Ricardo Antonio Martínez Rodríguez

Expediente 1305/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1305/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Antonio Martínez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1305/2021, promovido por Ricardo Antonio Martínez Rodríguez, por conducto de su apoderado legal contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca y actuario de su adscripción, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Ricardo Antonio Martínez Rodríguez, por conducto de su apoderado legal solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca y actuario de su adscripción. Acto reclamado: ".La omisión de emplazar a los demandados del juicio laboral de origen, a pesar de que en el auto de admisión se le ordeno notificar personalmente a los demandados del juicio laboral de origen, de conformidad con los artículos 742, 743 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. ." ".La omisión de aplicar las medidas de apremio correspondientes en contra de su actuario a pesar de ser omiso en acatar la orden de emplazar a los demandados en el juicio laboral de origen..". SEGUNDO. El diez de septiembre de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1305/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen 01/482/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca y actuario de su adscripción, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando la norma general o acto reclamado hayan sido materia de una ejecutoria emitida en otro juicio de amparo; circunstancia que acontece en el presente juicio. La mencionada causa de improcedencia tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite y resuelva una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido. Esto acontece cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, y también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. Dicha porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial. Esto implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Entonces, como se adelantó, para que la causa de improcedencia invocada prospere, se deben satisfacer los siguientes requisitos en el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; c) por el mismo acto o norma general; y d) debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama. Esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En ese contexto, de la revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que Ricardo Antonio Martínez Rodríguez, por conducto de su apoderado legal, promovió un diverso juicio de amparo indirecto, el cual quedó radicado en este Juzgado con el número 1152/2020, en contra de las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, que en el presente juicio de amparo. El cual, mediante audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva, en el que se determinó conceder el amparo y protección a la parte quejosa, para los efectos que solicitó, mismo que causo ejecutoria para los efectos legales correspondientes. Por ende, se llega a la conclusión, que la parte quejosa, la autoridad responsable y el acto reclamado, son los mismos en la demanda de amparo 1152/2020 y la presente 1305/2021, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la siguiente tesis, cuyos datos de identificación se citan a continuación: Registro digital: 2019184 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común Tesis: I.11o.C.29 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3016 Tipo: Aislada ".IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XI Y X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general. La diferencia sustancial con la litispendencia radica en que en este supuesto ya debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En efecto, para que opere esta causa de improcedencia, no es requisito indispensable que en el anterior amparo se haya entrado al fondo del asunto; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en sentencia firme se determina, por ejemplo, que el quejoso consintió los actos reclamados o que carece de interés jurídico, y esa improcedencia produzca el sobreseimiento en el juicio por sentencia firme, ello origina que la acción constitucional no pueda volver a ejercitarse por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior juicio de amparo en sentencia firme, no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo ello, por excepción, sí permitirá al quejoso intentar nuevamente la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión de tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo, no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. Por otra parte, existe la posibilidad de promover un segundo amparo, que se presenta a pesar de haberse sobreseído en uno primero mediante sentencia firme, por ejemplo, cuando se reclama una norma general -por estimarse inconstitucional- con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y durante el juicio se evidencia que el acto de aplicación reclamado no se sustentó en esa norma; o bien, cuando se reclama alguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y en sentencia se sobresee, al estimarse que no se señalaron como responsables a todas las autoridades que participaron en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En el primer caso, si en el primer amparo se evidenció que la norma general reclamada no se aplicó en perjuicio del quejoso y ello motiva el sobreseimiento en el juicio, ese pronunciamiento no impide el ejercicio de una nueva acción constitucional cuando la norma referida efectivamente se aplique en perjuicio del quejoso. Lo anterior, pues aun cuando en un primer amparo se hubiere resuelto que la norma general reclamada no afectaba el interés jurídico del quejoso, ello se sustenta en la falta de aplicación en perjuicio de éste, por lo que su legitimación para ejercer nuevamente la acción constitucional nace cuando dicho supuesto normativo le es aplicado, y el nuevo juicio de amparo será procedente en virtud de que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada. En el segundo supuesto, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la acción constitucional no se encuentra sujeta a plazo alguno para su ejercicio, por lo que si fue un impedimento técnico lo que impidió resolver sobre el fondo del asunto por no haber llamado a juicio a todas las autoridades que debieron intervenir en éste, ninguna imposibilidad existirá para que el quejoso promueva un segundo amparo.". Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el aquí quejoso reclama en la instancia constitucional la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen 01/482/2020; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, se advierte que dicho juicio de amparo, ya fue estudiado, tomando en consideración que se sustanció un diverso juicio en este Órgano Jurisdiccional, en el que se resolvió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, mismo que causó ejecutoria en dichos términos. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Por tanto, es claro que se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Miguel Ángel Deagueros Velasco, delegado de las autoridades responsables Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual informa que fueron embargadas las cuentas bancarias del citado Ayuntamiento, motivo por el cual hace patente la imposibilidad de acatar el fallo protector ante la falta de recursos económicos para efectuar el pago a que fue condenada y remite diversas constancias para acreditar su dicho; al respecto se tienen por hechas las manifestaciones de la autoridad oficiante para los efectos legales a que haya lugar. En atención a sus manifestaciones, dígase al promovente que no da cumplimiento al requerimiento de trece de septiembre del año en curso, esto es, acreditar las gestiones que efectúa ante diversas dependencias para solicitar la ampliación del presupuesto, con el fin de cumplir con al presente ejecutoria; aunado a ello, sus manifestaciones no justifican su imposibilidad de seguir realizando las gestiones conducentes sobre el presupuesto que dice solicitó a diversas autoridades que ha peticionado se vincule al presente cumplimiento y obtener la ampliación de presupuesto para acatar la presente ejecutoria ya que ha manifestado en reiterados oficios que no cuenta con recursos para cumplir la ejecutoria protectora, toda vez que no obstante que embargaron las cuentas del citado Ayuntamiento, ya había manifestado su omisión para dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a Mario Ocampo Ocampo Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, Arely Olvera Bahena, Tesorera Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Yesica Salgado Manjarrez, Directora de Administración del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, para que en el plazo de tres días, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la respuesta que haya dado la Secretaría de Hacienda al informe financiero y solicitud de ampliación presupuestal presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Informe y acredite el seguimiento dado a la admisión de la solicitud presentada ante la Coordinación de Trabajo para acceder al Fondo de Laudos y sentencias, admitida el uno de septiembre de dos mil veintiuno. Se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de ser omisas y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa en lo individual por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de septiembre de dos mil veintiuno Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su ordinal 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 334/2020 y un anexo; asimismo remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 47/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio, en cuyo único punto resolutivo determinó: ".ÚNICO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión." Acúsese de recibo correspondiente. Lo anterior, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales procedentes. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia siguiente: ".CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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