Ricardo Arturo Vazquez Bocanegra
Expediente 431/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Arturo Vazquez Bocanegra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. JMM En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 16974/2021, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con anexo, sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente debido a que no fue solicitado, mediante el cual, remite por no corresponder a su índice el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la Directora Jurídica en representación de la autoridad responsable: Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, en virtud que en proveído de treinta y uno de mayo del actual se dictó sentencia en este juicio constitucional. Finalmente, ténganse como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo a los profesionistas que índica. Cúmplase.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 431/2021-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Ricardo Arturo Vázquez Bocanegra, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Ricardo Arturo Vázquez Bocanegra, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Fiscal General en el Estado de Puebla, y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, presentada por el quejoso Ricardo Arturo Vázquez Bocanegra, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En el supracitado auto de diez de mayo del año en curso, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado fuera de audiencia constitucional, el trece de mayo de dos mil veintiuno, se declaró inexistente a la autoridad señalada como responsable "7. Titular de la Comandancia de la Policía Estatal en el Estado de Puebla", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ella, ante la imposibilidad asentada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la razón asentada el once de mayo de dos mil veintiuno, para notificar el oficio P-431-7, de este índice, a la citada potestad, al no existir la denominación de la supracitada autoridad. En ese tenor, dicha autoridad se excluye de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente" TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Ricardo Arturo Vázquez Bocanegra, reclama: 1. La orden de aprehensión emitida en su contra; y, 2. Su ejecución. CUARTO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega. (foja 30) 2 Fiscal de Investigación Metropolitana. Niega. (foja 29) 3 Coordinador de Investigación adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional (denominación correcta). Niega. (foja 25) 4 Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión. Niega. (foja 26) 5 Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia. Niega. (foja 31) 6 Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Municipio de Puebla, Puebla. Omisa. Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Aunado a lo antes expuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 2°, 8, 20 y 21, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla; así como en los numerales 9°, 27, 39, 42, 50 y 62, de su Reglamento, no se encuentra dentro de las facultades de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ni de las Fiscalías Especializadas antes mencionadas, la de emitir órdenes de aprehensión, en virtud que tales potestades tienen el carácter de Agentes del Ministerio Público, por lo que les incumbe la investigación y persecución de los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, la representación de los intereses de la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia que abarque la reparación del daño causado, la protección de los derechos de las víctimas y testigos, y el respeto a los derechos humanos de todas las personas; velar por la exacta observancia de las leyes de interés público; intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue especial protección y ejercer las demás atribuciones previstas en otros ordenamientos aplicables; pero de modo alguno les compete la emisión de una orden de aprehensión, pues tal facultad es exclusiva de las autoridades judiciales, acorde a lo dispuesto en los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, la circunstancia relativa a que la autoridad responsable 6. Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Municipio de Puebla, Puebla, haya omitido rendir su respectivo informe de ley; ello, en virtud que dentro de sus atribuciones tampoco se encuentra la emisión de una orden de aprehensión ni su ejecución, que constituye el acto reclamado por el quejoso Ricardo Arturo Vázquez Bocanegra. Pues, como se advierte del numeral 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana como dependencia de la administración pública centralizada del Ayuntamiento, tiene por objeto la prevención de los delitos y las faltas administrativas y el combate a la delincuencia para salvaguardar la vida e integridad de las personas y sus bienes, preservar las libertades y el orden y la paz públicos, así como aplicar la normatividad de tránsito de vehículos. De ahí, que deba prevalecer el sentido de la presente determinación. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Ricardo Arturo Vázquez Bocanegra, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Ricardo Arturo Vázquez Bocanegra, mediante el cual, precisa que la denominación actual y correcta de la autoridad responsable que inicialmente designó como 6. Titular de la Comandancia de la Policía Municipal de la Ciudad de Puebla, es Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Municipio de Puebla, Puebla, y solicita que se le tenga con dicho carácter; al respecto se provee: No ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se tuvo por inexistente a dicha autoridad y se resolvió la suspensión definitiva en la presente incidencia; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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