Ricardo Barrera Contreras
Expediente 840/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2023
Partes del expediente
- Ricardo Barrera Contreras
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual comunica la determinación de la que se advierte que no insiste en declinar competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata; circunstancia de la cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluid Ahora bien, en cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de INCOMPETENCIA; éste es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual en lo que interesa, remite la diversa misiva 19490/2023 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al que se anexa el juicio de amparo 131/2023-B de su índice, ello en razón de que declina competencia por razón de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho; en tal virtud, regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 840/2023-III, y fórmese el expediente electrónico y físico correspondiente. Acúsese de recibo al estilo correspondiente. Atento al contenido del oficio de referencia y de un estudio íntegro de las constancias remitidas, el suscrito juzgador respetuosamente discrepa con la determinación adoptada por el órgano jurisdiccional oficiante y no acepta la competencia declinada para conocer del presente asunto, en atención a las consideraciones siguientes. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. En ese sentido, debe tomarse en cuenta el artículo 48 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". (Lo subrayado es propio.) Bajo ese contexto, se debe considerar lo siguiente: 1. El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por *********, radicándola bajo el número 131/2023-PONENCIA B, en la que consideró carecer de competencia por razón de grado y ordenó su remisión al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno. 2. Por razón de turno, tocó conocer de dicha incompetencia al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y, por auto de trece de septiembre siguiente, determinó que no aceptaba la competencia planteada por el citado Tribunal de Apelación; sin embargo, ordenó que dicho sumario se remitiera al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3. Por su parte, la Jueza Noveno homóloga remitió el oficio y anexos de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a efecto de que le diera el turno aleatorio correspondiente. 4. Por razón de lo anterior, tocó conocer a este juzgado federal de dicho juicio de amparo. Atento a lo anterior, este juzgado federal no acepta la competencia declinada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, pues respetuosamente se considera que éste debió actuar de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, esto es, devolver la demanda al requirente Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, al no haber aceptado la competencia planteada originalmente. Máxime, que el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 56. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo (.).". Ahora bien, en la especie debe precisarse la naturaleza de los actos reclamados. En ese tenor, del apartado correspondiente actos reclamados se observa que el quejoso señala, en lo que interesa como actos reclamados: "A) AMENAZAS, TRATOS CRUELES E INHUMANOS.". A su vez, como autoridades responsables: "1) C. Juez Septuagésimo Primero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. 2. C. Actuario adscrito al Juzgado Septuagésimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. 3) C. Secretario de Acuerdos adscrita al Juzgado Septuagésimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. 4) C. Presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.". Al respecto, es menester precisar que los actos que se señalan derivan de la posible comisión de un delito; es decir, este órgano de control constitucional dentro de su competencia no tiene como facultad investigar la comisión de posibles delitos, pues dicha facultad es exclusiva del Ministerio Público; máxime, que al día en que se actúa, de las constancias que obran en el expediente de cuenta sólo se desprende lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial, sin que se advierta la participación de autoridades de naturaleza penal o que alguno de los actos reclamados provenga de alguna indagatoria o causa penal. Entonces, es inconcuso que los actos respecto a los cuales el juzgado oficiante pretende declinar competencia, no encuadra en alguno de los supuestos contenidos en el mencionado artículo 56, fracción I. Así las cosas, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que el personal adscrito al Juzgado Septuagésimo Primero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, lo amenazan por negarse a dar "gratificaciones" a efecto de tramitar los juicios ahí tramitados; lo que suponiendo sin conceder podrían tratarse de la posible comisión de un delito, investigable por la autoridad competente, no así por el suscrito. Lo anterior, se itera, al no haber constancia alguna que arroje que el justiciable se encuentre privado de su libertad personal al instruirse en su contra una indagatoria o causa penal. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvase el expediente original y anexo a su lugar de origen; solicitando atentamente acuse de recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese
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