Ricardo Almazan Ramirez
Expediente 546/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Almazan Ramirez
- Titular de la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
En doce de abril de dos mil veintitrés, el suscrito Victor Manuel Verduzco Ahumada, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo CERTIFICO: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó y negó el amparo, transcurrió del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, al diez de abril del mismo año, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente el diecisiete de marzo pasado, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. . Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de abril de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, toda vez que no fue impugnada por la parte quejosa, la sentencia que sobreseyó y negó el amparo, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 88 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se desprende que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, acorde con lo dispuesto en el citado artículo 21 del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DUPLICADO. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Victor Manuel Verduzco Ahumada, quien da fe.
- Principal
Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, trece de marzo de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 546/2022, promovido por Ricardo Almazán Ramírez, contra los actos del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso depositado el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que fue turnado a éste órgano de control constitucional, Ricardo Almazán Ramírez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo son los siguientes: a).- Titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Michoacán. b).- Al Titular de la COFEPRIS, WORLD TRADE CENTER CIUDAD DE MÉXICO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los actos reclamados en la presente demanda de amparo son los siguientes: a). De la autoridad responsable denominada Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Michoacán (COEPRIS), lo es la omisión o falta de contestación al escrito de fecha 15 de enero de la presente anualidad 2022 dos mil veintidós, presentado en oficialía de partes de las oficinas de la autoridad responsable señalada en que medularmente se solicitaba las proporciones normativas para la autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente "CANABIS" (sativa, índica y americana y/o mariguana y/o preparado y/o resina y/o semilla "CANABIS" y/o psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a ( 7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidas como marihuana". El promovente del amparo expuso que se violan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 25, 29, 27, fracciones XVI y XXI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el precepto 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Preámbulo y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el precepto 10 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, sociales y Culturales; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós ?fojas 21 a 26?, se registró la demanda de amparo con el número de expediente 546/2022 y, se previno al promovente para que, dentro del plazo de tres días, precisara la fecha correcta en que presentó ante la autoridad responsable el escrito del que indicaba no había recibido respuesta, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda de amparo. A través del ocurso presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós ?foja 29?, el quejoso señaló que la fecha correcta en que ocurrieron los hechos fue el catorce de enero del citado año. El doce de septiembre de la anualidad referida, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós ?fojas 53 a 61?, el impetrante compareció a ampliar su demanda de amparo, lo que hizo en los términos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo son los siguientes: EN CUANTO A AUTORIDAD EJECUTORA: a).- Titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Michoacán. EN CUANTO A AUTORIDADES RESOLUTORAS: b).- Al Titular de la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS). c).- A la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y sus sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. IV.- ACTOS RECLAMADOS: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los actos reclamados en la presente demanda de amparo son los siguientes: DE LA AUTORIDAD EJECUTORA: a). De la autoridad responsable denominada Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Michoacán (COEPRIS), lo es la notificación del comunicado 223301EL351397, signado por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y sus sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en la Ciudad de México, mediante el cual se dio contestación al escrito libre, presentado en oficialía de partes de las oficinas de la autoridad responsable señalada en que medularmente se solicitaba las proporciones normativas para la autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente "CANABIS" (sativa, índica y americana y/o mariguana y/o preparado y/o resina y/o semilla "CANABIS" y/o psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a ( 7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidas como marihuana. En el que, por los motivos expuestos, concluyó que esa autoridad se encuentra imposibilitada para evaluar la petición del suscrito para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas al autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC". b). De la autoridad responsable denominada COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), reclamo la emisión del comunicado 223301EL351397, signado por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y sus sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en la Ciudad de México, mediante el cual se dio contestación al escrito libre, presentado en oficialía de partes de las oficinas de la autoridad responsable señalada en que medularmente se solicitaba las proporciones normativas para la autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente "CANABIS" (sativa, índica y americana y/o mariguana y/o preparado y/o resina y/o semilla "CANABIS" y/o psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a ( 7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidas como marihuana. En el que, por los motivos expuestos, concluyó que esa autoridad se encuentra imposibilitada para evaluar la petición del suscrito para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas al autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC". c). De la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y sus sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, reclamo la emisión del comunicado 223301EL351397, signado por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y sus sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en la Ciudad de México, mediante el cual se dio contestación al escrito libre, presentado en oficialía de partes de las oficinas de la autoridad responsable señalada en que medularmente se solicitaba las proporciones normativas para la autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente "CANABIS" (sativa, índica y americana y/o mariguana y/o preparado y/o resina y/o semilla "CANABIS" y/o psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a ( 7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidas como marihuana. En el que, por los motivos expuestos, concluyó que esa autoridad se encuentra imposibilitada para evaluar la petición del suscrito para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas al autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC". Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós ?fojas 66 y 67?, una vez que el quejoso ratificó su escrito aclaratorio, se admitió a trámite la ampliación de demanda; se dio la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; se solicitaron los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, los cuales en su oportunidad fueron rendidos, y se difirió anticipadamente la audiencia constitucional, señalándose nueva fecha para su desahogo, la cual tuvo verificativo a las doce horas con seis minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que la ejecución de los actos reclamados corresponde a la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, de su escrito aclaratorio, así como de su escrito de ampliación de demanda, y las demás constancias que integran este asunto se advierte que el quejoso reclama: Del Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) World Trade Center, con residencia en la Ciudad de México, así como del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Michoacán (COEPRIS): - La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintidós, en el que les solicitó la autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente "CANABIS" (sativa, índica y americana y/o mariguana y/o preparado y/o resina y/o semilla "CANABIS" y/o psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a ( 7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidas como marihuana. Del Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS, con residencia en la Ciudad de México, así como de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y sus Sustancias Químicas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud: - La emisión del comunicado 223301EL351397, mediante el cual se dio contestación al escrito libre referido, en el que concluyeron que existía imposibilidad para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas al autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC". Del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Michoacán (COEPRIS): - La notificación del referido comunicado. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. En principio es necesario pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ello atendiendo a una cuestión de lógica fundamental, ya que la existencia del acto autoritario es un requisito esencial para efectuar primeramente el análisis de las subsecuentes causales de improcedencia que se actualicen o, en su caso, el estudio relativo a la constitucional de los mismos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 78, del tomo 76, abril de 1994, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 212775, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. I. Inexistencia en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintidós. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última es el reconocimiento que a modo de confesión hacen dichas autoridades al justificar su conducta. En todo caso, para determinar a quién le corresponde la carga de la prueba de la existencia de un acto, es necesario atender a su naturaleza. En efecto, dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación con la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto: 1. Tratándose de actos positivos; esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2. Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, 3. Finalmente, tratándose de actos negativos y aquélla a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que no se encuentra en posibilidad de probar una omisión. Ilustra, la jurisprudencia 21, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660, del tomo V, segunda parte-2, enero-junio de 1990, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 226432, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". En ese contexto, cuando se reclame un acto o una omisión, su existencia debe analizarse de acuerdo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que el juicio constitucional sólo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. Ilustra, la tesis sin número, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 273, del tomo I, primera parte-1, enero-junio de 1988, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207528, que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". En el caso, el impetrante Ricardo Almazán Ramírez, reclama del Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como del comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintidós. Al respecto, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), al rendir el informe justificado en representación del titular de dicha comisión ?fojas 75 a 79?, negó la existencia del referido acto que se le atribuye. Por su parte, el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, al rendir su informe de ley ?foja 46?, negó la existencia del acto que se le atribuye. Empero, aun cuando el acto reclamado consiste en una omisión, no es el caso de arrojarles la carga de la prueba a dichas autoridades, pues la actitud omisiva que se les atribuye deriva de la falta de respuesta a una petición, supuesto en el que existen dos variables, a saber: 1. Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8 constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional; y, 2. Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación de la demanda de amparo, o con la promoción de un nuevo juicio constitucional. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia J/49, sustentada por el Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 2689, del tomo XXXI, febrero de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165204, que señala: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso". A. Estudio en relación con la autoridad responsable Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán (COEPRIS). En relación con dicha autoridad, el impetrante no acreditó la existencia de una solicitud que la referida responsable se encontrara obligada a responder. Es así, pues como se advierte de las constancias, el escrito libre signado por el quejoso ?fojas 18 y 19?, va dirigido al Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS) y, si bien es cierto, el mismo se presentó el catorce de enero de dos mil veintidós ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, también lo es, que dicha autoridad lo recibió en coadyuvancia con la Comisión Federal aludida; esto es, lo hizo con el único fin de remitirlo a la COFEPRIS para que fuera atendido. En tal virtud, con base en lo dispuesto por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto de la autoridad señalada en este apartado. B. Estudio en relación con la autoridad responsable Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán (COFEPRIS). Respecto de tal autoridad, si bien es cierto, como se dijo, el impetrante acreditó la existencia de una solicitud que dicha responsable se encontrara obligada a responder. También lo es, que en autos obra el oficio 223301EL351397, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós ?fojas 46 y 47?, a través del cual la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de dicha Comisión Federal, dio respuesta al escrito libre presentado por el quejoso el catorce de enero de ese año, en el que se le hizo saber, que la referida Comisión sólo se encontraba investida por una facultad de ejecución, por lo que se limitaba a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomentos sanitarios, y que, en el caso concreto se refería a estupefacientes y substancias psicotrópicas, pero que no se pronunciaba respecto a la creación del marco que las regulaba, ya que, dijo, en ese aspecto la autoridad ordenadora era el Congreso de la Unión, en términos del artículo 71 de la Constitución Federal. En ese sentido, al haberse dado contestación al escrito cuya omisión de respuesta se duele el quejoso, desde el dieciocho de mayo de dos mil veintidós; esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (siete de septiembre de dos mil veintidós), se puede concluir que la omisión reclamada no existe. En tal virtud, con base en lo dispuesto por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto de la autoridad señalada en este apartado. II. Inexistencia en relación con el acto reclamado del Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), consistente en la emisión del comunicado 223301EL351397. La Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), al rendir el informe justificado en representación del titular de dicha comisión ?fojas 99 a 107?, negó la existencia del referido acto que se le atribuye. Aunado a lo anterior, a dicha autoridad no le corresponde el carácter de responsables, en relación con el acto reclamado materia de este apartado, consistente en la emisión del comunicado 223301EL351397, mediante el cual se dio contestación al escrito libre referido, en el que concluyeron que existía imposibilidad para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas al autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", ya que tal acto es cierto respecto de diversa autoridad (Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y sus Sustancias Químicas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud), como se verá en su oportunidad. En esas condiciones, no existe el acto reclamado de la autoridad responsable a que se hizo alusión, por lo que se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. III. Inexistencia del acto reclamado del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, consistente en la notificación del comunicado 223301EL351397. Debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto materia del presente apartado, en virtud de que no se encuentra acreditada su existencia. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". Y, la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 748, tomo XC, de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321449, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado". En el caso, el quejoso reclama del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, la notificación del comunicado 223301EL351397. Al respecto, el referido Comisionado al rendir su informe justificado ?fojas 94 y 95?, negó la existencia del aludido acto reclamado, con el argumento de que el Notificador Sanitario no pudo llevar a cabo la notificación, ya que la parte quejosa no se localizó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Aunado a ello, de las constancias que obran en autos no se advierte que exista la notificación reclamada. Máxime que el quejoso no desvirtuó la negativa informada. En esas condiciones, al resultar inexistente el acto reclamado, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), al rendir el informe justificado en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de dicha Comisión ?fojas 99 a 107?, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la emisión del comunicado 223301EL351397. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del mismo, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior, se corrobora con el oficio reclamado, el cual por su naturaleza de documento público goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". QUINTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que hagan valer las partes respecto del acto reclamado, o que se advierta de oficio (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación enderezados contra el oficio reclamado, por vicios propios, son infundados por una parte e inoperantes por otra. En sus conceptos de violación, el quejoso señala que el oficio reclamado viola en su perjuicio los derechos a la dignidad humana, identidad personal, derechos de la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación individual, libertad personal y corporal, así como el derecho a disponer de su salud por parte de la responsable, al tenor de la inconstitucionalidad de la aplicación de los numerales 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud. Cita como fundamento de sus argumentos la Jurisprudencia de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO DE MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE SALUD". Refiere que ello es así, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la Jurisprudencia firme en el sentido de la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de la marihuana prevista por la Ley General de Salud, lo anterior toda vez que no es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público. Reitera, que el derecho a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, están por encima de la prohibición para el autoconsumo de marihuana contenida en la Ley General de Salud. Continúa diciendo, que la política prohibicionista del consumo de la marihuana establecida en los artículos referidos no superaba de ninguna manera la Jurisprudencia firme establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizando restricciones a sus derechos fundamentales y controvirtiendo en todo momento lo establecido en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que México era parte. Aduce, que el Estado no puede socavar o suprimir las acciones que realizaba para individualizarse dentro de la sociedad, a menos de que existiera un interés superior que los justificara, ya que tenía derecho a elegir de forma libre y autónoma la manera en cómo había de ejercer sus derechos fundamentales. Por lo anterior, aduce, la prohibición del consumo de marihuana por su parte, resultaba inconstitucional, pues implicaba la supresión de conductas realizadas de su parte, y que generaban una diferencia específica con el resto de las personas que se encontraban en el mismo entorno social, restricción que, estima, no se encontraba justificada, ya que se le imponía un estándar único de vida, lo que contravenía la Carta Magna y los Tratados Internacionales. Precisa que la elección de consumir marihuana era una decisión estrictamente personal, pues es él quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia, afrontando las consecuencias de su decisión, sin que ello perturbe o afecte al resto de la sociedad. Aunado a que, afirma, la prohibición de la que estaba siendo objeto, de ninguna manera estaba justificada de manera científica o legal, por el contrario, se encontraba basada en una serie de prejuicios sustentados en los valores morales ejercidos durante varios años, y que habían generado un estado de inconstitucionalidad al violentar sus derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, aún por encima de la prohibición para el autoconsumo de marihuana contenida en la Ley General de Salud. Sigue diciendo, que la responsable, al emitir el comunicado reclamado viola el artículo 16 de la Constitución, al negarle la autorización para el consumo lúdico de cannabis, sin que se citen los preceptos legales, convencionales o constitucionales en que se apoye, y sin que exponga el motivo y se encuentre debidamente fundamentado. Finalmente, arguye que el oficio reclamado violenta sus derechos fundamentales, al carecer de fundamentación y motivación, al no precisar de manera clara, precisa y concreta al caso en particular, los motivos o causas que tomó en consideración para emitir su fallo de la negativa para la autorización para el consumo lúdico de cannabis en su favor. Los argumentos en los que el quejoso se duele de la falta de fundamentación y motivación del oficio reclamado son infundados. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del porqué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que, para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto se ajusta en los presupuestos de la norma que invoca. El anterior criterio se sustentó en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 143, del volumen 97-102, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, es necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere, además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Ilustra, la jurisprudencia 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, del tomo XXII, diciembre de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así como, la jurisprudencia J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, del tomo XXIII, mayo de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 175082, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". Ahora, en esta instancia constitucional, el quejoso reclama de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y sus Sustancias Químicas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, la emisión del comunicado 223301EL351397, en el que se determinó lo siguiente: ". Con fundamento en los artículos 4°, párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción I, 17, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 1°, 2°, 3°, fracciones I, XXII y XXVIII, 4°, fracción III, 13, inciso A, fracciones IX y X, 17 bis fracción IV, 194, 194 bis, 204, 235, 368, 369 y 371 de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 12, 14, 15, 15-A y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2, inciso C, fracción X, 36, 37 y 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I inciso j y VII, 4 fracción II, inciso c), 11 fracciones VI y XI, y 14, fracciones I y VII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; en relación a su escrito presentado en el Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el día 03 de mayo de 2022 al que le correspondió el número de entrada 223301EL351397, mediante el cual solicita medularmente autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis con fines lúdicos o recreativos se le informa lo siguiente: Si bien el 15 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, donde se remueven los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a ( 7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana"; al día de hoy, esta unidad Administrativa no cuenta con los elementos normativos para brindar la atención a este tipo de peticiones. Cabe señalar, que mediante proveído del 28 de junio de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceros, así como generar las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido responsablemente. Derivado de lo anterior, se colige que esta Comisión Federal solo se encuentra investida por una facultad de ejecución, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de los productos señalados párrafos arriba, y que en el caso concreto se refiere a estupefacientes y substancias psicotrópicas, pero no se pronuncia respecto a la creación del marco que las regula, toda vez que la autoridad ordenadora es el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 constitucional, es el poder facultado para crear y promulgar leyes. En virtud de lo expuesto, esta autoridad se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana.". Del oficio reclamado se desprende que el mismo sí se encuentra fundado, ya que la autoridad responsable citó los preceptos legales que sirvieron de fundamento a su determinación siendo los numerales 4, párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción I, 17, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 1, 2, 3, fracciones I, XXII y XXVIII, 4, fracción III, 13, inciso A, fracciones IX y X, 17 bis fracción IV, 194, 194 bis, 204, 235, 368, 369 y 371 de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 12, 14, 15, 15-A y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2, inciso C, fracción X, 36, 37 y 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I inciso j y VII, 4 fracción II, inciso c), 11 fracciones VI y XI, y 14, fracciones I y VII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Asimismo, también se encuentra motivado, ya que la responsable señaló los razonamientos por las que se encontraba imposibilitada para evaluar la petición formulada para obtener la autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana, ya que dijo que esa Comisión Federal solo se encontraba investida por una facultad de ejecución, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de los productos señalados, y que en el caso concreto se refería a estupefacientes y substancias psicotrópicas, pero que no se pronunciaba respecto a la creación del marco que las regulaba, toda vez que la autoridad ordenadora era el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 constitucional, era el poder facultado para crear y promulgar leyes. De lo anterior se observa que, contrariamente a lo alegado por el quejoso, el oficio combatido sí se encuentra fundado y motivado, por lo que, como se anticipó, dichos argumentos son infundados. Por otra parte, el resto de los motivos de disenso propuestos resultan inoperantes. Previamente a realizar el estudio del disenso, debe decirse que, por regla general, un concepto de violación es inoperante cuando: a) Los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; y, b) Solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos son suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Juzgados de Distrito carecen de facultades legales para decidir, de oficio, acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por la parte quejosa, ya que de hacerlo supliría la deficiencia de la queja en un caso donde no se involucran derechos de menores o incapaces ni se advierte una violación manifiesta de la ley, que haya dejado al quejoso sin defensa, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, que establece los casos de excepción al principio de estricto derecho imperante en el juicio de amparo. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que, si carecen de aquellos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 109/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 77, agosto de 2009, tomo XXX, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 166748 de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida". Por igualdad de razón es aplicable la jurisprudencia 188/2009, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 424, del tomo XXX, noviembre de 2009, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 166031, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". En el caso sujeto a estudio se actualiza el primer supuesto genérico de inoperancia de los conceptos de violación a que se hizo alusión, pues el quejoso omite controvertir las razones en que se apoyó la autoridad responsable para no otorgar la autorización solicitada para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana. Se estima de esa manera, pues como se puede advertir de los conceptos de violación propuestos por el quejoso, en el mismo dicha impetrante se duele de que: - Se violan en su perjuicio los derechos a la dignidad humana, identidad personal, derechos de la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación individual, libertad personal y corporal, así como el derecho a disponer de su salud por parte de la responsable, al tenor de la inconstitucionalidad de la aplicación de los numerales 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud. - Es inconstitucional la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de la marihuana prevista por la Ley General de Salud. - El derecho a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, estaban por encima de la prohibición para el autoconsumo de marihuana contenida en la Ley General de Salud. - La política prohibicionista del consumo de la marihuana no superaba de ninguna manera la Jurisprudencia firme establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizando restricciones a sus derechos fundamentales y controvirtiendo en todo momento lo establecido en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que México era parte. - El Estado no podía socavar o suprimir las acciones que realizaba para individualizarse dentro de la sociedad, a menos de que existiera un interés superior que los justificara, ya que tenía derecho a elegir de forma libre y autónoma la manera en cómo había de ejercer sus derechos fundamentales. - La prohibición del consumo de marihuana por su parte, resultaba inconstitucional, pues implicaba la supresión de conductas realizadas de su parte, y generaban una diferencia específica con el resto de las personas que se encontraban en el mismo entorno social, restricción que, estimaba, no se encontraba justificada, ya que se le imponía un estándar único de vida, lo que contravenía la Carta Magna y los Tratados Internacionales. - La elección de consumir marihuana era una decisión estrictamente personal, pues es él quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia, afrontando las consecuencias de su decisión, sin que ello perturbe o afecte al resto de la sociedad. - La prohibición de la que estaba siendo objeto, de ninguna manera estaba justificada de manera científica o legal, por el contrario, se encontraba basada en una serie de prejuicios sustentados en los valores morales ejercidos durante varios años, y que habían generado un estado de inconstitucionalidad al violentar sus derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, aún por encima de la prohibición para el autoconsumo de marihuana contenida en la Ley General de Salud. De donde se advierte, que el impetrante se duele en específico de que la prohibición total del autoconsumo de marihuana es inconstitucional, pero no ataca las consideraciones que emitió la responsable para dictar el oficio reclamado en los términos que lo hizo, relativas a la imposibilidad para evaluar su petición para obtener la autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana. De ahí que como se anticipó, lo argumentado por la quejosa es inoperante. De este modo, al haberse desestimado los planteamientos que constituyen los conceptos de violación, se pone de manifiesto la inaplicabilidad de los diversos criterios jurisprudenciales invocados a lo largo del escrito de demanda. En esas condiciones, al resultar los conceptos de violación infundados e inoperantes, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Ricardo Almazán Ramírez, contra los actos reclamados de las autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos señalados en el considerando tercero, fracciones I, apartados A y B, II y III, de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Ricardo Almazán Ramírez, contra el acto reclamado de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y sus Sustancias Químicas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, consistente en la emisión del comunicado 223301EL351397, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Rocío Guía Calderón, secretaria que autoriza y da fe. La suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el que se determinó negar el juicio de amparo 546/2022, promovido por Ricardo Almazán Ramírez, contra los actos del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, y de otras autoridades. Conste. El trece de marzo de dos mil veintitrés, la suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria con adscripción en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada y confidencial, por tratarse de: nombres de personas físicas o morales que tienen el carácter de parte dentro del juicio de origen o del expediente de amparo o intervienen dentro del asunto, sin la calidad de autoridad; y, el expediente natural, al ser un dato que hace identificable la identidad de la parte quejosa y de las demás partes involucradas en este sumario, de manera directa o indirecta, a través de cualquier información. Conste.
- Principal
En veintisiete de enero de dos mil veintitrés, el suscrito Ernesto Adame Ruiz, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: que en el expediente electrónico en que se actúa, no obra constancia de notificación a las autoridades responsables, del proveído de dieciséis de enero del año en curso, mediante el cual, se dio vista a las partes con la designación del nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Lo que se asienta para el efecto legal conducente. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. De la certificación de cuenta, se desprende que en el expediente electrónico en que se actúa, no obra constancia de notificación a las autoridades responsables, del proveído de dieciséis de enero del año en curso, mediante el cual, se dio vista a las partes con la designación del nuevo titular de este órgano jurisdiccional; por lo que, a la fecha, se encuentra pendiente de que transcurra el plazo concedido, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convengan. DIFERIMIENTO. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, señalándose en su lugar las DOCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Lo anterior, captúrese en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). SE ORDENA NOTIFICACIÓN. Bajo ese contexto, y en obvio de mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo se instruye al área de actuaría a efecto de que practique la notificación de dichos oficios e incorpore las constancias correspondientes en el expediente electrónico, para su debida integración. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: que en sesión extraordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veintidós, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue designado como Titular de este órgano jurisdiccional el Juez René Castro Lara, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, lo cual fue notificado mediante oficio SEADS/1207/2022. Lo que se asienta para los legales a que haya lugar. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. Vista la certificación que antecede, se hace del conocimiento de las partes que en sesión extraordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil veintidós, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue designado como Titular de este órgano de jurisdiccional el Juez René Castro Lara, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Lo anterior, se realiza en cumplimiento a la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 312, registro digital: 164217, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada en autos se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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