Reynaud Abodagos S.C.
Expediente 1374/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1374/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reynaud Abodagos S.C.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por ********************, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual manifiesta lo siguiente: "(.) Por medio del presente ocurso permítame manifestar que la autoridad responsable se encuentra incumpliendo con la sentencia otorgada por este H. juzgado, toda vez que el día veinte de noviembre del año en curso, le fue notificado al quejoso, por parte de la clínica "CENTRO DE HEMODIÁLISIS LA PIEDAD", que a partir de esta fecha ya no le sería otorgado el tratamiento de hemodiálisis de manera subrogada, debido a que Secretaría de Salud del Estado de Michoacán tiene un adeudo bastante elevado con dicha clínica, por concepto de sesiones de Hemodiálisis otorgadas a diversas personas incluyendo al quejoso, por tanto no puede continuar prestando el servicio de forma subrogada hasta que se realicen los pagos adeudados. Debido a lo anterior, se sostuvo comunicación con la encargada de la Clínica "CENTRO DE HEMODIÁLISIS LA PIEDAD", quien señaló que efectivamente se les ha suspendido el servicio a diversos quejosos, ya que la autoridad responsable actualmente se encuentra retrasada en los pagos, por concepto de hemodiálisis, siendo fundamentalmente necesarios para la compra de insumos que ocupan para realizar el tratamiento de hemodiálisis, por lo que desde ese día se le iniciarán a cobrar las sesiones al quejoso. Por lo tanto, solicito respetuosamente a usted su señoría que tome las acciones y medidas necesarias para que la autoridad responsable dé cabal cumplimiento con la Sentencia en la que se le CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, por este H. Juzgado, debiendo proporcionar de forma subrogada el tratamiento completo que requiere, a fin de no poner en riesgo su salud y su vida. (.)" Por lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia ejecutoria, esto es, realicen las gestiones necesarias para que continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo para el padecimiento de insuficiencia renal crónica que le aqueja. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista las razones actuariales que anteceden, se aprecia que a los actuarios no les fue posible localizar a los terceros interesados Gabriela y Guillermo de la Salud, ambos de apellidos Iturbide Mejía, en los siguientes domicilios: * Calle Flor de Anturio, sin número, departamento planta baja D, conjunto habitacional los Mirasoles, Código Postal 58095, Morelia, Michoacán. * Recinto el Pastizal número 39, colonia Los Pastos, Código Postal 58088, Morelia, Michoacán; * Calle Rino el Pastizal, número 39, colonia Los Pastos, Morelia, Michoacán; * Retorno el Pastizal número 39, fraccionamiento Los Pastos, Morelia, Michoacán; En virtud de lo señalado por los notificadores en dichas razones. Asimismo, se encuentra pendiente verificar en los diversos domicilios señalados en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, por lo tanto, se orden al área de actuaría completar la encomienda señalada en dicho auto. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.ORF
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 778/2023, promovido por JORGE AVALOS HERNANDEZ, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Jorge Avalos Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en los términos precisados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, estimó que la omisión reclamada vulnera sus derechos contenidos en los artículos 1, 8, 17, 22, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés (foja 22), este juzgado registró la demanda con el número 778/2023 y decretó la suspensión de plano en favor de Jorge Avalos Hernández, en los términos siguientes: " En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Jorge Avalos Hernández, de inmediato la atención médica necesaria respecto de los padecimientos que le aquejan y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlo en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que la autoridad responsable provea las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica que requiere, esto es, las sesiones de hemodiálisis. En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes del quejoso para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican. Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; sobre todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice . (.).". Asimismo, en el referido auto, se admitió a trámite la referida demanda, se requirió el informe justificado de las responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud y otras autoridades; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado (el día veintidós de junio de dos mil veintitrés; foja 32 vuelta); y se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Por auto de diecinueve de septiembre pasado, se tuvo como autoridades inexistentes al Director del Servicio de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y Director del INSABI, con residencia en Ciudad de México, foja 242. Seguido el juicio se desahogó la audiencia constitucional, previo diferimiento y con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada no requiere ejecución material y la demanda que dio origen al juicio en que se actúa fue presentada en esta ciudad en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Tanto de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo como con la constancia anexa a la misma, consistente en nota de valoración de nefrología expedida por el Hospital General "Dr. Miguel Silva" y suscritas por Dr. Víctor Hugo Gómez Suárez y RNF Elías Guzmán Sánchez, se advierte que el quejoso, con diagnóstico de enfermedad renal crónica etapa 5, insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial sistemática descontrolada con grave riesgo de sufrir un infarto, que ha acudido en varias ocasiones al Hospital Civil de Charo, Michoacán, para pedir que lo hemodialicen de emergencia y para que le entreguen los medicamentos que necesita, que le han negado la atención médica porque no tienen lugar para atenderle, por lo que tiene que pagar la hemodiálisis y los medicamentos, y quien tiene su domicilio en la privada José María Morelos sin número, en la localidad de San Miguel del Monte, municipio de Morelia, Michoacán, código postal 58350. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por Jorge Avalos Hernández, consistente en: "(.) La omisión de SUMINISTRAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTARIOS suficientes para que de manera oportuna, eficiente, eficaz el resto de las autoridades me suministren los medicamentos, POR SER OMISO EN SUPERVISAR QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LA OPERATIVIDAD DE MI ATENCIÓN MÉDICA Y LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA MI TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA GRADO 5 E HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA CON GRAVE RETENCIÓN DE LÍQUIDOS, CON DISNEA A GRANDES ESFUERZOS, MAREOS, VÓMITO, ENTUMECIMIENTO DE PIERNAS, DEBILIDAD, PÉRDIDA DE FUERZA Y VISIÓN, DESESTABILIZACIÓN PARA CAMINAR, CANALIZADO DE URGENCIA A HEMODIÁLISIS, YA QUE TENGO VARIOS DÍAS SIN HEMODIALIZARME. POR SER OMISO EN VERIFICAR EL ABASTO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ASÍ COMO QUE LA ATENCIÓN MÉDICA CUMPLA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA MI TRATAMIENTO. POR SER OMISO EN SUPERVISAR QUE LAS AUTORIDADES DE SALUD ME ATIENDAN Y ME HEMODIALICEN". Los cuales atribuye a: 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 2. Secretario Federal de Salud; 3. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; 4. Secretario de la Función Pública; 5. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; Con residencia en la Ciudad de México. 6. Secretario de Salud en el Estado de Michoacán; 7. Gobernador del Estado de Michoacán y, 8. Director del Hospital Civil Doctor Miguel Silva. Éstos con residencia en esta ciudad; Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados consistentes en: "(.) La omisión de SUMINISTRAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTARIOS suficientes para que de manera oportuna, eficiente, eficaz el resto de las autoridades me suministren los medicamentos, POR SER OMISO EN SUPERVISAR QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LA OPERATIVIDAD DE MI ATENCIÓN MÉDICA Y LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA MI TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA GRADO 5 E HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA CON GRAVE RETENCIÓN DE LÍQUIDOS, CON DISNEA A GRANDES ESFUERZOS, MAREOS, VÓMITO, ENTUMECIMIENTO DE PIERNAS, DEBILIDAD, PÉRDIDA DE FUERZA Y VISIÓN, DESESTABILIZACIÓN PARA CAMINAR, CANALIZADO DE URGENCIA A HEMODIÁLISIS, YA QUE TENGO VARIOS DÍAS SIN HEMODIALIZARME. POR SER OMISO EN VERIFICAR EL ABASTO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ASÍ COMO QUE LA ATENCIÓN MÉDICA CUMPLA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA MI TRATAMIENTO. POR SER OMISO EN SUPERVISAR QUE LAS AUTORIDADES DE SALUD ME ATIENDAN Y ME HEMODIALICEN". Atribuidos a las autoridades siguientes: Autoridad Informe 1. Presidente de la República; 99 2. Secretario Federal de Salud; 62 3. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; 62 4. Secretario de la Función Pública; 87 5. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. 172 6. Gobernador del Estado de Michoacán No rindió Lo anterior, por dos aspectos, el primero porque las autoridades que rindieron su informe justificado manifestaron expresamente la inexistencia de los actos a ellas atribuidos; en tanto que, a la que fue omisa en hacerlo, no se está en posibilidad de presumírselos ciertos, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, porque como se demostrará enseguida, las omisiones que se le imputan no están dentro de su marco competencial. Y el segundo aspecto descansa en que, para determinar la certeza o la inexistencia de las omisiones que se atribuyan a las autoridades responsables, en principio se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En el caso, atendiendo a las facultades establecidas competencialmente a las autoridades precisadas en esta consideración, deben tenerse inexistentes las omisiones que se les atribuyen, pues al margen que la quejosa aduzca en su demanda que su derecho a la salud debe de ser garantizado por ellas, de acuerdo a los artículos que indicó: Lo cierto es que dichos ordenamientos contienen la tutela en abstracto de esos derechos (los de salud), pero no el deber impuesto en concreto a autoridades especificas respecto del ámbito competencial de las mismas. Adicionalmente, la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, que invoca, constituye un documento que tiene como propósito especificar con claridad las reglas, los procedimientos y los requerimientos de las unidades de hemodiálisis, como se advierte de ese documento: "1. Objetivo Esta norma establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento, con los que deberán contar los establecimientos en los que se practique la hemodiálisis y terapias afines, ya sea en hospitales, unidades independientes o no ligadas a un hospital, así como el perfil del personal y los criterios científicos y tecnológicos a los que deberá sujetarse dicha práctica. 2. Campo de aplicación Esta norma es de observancia obligatoria y sus disposiciones son obligatorias para los prestadores de los servicios de hemodiálisis y terapias afines de los sectores público, social y privado, en los términos previstos en la misma." Sin embargo, se estima que esos ordenamientos invocados, no constituyen un parámetro legal idóneo para establecer que dentro de las obligaciones legales de las autoridades precisadas en este apartado, está la de otorgar las hemodiálisis que el quejoso requiere como tratamiento de la enfermedad de insuficiencia renal grado 5, así como la de supervisar que las autoridades médicas del Hospital Civil le otorguen la atención médica integral a la quejosa; principalmente, porque no establecen con precisión el que ellas tengan a cargo la prestación del servicio de salud en esta entidad federativa, que es finalmente el agravio toral del peticionario de amparo. Por ello, conforme al "ACUERDO NACIONAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD", suscrito entre el Gobierno Federal y los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y seis, se establece una descentralización por parte del gobierno federal de los servicios de salud para cada uno de los Estados de la República Mexicana, teniendo particularmente trascendencia el "ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE SALUD, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA LA DESCENTRALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ENTIDAD", publicado el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis, específicamente dentro de lo establecido en el capítulo II, denominado "ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL" del referido acuerdo de coordinación, corresponderá a esta entidad federativa la operación de los servicios de salud que fueron descentralizados de la secretaría de salud Federal. A efecto de corroborar lo anterior, conviene traer a cuenta el marco legal que precisa, a saber: "ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD, REPRESENTADA POR SU TITULAR JUAN RAMON DE LA FUENTE, EN LO SUCESIVO SSA, CON LA INTERVENCION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, REPRESENTADA POR SU TITULAR GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, EN LO SUCESIVO SHCP, DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, REPRESENTADA POR SU TITULAR ARSENIO FARELL CUBILLAS, EN LO SUCESIVO SECODAM Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN, REPRESENTADO POR SU TITULAR VICTOR MANUEL TINOCO RUBI, CON LA PARTICIPACION DE LA FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REPRESENTADA POR SU SECRETARIO GENERAL HECTOR VALDES ROMO, EN LO SUCESIVO LA FSTSE, Y DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD, REPRESENTADO POR SU SECRETARIO GENERAL JOEL AYALA ALMEIDA, EN LO SUCESIVO SNTSSA, PARA LA DESCENTRALIZACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULAS: ANTECEDENTES (.) CLAUSULAS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES (.) CAPITULO II ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL SEXTA. La SSA, como coordinadora del Sistema Nacional de Salud y autoridad sanitaria federal, vigilará el cumplimiento del artículo 4o. Constitucional y ejercerá las atribuciones que le confieren la Ley General de Salud y demás disposiciones legales y reglamentarias, así como las actividades de coordinación general; vigilancia y seguimiento; y las de definición de políticas generales y normatividad respectivas. El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Salud ejercerá directamente las atribuciones materia del presente Acuerdo en los casos a que se refiere el artículo 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, a solicitud expresa del Gobierno del Estado. SEPTIMA. La SSA descentraliza a favor del Gobierno del Estado la operación de los servicios de salud a su cargo en la entidad federativa, en los términos de la cláusula sexta del presente Acuerdo, en las siguientes materias de salubridad general: I. La atención médica y asistencia social; II. La salud reproductiva y planificación familiar; III. La promoción de la salud; IV. La medicina preventiva; V. El control sanitario de la disposición de sangre humana, y VI. La vigilancia epidemiológica. La SSA proporcionará al Gobierno del Estado la asesoría necesaria para la ejecución del presente Acuerdo y de los convenios específicos que al efecto se celebren, así como los apoyos documentales que se relacionen en los anexos que se agregarán al presente Acuerdo. OCTAVA. La SSA descentraliza a favor del Gobierno del Estado, la operación de los servicios de salud a su cargo en la entidad federativa, en los términos de la cláusula sexta del presente Acuerdo, en las siguientes materias de regulación y control sanitarios: I. Bienes y servicios; II. Insumos para la salud; III. Salud ambiental, y IV. Control sanitario de la publicidad. CAPITULO III ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS DE APOYO SECCION PRIMERA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION NOVENA. El Gobierno del Estado ejercerá el control de los recursos presupuestales que se le asignen por la SSA, bajo los criterios de equidad y eficiencia. DECIMA. La SSA confiere al Gobierno del Estado, las funciones relacionadas con el proceso de programación y presupuestación, de acuerdo con las directrices establecidas a nivel federal. A partir de la elaboración del Programa Operativo Anual de 1998 el Estado podrá distribuir los recursos que se le asignen por el Gobierno Federal de conformidad con sus disponibilidades, ajustándose a la apertura programática vigente y a las estrategias nacionales de salud. DECIMOPRIMERA. El Gobierno del Estado presentará anualmente una breve actualización de su diagnóstico sexenal relativo a la problemática que en materia de salud enfrenta la entidad. Asimismo, presentará ante el Consejo Nacional de Salud programas anuales de trabajo en los cuales se describan los objetivos y la distribución presupuestal prevista por el Estado, acorde con las prioridades identificadas en dicho diagnóstico y en el Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000. El Gobierno del Estado se compromete a incluir a partir de 1997 en los programas de salud, un primer capítulo en el que se describa una autoevaluación de su desempeño en el año anterior, lo que formará parte del fundamento del programa. La SSA elaborará un documento anual que contendrá una evaluación de las políticas de salud a nivel nacional, de los retos que subsisten en cada entidad federativa y del cumplimiento de objetivos. El Estado proporcionará toda la información adicional, facilidades y colaboración que solicite el Gobierno Federal para la tarea de evaluación y seguimiento a nivel nacional. SECCION SEGUNDA SERVICIOS PERSONALES (.) SECCION TERCERA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (.) CAPITULO IV TRANSFERENCIA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES (.) CAPITULO V DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SSA QUE SE INCORPORAN AL SISTEMA ESTATAL (.) CAPITULO VI TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS VIGESIMO SEXTA. El Gobierno Federal, por conducto de la SSA, transferirá recursos financieros al Gobierno del Estado, en los diferentes capítulos de gasto, para que éste se encuentre en condiciones de encargarse de la operación de todas las unidades médicas y administrativas que recibe, así como de cumplir con las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo, tendientes a elevar la calidad y cobertura de los servicios de salud a su cargo. Las transferencias quedan condicionadas al techo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para cada ejercicio, y se realizarán de acuerdo con las fechas y calendarios que para tal efecto establezca la Federación. Por su parte, el Gobierno del Estado propondrá en el proyecto del presupuesto de egresos de cada ejercicio, los recursos financieros que destinará para el correcto funcionamiento del organismo descentralizado y de los programas de salud que este último llevará a efecto. Las transferencias de recursos que realice el Gobierno Federal se efectuarán a través de un ramo especial, etiquetadas y calendarizadas al organismo descentralizado por conducto de la Secretaría de Finanzas Estatal o su equivalente. Estos recursos pasarán a formar parte del presupuesto y la cuenta pública estatal. Las entidades federativas mantendrán su participación actual en el financiamiento de los servicios de salud y lo incrementarán en la medida de sus posibilidades. VIGESIMO SEPTIMA. La SSA transferirá los recursos asignados al pago de servicios personales de los trabajadores federales, que pasarán a ser estatales en virtud del presente Acuerdo. El Gobierno del Estado continuará aportando al organismo descentralizado los recursos que a la fecha destina para el pago de salarios, beneficios y prestaciones de los trabajadores estatales que se incorporen a dicho organismo. El Gobierno Federal homologará los salarios de los trabajadores estatales de la salud que se integren al organismo descentralizado con los federales cubriendo las diferencias existentes a partir del momento en el que se constituya dicho organismo y de acuerdo con los tabuladores vigentes. Para ello se otorgará una ampliación líquida que cubrirá el 100% del costo de la homologación. El costo de los incrementos salariales subsecuentes correrán a cargo de la Federación en el caso de los trabajadores de origen federal y de la diferencia que pudiera surgir cuando los incrementos a los tabuladores centrales rebasen a los estatales. Este compromiso se mantendrá hasta que las plazas estatales homologadas queden vacantes por jubilación. Con el propósito de no romper con la homologación en un futuro, el Gobierno Federal seguirá financiando totalmente aquellas plazas que apruebe la Secretaría de Salud, en tanto que las que sean generadas por el Gobierno Estatal será responsabilidad exclusiva de éste, respetando siempre los tabuladores vigentes. El régimen de seguridad social será federal o estatal según el origen de las propias plazas. La SSA registrará las plantillas integradas por el personal tanto de origen federal como estatal. Los tabuladores que rijan las percepciones de todos los trabajadores incorporados al organismo descentralizado deberán ser los vigentes y autorizados por la SSA. Las prestaciones y condiciones generales de trabajo que ofrezca el organismo para la constitución de su plantilla deberán ser las mismas que actualmente se aplican a los trabajadores de la SSA. VIGESIMO OCTAVA. La SSA se obliga a transferir al Gobierno del Estado los recursos consignados en el rubro de materiales y suministros del Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo los correspondientes al ejercicio de 1996. El Gobierno del Estado podrá participar en el sistema de compra consolidada con base en los lineamientos que defina la SSA. VIGESIMO NOVENA. La SSA transferirá al Gobierno del Estado los recursos relativos a los servicios generales, a excepción de los presupuestados para cubrir los gastos de difusión e información, así como los recursos asignados para pagar las primas de seguros que cubren los riesgos sobre bienes muebles e inmuebles incluyendo los correspondientes al ejercicio presupuestal 1996. TRIGESIMA. La SSA transferirá de manera parcial al Gobierno del Estado, los recursos presupuestados en el ejercicio de 1996 para equipamiento, y transferirá la totalidad de los mismos en los ejercicios siguientes. En materia de obra pública la SSA sólo celebrará contratos previo acuerdo con el Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado ejercerá el presupuesto relativo a bienes muebles e inmuebles y obra pública de conformidad con la legislación que resulte aplicable y con el Plan Estatal Maestro de Infraestructura en Salud para Población Abierta, según las prioridades en la materia y los inventarios funcionales. TRIGESIMO PRIMERA. El Gobierno del Estado reportará los avances en el ejercicio del presupuesto de conformidad con la normatividad que establezca la SSA y demás disposiciones legales aplicables. TRIGESIMO SEGUNDA. La SSA conservará la facultad de distribuir el presupuesto federal en materia de salud entre los estados y mediante una fórmula que se dará a conocer oportunamente en el seno del Consejo Nacional de Salud que permitirá al Gobierno del Estado recibir recursos en forma equitativa, considerando las necesidades que en materia de salud debe atender la autoridad local, las condiciones económicas y financieras de la entidad para hacer frente a dichas necesidades, los resultados de las evaluaciones que realice la SSA y la aportación de recursos del Estado en materia de salud. TRIGESIMO TERCERA. El Gobierno del Estado aplicará los recursos financieros que reciba con base en el presente convenio, exclusivamente a acciones de salud. TRIGESIMO CUARTA. El Gobierno del Estado reforzará sus procesos de planeación, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento, sin menoscabo de la responsabilidad federal en esos rubros, para obtener datos precisos del desarrollo del Sistema Estatal de Salud. Asimismo, el organismo descentralizado proporcionará toda la información adicional, facilidades y colaboración que solicite la SSA para la realización de la tarea de información, evaluación y seguimiento a nivel nacional. TRIGESIMO QUINTA. La Secretaría de Salud en coordinación con las instancias competentes y de conformidad con la normatividad aplicable determinará un procedimiento que facilite al Gobierno del Estado reasignar con flexibilidad el gasto presupuestado entre programas y capítulos. TRIGESIMO SEXTA. La SSA financiará temporalmente la Unidad de Apoyo para la Descentralización a que se refiere la cláusula cuadragésima sexta. TRIGESIMO SEPTIMA. La SSA, por conducto de la Contraloría Interna, supervisará y revisará que la transferencia de los recursos financieros a la entidad, se realicen de conformidad con la normatividad aplicable. CAPITULO VII CUOTAS DE RECUPERACION (.) CAPITULO VIII DISPOSICIONES FINALES (.) Enteradas las partes del contenido y alcances del presente Acuerdo, para su observancia y cumplimiento, se firma en la Ciudad de México, el día veinte del mes de agosto de mil novecientos noventa y seis.- El Secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente Ramírez.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado, Víctor Manuel Tinoco Rubí.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Antonio García Torres.- Rúbrica.- Por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el Secretario General, Héctor Valdés Romo.- Rúbrica.- Por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el Secretario General, Joel Ayala Almeida.- Rúbrica." Bajo el panorama expuesto, la atención del quejoso con número de expediente 12589-21, corresponde exclusivamente a las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Salud en esta entidad federativa, a saber, Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y Director del Hospital Civil Doctor Miguel Silva, ambos con residencia en esta ciudad. Consecuentemente, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a las autoridades y actos siguientes: Autoridades Actos 1. Presidente de la República; 2. Secretario Federal de Salud; 3. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; 4. Secretario de la Función Pública; y, 5. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, y, 6. Gobernador del Estado de Michoacán. *La omisión de otorgar las hemodiálisis que la quejosa requiere como tratamiento de la enfermedad de insuficiencia renal grado 5, e hipertensión arterial sistemática con grave retención de líquidos, con disnea a grandes esfuerzos, mareos, vómito, entumedicimiento de piernas, debilidad, pérdida de fuerza y visión, desestabilización para caminar, canalizado de urgencia e hemodiálisis. *La omisión de supervisar que las autoridades médicas del Hospital Civil le otorguen la atención médica integral para dichos padecimientos y que se le realicen las hemodiálisis que requiere. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y, al Director del Hospital Civil Doctor Miguel Silva, consistentes en: *La omisión de otorgar las sesiones de hemodiálisis que el quejoso requiere como tratamiento de la enfermedad de insuficiencia renal; y, *La omisión de brindar la atención médica y medicamentos para el padecimiento y que se le realicen las sesiones de hemodiálisis que requiere. Lo que se impone considerar de esa forma, dado que dichas responsables al rendir su informe justificado, negaron el acto reclamado, sin embargo en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, procede presumir cierto las omisiones que se les atribuyen; adicionalmente, porque de las constancias que dichas responsables adjuntaron para acreditar el cumplimiento a la suspensión de plano, así se advierte. En ese sentido, se tiene por cierto los actos reclamados en esta instancia constitucional; es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. En tal virtud, en este apartado debe señalarse, que del informe justificado, el apoderado de las autoridades de las autoridades responsables Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y Director del Hospital Civil Doctor Miguel Silva, informó lo siguiente: *Por escrito recibido el diecinueve de julio del año en curso (foja 134), que al quejoso se le aperturó carnet de citas con número 12589/21, para la especialidad de nefrología, además de que se encuentran realizando las gestiones financieras y administrativas para que se brinde el tratamiento respecto al padecimiento de insuficiencia renal crónica signando un CONTRATO ABIERTO DE COMPRAVENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA POR MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, con la empresa IGSA MEDICAL SERVICES S.A DE C.V., con objeto de contrato la Adquisición y Contratación de la Terapia Sustitutiva Renal Extracorpórea (Hemodiálisis), así como CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SERVICIO DE TERAPIA SUSTITUTIVA RENAL EXTRACORPÓREA-HEMODIALISIS), con la empresa ARQUINA, S.A DE C.V., siendo el objeto del contrato la Adquisición y Contratación de la Terapia Sustitutiva Renal Extracorpórea - Hemodiálisis, lo anterior con la finalidad de garantizar el tratamiento médico que requiere; por lo que se dio de alta el quejoso para su atención en la clínica NausLife Morelia, Michoacán, ubicada en la calle Isidro Huarte, número 525, colonia Centro Histórico, Morelia, Michoacán, con sesiones de hemodiálisis los lunes y jueves, a las catorce horas de cada semana, solicitando al quejoso que acuda a recibir su tratamiento de manera subrogada. Lo anterior, en apariencia podría revelar que en el caso los actos reclamados han cesado en sus efectos, dado que las autoridades responsables satisficieron la queja toral del peticionario del amparo, a través del otorgamiento de hemodiálisis que requiere como parte integral de su tratamiento. No obstante dichas consideraciones, el que ahora resuelve estima que en el caso no aconteció la cesación de efectos de los actos reclamados. En primer término, atendiendo a que en la técnica de amparo se define a la cesación de efectos, como la causal de improcedencia que impide el estudio del fondo del amparo cuando los actos que al momento de promover la demanda existían, cesaron durante la substanciación del juicio y destruyen de manera total e incondicional sus efectos, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. Siguiendo con esa línea, la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Para continuar con este argumento, en el caso debe establecerse que, la atención médica que se otorgó al inconforme, esto es, el otorgamiento de las hemodiálisis, obedeció al cumplimiento de la suspensión de plano que las autoridades responsables dieron. Así, la suspensión de plano que se decreta en el juicio de amparo tiene la naturaleza de una medida cautelar, que de acuerdo con lo señalado por Miguel Alejandro López Olvera, son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso o previamente a él, a pedido de un interesado o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho. Igualmente refiere que, son instrumentos que puede decretar el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave o irreparable daño a las partes o la sociedad, con motivo de la tramitación del proceso; asimismo, que también pueden ser utilizadas para dar justicia anticipada o autónoma. Entre las diferentes características que atribuye dicho autor a las medidas cautelares, destaca, para el caso exclusivo, la relativa a la provisionalidad, que define, como el carácter no definitivo de las medidas cautelares, pues éstas desaparecen, perdiendo toda su eficacia, cuando faltan los presupuestos que originaron su adopción, y en todo caso, cuando finaliza el proceso principal. La nota de la provisionalidad, señala, se entiende bien, si se conecta con la finalidad de las medidas cautelares; si lo que se trata de proteger y tutelar mediante la adopción de tales medidas es la efectividad de una ulterior sentencia, lógico es que las mismas tengan una vigencia limitada en el tiempo, concretamente aquella en la que dicha sentencia tarde en obtenerse. De modo que, si en el presente asunto se otorgó el tratamiento de hemodiálisis que el quejoso requiere para la enfermedad de insuficiencia renal grado 5, es claro que, de acuerdo con lo antes expuesto, dicha actuación asumida por las autoridades responsables obedeció al cumplimiento que otorgaron a la medida cautelar, que si se observa superficialmente, en apariencia pudiera establecerse que dicha medida cautelar la restituyó en el goce del derecho a la salud que estimó violado, en tanto que, con la misma obtuvo a la pretensión fundamental a la que aspiró al promover este amparo. No obstante ello, lo cierto es que técnicamente no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, en atención a que no se declaró en definitiva una violación de derechos que le haya constituido la prerrogativa a recibir la atención médica en tanto dure la vigencia de la medida cautelar decretada en autos. Lo anterior cobra sentido, si se toma en cuenta que, en el caso que este juzgador determinara sobreseer el presente juicio de amparo, la vigencia de la suspensión de plano que le fue concedida en el presente expediente para que las autoridades responsables le otorgaran el más amplio acceso y garantizaran su derecho a la salud, por la negativa de las responsables de otorgarle las hemodiálisis y demás medicamentos que requiere para tatar las enfermedades de insuficiencia renal grado 5 e hipertensión arterial que padece, quedaría sin efectos una vez que la misma causara ejecutoria; ello, al margen que no se le hubiera declarado en definitiva la violación a derecho alguno que le constituyera la prerrogativa a recibir la atención médica que buscó con este amparo. Es así pues la suspensión de plano que se concedió a la parte quejosa fue dictada no sólo con efectos preventivos, sino de tutela anticipada, pero de ninguna manera constituyó una declaración de violación de derechos definitiva a su favor, en el caso para determinar el tránsito de esa declaración provisional a una definitiva que se consolide en la sentencia como cosa juzgada, por ende, resulta necesario que este juzgador realice el análisis correspondiente. Por tanto, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna otra, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del auto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al quejoso. El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece: "Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." Constitución cuyos artículos transitorios disponen: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto. Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior." Disposiciones que le son aplicables, en favor de la parte quejosa, porque, la demanda de amparo, se presentó, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, es decir, ya en la vigencia de las normas constitucionales invocadas -sustantivas, de las que se advierte: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud; La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para toda persona la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual, prevé que, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad general, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud. Ahora, en la especie conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: a) Del párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); b) Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); c) Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); d) De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud, depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, define el derecho a la salud como "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. En ese sentido, el contenido de la norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: Declaración Universal de Derechos Humanos "Artículo 25, párrafo 1o.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 12.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad". Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos y familiares de la comunidad; [.] La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Ahora bien, en esta instancia se reclama en esencia: "(.) La omisión de SUMINISTRAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTARIOS suficientes para que de manera oportuna, eficiente, eficaz el resto de las autoridades me suministren los medicamentos, POR SER OMISO EN SUPERVISAR QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LA OPERATIVIDAD DE MI ATENCIÓN MÉDICA Y LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA MI TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA GRADO 5 E HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA CON GRAVE RETENCIÓN DE LÍQUIDOS, CON DISNEA A GRANDES ESFUERZOS, MAREOS, VÓMITO, ENTUMECIMIENTO DE PIERNAS, DEBILIDAD, PÉRDIDA DE FUERZA Y VISIÓN, DESESTABILIZACIÓN PARA CAMINAR, CANALIZADO DE URGENCIA A HEMODIÁLISIS, YA QUE TENGO VARIOS DÍAS SIN HEMODIALIZARME. POR SER OMISO EN VERIFICAR EL ABASTO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ASÍ COMO QUE LA ATENCIÓN MÉDICA CUMPLA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA MI TRATAMIENTO. POR SER OMISO EN SUPERVISAR QUE LAS AUTORIDADES DE SALUD ME ATIENDAN Y ME HEMODIALICEN". En cumplimiento a la suspensión de plano, el apoderado de las autoridades responsables mediante escritos presentados el diecinueve de julio de dos mil veintitrés (fojas 134 - 136); veinte de julio de dos mil veintitrés (fojas 142), comunicó que estas últimas determinaron subrogar a la parte quejosa el tratamiento de hemodiálisis, como ya se señaló en párrafos anteriores. De lo anterior, se aprecia que la queja toral aducida por el inconforme Jorge Avalos Hernández, consistente en la falta de tratamiento, medicamentos y atención médica, en específico de brindarle el tratamiento de hemodiálisis, así como otorgarle los medicamentos, insumos e instrumentos necesarios para tal efecto, quedó satisfecha, vía tutela anticipada, en la medida que ya se subrogó dicho servicio. Al respecto, se tiene que a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano, las autoridades determinaron brindar a la quejosa el tratamiento de manera subrogada en la clínica privada NausLife, de esta ciudad, con dos sesiones por semana, los días lunes y jueves, a las catorce horas, respectivamente. Lo anterior, previo requerimiento decretado en proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés. (Fojas 126-128) Así, en cumplimiento a la anterior, mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, el apoderado de las autoridades responsables informó que sus representadas determinaron brindar el tratamiento de hemodiálisis subrogado, con la clínica denominada NausLife, que se ubica en la calle Isidro Huarte número 525, en Morelia. No obstante, se estima la restitución a ese derecho acontecerá con entera plenitud, con la declaración de violación de derechos definitiva a su favor, en el caso la violación a su derecho a la salud; de ahí que, la presente resolución únicamente tenga como efecto hacer la declaración formal de violación al derecho a la salud para que en lo subsecuente, las autoridades responsables brinden el tratamiento y servicios que requiere el impetrante de amparo para el padecimiento que le aqueja, dado que conforme a los postulados derivados del artículo 4º Constitucional, la protección de la salud está garantizada por el Estado como derecho humano irrestricto. Sirve de apoyo, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos setenta y cuatro del Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República.". También, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y siete del Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.". Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en la falta de tratamiento, medicamentos y atención médica, en específico de brindarle el tratamiento de hemodiálisis, así como otorgarle los insumos e instrumentos necesarios para tal efecto; con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado: Para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo para el padecimiento de insuficiencia renal crónica que le aqueja, en los mismos términos y condiciones que hasta el momento se le brindan en la clínica subrogada, esto es, las dos sesiones de hemodiálisis y el suministro de sus medicamentos con el surtido recetas, además de los estudios médicos necesarios para el control y seguimiento de su padecimiento. En la inteligencia de que, una vez que las responsables obtengan la valoración del médico nefrólogo, deberá continuarse otorgando al quejoso el tratamiento antes indicado o bien, ajustarse de acuerdo con la opinión que emita el especialista. No impide determinar lo anterior, el hecho de que en autos no se tenga dato de que el quejoso haya acudido a tomar las sesiones de hemodiálisis subrogadas o bien, las que refiere el representante de las responsables, ya que, aunque es cierto que esta sentencia constituye el derecho del quejoso a recibir la terapia de reemplazo renal que requiere como tratamiento para su padecimiento, también lo es que constituye simultáneamente el deber para que la peticionaria del amparo asuma las obligaciones que a ella le corresponden, esto es, presentarse puntualmente sus consultas y realizar las gestiones pertinentes para el suministro del tratamiento indicado por éstas. Lo anterior quiere decir que, esta sentencia también la obliga a participar y contribuir en los cuidados, medidas y hábitos que deba adoptar, a fin de acceder en su mayor amplitud posible a la restauración de su estado físico de salud. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Avalos Hernández, contra los actos reclamados a las autoridades responsables y por los actos precisados en el propio considerando. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Avalos Hernández, en términos del sexto considerando de la presente resolución. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el séptimo considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado y al efecto, informa que el último domicilio proporcionado dentro de la causa de origen 1453/2021, por el aquí tercero interesado Carlos Humberto Andrade Lemus, lo es el ubicado en calle Paseo Mil Cumbres 516, fraccionamiento Cumbres de Morelia, en esta ciudad. Ahora bien, de autos se advierte que no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado en el citado domicilio, en virtud de que al constituirse el actuario en el fraccionamiento Cumbres de Morelia, donde fue atendido por el vigilante de la caseta de acceso, y quien le informó que al comunicarse vía telefónica con el dueño del domicilio ubicado en la calle Paseo Mil Cumbres número 516, y preguntarle por el tercero, le informó que no lo conoce y no sabe dónde pueda ser localizado, que es la segunda vez que lo buscan en ese domicilio, pero desconoce de quién se trate. Por otra parte, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que la autoridad responsable hace del conocimiento que los defensores que lo representan lo son Jorge Luis López Chávez y Jorge Mario López Ceja, con domicilio en calle Jazmín número 473, colonia el Porvenir, con correo electrónico: lopezchavezabogado@hotmail.com y seprohumx@gmail.com, número telefónico 443 368 58 28 y 443 140 71 57, respectivamente. En virtud de lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado para que lleve a cabo la diligencia de emplazamiento del tercero interesado, por conducto de sus defensores, en los domicilios antes mencionados, siguiendo los lineamientos trazados en los autos del presente juicio; asimismo, se les requiera sobre la dirección actual o forma de comunicación que puedan tener con dicho tercero. Notifíquese por lista, y realícese el emplazamiento de la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Reyna Luz María Gutierrez Esquivel822/2020
- Reynado Uziel Custodio Jeronimo921/2022
- Reynaldo Alejandro Patlan Cervantes194/2023
- Reynaldo Duran Gutierrez708/2019
- Reynaldo Jaime Pérez Gallardo Ojeda725/2022
- Reynaldo Perez Hernandez1223/2023
- Ricardo Alvarez Campuzano1331/2019
- Ricardo Andrade Robles954/2023
- Ricardo Antonio Acosta Merino182/2017
- Ricardo Barrera Germán53/2018
- Ricardo Charles Carreón Ramos435/2022
- Ricardo Cisneros Palominos834/2019