Reynaldo Rogelio Salazar Castillo
Expediente 401/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Reynaldo Rogelio Salazar Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintinueve de junio del año en curso, en la cual se negó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El doce de mayo de dos mil dieciséis, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: 4.- ACTOS RECLAMADOS. Lo constituye la OMISIÓN en que ha incurrido la Autoridad Responsable al No dictar el LAUDO dentro de los plazos y términos que establece la propia Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral seguido por mí, el C. ******* en contra de los hoy terceros perjudicados que son *******, ventilado ante la responsable bajo el expediente *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derecho vulnerado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la demanda de amparo se registró con el número *******; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una omisión atribuida a una autoridad laboral que tiene su sede dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de dictar el laudo en los autos del expediente laboral *******, en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación en representación de la autoridad responsable, la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje aceptó la existencia de la omisión atribuida, lo que se corrobora con la copia certificada del acuerdo de veintidós de abril del año en curso, en el que se declaró cerrada la instrucción en el juicio de origen y quedaron los autos para la formulación del dictamen correspondiente; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. El concepto de violación es infundado, y al ser la parte trabajadora la promovente del amparo, se suple en su deficiencia, en términos de los artículos 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Tal suplencia beneficie o no a la inconforme, lo cual encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J. 26/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por igualdad de razón, toda vez que el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente coincide en su redacción con el artículo 76 Bis, fracción IV de la ley abrogada; visible en la página doscientos cuarenta y dos, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. Como ya se anunció deben estimarse infundados los argumentos, que hace valer la parte quejosa en el capítulo de conceptos de violación, en los que aduce que la responsable violó en su perjuicio el contenido del artículo 17 Constitucional, puesto que ha omitido dictar el laudo en el juicio laboral de origen, a pesar de que han transcurrido los términos. Ahora bien, para establecer la legalidad de la abstención reclamada, es necesario citar el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que interesa, dispone: 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, del siguiente tenor: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. En concordancia con lo anterior, los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte de la junta responsable al no dictar laudo, y por ende, no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que la conducta de carácter omisiva tildada de inconstitucional, debe considerarse como un acto que en sí mismo no es violatorio de la Constitución Federal, lo cual implica que, por su propia naturaleza, necesita demostrase y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, el suscrito estima que, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en sí mismo, es necesario que se acrediten algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte la quejosa; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar de manera analítica si en los autos del presente juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que la quejosa sea parte. Este aspecto en particular que implica que la accionante del amparo tenga el carácter de parte en el juicio de origen, se acredita en el presente sumario, pues de las constancias allegadas se advierte que el expediente generador *******, se formó con motivo de la demanda laboral promovida por *******, ahora quejoso, en contra del *******. 2) Que se encuentre el juicio de origen en estado de resolución. Este segundo elemento implica que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite el dictado del laudo, y que se logra por haberse cerrado la instrucción y no quedar pruebas pendientes por desahogar; mismo que también se acredita, puesto que el veintidós de abril de dos mil dieciséis, la junta determinó: ". Vistos los autos del expediente laboral en que se actúa, de los que se desprende que no queda prueba pendiente que diligenciar en éste juicio, es por lo que esta Junta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, declara cerrada la instrucción del presente juicio y turna los autos al C. Auxiliar de la Junta para que proceda a emitir el proyecto de resolución en forma de laudo correspondiente ." (foja 23); lo que significa que el juicio laboral en comento se encuentra en el momento procesal oportuno para que la responsable dicte el laudo respectivo. 3) Que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para fallar. En el presente caso, no puede tenerse por satisfecho el tercer requisito mencionado, consistente en que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señala para fallar; ello, dado que como ya se indicó en párrafos precedentes, a partir de que se declara cerrada la instrucción, el auxiliar de la junta debe formular el proyecto por escrito y en forma de laudo dentro de los diez días siguientes, del cual entregará en copia a cada uno de los miembros de la junta, y éstos en un plazo de cinco días habrán de manifestar si a su consideración se encuentran diligencias pendientes por desahogar, a fin de que se acuerde lo procedente, y la junta, con citación a las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo para la práctica de las diligencias solicitadas, dentro de un término de ocho días; o bien de no ser así, el presidente del órgano colegiado los cite para discutir y votar dicho proyecto dentro de los diez días posteriores al en que fenezca el término referido. Ello es así, teniendo en cuenta que la instrucción debe declararse cerrada inmediatamente después de concluida la audiencia en que se desahogan las pruebas y formulan alegatos, la suma de los diez días con que cuenta el auxiliar para formular el proyecto de resolución, los cinco días concedidos a los integrantes de la Junta para solicitar la práctica de diligencias, los ocho días para el desahogo de esas pruebas en caso de solicitarse, y los diez días posteriores para celebrar la audiencia de discusión y votación del proyecto de resolución, arroja el total de treinta y tres días hábiles, que debe estimarse el plazo máximo para que las Juntas pronuncien sus laudos. Ahora bien, trasladando los tiempos que la ley concede a la autoridad responsable, con la fecha en que se ordenó turnar el expediente generador para el proyecto de resolución correspondiente (veintidós de abril de dos mil dieciséis), y sin que se pueda precisar la fecha en la que los integrantes hubieran recibido el proyecto, pues no existe constancia al respecto, se tiene que al nueve de mayo de ese año, se cumplieron los diez días que la ley concede para dictar el proyecto en forma de laudo; que al dieciséis de mayo del mismo año, los cinco días con que cuentan los miembros de la Junta para manifestar si se encuentran diligencias pendientes por desahogar; al veintiséis de mayo del año en curso, los ocho días para el desahogo de las pruebas que correspondan o para la práctica de diligencias solicitadas, y el nueve de junio de dos mil dieciséis, los diez días para que se cite a la discusión y votación del proyecto de resolución; en el entendido de que dichos plazos se computan, sin considerar los días que tuviesen que transcurrir en caso de que se ordenara la notificación personal de alguna diligencia a las partes, y que los términos en mención, se obtienen descontando los días treinta de abril; así como el uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de mayo y cuatro y cinco de junio del año que transcurre, porque fueron inhábiles. En las relatadas circunstancias, resulta claro que si el escrito de demanda de amparo se presentó el doce de mayo de dos mil dieciséis, según se aprecia del sello que aparece en la parte superior de la foja dos, es evidente que la abstención de emitir laudo, se ajusta a la Ley Federal del Trabajo, y de ningún modo es violatoria del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precisamente porque atiende a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los preceptos 885, 886 y 887 anteriormente invocados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 79, Julio de 1994, página 15, del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Asimismo, la tesis número 3a. LXIII/92, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, X, Agosto de 1992, página 145, cuyo rubro y texto a la letra indican: ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Igualmente, la jurisprudencia 314, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 253, Tomo V, Laboral, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, Novena Época, del tenor: LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Finalmente, por las razones que la informan, la tesis aislada de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Volumen LXXIV, página 2893, del rubro y texto siguientes: ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. La garantía que establece este precepto, de que los tribunales estarán expeditos para administrar la justicia, significa que el poder público debe proveer a la instalación de los tribunales que la Constitución Federal y las Constituciones de los Estados instituyan, y dotarlos de los elementos necesarios que hagan posible su funcionamiento, y no que los Jueces resuelvan sin apegarse a las leyes, los juicios que se sometan a su decisión, y las violaciones a las leyes del procedimiento o a las de fondo, en el ramo civil, no pueden ser materia de la violación del artículo 17 de la Constitución Federal. En las apuntadas condiciones, y no advirtiendo materia para suplir la deficiencia del concepto de violación, a favor del quejoso, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral *******; por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que no se saldan los extremos del arábigo 117 de la citada legislación, conforme al cual, el informe justificado y las constancias en las que se apoye, deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Esto es así, puesto que, el diez de junio del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; con relación al término concedido en el citado auto, aún no ha empezado a computarse para los efectos referidos en las líneas que anteceden. En consecuencia y a fin de no violar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con veinte minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegada a la persona que indica su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yara Isabel Gómez Briseño. Doy fe. *lh
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