Ricarda Cruz Medina
Expediente 1482/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1482/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricarda Cruz Medina
- Hernan Raúl Vazquez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emitida en el amparo en el recurso de queja 392/2022, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Por tanto, acúsese de recibo a la Superioridad Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable los dos anexos que en copia certificada remitió en apoyo de su Informe Justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. De conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la razón de imposibilidad signada por la Actuaria adscrita de dieciocho de noviembre del año en curso, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar a los terceros interesados ********************y asistido de su defensora ********************y ********************, las determinaciones que ahí indica, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, la resolución y el acuerdo de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LOS TERCEROS INTERESADOS EDGAR SALVADOR PARRA MARTÍNEZ ASISTIDO DE SU DEFENSORA RUTH LIZABETH RODRÍGUEZ ROSALES Y ÓSCAR FAUSTINO AMARO GALINDO, LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el trece de octubre de dos mil veintiuno, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Pedro Morales Torres solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Karla Montes Ortega. Acto reclamado: "La resolución dictada por la Jueza de Distrito Especializada en Sistema Penal Acusatorio, Adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, Licenciada Karla Montes Ortega, en la audiencia de impugnación 29/2021 y 48/2021, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la cual versara sobre las determinaciones del Ministerio Público de la Federación, de no ejercicio de acción penal dictada en la careta de investigación FED/MOR/CUAU/0000273/2016." SEGUNDO. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 1430/2021, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos de las carpetas judiciales de impugnación 29/2021 y 48/2021, en la cual confirma el no ejercicio de la acción penal emitida por el agente del Ministerio Público de la Federación, dentro de la carpeta de investigación FED/MOR/CUAU/0000273/2016. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. El artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone la obligación de analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa de orden público y estudio preferente; empero en el caso no fueron hechas valer y tampoco de oficio se advierte se actualice alguna de ellas. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones y conforme al principio de economía procesal, además de que para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 164618, que dispone lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". A efecto de cumplir con el principio de congruencia, deviene ilustrativo sintetizarlos: 1. Sostiene el quejoso que el acto reclamado conculca lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 inciso C), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, refiere que la Juez responsable no realizó un análisis de la existencia de las carpetas de investigación previas a la carpeta FED/MOR/CUER/0000273/2016. Posteriormente aduce que en el año dos mil trece, se inició la carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, no solo respecto a los médicos del Sistema de Salud en la entidad, sino de manera general a todos los médicos que intervienen en la atención de la víctima Juan Antonio Morales Pablos. Continúa argumentando que el Agente del Ministerio Público de la Federación pudo haber determinado la acción penal con antelación, pues ya contaba con elementos para ello. Finalmente, refiere que estimar la actualización de la prescripción de la acción penal con antelación a la presentación de la denuncia es un obstáculo desproporcionado. 2. Por otra parte, sostiene que el acto reclamado vulnera su garantía de audiencia y que la fundamentación y motivación no es la correcta. Los agravios previamente relatados devienen infundados, sin que este órgano de control constitucional advierta motivos para suplirlos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En principio, convine señalar que en materia penal, la prescripción extingue la pretensión punitiva o, la potestad de ejecutar las penas. La prescripción de la acción penal es una limitante del poder represivo del Estado; versa sobre la facultad de éste para ejercer la pretensión punitiva cuyo fundamento radica en el principio de seguridad jurídica. Esto es, una persona no debe permanecer indefinidamente en la incertidumbre de poder ser objeto de un proceso penal; en ese sentido, si el Estado no ejerce esa facultad en el tiempo legalmente determinado para tal efecto, subyace el derecho de los gobernados para que se declare extinta la responsabilidad penal del inculpado derivada de la comisión del delito atribuido y de la correspondiente pena. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la prescripción de la acción penal supone una inactividad del Ministerio Público en relación con el derecho de persecución del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción. Lo anterior se corrobora con la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 261040, que establece: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA PENA. Conviene distinguir, desde luego, entre la prescripción de la acción y la prescripción de la pena. La acción penal como derecho de persecución que nace cuando se ha cometido un delito, prescribe por el simple transcurso del tiempo si no se ejercita por el Ministerio Público, reclamando del órgano jurisdiccional, la declaración del derecho en el hecho que estima delictuoso y la determinación de la pena que debe aplicarse al delincuente. Consecuentemente, la prescripción de la acción supone una inactividad del Ministerio Público por todo el tiempo que la ley señala como suficiente para extinguirse por su no ejercicio o actuación de ese derecho de persecución. En cambio, la prescripción de la pena supone el incumplimiento de la sentencia y, en una pena privativa de la libertad, la fuga implica el incumplimiento de la sentencia." Existen distintos tipos de prescripción, a saber: I. La que corre entre la consumación o conocimiento del delito y su denuncia o querella ante la autoridad investigadora. Ésta representa la condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo del Estado, obligatoria para éste e irrenunciable para el inculpado, relativa a la investigación de la comisión de hechos tildados de delictivos y perseguir a los autores de los mismos. II. La que se actualiza por la omisión del Ministerio Público de actuar en la averiguación previa, cuyo lapso transcurre entre la fecha de la última actuación en la indagatoria y en la que ésta se determina (ya sea consignando, no ejerciendo acción penal, reservando o archivando la investigación), salvo que ya hubiere transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción, contado a partir de los momentos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 108 del Código Penal para esta ciudad. III. La que se materializa porque el inculpado se sustrae de la acción de la justicia, que comúnmente ocurre a partir de que se libra una orden privativa de libertad con la finalidad de que cumpla con sus obligaciones en un proceso penal. IV. La referente a ejecutar las penas o medidas de seguridad impuestas en sentencia, cuyo plazo se computa a partir de que incumplió con ellas, con el fin de que respete las obligaciones a que resultó condenado. La figura jurídica de la prescripción, como bien lo precisó la responsable, se encuentra regulada, entre otros, en los artículos 105, 108, 109 y 110 del Código Penal Federal, vigentes en la época del hecho delictivo, que establecen: "Artículo 105. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años." "Artículo 108.- En los casos de concurso de delitos, las acciones penales que de ellos resulten, prescribirán cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor." "Artículo 109.- Cuando para ejercitar o continuar la acción penal sea necesaria una resolución previa de autoridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a correr desde que se dicte la sentencia irrevocable." "Artículo 110. La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en la investigación y de los imputados, aunque por ignorarse quienes sean estos no se practiquen las diligencias contra persona determinada. Si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. La prescripción de las acciones se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o de quien lo haya cometido o participado en su comisión, por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, y por el requerimiento de entrega del imputado que formalmente haga el Ministerio Público de una entidad federativa al de otra donde aquel se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por otro delito. En el primer caso también causarán la interrupción las actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue la entrega o en tanto desaparezca la situación legal del detenido, que dé motivo al aplazamiento de su entrega. La interrupción de la prescripción de la acción penal, sólo podrá ampliar hasta una mitad los plazos señalados en los artículos 105, 106 y 107 de este Código." Como se ve, en lo que interesa, de los preceptos transcritos, se advierte que: La resolución que declara la prescripción, se dicta de oficio o a petición de parte por el titular del Ministerio Público durante la carpeta de investigación o por el órgano jurisdiccional en cualquier etapa del proceso. Los plazos para la prescripción de la acción punitiva, serán continuos; en ellos, se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de: 1. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo; 2. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente; 3. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado; 4. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa; y 5. El día en que el Ministerio Público de la adscripción haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Si se trata de delitos de querella o algún otro acto equivalente, la prescripción de la potestad punitiva prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres años fuera de esta circunstancia; pero, una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. La pretensión punitiva respecto de los delitos que se persiguen de oficio, prescribirá: ( En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años; regla que se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa. ( En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. En términos generales, esta clase de prescripción, se interrumpe: ( Por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y de los delincuentes, aunque por ignorarse quiénes sean éstos, no se practiquen las diligencias contra persona determinada. Ahora bien, en el caso, el delito materia de la indagatoria FED/MOR/CUAU/0000273/2016, corresponde al de homicidio culposo por responsabilidad profesional, previsto en los numerales 228 y 302, y sancionado en el numeral 307, en relación con el diverso 60, todos del Código Penal Federal, que establecen: "Artículo 228.- Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional, en su caso: I.- Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia; y II.- Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquéllos." "Artículo 302.- Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro." "Artículo 307.- Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga prevista una sanción especial en este Código, se le impondrán de doce a veinticuatro años de prisión." "Artículo 60.- En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de aquéllos para los que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá, en su caso, suspensión hasta de tres años de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso." Ahora bien, los hechos materia de la indagatoria, esto es, el deceso de la víctima Juan Antonio Morales Pablos aconteció el veintiuno de marzo de dos mil once. Mientras que la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República y que diera origen a la aludida indagatoria, ocurrió el treinta de junio de dos mil dieciséis. Al respecto, la representación social en la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno y en la cual se emitió la resolución reclamada, sostuvo que el término medio aritmético del ilícito precisado corresponde a cuatro años seis meses, situación que no fue materia de controversia por las partes. Expuesto ello, si la consumación del delito se llevó a cabo el veintiuno de marzo de dos mil once y la denuncia se presentó el treinta de junio de dos mil dieciséis, es evidente que transcurrió en ese lapso, un término mayor al computado para la prescripción de la acción penal. Establecido lo anterior, no le asiste la razón a la parte quejosa, al sostener que las diversas carpetas de investigación (la primera por un hecho de tránsito y la segunda por homicidio culposo), radicadas ante la autoridad investigadora estatal, y los actos de investigación realizadas en ella, son suficientes para interrumpir la prescripción de la acción penal respecto a la indagatorio iniciada hasta el treinta de junio de dos mil dieciséis, por una diversa autoridad investigadora del orden federal. Esto es así, pues de una interpretación sistemática y funcional de los diversos preceptos que contemplan la prescripción y las hipótesis para interrumpirla, no se desprende que una indagatoria llevada a cabo ante autoridad diversa funja como una de aquellas actuaciones que impiden la actualización la extinción de la pretensión punitiva. Lo anterior, se robustece con lo dispuesto en el artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales aplicable al momento de los hechos, del cual se advierte que una averiguación previa se inicia, a raíz de un hecho que es conocido por el representante social, y que pueda constituir un delito, que se define como la conducta típica, antijurídica y culpable, es decir los actos externos ya sean positivos o negativos (acción y omisión) voluntarios, que castigan las leyes. Establecido lo anterior, no le asiste la razón a la parte quejosa al sostener que la Jueza responsable no fundó ni motivó adecuadamente la resolución emitida, pues contrario a lo expuesto, sí citó los artículos relativos a la prescripción de la acción penal, así como los que contempla el delito culposo por el cual se instruyó la indagatoria. Además, formuló las operaciones aritméticas para arribar a la conclusión de que la acción penal se encontraba prescrita. Adecuación de la hipótesis normativa que se encuentra ajustada a derecho de acuerdo con las circunstancias especiales y razones particulares que se tuvieron en consideración para la emisión del acto. Es decir, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas. Por cuanto a los demás motivos de disenso, debe señalarse que aún observando el derecho que tiene la víctima a la reparación del daño, ni siquiera a la luz del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se podría convenir en que el término para la prescripción de una acción penal vulnere un derecho fundamental, pues los parámetros surgidos raíz de la inclusión de los derechos humanos al ordenamiento constitucional, de manera alguna se dio con la finalidad de trastocar las instituciones de seguridad jurídica existentes. Tampoco, la reforma significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Al respecto, se cita la tesis 1a. CVI/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2011432, que establece: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA NO PUGNA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. De la reforma al artículo 1o. constitucional de 10 de junio de 2011, se obtiene que es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, observar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Sin embargo, de ello no se sigue que los órganos jurisdiccionales nacionales, so pretexto del derecho fundamental de acceso a la justicia, de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, dejen de aplicar los demás principios de la función jurisdiccional, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, pues ello provocaría un estado de inseguridad en la sociedad que a la postre significaría una transgresión a ese acceso efectivo a la justicia. Ahora bien, la figura de la prescripción de la acción penal, traducida ésta en la determinación de un plazo establecido en la ley para tener por extinguida la acción punitiva del Estado, no conlleva, por regla general, una transgresión al derecho humano de acceso efectivo a la justicia, pues el establecimiento de los plazos que en su caso imponen los legisladores en las leyes penales secundarias, tiene como fin último que no quede expedita indefinidamente la acción persecutoria del Estado, lo que encuentra su justificación en el derecho a la seguridad y certeza jurídica de que deben gozar todos los gobernados. Lo anterior, sin desconocer que pueden suscitarse casos en los que el establecimiento de la prescripción de la acción penal sí pudiere llegar a ser transgresora del derecho humano de acceso a la justicia, pues en el ámbito internacional existen ilícitos respecto de los cuales se ha declarado su imprescriptibilidad, como es el caso de los "crímenes de guerra" y "crímenes de lesa humanidad". Por otra parte, la mencionada reforma no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica de que se trate, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Finalmente, tampoco asiste la razón al quejoso en su motivo de disenso relativo a que el Agente del Ministerio Público de la Federación pudo haber ejercitado la acción penal con antelación pues contaba con elementos para ello. Se concluye lo anterior, pues como lo expuesto la Jueza responsable, la prescripción de la acción penal se actualizó con antelación a la presentación de la denuncia de treinta de junio de dos mil dieciséis; sin embargo, era menester que la representación social tuviera los elementos suficientes para determinar el delito materia de investigación, su forma de comisión, es decir si este era doloso o culposo, así como cualquier otro dato relevante que sirviera para emitir una resolución ajustada a derecho, lo cual así aconteció. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Pedro Morales Torres, contra el acto que reclamó a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Karla Montes Ortega, consistente en la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos de las carpetas judiciales de impugnación 29/2021 y 48/2021. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy dieciséis de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese en autos el oficio de cuenta, signado por Janet Medel Romero, autorizada de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo que nos ocupa. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte promovente interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que, se ordena distribuir las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, el original del escrito de expresión de agravios, así como el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad en relación con su admisión o desechamiento. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con las constancias correspondientes y remítase al referido Tribunal Colegiado, una copia más del escrito aludido, destinada para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano jurisdiccional. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado Federal, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado Federal. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME. CON INCIDENTE. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c) el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, se determinó negar la suspensión definitiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
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