Ricardo Aguilar Jaramillo
Expediente 565/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Aguilar Jaramillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 20 DE septiembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 76 a 99), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Ricardo Aguilar Jaramillo, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 186 a 293 del tomo de pruebas), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Tanto en el cuerpo del delito como en la probable responsabilidad, al realizar la valoración jurídica de la diligencia de reconocimiento verificada dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, ante el órgano investigador, en la cual Mario Lezama Hernández reconoció al inculpado ahora quejoso (fojas 29 del tomo de pruebas), advierta la violación al derecho de defensa adecuada resaltado en esta sentencia, es decir, que se llevó a cabo sin que el quejoso haya sido notificado de la misma, y sin la asistencia de un defensor, para lo cual debe atender a la tesis con el rubro: "PRUEBA ILÍCITA. EL HECHO DE QUE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL INCULPADO O SU RECONOCIMIENTO POR LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL, SE DECLAREN NULOS POR HABERSE OBTENIDO SIN LA ASISTENCIA DE SU ABOGADO, NO IMPLICA QUE LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO, INDEPENDIENTES Y SIN NINGUNA CONEXIÓN CAUSAL CON AQUELLAS DILIGENCIAS, DEBAN EXCLUIRSE DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, POR CONSIDERAR QUE DERIVAN DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SU EXCLUSIÓN.". b) Después de que haya advertido la violación al derecho de defensa adecuado destacado, deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo agravado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificó el evento. 2. Deberá explicar con qué medio de prueba se acreditan las calificativas que estimó acreditadas en términos del artículo 380, fracciones I, X y XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron las mismas." (fojas 97 y 97 vuelta). Resolución que el cuatro de agosto de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 175 a 178). Por lo anterior, mediante oficio 5851 de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 243 a 258), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 93/2016 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, así como las diversas de diez y diecisiete de agosto del mismo año, con las que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 245). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida en resolución de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, volvió a decretar contra el aquí quejoso auto de formal prisión por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, X y XI del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Claudia Angélica Vázquez Díaz. Resolución en la cual, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, realizó la valoración jurídica de la diligencia de reconocimiento verificada el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis ante el órgano investigador, en la que Mario Lezama Hernández reconoció al inculpado, ahora quejoso, en la que se advierte la violación al derecho de defensa adecuada, pues la misma se llevó a cabo sin que el quejoso fuera notificado de la misma y sin la asistencia de un defensor, restándole valor probatorio (fojas 247 vuelta y 248). Asimismo, estableció los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso de robo de vehículo agravado, especificando los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de ellos, además de valorarlos en términos de ley (fojas 246 vuelta a 254 vuelta). Igualmente, estableció las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se verificó el evento delictivo imputado al aquí quejoso (foja 254 vuelta). Estableció los medios de prueba con los cuales se acreditan las calificativas que estimó actualizadas, previstas en el artículo 380, fracciones I, X y XI del Código Penal del Estado de Puebla (foja 252 vuelta). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 76 a 99), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Ricardo Aguilar Jaramillo, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 186 a 293 del tomo de pruebas), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Tanto en el cuerpo del delito como en la probable responsabilidad, al realizar la valoración jurídica de la diligencia de reconocimiento verificada dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, ante el órgano investigador, en la cual Mario Lezama Hernández reconoció al inculpado ahora quejoso (fojas 29 del tomo de pruebas), advierta la violación al derecho de defensa adecuada resaltado en esta sentencia, es decir, que se llevó a cabo sin que el quejoso haya sido notificado de la misma, y sin la asistencia de un defensor, para lo cual debe atender a la tesis con el rubro: "PRUEBA ILÍCITA. EL HECHO DE QUE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL INCULPADO O SU RECONOCIMIENTO POR LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL, SE DECLAREN NULOS POR HABERSE OBTENIDO SIN LA ASISTENCIA DE SU ABOGADO, NO IMPLICA QUE LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO, INDEPENDIENTES Y SIN NINGUNA CONEXIÓN CAUSAL CON AQUELLAS DILIGENCIAS, DEBAN EXCLUIRSE DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, POR CONSIDERAR QUE DERIVAN DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SU EXCLUSIÓN.". b) Después de que haya advertido la violación al derecho de defensa adecuado destacado, deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo agravado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificó el evento. 2. Deberá explicar con qué medio de prueba se acreditan las calificativas que estimó acreditadas en términos del artículo 380, fracciones I, X y XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron las mismas." (fojas 97 y 97 vuelta). Resolución que el cuatro de agosto de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 175 a 178). Por lo anterior, mediante oficio 5851 de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 243 a 258), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 93/2016 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, así como las diversas de diez y diecisiete de agosto del mismo año, con las que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 245). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida en resolución de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, volvió a decretar contra el aquí quejoso auto de formal prisión por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, X y XI del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Claudia Angélica Vázquez Díaz. Resolución en la cual, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, realizó la valoración jurídica de la diligencia de reconocimiento verificada el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis ante el órgano investigador, en la que Mario Lezama Hernández reconoció al inculpado, ahora quejoso, en la que se advierte la violación al derecho de defensa adecuada, pues la misma se llevó a cabo sin que el quejoso fuera notificado de la misma y sin la asistencia de un defensor, restándole valor probatorio (fojas 247 vuelta y 248). Asimismo, estableció los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso de robo de vehículo agravado, especificando los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de ellos, además de valorarlos en términos de ley (fojas 246 vuelta a 254 vuelta). Igualmente, estableció las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se verificó el evento delictivo imputado al aquí quejoso (foja 254 vuelta). Estableció los medios de prueba con los cuales se acreditan las calificativas que estimó actualizadas, previstas en el artículo 380, fracciones I, X y XI del Código Penal del Estado de Puebla (foja 252 vuelta). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 30 DE AGOSTO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo"
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Reynaldo Heriberto Leyva Huerta444/2023
- Reynaldo Martinez Alcantara1394/2022
- Reynaldo Oyervides Jaime552/2017
- Ricarda Hernandez Morales780/2021
- Ricarda Rodriguez Hernandez1130/2019
- Ricardo Aguilar Jaramillo1334/2016
- Ricardo Alcantara Rios144/2023
- Ricardo Alejandro Velasco Guzman1237/2017
- Ricardo Andrade de la Riva438/2021
- Ricardo Ariel Castro Luque485/2020
- Ricardo Arturo Vazquez Bocanegra431/2021
- Ricardo Baez Cruz495/2020