Ricardo Cuauhtemoc Díaz Hernández

Expediente 610/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
610/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Cuauhtemoc Díaz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por Ricardo Cuautémoc Díaz Hernández, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Visto el escrito presentado por ***********, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director Técnico de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y otra autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales. Fórmese expediente y regístrese con el número 610/2017. Por tanto, con relación a la demanda de garantías formulada, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de resoluciones, acorde al estudio integral del ocurso de demanda y anexos, se precisa que el impetrante reclama: El oficio número 4693/2017 de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Director Técnico de Ingresos, de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, por el cual comunicó al quejoso la no autorización de aviso de alta del vehículo marca Nissan, línea Almera, modelo 2004, número de serie SJNFBAN164A437481, por las razones expuestas en dicho documento; y en vía de consecuencia, la negativa a expedir placas de circulación para dicho vehículo. Ahora bien, sentado lo que precede, en el particular se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo análisis se aborda de forma preferente al fondo del negocio por ser una cuestión de orden público, en términos de lo previsto en el numeral 62, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para conceder la suspensión. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar tales medios ordinarios de impugnación. Ello, porque el referido principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes y con violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución Federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto es menester precisar que lo anterior no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos fundamentales previstos en la Constitución, sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto, a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a elección de dicho gobernado determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Carta Magna. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución Federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que encuentra su justificación porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede cuando se atribuye infracción a la garantía de audiencia. Fuera de las dos hipótesis destacadas, el particular estará obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, por una parte, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación, como tampoco exclusivamente violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad con base en determinados preceptos legales; por otra, tal medio de impugnación permite al interesado expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, del Volumen 175-180, correspondiente a la Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN." En el caso concreto, el agraviado reclama destacadamente el oficio número 4693/2017 de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Director Técnico de Ingresos, de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, por el cual comunicó al quejoso la no autorización de aviso de alta del vehículo de motor que ahí se indica; y como consecuencia la no expedición de tablillas de circulación. Ahora bien, es menester traer a contexto los artículos 1, 3, 132, 226, 235, 249, 256, 263 y 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; los numerales 2, 3 y 20, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, así como el imperativo 91 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, que estatuyen: "Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular: I. Los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios; y II. La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, la cual se impartirá a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Juzgados Administrativos Municipales. Artículo 3. En sus relaciones con los particulares, las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado y de sus municipios, actuarán bajo los principios de legalidad, objetividad, buena fe, confianza legítima, transparencia, participación y servicio a los particulares. La justicia administrativa en el Estado se impartirá bajo los principios de legalidad, imparcialidad, gratuidad, profesionalismo, publicidad, prontitud, audiencia, igualdad, exhaustividad, independencia y eficacia. Artículo 132. El procedimiento administrativo persigue la tutela de los derechos subjetivos y los intereses jurídicos de los particulares, así como la protección de la legalidad y la justicia en el funcionamiento de la administración pública del Estado de Guanajuato y de sus municipios. Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad. Artículo 249. Los procesos administrativos que se promuevan ante el Tribunal o los Juzgados se regirán por las disposiciones de los Libros Primero y Tercero de este Código. Artículo 256. Cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover directamente el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados. Ejercitada la acción, no se podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa. Artículo 263. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse ante el Tribunal o Juzgado respectivo dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado o a aquél en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución, con las excepciones siguientes: I. Cuando el interesado fallezca durante el término para la interposición de la demanda, el mismo se ampliará hasta por seis meses; II. Cuando se demande la nulidad de un acto favorable al particular, las autoridades podrán presentar la demanda dentro del año siguiente a la fecha en que sea emitido el acto o resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los efectos de la sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular sólo se retrotraerán al año anterior a la presentación de la demanda; y III. En caso de negativa ficta, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, mientras no se notifique la resolución expresa. La demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo, si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde resida el Tribunal o Juzgado, en cuyo caso, se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la oficina de correos. Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado "Artículo 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato es un órgano autónomo, de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal. Para los efectos de esta Ley se entenderá por Tribunal, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. "Artículo 3. El Tribunal tiene a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares, así como conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los Ayuntamientos. En segunda instancia, conocerá de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal. Asimismo, de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado." "Artículo 20. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer, en primera instancia, de los procesos administrativos que se promuevan en contra de: Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; [.]" Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. "Artículo 91.- Para el trámite y resolución de los conflictos que se presenten entre el Estado y sus trabajadores, se contará con un Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios; para las controversias entre patrones y trabajadores funcionarán las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje necesarias, y para la resolución de conflictos por actos administrativos de las autoridades estatales y municipales frente a los particulares, existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales tendrán plena autonomía e independencia del Poder Ejecutivo." Como puede observarse de los preceptos reproducidos, las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, son competentes para conocer y resolver en primera instancia del medio de impugnación que se promueva en contra de los actos y resoluciones jurídico administrativos que las autoridades municipales y estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, quienes podrán promover el juicio contencioso administrativo y podrán solicitar la nulidad del acto o determinación que les depare perjuicio, cuando no haya sido emitida conforme a derecho, por lo que la sentencia que al efecto se emita podrá modificar o nulificar, total o parcialmente dicha resolución. Bajo ese contexto, este juzgado estima que, respecto al acto reclamado en trato, se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que debió combatir el acto reclamado destacado a través del medio de defensa previsto por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, aplicable al caso concreto, puesto que el acto que en esta vía reclama, como se anotó, lo llevó a cabo una autoridad de la administración pública estatal, y en contra de sus determinaciones procede el juicio contencioso administrativo, el cual es regulado por la fracción II, del numeral 1, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Además que el referido Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en sus artículos 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278, prevé la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia XVI.1o.A.J/19 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Entonces, si la parte quejosa pretende impugnar en la vía de amparo el acto de la autoridad que señala como responsable, sin acudir previamente a aquel procedimiento mediante el cual se pueden revocar, modificar o nulificar, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al quedar incumplido el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, por lo que, el amparo que se insta resulta improcedente. Máxime que en el caso no se actualiza la excepción al aludido principio de definitividad contenida en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, ya que del análisis integral del oficio que se combate y se analiza en este apartado- se desprende que sí se cumplió dicho requisito, por lo que será a través del juicio administrativo citado en el cuerpo de esta resolución, en que podrán atacarse los fundamentos invocados, así como los razonamientos lógico jurídicos esgrimidos. Tampoco constituye obstáculo para resolver de la forma en que se hace, la circunstancia de que la promovente alegue en sus conceptos de violación transgresión al precepto 14 constitucional, puesto que a la vez vierte alegaciones tendientes a la aplicabilidad de las leyes administrativas de la Entidad, esto es, alega cuestiones de legalidad, lo que le impone agotar los medios ordinarios de defensa a su alcance. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio con relación al acto reclamado en el libelo constitucional, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, toda vez que el quejoso señaló como domicilio procesal para oír notificaciones los estrados de este juzgado de Distrito, practíquensele todas las notificaciones, aún las de carácter personal, mediante listas que se publican en este órgano judicial. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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