir su determinación fue omiso en valorar el contenido de las pruebas que deberían haberse recabado, tales como el dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación, así como el estudio de trabajo social elaborado por la Comisión Ejecutiva, en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización. Lo anterior atendiendo a que acorde a lo previsto por el artículo 75 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, al momento de presentarse una solicitud de apoyo o ayuda, se debería agregar el estudio de trabajo social elaborado por la Comisión Ejecutiva, en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización; el dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación, entre otros, y finalmente, la propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda. Sin que el análisis referido implique el pronunciamiento anticipado de la responsable sobre el fondo del asunto, sino únicamente la valoración de las pruebas recabadas en el sumario y estudio de la propuesta de reparación. Pues al no haberse hecho así, la posible víctima no se encontró en posibilidad de controvertir materialmente los razonamientos de dicho resultado para sostener su defensa adecuada, en términos de la garantía de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, al no haberse respetado la garantía de fundamentación y motivación en la respuesta a la solicitud de reparación, que debió regir en el acuerdo reclamado, se acredita su inconstitucionalidad. En consecuencia, procede conceder la protección de la Justicia de la Unión solicitada por la parte quejosa. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la quejosa en el goce del derecho. Para tal efecto, el Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del estado de Zacatecas responsable deberá: a) Dejar insubsistente el acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, que no acordó de conformidad la solicitud de un plan de reparación; y, b) En su lugar, emitir otro en el que, de manera fundada y motivada, con libertad de jurisdicción resuelva sobre el plan de reparación, prescindiendo de considerar que no era posible emitir un pronunciamiento por existir recursos pendientes por resolver. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Flores González y Rosalba Luna del Real, por su propio derecho, contra el acto que reclamó del Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del estado de Zacatecas; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia, y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firmó Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el secretario Jorge Martín Zamora González, que autoriza, el día de hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy Fe. L'JMZG. En Zacatecas, Zacatecas a treinta de junio de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Flores González y Rosalba Luna del Real, por su propio derecho, contra el acto que reclamó del Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del estado de Zacatecas; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia, y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente.....
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