Ricardo Cerda Ruiz
Expediente 581/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2023
Partes del expediente
- Ricardo Cerda Ruiz
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, once de agosto de dos mil veintitrés. Toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra estrechamente vinculado al diverso 282/2023-III, del índice de este órgano de control constitucional y que en esta data se tuvo por recibido el oficio a través del cual el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, informó que el medio de impugnación promovido por el quejoso fue improcedente y se desechó; hágasele de conocimiento el proveído de dos de agosto último, aquí emitido; por el que causó estado el auto en el que se desechó la demanda de amparo aquí originada. Lo anterior, a fin de que se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Finalmente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra estrechamente vinculado al diverso 282/2023-III, del índice de este órgano de control constitucional, en el cual se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veintinueve de junio pasado, ahí dictado; hágase de conocimiento la presente determinación al Tribunal Colegiado que conozca del citado medio de impugnación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de julio de dos mil veintitrés. Promoción Agréguese a este expediente el oficio de cuenta; atento al acuerdo ahí contenido de veintinueve de junio del año en curso, en el que se ordenó remitir el escrito original de cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a fin que de que realizara el returno correspondiente a este órgano de control constitucional como una nueva demanda de amparo. En ese tenor, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, contra los actos atribuidos al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Sur. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 581/2023-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía consiste en: La resolución de veinte de junio de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal 232/2022 por el Juez responsable, mediante la cual se le dio respuesta al escrito en que la parte quejosa solicitó la aclaración de los "alcances" de lo resuelto en la audiencia de quince de junio anterior. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito de la parte quejosa a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Ahora bien, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII (contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso), en relación con el diverso 5o., fracción I; y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Al respecto, es importante precisar que de una interpretación sistemática de dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no se produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De igual modo, cabe destacar que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado por la parte quejosa no le cause un perjuicio a su esfera de derechos fundamentales; es decir, cuando la realización de aquel no impida que ejerza los derechos que la Constitución Federal, los Tratados Internacionales y las leyes secundarias consagradas en su favor. Bajo ese contexto, el interés jurídico a que alude el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es el derecho que le asiste a un particular para reclamar vía amparo algún acto violatorio de sus derechos humanos, es decir, alude a un derecho subjetivo protegido por alguna norma que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Así es que, conforme con el contenido de la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal; así como de los diversos 5°., fracción I, 6º. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley reclamada, entendiéndose como "perjuicio" la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional para que ese derecho protegido por la ley sea reconocido o que no sea violado, ello es lo que configura el interés jurídico que se toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real a la parte quejosa, es decir, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estima violatorio de sus derechos, y lo impugna a través de dicho medio de defensa, el cual se instituyó para atacar tales violaciones, por lo que, se deberán observar las reglas que para su procedencia establece la Ley de Amparo. Bajo esa línea argumentativa es dable establecer que, para la procedencia del juicio de amparo se requiere que el justiciable acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y que el mismo se vea afectado con la existencia del acto reclamado, en el entendido que respecto al interés jurídico la agravia debe ser personal y directo, mientras que para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Esto último, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que la parte quejosa acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Apoya lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa.". Asimismo, cabe destacar que el interés jurídico que asiste a la parte quejosa en un juicio de amparo, requiere por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a este; así, no se tendrá por actualizado el interés jurídico si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal, o si, de existir, no resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama; de ahí que, es indispensable que dicho interés se pruebe plenamente y no se infiera con base en presunciones. De tal manera que, quien acude al amparo, bajo el argumento que existe una afectación a un derecho sustantivo debe acreditar en principio su titularidad; verbigracia, el reclamo de una afectación al patrimonio, pues debe acreditarse la identidad de los bienes afectados por el acto de autoridad y aquel cuya propiedad o posesión aduce, y en su caso el origen del derecho a su favor el cual deberá ser anterior a la emisión del acto que reclama. Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente tesis, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". En términos de lo razonado, se puede concluir que, para que la acción constitucional proceda no basta la existencia del acto reclamado, pues aunque no fuera dubitable el actuar ilegal de la autoridad, si la quejosa no acredita en forma plena que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, la acción se tornará improcedente. Argumento que además se apoya con el criterio sustentado, que se comparte en la tesis jurisprudencial de encabezado y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso.". De lo anterior se pone de manifiesto que, cuando un gobernado acuda a demandar vía amparo alguna transgresión a sus derechos fundamentales, es preciso que demuestre la titularidad de los derechos sustantivos que le asiste y que estima violados. En tales circunstancias, la resolución de veinte de junio de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal 232/2022 por el Juez responsable, mediante la cual se le dio respuesta al escrito en que la parte quejosa solicitó la aclaración de los "alcances" de lo resuelto en la audiencia de quince de junio anterior., no patentiza una afectación material y directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no contiene pronunciamiento relacionado con el fondo del asunto, esto es, no afectan materialmente, ni de manera inmediata y directa, derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como pudiera ser el de la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación del derecho fundamental. En esa tesitura es que deviene inconcuso que, al carecer la parte quejosa de interés jurídico y legítimo para reclamar vía amparo indirecto el acto que le atribuye a la autoridad señalada como responsable y, al estimarse actualizada una causal de improcedencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XII, y 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR MANIFIESTA Y NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión; y, de no ser así, a las que indica, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos, acorde a lo dispuesto por el numeral 24, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal. Acceso al expediente electrónico y notificaciones respecto al quejoso Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del quejoso, instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese al justiciable que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica respecto de dicha parte. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y a la Oficial Judicial "A".
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