Ricardo Flores Martínez
Expediente 458/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Ricardo Flores Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 164/2015-PF, del índice de este Juzgado, sin decretar providencia alguna en relación con el mismo, atento a que mediante auto de veinticuatro de julio del año en curso, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el presente asunto. Con independencia de ello, acúsese recibo del despacho de cuenta, y dése de baja en Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales procedentes.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de siete de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia de referencia. En consecuencia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Finalmente, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 423/2015, signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo, mediante el cual informa que en los autos del juicio laboral 425/2014, promovido por el aquí quejoso Ricardo Flores Martínez, en contra de Multiservicio Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, el proyecto de laudo de diecisiete de junio del año en curso, ha sido elevado a la categoría de laudo, el uno de julio de este año, adjuntando copia debidamente certificada del laudo correspondiente. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el dos de junio del año en curso (fojas 2 a 4), Ricardo Flores Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Sabinas, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26700. Por el acto reclamado: La omisión, demora y/o retraso de la Autoridad Responsable de dictar el Laudo que en derecho corresponda dentro de los autos del Juicio Laboral 425/2014 promovido por el suscrito Ricardo Flores Martínez en contra de Multiservicio Industrial S.A. de C.V., Vicente Ruiz Gurrola y el C. Rodolfo Ruiz Gurrola. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de las constancias que adjuntó el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte de manera indudable la actualización de una de ellas, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, dado que al oficio número 423/2015, que remitió la autoridad antes referida, adjuntó copia certificada del laudo dictado el uno de julio del año en curso, en los autos del expediente laboral 425/2014, del que deriva el acto reclamado Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En efecto, la parte quejosa reclamó la omisión, demora y/o retraso de la autoridad responsable de dictar el laudo dentro de los autos del Juicio Laboral 425/2014. En el caso, de las constancias que en copia certificada remitió el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte que en los autos del juicio laboral 425/2014, el proyecto de laudo de diecisiete de junio de este año, fue elevado a la categoría de laudo, el uno de julio del presente año, adjuntando copia debidamente certificada del laudo respectivo; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para doce horas con diez minutos del nueve de julio de dos mil quince. Finalmente, es conveniente precisar que en el referido auto, se les hizo saber a las partes que la sentencia dictada en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, también que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada Ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes, sin que se hayan pronunciado al respecto.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos, el informe justificado rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo; por tanto, póngase a la vista de las partes. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, se tiene como prueba de la autoridad de mérito, la documental que refiere en su informe de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.
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