Ricardo Fernández Rangel
Expediente 255/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Ricardo Fernández Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 30 y 36), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena archivo correspondiente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal y del incidente de suspensión. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado.
- Principal
I. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de quince de abril del año en curso (foja 29), se tuvo por recibido el informe justificado que rindió la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad. Asimismo, del informe de referencia se desprende que el juez responsable admitió la existencia del acto reclamado, pues refirió que con motivo de la causa penal 274/CA/2019-PJ-COA-002*NM-178, se le solicitó la celebración de la audiencia inicial, en virtud de que el aquí quejoso ***, quedó a su disposición a partir de las veintidós horas con veinte minutos del quince de marzo de dos mil diecinueve, quien fue ingresado en el Centro Penitenciario Varonil, con residencia en esta ciudad. De igual forma se advierte que a las trece horas con diez minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia, en la que se decretó de legal la detención del referido quejoso, se formuló imputación, se le otorgó la oportunidad de emitir declaración, se resolvió la situación jurídica del impetrante, y se dictó en dicha audiencia auto de vinculación en su contra por su probabilidad de participación en la comisión del hecho considerado como delito de posesión simple de narcóticos en la cual se le otorgó una salida alterna, consistente en extinción de la acción penal por acto equivalente. II. Presentación de la demanda de amparo indirecto y ratificación. En el caso concreto, mediante escrito presentado ante la ante la Secretaria de guardia adscrita a este juzgado, a las veintitrés horas con cincuenta minutos del nueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 1 a 8), ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad. III. Por el acto reclamado, consistente en: "Resolución Judicial dictada en la Audiencia de "vinculación a Proceso" de fecha dieciséis de marzo de 2019. Resolución Judicial dictada en la Audiencia de "Control de Detención" de fecha dieciséis de marzo de 2019. Derivado de la causa expediente instruido en mi contra por el delito de Posesión Simple de Narcóticos." IV. Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve (fojas 11 a 15), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el quejoso ***, quedando registrada en el Libro de Gobierno con el número 255/2019; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante acuerdo de quince de febrero del año en curso (foja 29), se tuvo a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado al que anexó un disco compacto así como diversas documentales de lo que se desprende lo siguiente: Que en la causa penal 274/CA/2019-PJ-COA-002*NM-178, se le solicitó al juez responsable la celebración de la audiencia inicial, en virtud de que el aquí quejoso ***, quedó a su disposición a partir de las veintidós horas con veinte minutos del quince de marzo de dos mil diecinueve, quien fue ingresado en el Centro Penitenciario Varonil, con residencia en esta ciudad. De igual forma se advierte que a las trece horas con diez minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia, en la que se decretó de legal la detención del quejoso ***, se formuló imputación, se le otorgó la oportunidad de emitir declaración, se resolvió la situación jurídica del impetrante, y se dictó en dicha audiencia auto de vinculación en su contra por su probabilidad de participación en la comisión del hecho considerado como delito de posesión simple de narcóticos en la cual se le otorgó una salida alterna, consistente en extinción de la acción penal por acto equivalente. V. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. Como se expuso, en el caso concreto, el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, que emitió el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 274/CA/2019-PJ-COA-002*NM-178, en la que se decretó la extinción de la acción penal por acto equivalente. Sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice de mil novecientos ochenta y cinco, Parte VIII, Quinta Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el caso, del informe justificado que rindió el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, se desprende que se actualiza una causal de improcedencia que prevé la jurisprudencia con número de registro 2014495. Lo anterior, es así toda vez que el juez responsable otorgó al quejoso una salida alterna, consistente en extinción de la acción penal por acto equivalente, consistente en la suspensión condicional del proceso y autorizado la misma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues el impetrante consintió el acto hoy reclamado, consistente en la audiencia de vinculación, de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, que se emitió con motivo de la causa penal 274/CA/2019-PJ-COA-002*NM-178, que se le instruye al quejoso ***, por el delito de posesión simple de narcóticos. El artículo y fracción citados, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;[.] De éste se advierte que el juicio de amparo resultara improcedente cuando los quejosos han consentido expresamente el acto reclamado o bien, hayan hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal situación responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que el gobernado haga uso de la vía de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Así, el consentimiento, para efectos de la improcedencia que nos ocupa, debe entenderse como la manifestación de voluntad de los solicitantes de amparo, quien opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella, se pretendería sustraer a su propia conducta. Ahora bien, a través del informe justificado de referencia el juez de la causa, remitió un disco compacto que contiene la audiencia de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, probanza a la que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ésta, se advierte que a petición del impetrante y su defensa, se le otorgó la suspensión condicional del proceso, por acto equivalente consistente en el pago de cincuenta y cuatro días mula. De igual forma, se ordenó su inmediata libertad. En ese sentido, los artículos 191, 192 y 195, fracciones I, II, VII, IX y XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; [.] VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; [.] IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; [.] XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. De los numerales en mención se advierte que por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, mismo que contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que se refiere en el capítulo referente a la citada suspensión; que la misma procede a solicitud del imputado o del Ministerio Público, con acuerdo del ofendido, siempre y cuando se cubran ciertos requisitos, de igual forma, se desprenden las condiciones que deberá cumplir durante el periodo de la suspensión condicional del proceso. En ese tenor, si el juez de la causa hizo del conocimiento que se autorizó la salida alterna de suspensión condicional del proceso, esta situación hace que el quejoso -en su calidad de imputado- suscribió un acuerdo de suspensión del proceso y que dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables; de allí que se considere que el quejoso consintió de manera expresa el acto que por esta vía combate. Es exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia 33/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014495, que dispone "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO.- La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Al actualizarse la citada causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, no es procedente estudiar las cuestiones de fondo planteadas en la demanda, pues el sobreseimiento del juicio, releva a este órgano jurisdiccional de hacer pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y nueve, 24-tercera parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro número 239006, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sin que la decisión adoptada implique la inobservancia del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que conserva el derecho a un recurso efectivo que sea idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarlo. Lo anterior es así, porque tal prerrogativa no implica la no verificación de los requisitos de procedencia previstos por la ley, puesto que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de cualquier Estado, concurren garantías judiciales, entre las que destacan, las formalidades de observancia para garantizar el acceso a ellas. Por lo que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los conceptos de violación propuestos en el amparo, no constituye una violación al derecho de un recurso efectivo. Al respecto, se invoca la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, registro 2005917, que dispone: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Finalmente, no se soslaya que los criterios de jurisprudencia y tesis invocados en la presente resolución, se integraron conforme al texto de la Ley de Amparo anterior; sin embargo, al no oponerse a las disposiciones de la nueva ley de la materia, resultan aplicables, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. VI. Se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del catorce de mayo de dos mil diecinueve (foja 13).
- Incidental
ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa, en términos del considerando único de esta resolución.
- Incidental
abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad. Póngase a la vista de las partes, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo.
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