Ricardo Enriquez Guerrero

Expediente 323/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
323/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Enriquez Guerrero
  • Ricardo Enriquez Guerrero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de catorce de agosto del año en curso (foja 63), para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, lo cual le fue notificado personalmente el día diecisiete de ese mes y año (foja 64). Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia. 1. Mediante resolución constitucional de cinco de julio del año en curso, se resolvió: "En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad: a).Deje insubsistente la resolución de cinco de abril de dos mil diecisiete, respecto del incidente de liquidación de reparación del daño, emitida dentro de la causa penal 44/2016; b). Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido o uno diverso, pero dando contestación de manera congruente y completa a la litis planteada." 2. En acuerdo de veintiocho de julio de dos mil diecisiete (fojas 52 a 54), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa *** y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. 3. Mediante proveído de catorce de agosto del presente año (foja 63), se recibieron los oficios 308/2017-S y 313/2017-S, signados por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales comunicó que por auto de ocho de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de cinco de abril de dos mil diecisiete, respecto del incidente de liquidación de reparación del daño, emitida dentro de la causa penal 44/2016 de su índice, y en su lugar, el once de agosto del año en curso, dictó una nueva resolución. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; acuerdo que se le notificó personalmente el diecisiete de agosto del presente año (foja 64) y mediante escrito de veintidós del citado mes y año (fojas 65 y 66), la autorizada del quejoso, expuso los motivos por los cuales estimaba que no estaba cumplida la sentencia. Ahora bien, de la confrontación de los datos anteriores, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo, están cumplidos, pues el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de ocho de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de cinco de abril del año en curso, emitida dentro del proceso penal 44/2016 (efecto señalado en el inciso a) de la sentencia). Asimismo, con libertad de jurisdicción, el once del citado mes y año, emitió dictó una nueva, en la que dio contestación de manera congruente y completa a la litis que se le planteó dentro del incidente de liquidación de reparación del daño, pues liquidó el daño material y por lo que hace al moral, expuso que al no haber pruebas que lo acreditaran, no se consideraba el mismo (efecto señalado en el inciso b de la sentencia). En efecto, de la sentencia dictada en este juicio, se advierte que el amparo se concedió por el siguiente motivo: "En esa guisa, de la simple confrontación entre lo expuesto por la parte promovente y lo sustentado por la autoridad judicial responsable, permite colegir que ésta última evadió el planteamiento del amparista a través de la representación social, en el sentido de que se liquidara el monto del daño material y moral que fue causado por el sentenciado. Ello es así, debido a que ningún pronunciamiento se realizó respecto al daño moral, no obstante haberse solicitado en la promoción del incidente respectivo, lo cual inclusive fue plasmado en la resolución reclamada; sin embargo, la autoridad judicial nada dijo al respecto. Con lo anterior, queda plenamente comprobado, que existe una incongruencia externa en la resolución reclamada, pues no se resolvieron la totalidad de los planteamientos realizados; por tanto, se transgredieron los derechos constitucionales a que se hizo referencia en párrafos anteriores." Es decir, se advirtió una incongruencia externa, al no resolverse sobre la liquidación del daño moral, no obstante que la parte quejosa lo hubiere solicitado; por ello, la concesión únicamente se otorgó para que la autoridad judicial responsable, se pronunciara sobre la liquidación del daño material y moral, pero con plenitud de jurisdicción, esto es, sin prejuzgar la legalidad sobre la que debería emitir su fallo, razón por la cual se estima que sí cumplió con la sentencia. Por otra parte, la autorizada del quejoso, en su escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 65 y 66), en esencia, manifiesta que existe defecto en el cumplimiento, porque la autoridad responsable repite nuevamente el acto, al exponer que no existen medios de prueba en autos que acrediten el daño moral, pues contrario a eso, sí existen esos medio probatorios y por esa razón, la nueva resolución viola el artículo 20, apartado B, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es infundado su argumento. Como quedó visto en párrafos anteriores, la concesión del amparo únicamente se dio porque la autoridad responsable, al momento de pronunciarse sobre la liquidación de la reparación de los daños materiales y morales solicitados por la parte quejosa, fue omisa en pronunciarse sobre éstos últimos, es decir, nada dijo en un primero momento sobre los daños morales. Ahora, en cumplimiento a la sentencia protectora, resolvió con plenitud de jurisdicción, que no se consideraba el daño moral, por no existir pruebas que lo acreditaran. Para mayor claridad, se digitaliza el argumento de la responsable: Por esa razón, se estima infundado el planteamiento de la autorizada del quejoso, porque lo que intenta combatir como un defecto al cumplir la sentencia, en realidad son cuestiones de legalidad, las cuales no formaron parte de la litis, pues como se dijo, únicamente se concedió el amparo por una incongruencia externa y no es técnico que este Juzgado de Distrito se ocupe de prejuzgar sobre la legalidad del fondo del acto autoritario que acata la sentencia protectora. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: *** Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del proceso penal 44/2016, que remitió como complemento a su informe justificado, el cual conforma el tomo I relativo a pruebas. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la licenciada ***, autorizada del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de amparo, mismas que serán tomadas en cuenta al efectuar el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Vista la cuenta; agréguense a los autos los oficios números 308/2017-S y 313/2017-S, signados por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y anexo, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este juicio de amparo. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta, y anexo, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga; en el entendido que una vez transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará la determinación a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil diecisiete (fojas 26 a 38), en la que se resolvió lo siguiente: ".ÚNICO: La Justicia de la Unión ampara y protege a *** contra actos y autoridad precisados en el considerando segundo, para los efectos establecidos en el último considerando de esta sentencia constitucional..." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso e), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. II. Se requiere cumplimiento a la autoridad responsable. De conformidad con el precepto 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento al amparo concedido. En el entendido que la concesión del amparo, fue para los siguientes efectos: ".a).Deje insubsistente la resolución de cinco de abril de dos mil diecisiete, respecto del incidente de liquidación de reparación del daño, emitida dentro de la causa penal 44/2016; b). Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido o uno diverso, pero dando contestación de manera congruente y completa a la litis planteada." III. Apercibimiento. Se impondrá a la autoridad responsable una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 258 , de la Ley de Amparo, en caso de no demostrar que dio cumplimiento a la sentencia constitucional. Ahora bien, se hace del conocimiento a la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, que el cumplimiento de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes; por tanto, deberá realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el artículo 193 de la ley de la materia dispone que las normas establecidas para el cumplimiento de las sentencias de amparo, serán aplicables cuando se retarde el cumplimento de la ejecutoria. IV. No ha lugar a requerir al superior jerárquico. Sin que en el caso resulte aplicable, requerir a alguna autoridad como superior jerárquico de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, para el debido cumplimiento del fallo protector que nos ocupa, toda vez que dicha autoridad al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, adquiere una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, por lo que, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, respecto del cual pueda interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Sobre el tema se emitió la jurisprudencia identificada con el número PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página mil trescientos setenta y ocho tres, Libro 9, Agosto de dos mil catorce, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2007295, del rubro y texto siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Así como la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página seis, Libro 13, Diciembre de dos mil catorce, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2008147, que dice: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Lo anterior, para que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la cuestión del cumplimiento al fallo protector.

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