Ricardo Backal Gojman
Expediente 723/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 25/07/2018
Partes del expediente
- Ricardo Backal Gojman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo, se hace constar que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiséis de julio de dos mil dieciocho. A efecto de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Cúmplase
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hayan realizado. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Así, por sentencia de veinticinco de octubre pasado, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa contra el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, emitido en la carpeta de investigación CI-FNNA/D/UI-D-2/00104/09-2016, atribuido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia "D" de la Unidad "D-2 Sin Detenido" de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de esta ciudad. Tal concesión fue para efecto de que dicha autoridad, realizara lo siguiente: a) Dejara sin efectos el citado proveído; y, b) En su lugar dictara otro, que podría ser en el mismo sentido o en diverso, pero de ser en aquél supuesto, deberá subsanar la violación advertida en la sentencia de veinticinco de octubre pasado. Resolución que causó ejecutoria el dieciséis de noviembre anterior, requiriéndose en esa fecha a dicha responsable el cumplimiento de la ejecutoria que se analiza, por lo que mediante oficio recibido el veintitrés siguiente, remitió copia certificada de las determinaciones de veintisiete de octubre pasado; sin embargo, mediante proveído de cuatro de diciembre del presente año, se determinó que no era oportuno calificar el cumplimiento que se trata, por lo que en dicha fecha se requirió nuevamente tal cumplimiento. En ese contexto, la autoridad responsable mediante oficio recibido el ocho del mes en curso, remitió copia certificada de las determinaciones de seis anterior, en que se advierte que por una parte, dejó insubsistente las resoluciones de cuatro de agosto y veintisiete de octubre de este año, y por otra, emitió una nueva determinación en que expuso que el medio de prueba ofrecido por la parte quejosa en la carpeta de origen, será valorado al ser determinada la investigación en definitiva. Asimismo, en cuanto a la solicitud de determinar el no ejercicio de la acción penal, la responsable resolvió, que de conformidad con el artículo 255, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso se concluya que se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en dicha legislación; y toda vez que en el presente caso todavía no se ha determinado la existencia de alguna de dichas causales, ya que aún faltan actos de investigación tendentes a determinar la probable o no responsabilidad del imputado en los hechos con apariencia de delito, no es procedente su petición. Por ende, al proveer lo conducente dentro del plazo concedido para ello, se advierte que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ha restituido a la parte demandante del amparo en el pleno goce del derecho que se consideró transgredido en su perjuicio; de ahí que este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.
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