Ricarda Rodriguez Hernandez

Expediente 1130/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1130/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • RICARDA RODRIGUEZ HERNANDEZ y Otros.
  • Ricarda Rodriguez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de diciembre del año en curso (foja 62), para que señale el domicilio correcto y actual de las menores terceras interesadas A.B.R. y D.G.B.R., por conducto de quien legalmente las represente. En consecuencia, ya que fueron señaladas las once horas con treinta minutos de esta fecha (foja 49 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado lo acordado en párrafos anteriores, resulta evidente que ésta no podrá celebrarse, por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferirla, señalándose para tal efecto las nueve horas con diez minutos del veintinueve de enero de dos mil veinte.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante resolución interlocutoria de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 29 a 32), se concedió a la quejosa Ricarda Rodríguez Hernández, a través de su defensor particular Manuel Alejandro Álvarez Herrera, la suspensión definitiva de los actos reclamados; y con el propósito de que no se sustrajera de la acción de la justicia, además, de que la medida cautelar no impidiera la continuación del procedimiento que hubiera motivado el acto reclamado; se le impusieron las siguientes medidas de efectividad: "Este órgano jurisdiccional, en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 168 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 1ª./J. 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL". Estima procedente fijar a la parte quejosa, las siguientes medidas de efectividad: 1. Deberá otorgar caución a satisfacción de este juzgado de Distrito por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, cero centavos 00/100), en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, en relación con el párrafo primero del 139 de la Ley de Amparo; pues debe garantizarse que no se sustraiga a la acción de la justicia y comparezca para continuar con el procedimiento seguido ante la autoridad responsable ordenadora. En el entendido que de no exhibirla dentro del plazo de CINCO DÍAS subsecuentes a su legal notificación, este juzgado comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar los actos reclamados. En el supuesto de que la parte quejosa elija exhibir la caución fijada (cada uno y por separado) en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante y en el rubro relativo al "concepto", se habrá de especificar que es con el objeto de que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1130/2019-B, formado con la demanda promovida por Ricarda Rodríguez Hernández; pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la mencionada vigencia termina antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. 2. Que se presente a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez Primero Penal de Puebla y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por dicha potestad." Apercibido que en caso de no hacerlo, dejaría de surtir sus efectos la suspensión definitiva concedida, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Ahora bien, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la quejosa Ricarda Rodríguez Hernández, a través de su defensor particular Manuel Alejandro Álvarez Herrera, por resolución interlocutoria de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 29 a 32), para los efectos: a) de que exhibiera la garantía señalada en dicha resolución a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; en virtud de que dicha resolución se le notificó por lista de acuerdos el nueve de diciembre del año en curso, surtió efectos el diez siguiente; por lo que el plazo de cinco días concedido al peticionario de amparo, transcurrió del once al diecisiete del mismo mes y año, previo descuento de los días catorce y quince de diciembre de la presente anualidad, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, en virtud que la parte quejosa no dio cumplimiento a los requerimientos efectuados, se hace efectivo el apercibimiento decretado en interlocutoria de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 29 a 32) y, deja de surtir efectos la suspensión definitiva que se le otorgó, en términos de los artículos 136, 139, 162 y 166, fracción II de la Ley de Amparo; por tanto, hágase del conocimiento a las autoridades responsables, dicha circunstancia, quedando expedita la jurisdicción para la ejecución de los actos reclamados. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, la quejosa podrá exhibir la garantía que se le fijó, con lo cual de inmediato, vuelve a surtir efectos la suspensión definitiva concedida.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: -San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense las constancias provenientes del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, por medio de las cuales devuelve sin diligenciar el despacho 886/2019 (orden 1224/2019) de este juzgado de Distrito, pues de la razón de diez de diciembre del año en curso, asentada por el Diligenciario Non de su adscripción, se advierte que no fue posible el emplazamiento de las menores terceras interesadas A.B.R. y D.G.B.R., por conducto de quien legalmente las represente, en el domicilio ubicado en Privada Mariano Matamoros, número siete (7), Barrio Santa Catarina, en Izúcar de Matamoros, Puebla, por los motivos que de la misma se desprenden. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, requiérase a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, señale el domicilio correcto y actual de las menores terceras interesadas A.B.R. y D.G.B.R., por conducto de quien legalmente las represente, o bien, manifieste y acredite la imposibilidad legal que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, previa investigación administrativa que al efecto se realice, se ordenará su emplazamiento por edictos a su costa, salvo insolvencia económica demostrada. Es aplicable la tesis II.2o.C.101 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO PERJUDICADA POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO. NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUANTO MANDA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES GRATUITA. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que el emplazamiento al tercero o terceros perjudicados por medio de edictos se hará a costa del quejoso, es decir, impone al promovente del juicio constitucional la carga de pagar lo conducente para que se emplace y notifique al tercero perjudicado por edictos y se imponga así de la demanda de garantías radicada en un Juzgado de Distrito, lo cual tiene su teleología o fin primordial en la razón de que como al gestionante del amparo corresponde la carga tanto de impulsar el procedimiento como de participar en su desarrollo a efecto de que se integre debidamente la litis respectiva, sin duda ese aspecto procesal no contraviene lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Fundamental de la República en cuanto estatuye que la impartición de justicia debe ser gratuita, ya que son los tribunales encargados de esa misión quienes están impedidos para cobrar retribución a las partes por su actividad, máxime que resulta inexacto que se hubiese negado el impartir Justicia Federal a la inconforme pues, ante la imposibilidad reseñada de integrarse debidamente la litis constitucional, al no llamarse al juicio a uno de los terceros perjudicados, es indiscutible que no puede dictarse sentencia formal y legalmente, ya que de hacerlo se dejaría en total estado de indefensión a quien no resulte emplazado al juicio de garantías, porque además de no otorgársele el derecho de audiencia para que alegue y aporte las pruebas pertinentes al respecto, no tendría conocimiento de éste ni oportunidad para interponer el medio de defensa relativo".

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense las constancias provenientes del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, por medio de las cuales devuelve sin diligenciar el despacho 886/2019 (orden 1224/2019) de este juzgado de Distrito, pues de la razón de diez de diciembre del año en curso, asentada por el Diligenciario Non de su adscripción, se advierte que no fue posible el emplazamiento de las menores terceras interesadas A.B.R. y D.G.B.R., por conducto de quien legalmente las represente, en el domicilio ubicado en Privada Mariano Matamoros, número siete (7), Barrio Santa Catarina, en Izúcar de Matamoros, Puebla, por los motivos que de la misma se desprenden. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, requiérase a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, señale el domicilio correcto y actual de las menores terceras interesadas A.B.R. y D.G.B.R., por conducto de quien legalmente las represente, o bien, manifieste y acredite la imposibilidad legal que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, previa investigación administrativa que al efecto se realice, se ordenará su emplazamiento por edictos a su costa, salvo insolvencia económica demostrada. Es aplicable la tesis II.2o.C.101 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO PERJUDICADA POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO. NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUANTO MANDA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES GRATUITA. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que el emplazamiento al tercero o terceros perjudicados por medio de edictos se hará a costa del quejoso, es decir, impone al promovente del juicio constitucional la carga de pagar lo conducente para que se emplace y notifique al tercero perjudicado por edictos y se imponga así de la demanda de garantías radicada en un Juzgado de Distrito, lo cual tiene su teleología o fin primordial en la razón de que como al gestionante del amparo corresponde la carga tanto de impulsar el procedimiento como de participar en su desarrollo a efecto de que se integre debidamente la litis respectiva, sin duda ese aspecto procesal no contraviene lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Fundamental de la República en cuanto estatuye que la impartición de justicia debe ser gratuita, ya que son los tribunales encargados de esa misión quienes están impedidos para cobrar retribución a las partes por su actividad, máxime que resulta inexacto que se hubiese negado el impartir Justicia Federal a la inconforme pues, ante la imposibilidad reseñada de integrarse debidamente la litis constitucional, al no llamarse al juicio a uno de los terceros perjudicados, es indiscutible que no puede dictarse sentencia formal y legalmente, ya que de hacerlo se dejaría en total estado de indefensión a quien no resulte emplazado al juicio de garantías, porque además de no otorgársele el derecho de audiencia para que alegue y aporte las pruebas pertinentes al respecto, no tendría conocimiento de éste ni oportunidad para interponer el medio de defensa relativo".

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