Ricardo Backal Gojman
Expediente 748/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2019
Partes del expediente
- Ricardo Backal Gojman
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto en el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por el quejoso y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.
- Principal
Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Ricardo Backal Gojman o Gogman, contra la omisión reclamada del agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación D-2, de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 748/2019. Ahora, del acuse que se adjuntó se advierte que existe un motivo para desechar de plano la demanda, ya que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la omisión reclamada no afecta el interés jurídico de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". El artículo 5°, fracción I, de la legislación de la materia, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupa, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular, de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese contexto, como se dijo, la omisión reclamada no causa perjuicio al quejoso, pues el derecho de petición, previsto en el artículo 8º constitucional, constituye uno de los derechos públicos subjetivos fundamentales del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales, para dar contestación por escrito y en "breve término" a las solicitudes formuladas por los ciudadanos. Así, en el caso, a criterio de este juzgado, no ha transcurrido ese "breve término", que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha conceptualizado como "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia publicada en la página 7 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de rubro: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO." En efecto, se reitera, en el caso, no ha transcurrido "breve término", para que se hubiera dado respuesta a la petición del amparista, se afirma lo anterior si se toma en consideración que dicha solicitud fue presentada el veinticuatro del mes en curso y la demanda fue promovida el veinticinco de los actuales, es decir, la acción constitucional se ejerció al día siguiente hábil de que la autoridad señalada como responsable recibiera el ocurso relativo. Por tanto, se concluye que la autoridad señalada como responsable, hasta el momento de la presentación de la demanda, no incurrió en una conducta contumaz, ya que si el peticionario de amparo solicitó se le diera fecha y hora para tener acceso a la carpeta de investigación CI-FNN/D/UI-D-2/104/09-2016, debe tenerse presente que, para que la autoridad correspondiente esté en posibilidad de emitir una respuesta fundada y motivada, previamente tiene que verificar si el quejoso tiene la calidad de imputado y, luego, analizar el estado procedimental de la indagatoria, para resolver si es o no procedente tal acceso, por lo que se insiste que si la presentación de la demanda de amparo fue al día siguiente hábil de su solicitud, racionalmente puede establecer que no ha transcurrido un breve término para dar respuesta a su petición, consecuentemente, el que no se haya afectado el interés jurídico en los términos expuestos. En ese sentido, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, asimismo, ténganse únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del dispositivo 12 de la ley en cita, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de quienes pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. De conformidad con el numeral 21, párrafo tercero, de la citada ley, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte quejosa, se llevarán a cabo por medio de lista, con fundamento en el precepto 27, de la ley señalada...".
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
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