Ricardo Backal Gojman

Expediente 700/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
700/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Backal Gojman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México, a trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veinte de marzo de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se advierte que el plazo concedido a la parte quejosa en auto de nueve del mes en curso, para que informara a este órgano de control constitucional si cesaron los efectos del acto reclamado, transcurrió del diecisiete al veintiuno del mes en cita, sin que lo hubiere hecho satisfactoriamente. Por tanto, tomando en consideración las constancias que se adjuntaron al informe de ley, es innecesario el estudio de fondo del asunto, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden preferente a aquél y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. La causal de improcedencia que se estima actualizada es la prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Para fundamentar dicha causal es necesario narrar los siguientes antecedentes: a) Por escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en oficialía de partes de la Fiscalía Central de Investigación Para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de la Unidad de Investigación Sin Detenido D-2, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, y recibido por la autoridad responsable el treinta y uno de julio del mes en cita, la parte quejosa solicitó ".deberá de ser ella por sus propio derecho quien manifieste de manera expresa su voluntad para que se proceda penalmente en contra de su padre, así como deberá de especificar cuáles son sus necesidades económicas.", y b) Por acuerdo de esa fecha, la autoridad responsable dio contestación a la solicitud formulada por el quejoso -con posterioridad a la presentación de la demanda-, de la que tuvo conocimiento el amparista, el dos del mes en curso, en que se le dejó a la vista el informe rendido por el agente responsable, por lo que resulta evidente que desde ese momento conoció la respuesta que recayó a su solicitud. En ese sentido, es indudable que a partir de ese momento dejó de producir efecto alguno la omisión reclamada, con lo cual se hace patente que cesó en sus efectos, pues el solicitante de amparo tuvo conocimiento de la respuesta correspondiente durante la tramitación del juicio en que se actúa. Por tanto, no existe motivo para la resolución de fondo del juicio de amparo cuando es evidente que no puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de la omisión controvertida, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carece de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, ambos de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio consistente en la cesación de efectos de la omisión reclamada se actualiza cuando, ante la existencia o insubsistencia de la omisión reclamada, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que es del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, es innegable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia mencionada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en vinculación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". No se soslaya que no se dio vista al quejoso con la respuesta que recayó a su petición, pues tal obligación sólo deriva cuando a través del juicio tuvo conocimiento de dicha circunstancia y, en el caso, la citada autoridad ministerial notificó la determinación que emitió, por lo que el justiciable estaba en condiciones de controvertirla por la vía que considerara conducente; por tanto, en el caso, se estima que no se actualiza el supuesto que prevé la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 801 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, mayo de 2012, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA". En ese tenor, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el once de septiembre de dos mil dieciocho, a las diez horas. Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se advierte que el plazo concedido a la parte quejosa en auto de nueve del mes en curso, para que informara a este órgano de control constitucional si cesaron los efectos del acto reclamado, transcurrió del diecisiete al veintiuno del mes en cita, sin que lo hubiere hecho satisfactoriamente. Por tanto, tomando en consideración las constancias que se adjuntaron al informe de ley, es innecesario el estudio de fondo del asunto, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden preferente a aquél y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. La causal de improcedencia que se estima actualizada es la prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Para fundamentar dicha causal es necesario narrar los siguientes antecedentes: a) Por escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en oficialía de partes de la Fiscalía Central de Investigación Para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de la Unidad de Investigación Sin Detenido D-2, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, y recibido por la autoridad responsable el treinta y uno de julio del mes en cita, la parte quejosa solicitó ".deberá de ser ella por sus propio derecho quien manifieste de manera expresa su voluntad para que se proceda penalmente en contra de su padre, así como deberá de especificar cuáles son sus necesidades económicas.", y b) Por acuerdo de esa fecha, la autoridad responsable dio contestación a la solicitud formulada por el quejoso -con posterioridad a la presentación de la demanda-, de la que tuvo conocimiento el amparista, el dos del mes en curso, en que se le dejó a la vista el informe rendido por el agente responsable, por lo que resulta evidente que desde ese momento conoció la respuesta que recayó a su solicitud. En ese sentido, es indudable que a partir de ese momento dejó de producir efecto alguno la omisión reclamada, con lo cual se hace patente que cesó en sus efectos, pues el solicitante de amparo tuvo conocimiento de la respuesta correspondiente durante la tramitación del juicio en que se actúa. Por tanto, no existe motivo para la resolución de fondo del juicio de amparo cuando es evidente que no puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de la omisión controvertida, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carece de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, ambos de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio consistente en la cesación de efectos de la omisión reclamada se actualiza cuando, ante la existencia o insubsistencia de la omisión reclamada, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que es del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, es innegable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia mencionada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en vinculación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". No se soslaya que no se dio vista al quejoso con la respuesta que recayó a su petición, pues tal obligación sólo deriva cuando a través del juicio tuvo conocimiento de dicha circunstancia y, en el caso, la citada autoridad ministerial notificó la determinación que emitió, por lo que el justiciable estaba en condiciones de controvertirla por la vía que considerara conducente; por tanto, en el caso, se estima que no se actualiza el supuesto que prevé la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 801 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, mayo de 2012, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA". En ese tenor, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el once de septiembre de dos mil dieciocho, a las diez horas. Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

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