Reynaldo Sotelo Virto

Expediente 423/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 41 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
423/2020
Año
2020
Actuaciones
41
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Reynaldo Sotelo Virto
  • Congreso de la Unión

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Cabe precisar que aun cuando no obran la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva, se determinó negarlas. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado vía electrónica el diecisiete de julio de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Reynaldo Sotelo Virto, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Cámara de Senadores y de Diputados, todas con residencia en la Ciudad de México. Acto reclamado: ".La omisión de expedir la Ley Procesal Civil y Familiar como lo contempla el artículo 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en donde se otorgó un plazo de 180 días para expedir la misma como lo señala el artículo cuarto transitorio de la reforma de fecha 15 de septiembre de 2017. Las omisiones legislativas a fin de establecer normativamente mecanismos de acceso a la administración de justicia, mediante la implementación de sistemas electrónicos que permitan habilitar expedientes electrónicos y audiencias virtuales en las materias civiles y familiares para la efectiva impartición de justicia." SEGUNDO. El veinte de julio de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 423/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La omisión legislativa de expedir la Ley Procesal Civil y Familiar, en términos del artículo 73 fracción XXX, del Pacto Federal, en un plazo de ciento ochenta días en términos del cuarto transitorio de la reforma de quince de septiembre de dos mil diecisiete, así como establecer normativamente mecanismos de acceso a la administración de justicia mediante sistemas electrónicos que permitan habilitar expedientes electrónicos y audiencia virtuales en materia civil y familiar. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En consecuencia, de conformidad con la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado. Sin embargo, dichas negativas se encuentran desvirtuadas, toda vez que del contenido de los referidos informes justificados se advierte que las autoridades responsables no han expedido la legislación única en materia procesal civil y familiar, a que alude el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, se tengan por ciertos los actos que se les atribuyeron. Además, debe destacarse que conforme a lo establecido en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de septiembre de dos mil diecisiete, el Congreso de la Unión debía expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional, en un plazo que no excediera de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de ese Decreto; esto es, del quince de septiembre de dos mil diecisiete, sin que hasta la fecha de emisión de esta sentencia se haya expedido la referida legislación procedimental; de ahí que, se tenga por cierta la omisión reclamada a las responsables. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cabe hacer mención que no se hará el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada, toda vez que este juzgador advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el quejoso no acredita contar con un interés legítimo como argumenta. En ese sentido el Presidente de la Republica, alega que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como el numeral 107, fracción I, Constitucional, numerales que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" De los numerales trascritos se desprende que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación sistemática de los preceptos arriba citados se tiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, cumpliendo los requisitos establecidos en el párrafo anterior. De ahí que, los actos que se impugnen se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Al respecto resulta ilustrativa la tesis 854 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 582 del Tomo VI, Parte TCC (Tribunales Colegiados de Circuito), del Apéndice de 1995, con registro 394810, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Pues bien, el interés jurídico es definido como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley, se dé una afectación, ofensa, daño o lesión en sus intereses, atentando en contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir, y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, página 225, registro 170500, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por su parte, la noción de interés legítimo como medio de legitimación activa para promover el juicio de amparo, fue introducida con motivo de la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, el cual se traduce en el interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que posee una persona en relación con la legalidad del acto reclamado, que proviene de la afectación que resiente en su esfera jurídica, ya sea directamente o por la especial situación que guarda frente al orden jurídico, respecto de la norma que establece un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable. De tal forma que el interés legítimo implica una mayor posibilidad de acudir al juicio de amparo, en tanto que no se requiere demostrar la titularidad de un derecho subjetivo, sino solamente la afectación a la esfera jurídica de una persona, en relación con la especial situación en que se encuentra frente al orden jurídico. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha circunstancia no significó una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que aduzca, esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo, pues si bien el interés legítimo representa una menor exigencia que la del interés jurídico, lo cierto es que a través de dicho concepto jurídico se exige al gobernado demostrar algo más que un interés simple, entendido éste como aquel interés jurídicamente irrelevante que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. En efecto, los tribunales del Poder Judicial de la Federación han definido en reiteradas ocasiones que para instar el juicio de amparo al tenor de un interés legítimo, resulta necesario que la persona que se ostente como titular del mismo acredite que la violación alegada la coloca en una categoría diferenciada respecto de los demás gobernados, que permita advertir la afectación que resiente sobre su esfera de derechos. Sobre dicho tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, precisó que a raíz de las reformas constitucionales de dos mil once -tanto la de derechos humanos como en materia de amparo- se adoptó un paradigma constitucional que obliga a las autoridades del país a adoptar la protección más amplia para las personas, lo que implicaba que la interpretación de las instituciones jurídicas de nuestro sistema jurídico se efectuara conforme al principio pro persona. Señaló que dicho interés se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En razón de lo anterior, en dicha resolución se destacó que la noción de interés legítimo representaba un concepto jurídico de enorme complejidad, en la medida en que bajo su amparo se podía dar pauta a un sinfín de supuestos en que sería procedente la acción constitucional, por lo cual resultaba importante delimitar puntos esenciales que lo caracterizaban, con la salvedad de que, en todo caso, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos para la actualización de dicha institución requeriría de un análisis concreto, atendiendo a cada caso. Así, la inclusión del interés legítimo no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado; pero que en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Entonces, el interés legítimo actualiza una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción; pues el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. En la citada contradicción de tesis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el interés legítimo presenta las siguientes notas distintivas: I. Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece al proceso. II. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado del resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. III. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, sin que se trate de un interés genérico de la sociedad, como acontece con el simple. Debe existir un vínculo con una norma jurídica, para lo cual basta con que ésta establezca un derecho objetivo. Por tanto, no se requiere acreditar la afectación a un derecho subjetivo, sin que ello implique que cualquier persona pueda ejercer la acción de que se trate. IV. La eventual concesión del amparo generaría un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto (no "lejanamente derivado"). V. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad; esto es, debe existir una relación lógica entre la persona y la afectación aducida. VI. El quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. VII. La situación jurídica identificable surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. VIII. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. IX. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las situaciones y supuestos posibles del interés legítimo deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. X. El interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. De la multicitada contradicción de tesis, surgió la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 60, Registro digital 2007921, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Ahora, en el caso, la quejosa reclama la omisión de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, a que alude el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al plazo previsto en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de septiembre de dos mil diecisiete, omisión de establecer mecanismos de acceso a la justicia habilitar expedientes electrónicos y audiencias virtuales en las materias civiles y familiares, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, para que exista interés legítimo se requiere lo siguiente: 1. Que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo. 2. Que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento. 3. La existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto. 4. Que la especial situación frente al orden jurídico no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que la parte quejosa pertenece a ella. 5. Que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo. Los anteriores requisitos deben ser satisfechos íntegramente, pues la ausencia de alguno impedirá que se demuestre el interés legítimo para acudir al juicio de amparo. En el caso, dichos factores no se acreditan, porque el promovente del amparo no puso en evidencia cómo la omisión reclamada o sus consecuencias afectan directa o indirectamente sus derechos fundamentales de conformidad con su especial situación frente al orden jurídico, ni señaló cuál sería esa situación concreta que se vería afectada o beneficiada con la concesión o negativa del juicio de amparo, y menos aún, cuál sería el beneficio actual, real y específico, inmediato o mediato, que en su esfera jurídica concreta pudiera obtener con la eventual emisión de la legislación omitida. En específico, es evidente que los factores identificados con los arábigos 2 y 3, consistentes en: 2) Que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al orden jurídico y 3) Que exista un vínculo entre la persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; no se surten para verificar si la parte quejosa cuenta con el interés legítimo necesario para ejercer la acción de amparo; de ahí que, como previamente se estableció, este juicio de amparo resulte improcedente. Además, para la procedencia del juicio de amparo, el quejoso alega tácitamente que cuenta con interés legítimo para instar el juicio constitucional, en virtud que es litigante y tramita ante los juzgados civiles y familiares del fuero común en esta entidad federativa; sin embargo, omitió acreditar con alguna documental tal hecho. Asimismo, manifiesta que la omisión legislativa reclamada vulnera su esfera jurídica, en razón a que la omisión de expedir las leyes procesales le causa agravio porque las vigentes en los Estados no permiten habilitar expedientes electrónicos y audiencias virtuales en materia civil y familiar. Sin embargo, si bien señaló que tal omisión le produce una afectación jurídica dado que se le priva de poder llevar un expediente electrónico y desahogar audiencias virtuales, no acreditó de manera fehaciente llevar el trámite de los expedientes que indica. Ello, pues no allegó documento idóneo alguno para acreditar tal extremo, ni señaló de manera concreta, actual y real los motivos por los cuales considera que la omisión legislativa reclamada afecta su interés y cómo el hipotético otorgamiento del amparo repararía tal afectación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, consultable en la página 1078, libro 43, junio de 2017, tomo II, Registro digital 2014433, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". Así como la jurisprudencia 51/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 64, marzo de 2019, tomo II, página 1598, registro digital 2019456, que versa: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Al margen de lo anterior, se dice que la parte quejosa no allegó documento alguno para acreditar que tramita ante los tribunales civiles y familiares del Estado de Morelos, varios juicios, no evidencia el interés legítimo que dice le asiste para acceder a esta instancia constitucional, pues no se atribuye a dicha omisión una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica, susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Así, el hecho de que el quejoso manifieste sea abogado postulante -cuestión que también no demostró-, no implica que se le irrogue un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, que justifique acudir al juicio de amparo a reclamar la omisión legislativa mencionada. Sin dejar de mencionar que, el quejoso tampoco cuenta con interés legítimo para instar este juicio constitucional, dado que no demostró contar con la patente para ejercer su profesión, por lo que la afectación que pretende hacer valer, es incierta. Lo que permite evidenciar que no es suficiente dar por hecho que se trata de un licenciado en derecho o sus allegados, para diferenciarlos del resto de la población y asumir tiene un interés legítimo para reclamar en amparo la omisión de que se trata. Pues para estimar en su caso, que la omisión legislativa reclamada produce una afectación diferenciada al resto de la población, es decir, contar con interés legítimo que hiciera este juicio de amparo procedente, pudiera ser que la parte quejosa se encontrara sometida a un procedimiento de índole civil y familiar, que hiciera necesaria la aplicación de la codificación única en dichas materias, pues la omisión legislativa reclamada, en ese supuesto, sí produciría una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica, lo que justificaría acudir al juicio de amparo a reclamarla. Entonces, es inconcuso que si el peticionario del amparo reclama la omisión de expedir la legislación precisada, debió entonces probar el carácter de destinatario con el cual se ostenta, a fin de evidenciar la afectación que tal omisión le generó, así como el beneficio que la eventual expedición de la legislación en cuestión le ha de producir, ya que como también se señaló ese Alto Tribunal estableció que el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto; significando que, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, como es el caso, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Razón por la cual, no es posible establecer que la quejosa tenga una relación especifica con el objeto de la pretensión que aduce, que lo ubique en una situación especial frente al orden jurídico y ponga de manifiesto tanto la afectación que la omisión que reclamó le generó, como el beneficio que su eventual erradicación le ha de producir. En tales condiciones, al resultar evidente que la omisión reclamada no ocasiona afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso, al no advertirse que cuente con un interés legítimo, se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada, ello, pues el promovente no demostró fehacientemente que: 1. Que cuente con un interés colectivo, pues no existe prueba en autos que resida en el país y/o sea ciudadano, pues fue omiso en allegar original o copia certificada de la credencial para votar, acta de nacimiento o carta de residencia. 2. Que la omisión impugnada, a diferencia de toda la población, les causa un agravio diferenciado, pues si bien adujo ser licenciado en derecho, no lo acreditó fehacientemente ni llevar el conocimiento de los juicios civiles que adujo. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 47, octubre de 2017, tomo I, página 490, registro 2015235, que establece: "DERECHO DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO, PARA ALEGAR SU VIOLACIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para que exista interés legítimo se requiere: (i) que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; (ii) que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; (iii) la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; (iv) que la afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y, (v) que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo". Asimismo, la jurisprudencia 38/2016, sustentada por la Primera Sala del más Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 33, agosto de 2016, tomo II, registro 2012364, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de Improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Así como también el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 18, mayo de 2015, tomo I, página 444, registro 2009197, que sostiene: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO? Una persona que válidamente plantee la impugnación constitucional de una ley en sede judicial debe hacerse tres preguntas para determinar si cuenta con interés legítimo para hacerlo: ¿Qué puede servir de parámetro de control constitucional? ¿Quién puede acudir a combatirla en sede de control judicial? y ¿Cuándo puede hacerlo? Las tres respuestas están en la Constitución. En primer lugar, el artículo 133 establece que la integridad de la Constitución es norma jurídica, la que se constituye en criterio de validez de todo acto de producción normativa, por lo que, por regla general, cualquier fragmento constitucional puede servir de parámetro de control. En segundo lugar, el artículo 103, fracción I, establece que puede acudir al juicio quien, al menos, acredite interés legítimo. Finalmente, de la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas. Las respuestas a cada una de las preguntas identificadas -el qué, el quién y el cuándo- tienen como común denominador la preocupación constitucional de delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes políticos con legitimidad democrática. Luego, la determinación de no reconocer interés legítimo a la parte quejosa para impugnar una norma legal que no le afecta en el momento actual no constituye una restricción indebida al poder de control constitucional de las leyes, sino el cumplimiento al principio de división de poderes Que ordena al poder judicial". Esto es así, en razón de que, si bien el juicio constitucional constituye un recurso efectivo en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma alguna conlleva a su procedencia en todos los casos, a fin de que se realice el estudio de fondo del asunto, toda vez que por razones de seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y, para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados tienen el deber de establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 10/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 3, febrero de 2014, tomo I, página 487, registro 2005717, que versa: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la jurisprudencia 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 325, registro 2005917, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". En ese contexto, ante la actualización de la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Reynaldo Sotelo Virto, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el diverso artículo 61, fracción XII, del ordenamiento legal invocado. Por el resultado obtenido, resulta innecesario estudiar alguna otra causa de improcedencia que para el caso se actualice, ya que su examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de la resolución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VIII, agosto de 1998, página 414, registro 195744, que señala: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Por virtud del sobreseimiento, no se analizan los conceptos de violación, propuestos por la parte quejosa, porque el sentido de mérito releva a este Juzgado Federal de su estudio. Siendo aplicable en el caso, la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, t. VI, p. 335) Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy once de noviembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que está transcurriendo el término para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; en esa virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se señalan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y telegrama, firmado y enviado por la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobernación, mediante el cual informa haber remitido el informe con justificación correspondiente; asimismo, se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que mencionan, en términos del numeral 9 de la Ley de la Materia, y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de Amparo, se tiene por señalado el domicilio que indica, por tanto, téngase por hecha la comunicación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza y da fe. Doy fe.

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