Ricardo Elizarraras Gutiérrez

Expediente 130/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
130/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
04/05/2015

Partes del expediente

  • Ricardo Elizarraras Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    México, Distrito Federal, a cuatro de mayo de dos mil quince. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, acusa de recibo del oficio 34516/2015 y anexo, de este índice; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, asistido del secretario Javier Arturo Herrejón Cedeño que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    México, Distrito Federal, veintisiete de abril de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante Javier Arturo Herrejón Cedeño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    México, Distrito Federal, veintisiete de abril de dos mil quince. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existen diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Por otra parte, ya que del estado de autos, se advierte que el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal remitió copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 105/2012, por lo que fue aperturado el anexo I; y, ya que en esta fecha se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvase el referido anexo a dicha autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil quince a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por propio derecho. ANTECEDENTES 1. Del acto reclamado. Al quejoso se le instruye proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Durante la tramitación de ese juicio penal garantizó su libertad provisional bajo caución. Posteriormente, la autoridad responsable lo requirió para que actualizara los recargos para que continuara gozando del derecho concedido, al presentar un bien inmueble para cubrir ese concepto, la autoridad no lo aceptó, derivándose la tramitación de un juicio de amparo. Asimismo, el quejoso solicitó al juez del proceso que considerara que el plazo otorgado de 20 días para presentar la garantía no había comenzado a transcurrir, en virtud de la tramitación del juicio de amparo. La autoridad le respondió que el plazo ya había fenecido, por lo que contra dicho proveído interpuso recurso de revocación, resuelto el 15 de enero de 2015 en sentido negativo para los intereses del quejoso. Lo que constituye el acto reclamado. Cabe señalar que ya celebrada la audiencia constitucional, la autoridad informó que el 18 de marzo de 2015, decretó el sobreseimiento por prescripción de la causa penal, con lo que cesó el cumplimiento de las obligaciones procesales del impetrante. 2. Del trámite del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 9 de febrero de 2015 (foja 3). Admisión de la demanda: 10 de febrero de 2015 (foja 57) con apertura de incidente de suspensión. Emplazamiento a los Ministerios Públicos adscritos a este órgano y a la autoridad responsable: 11 y 12 de febrero de 2015 (fojas 59 vuelta y 172). Emplazamiento a las autoridades responsables: 11 y 12 de febrero de 2015 (fojas 62, 63, 172 y 173). Audiencia constitucional: 5 de marzo de 2015 (foja 193). CONSIDERACIONES 1. Competencia. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado se atribuyó a autoridades con residencia en el lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. 2. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son los siguientes: - La resolución de 15 de enero de 2015, en que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de 22 de diciembre de 2014, en que se desechó la solicitud del quejoso de que se decretara que el plazo para garantizar la actualización y recargos del concepto de reparación del daño, no había comenzado a transcurrir, dentro de la causa penal ********************. - La orden de reaprehensión y su ejecución. 3. Certeza de los actos reclamados. Orden Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Foja 1 Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal La resolución de 15 de enero de 2015, en que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de 22 de diciembre de 2014, en que se desechó la solicitud del quejoso de que se decretara que el plazo para garantizar la actualización y recargos del concepto de reparación del daño, no había comenzado a transcurrir, dentro de la causa penal ********************. Acepta 70 2 Procurador General de la República La orden de reaprehensión y su ejecución. Niega 68 3 Director General de Investigación Policial en Apoyo de Mandamientos de la Procuraduría General de la República La orden de reaprehensión y su ejecución. Niega 71 4 Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación La orden de reaprehensión y su ejecución. Niega 66 5 Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal La orden de reaprehensión y su ejecución. Niega 110 No es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades marcadas bajo los numerales 2 a 5; en virtud de que así lo manifestaron al rendir su informe, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad marcada como número 1, en virtud de que así lo manifestó ésta al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que acompañó en su informe justificado y que obran en el expediente en que se actúa, los que tienen valor probatorio. 4. Procedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, en el caso no se hará análisis ni decisión de éste, ni de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo, la cual es de orden preferente al fondo del asunto. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" La parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de 15 de enero de 2015, en que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de 22 de diciembre de 2014, en que se desechó la solicitud del quejoso de que se decretara que el plazo para garantizar la actualización y recargos del concepto de reparación del daño, no había comenzado a transcurrir. De lo que se advierte que la parte quejosa se duele de que al transcurrir el plazo para exhibir las garantías para continuar gozando de la libertad provisional bajo caución, traería como consecuencia que se le dictara en su contra una orden de reaprehensión; situación que al día que se resuelve no sucederá, en virtud de que dentro de la causa penal instaurada en su contra fue decretado un sobreseimiento por prescripción de la acción penal. En efecto, el juez responsable, mediante resolución de 18 de marzo de 2015, dictó el sobreseimiento de la causa penal ******************** por la comisión del delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada a favor del quejoso. Constancias que se toman en consideración en razón de que guardan relación directa e inmediata con la actualización de la improcedencia del juicio de amparo, que debe ser analizada. Ahora bien, dado que el juez de la causa dictó sobreseimiento por prescripción de la acción penal, se concluye que aquel auto que desechó la solicitud del quejoso para que se hiciera el pronunciamiento de que el plazo para garantizar la actualización y recargos del concepto de reparación del daño, no había comenzado a transcurrir, dejó de surtir sus efectos legales en cuanto a ese procedimiento y sus consecuencias, al ya no existir proceso penal en su contra. Se afirma lo anterior en razón de que si bien subsiste el auto reclamado, también es que ya no tiene efectos legales o materiales que surtir, toda vez que al declararse el sobreseimiento del proceso penal, dicho proveído reclamado dejó de surtir efectos. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que la causa penal que daba pauta a que la autoridad se pronunciara sobre la temporalidad para exhibir las garantías para continuar gozando de la libertad provisional bajo caución dejó de surtir efectos y aun en el supuesto de que se concluyera que el acto que se analiza es constitucional o inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al recurrente en el goce de los derechos que estima violados o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria que se llegase a dar. Para que el juicio de amparo sea procedente, además que el acto reclamado esté subsistiendo, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica del recurrente; esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituirle en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ningún efecto jurídico. En efecto, como lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la tesis de jurisprudencia que se cita más adelante, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se estimen violados o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del inculpado. Por ello, si en el caso concreto el objeto de la solicitud era con motivo de la existencia de una causa penal instruida contra el quejoso, se impone concluir que el objeto material de éste dejó de existir con el dictado del auto de sobreseimiento, por lo que aun en el hipotético de que se resolviera a favor del recurrente al analizar la constitucionalidad del acto reclamado, el efecto nunca podría cobrar vida jurídica, en virtud de que ya no existe con el carácter de inculpado; es decir, no podrían concretarse los efectos de la concesión del (en caso que procediera) juicio de amparo en beneficio del recurrente, mucho menos considerar que es constitucional o inconstitucional el auto sujeto a recurso de revocación, pues éste dejó de tener efectos única y exclusivamente contra el quejoso a quien se le dictó auto de sobreseimiento. Resulta aplicable en lo conducente y por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese contexto, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII de la ley de la materia, por lo que con fundamento en el dispositivo 63, fracción V de la misma legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************. Lo anterior impide analizar respecto del acto que se analiza, el fondo del asunto, en virtud de la aludida causal de improcedencia que se actualiza. 5. Protección de datos personales. En términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; en consecuencia, únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, todos de la Ley de Amparo, se RESOLUCIÓN Primero. Se sobresee en el presente juicio, promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades precisados en las consideraciones 2, 3 y 4 de este fallo, en los términos ahí expuestos. Segundo. Se tiene al quejoso conforme de que se incluyan sus datos personales en caso de hacerse pública la presente, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente. ".

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