Ricardo Cirilo Cazares Olivo
Expediente 233/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ricardo Cirilo Cazares Olivo
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de las constancias de notificación practicadas a los quejosos el veintiséis de junio del año en curso (fojas 35 y 37), se desprende que los peticionarios de amparo manifestaron ante la presencia de la fedataria público federal adscrita a este juzgado federal, su voluntad de desistirse en su perjuicio de la demanda de amparo incoada por Ricardo Cirilo Cazares Olivo y Luz Elena Flores Castillo; en tales condiciones se provee: el artículo 107, fracción I, de la Constitución General, señala que para la prosecución del juicio de amparo se requiere de instancia de parte agraviada, tal precepto, salvaguarda el principio de libertad del ejercicio de la acción que rige nuestro sistema jurídico, de donde resulta evidente que quien puede accionar, puede de igual manera desistirse de hacerlo, en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, máxime que, respecto de la acción de amparo, el único requisito que se exige cuando el desistimiento se hace directamente por la parte quejosa, es que el mismo sea ratificado ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, conforme a la jurisprudencia de rubro: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA., visible en la página 247, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de amparo que promovió, el cual debidamente ratificado origina una resolución con la que finaliza el amparo, sin que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ello en términos del artículo 63 fracción I de la Ley de Amparo. Cierto, cuando la parte quejosa desiste de la acción de amparo, tiene como consecuencia el sobreseimiento del juicio en términos del precepto legal invocado. Luego, de las constancias de notificación practicadas a los quejosos el veintiséis de junio del año en curso (fojas 35 y 37), se desprende que los peticionarios de amparo manifestaron ante la presencia de la fedataria público federal adscrita a este juzgado federal, su voluntad de desistirse en su perjuicio de la demanda de amparo incoada por Ricardo Cirilo Cazares Olivo y Luz Elena Flores Castillo, por lo que es inconcuso que existe consentimiento de los quejosos, de no continuar con el trámite del presente juicio de amparo; por ende, se tiene por desistido en su perjuicio, de la demanda de amparo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia Constitucional del presente sumario. De ahí que, se dejen sin efecto alguno las providencias decretadas en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Funda la anterior consideración las razones que informan la jurisprudencia número P./J. 3/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Tomo III, Febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (diez horas con diez minutos del diecisiete de julio de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Ricardo Cirilo Cazares Olivo, mediante el cual manifiesta que es su deseo desistirse del presente sumario Constitucional. Ahora bien, antes de proveer respecto del desistimiento de referencia, requiérase al aludido quejoso, para que si así lo desea, ratifique el escrito de desistimiento que hace valer; con el apercibimiento que de no hacerlo, no se le tendrá por desistido y se continuará con el trámite del presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso Ricardo Cirilo Cazares Olivo, se encuentra interno en el Centro Penitenciario de esta Ciudad Valles, San Luis Potosí, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción para que se constituyan en dicho centro carcelario, con el fin de notificar y requerir al quejoso de referencia en los términos expuestos en el párrafo que antecede. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número 2a./J. 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 295 del Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del siguiente contenido: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Notifíquese, y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ricardo Cirilo Cazares Olivo y Luz Elena Flores Castillo, por su propio derecho, contra actos que reclaman del Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, que consideran violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 233/2018-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que sea el caso tener como representante común a alguno de los quejosos, pues están excluidos de la regla genérica prevista en el primer párrafo del artículo 13 de la Ley normativa del juicio de garantías, ya que del escrito de demanda se advierte que se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, San Luis Potosí, existiendo la posibilidad de que entre ellos no exista comunicación; lo anterior a fin de garantizar a cada uno de los solicitantes de la tutela constitucional, la posibilidad de enterarse del desarrollo del presente juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES EN LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS POR MÁS DE UN QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE A CADA UNO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA, Y NO POR CONDUCTO DE UN REPRESENTANTE COMÚN." Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 107, 108, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, toda vez que no se solicita expresamente. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir en el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se contrae el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendirlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se tomará en cuenta dicha omisión, para los efectos del numeral 117 de la referida legislación, esto es, se presumirá la certeza de los actos reclamados. Asimismo, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán acompañar a su informe justificado, las constancias completas y legibles que tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional; en la inteligencia que de no rendir dicho informe o no remitir las constancias relativas, se les impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis número XXIV.2o.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada el viernes seis de enero de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APERCIBIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL SOLICITARLO SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE GENERA SU FALTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 117 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN." Por otra parte, la autoridad responsable ordenadora deberá emplazar al órgano acusador que formulo la imputación a los peticionarios del amparo, corriéndole traslado con copia de la demanda; asimismo, al momento que rinda su informe con justificación, de señalar que es cierto el acto que reclaman los quejosos, deberá además de lo señalado en los párrafos que anteceden, remitir un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto que por esta vía se reclama, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes, lo anterior en términos del párrafo tercero del artículo 117, de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de no remitir el citado índice, se le impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. En términos de lo previsto por el artículo 61 fracción XVII, segundo párrafo de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Juez de origen que deberá suspender el procedimiento en lo que corresponde a los aquí quejosos, una vez concluida la etapa intermedia (cierre de instrucción), hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. Se cita por analogía la tesis I.1o.P.62 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a septiembre de 2017, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AUNQUE LAS ETAPAS COMPLEMENTARIA E INTERMEDIA NO SON SUSCEPTIBLES DE SUSPENDER, EN CASO DE QUE SE LLEGUE A ESTA ÚLTIMA, DEBE CONCEDERSE DICHA MEDIDA CAUTELAR PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL, UNA VEZ CONCLUIDA ÉSTA, NO ORDENE LA APERTURA A LA ETAPA DE JUICIO, HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA EL JUICIO BIINSTANCIAL EN LO PRINCIPAL. En materia penal sólo puede suspenderse el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia (que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio), como puede advertirse del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por ende, dicha etapa no puede paralizarse. En el mismo sentido resulta la petición que haga el quejoso en cuanto a que se paralice la etapa complementaria (que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación), pues el artículo 150 de la misma ley, en su primera parte, dispone: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él;..."; de ahí que dichas etapas del sistema penal acusatorio no son susceptibles de suspenderse. No obstante, este último precepto, en su parte final, establece que si la continuación del procedimiento puede dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, la suspensión podrá concederse para el efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia; máxime que el primer párrafo del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, señala: "El tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este código.", por lo que, a efecto de evitar un daño o perjuicio de manera irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar para el efecto de que, en caso de que se llegue a la etapa intermedia, el Juez de control, una vez concluida ésta, no ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto no se resuelva el juicio biinstancial en lo principal." Además, requiérasele para que al momento de rendir el citado informe, remita las constancias en las que conste la hora y fecha a partir de la cual los quejosos quedaron a disposición de la autoridad judicial y a partir de la cual inicio el computo del plazo constitucional para la emisión del auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal 77/2018, de su índice. Hágase saber a las partes que si cesan lo efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 251 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. En otro contexto, por ser parte en el juicio de amparo, de acuerdo a lo expuesto por el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, personalmente según lo previene el artículo 26, fracción I, inciso k) del citado cuerpo legal, dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, corriéndole traslado con copia del escrito de demanda de garantías. Por otra parte, téngase a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en las oficinas de la Defensoría Pública ubicadas en calle 16 de septiembre, esquina con Manuel José Othón número 1009, de la Colonia Obrera en esta ciudad. Asimismo, se tienen como autorizados de los quejosos en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Fernando Ortega Larraga, Marco Antonio Barragán Alvarado, Julio Cesar Cruz Rodríguez y Noralba Alfaro Maldonado, ya que no cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior atendiendo a la reforma realizada al precepto antes mencionado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Ahora, toda vez de que los quejosos no señalan en su demanda de amparo terceros interesados, resérvese proveer respecto a los mismos hasta en tanto se reciban las constancias que remitan las autoridades responsables como sustento de su informe. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Finalmente, se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese, y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión.
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