Reynaldo Moreno Villanueva

Expediente 240/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
240/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Reynaldo Moreno Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda promovida por Reynaldo Moreno Villanueva, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO QUEDADO FIRME. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno que sea concerniente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************, en contra actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad del Maíz, que considera violatorio en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 240/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano". De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995- 2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. No obstante lo anterior, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción X del numeral 61, de la legislación en consulta, como enseguida se verá. Los referidos numerales disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X.-Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propio;" De la primera parte del numeral citado se desprende la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, y se encuentra condicionada a que: La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; Los juicios estén pendientes de resolución; y, Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, de la certificación de cuenta, se desprende que la solicitante de amparo promovió ante este Juzgado un diverso juicio de amparo, al cual le correspondió el registro 131/2021, contra actos los mismos actos y la misma autoridad, expediente que en copia se anexa, a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son como siguen: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." Bajo ese contexto, en primer lugar conviene precisar que en la demanda de amparo que da origen al presente expediente, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: ""De la autoridad señalada como responsable, el acuerdo de radicación de fecha 04 de junio del 2019, del cual tuve conocimiento con fecha 29 de abril de dos mil veintiuno del acto reclamado, resolución que es relativa al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ***************, con número de expediente 176/2019 perteneciente al Juzgado Mixto de Primera Instancia en el Municipio de Ciudad del Maíz, sucesión denunciada por **************, acuerdo de radicación mediante el cual se resuelve lo relativo al tener por acreditado el entroncamiento del C *************con la autora de la sucesión intestamentaria la C *****************y del que el suscrito me quejo del C Juez Mixto de Primera Instancia del Municipio de Ciudad del Maíz, ya que se acredita contrario a derecho un entroncamiento a favor de ****************, sin que el aquí quejoso haya sido llamado, oído y vencido a ese juicio, lo anterior debido a que es un juicio sucesorio intestamentario en el cuan el donde pretende adjudicar el bien inmueble el cual se ubica en el número 34 de la calle Vicente Suarez de la colonia y/o fraccionamiento Santo Niño de Ciudad del Maíz, S.L.P, acuerdo de radicación que me causa agravio en el debido proceso, al tratarse de adjudicarse el inmueble a que me refiero en líneas que anteceden y del cual tengo la posesión, sin que me haya ido despojada mediante sentencia firme, violando en mi perjuicio los arábigos 14 y 16 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. Y es así que ya en ese mismo juzgado de primera instancia de ciudad del maíz se ventila un juicio extraordinario civil de tramitación especial, con número de expediente 04/2020, juicio en el cual el actor es el mismo señor Simón Díaz González y la parte demandada es el suscrito Reynaldo Moreno Villanueva, el cual se encuentra en Litis con una sentencia que actualmente no queda firme, juicio el que se inicia en mi contra, demandando la declaración judicial de que el contrario de arrendamiento por tiempo indeterminado que la demanda el actor ha concluido entre el señor Simón Díaz González y el suscrito, respecto al inmueble ubicado en el número 34 de la calle Vicente Suarez de la colonia y/o fraccionamiento Santo Niño de Ciudad del Maíz, S.L.P, así como por la desocupación, entrega material y jurídica del bien inmueble en cita, y el pago de rentas vencidas, siendo menester destacar el hecho de que en este último expediente en mención, el actor endereza a nombre propio y en el carácter de arrendador según se desprende de las constancias que integran el citado expediente, sabiendo que la propietaria arrendador de una propiedad que no es suya y no obstante que es sabedor de esta circunstancia el Juez Mixto de Primera Instancia del Municipio de Ciudad del Maíz, al mismo substancia un juicio sucesorio intestamentario a bienes de la señora Socorro Díaz Vázquez y/o Ma. del Socorro Díaz Vázquez, propietaria del mismo inmueble ubicado en el número 34 de la calle Vicente Suarez de la colonia y/o fraccionamiento Santo Niño de Ciudad del Maíz, S.L.P, y la autoridad señalada como responsable le reconoce un entroncamiento a Simón Díaz González, sin que este último haya ofrecido documental publica, o alguna otra probanza que demuestre de manera fehaciente el parentesco y entroncamiento con la de cujus, incumpliendo al requerimiento que este mismo Juez Mixto de Primera Instancia le realizo en acuerdo de fecha 20 de mayo del año 2019 dentro del mismo expediente 176/2019, mediante el cual la hoy autoridad responsable señalada como responsable ordena de manera literal que previo a la admisión de la denuncia proporcione los domicilios de Fernando Díaz Hernández y Francisca Vázquez obviamente para el efecto de notificarles la sucesión en el caso de que sean las personas que aun vivan y en caso presente las partidas de actas de defunción de su parte, situación que no cumple el señor Simón Díaz González y no obstante en acuerdo de cuatro de junio del 2019 la hoy responsable lo tiene por acreditando el entroncamiento, de igual manera en ningún momento al suscrito me haya notificado en la etapa procesal de rendición de cuentas dentro de la sucesión intestamentaria, y sin tener la certeza jurídica de que el señor Simón Díaz González cumpla con los requisitos de ley para heredar el inmueble que tengo en posesión." Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia en análisis se requiere lo siguiente: a).- Que exista juicio de amparo anterior. b).- Que este haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. c).- Que el juicio de amparo se encuentre pendiente de resolución. Supuestos que en el caso se actualizan, pues el juicio de amparo 131/2021, invocado como hecho notorio en párrafos que anteceden, fue promovido por Reynaldo Moreno Villanueva, y en principio, reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad del Maíz, lo siguiente: "1.- En cuanto a lo requerido por su Señoría enumerado como (1) del acuerdo de fecha 22 de Marzo del año 2021, le manifiesto que el acto reclamado del que me duelo de la autoridad señalada como responsable emana del expediente 176/2019 del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Municipio de Ciudad del Maíz, y que consiste en la sentencia de adjudicación que dicto la responsable y que fue publicada por medio de lista con fecha 25 de febrero del 2021, misma fecha en la que tuve conocimiento del acto reclamado, resolución que es relativa al Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de Socorro Díaz Vázquez y/o Ma. Del Socorro Díaz Vázquez, ya que no fui llamado a juicio como tercero extraño y/o interesado, cuando el albacea Simón Díaz González ya tenía conocimiento de mi existencia y de la posesión que ostento del inmueble, que considero ilegalmente se le adjudica, imposibilitado al impetrante del ejercicio de defensa la posesión que tengo del inmueble materia de la adjudicación, el cual es el ubicado en el número 34 de la calle Vicente Suarez de la colonia y/o Fraccionamiento Santo Niño de Ciudad del Maíz, impidiendo la responsable mi derecho a ser oído y vencido en ese juicio 176/2019, se violan en mi perjuicio las garantías individuales consagradas en los articulo 14 y 16 de la Constitución Federal, puesto que el primero dispone que "nadie podrá ser privado de la vida, libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, si no mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho"; el segundo establece "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causal legal de procedimiento". En la especie, no se cumplen los dos requisitos a que aluden las dos disposiciones constitucionales, puesto que al dictar sentencia de adjudicación de fecha 25 de febrero del 2021 en favor de Simón Díaz González, la autoridad responsable me priva de mi garantía constitucional que yendo a la defensa de mis derechos y posesiones, así como también violenta mi derecho a interponer los recursos legales que a mis intereses convengan dentro del juicio sucesorio intestamentario a bines de Socorro Díaz Vázquez y/o ma. Del Socorro Díaz Vázquez, con número de expediente 176/2019 radicado en el juzgado mixto de primera instancia en el municipio de ciudad del maíz, estado de san Luis potosí." Por lo que claramente, se advierte que aunque la redacción es diferente, el acto reclamado es el mismo y la misma autoridad. En el entendido que de que aunque no este escrito con exactitud el mismo acto reclamado, es para el mismo fin y la resolución que se emita en el 131/2021, en caso de conceder la justicia federal, dejaría sin materia el presente juicio de amparo. Aunado a que el acto que aquí se reclama se engloba en el diverso de la demanda número 131/2021 puesto que es la falta de llamamiento a juicio y todo lo actuado del mismo. Ahora se advierte que el juicio de amparo 131/2021, se encuentra en trámite y señaladas las catorce horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Entonces, si en el presente juicio reclama precisamente un acto que tiene relación y en contra la misma autoridad, que ya precisó en el diverso juicio 131/2021, que se encuentra en trámite en este juzgado, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia aquí analizada. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por la referida fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por el numeral 113 de la legislación en consulta, como ya se dijo, se desecha de plano la demanda de amparo. Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Said López De Olmos Salazar y Jesús Armando Martínez Sarabia, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciado en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este tribunal, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; y únicamente para imponerse de autos a Said López De Olmos Martínez, por así haberse solicitado. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." En este sentido, toda vez que sus autorizados Said López De Olmos Salazar y Jesús Armando Martínez Sarabia tienen como nombres de usuario "loss711021" y "jamartinezs", respectivamente, los cuales se encuentran registrados en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en consecuencia, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, así como las notificaciones de manera electrónica. Se toman del conocimiento los correos electrónicos que indica, para el caso de entablar comunicación. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se haga la entrega de la copias que lleguen a solicitar las partes, éstas deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las trece horas con treinta minutos a las diecisiete horas, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo en mención, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del ordenamiento multicitado. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1253, Libro XVI, de Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Ahora bien, en relación con el oficio derivado del presente acuerdo, dirigido a la autoridad responsable cuyas actividades se encuentran suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye al Actuario de la adscripción, a efecto de que tal comunicación quede en su resguardo hasta en tanto la autoridad correspondiente reanude sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega de manera inmediata. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente al promovente. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.

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