Reyna Castillo Velazquez
Expediente 377/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Reyna Castillo Velazquez
- Alejandra Altamirano Rodriguez, en mi caracter del Ayuntamiento de la CIudad Valles, San Luis Potosí.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veinte. Téngase recibido el oficio de Ricardo Fernández Tovar, Abogado adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operaciones Administrativas Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social de San Luis Potosí, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia de la resolución de tres de diciembre del año en curso, así como la notificación efectuada a la parte quejosa *** sin embargo al respecto se observa que dichas constancias no son legibles. En tales condiciones, se requiere a la autoridad oficiante, para que dentro del término de tres días, remita copia certificada de las constancias respectivas, mismas que deben estar completamente legibles, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo. ..Notifíquese mediante lista de acuerdos, una vez que se reanuden las labores en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte promovente, mediante auto trece de noviembre de dos mil veinte, para que diera cabal cumplimiento a las prevenciones efectuadas mediante dicho proveído, sin que lo hiciera; por lo que, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por*** , en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veinte. Demanda de Amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***contra actos que reclama del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 377/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención. Ahora bien, previo a proveer lo conducente, resulta importante destacar lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Precepto del que se sigue, que en los casos en que se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, o bien se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, no se hubiere acompañado el documento que acredite la personalidad, no se exprese como precisión el acto reclamado o se omita exhibir las copias de la demanda necesarias para correr traslado a las partes, surge la obligación del órgano jurisdiccional de que requerir al promovente, que aclare su demanda, señalando con precisión las deficiencias, irregularidades u omisiones que se observen. En ese sentido, una vez analizado el escrito de demanda, se advierte que en el caso se actualizan los supuestos previstos por el artículo 114, fracciones I y IV del ordenamiento legal antes invocado, en tanto se advierte que: La parte quejosa señala como tercera interesada a Reyna Castillo Velázquez; sin embargo, no proporciona su domicilio, ni manifiesta desconocerlo, bajo protesta de decir verdad. En el apartado correspondiente, la parte quejosa indica que señala como autoridad, tanto ordenadora, como ejecutora, al Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles; sin embargo, indica como acto reclamado, en el apartado respectivo, la resolución de diecinueve de octubre del año dos mil veinte, mediante la cual se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido en los autos del juicio ordinario mercantil 227/2018 del índice del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles; sin que se advierta en que consiste la ejecución de dicha resolución. En el mismo sentido, se advierte que señaló como autoridades ejecutoras a la actuaria y notificadora del órgano jurisdiccional en comento, pero, únicamente manifiesta que les atribuye el cumplimiento y observancia que le den a la resolución que combate. Asimismo, la promovente manifiesta que, como consecuencia de dicho acto reclamado, a su representado se le causaron daños económicos y de tipo moral -toda vez que los apercibimientos y requerimientos contenidos en los acuerdos cuya notificación impugnó ante el juez de origen, fueron actualizados en su contra-; sin embargo, es omisa en mencionar cuál o cuáles fueron los requerimientos y/o apercibimientos que se le hicieron efectivos y que a su juicio, le causaron el daño económico y moral que aduce. En tales condiciones, se requiere a la promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale bajo protesta de decir verdad: Proporcione el domicilio de Reyna Castillo Velázquez, o en su caso, manifieste sí lo desconoce. Señale de forma clara y precisa el acto que reclama, en su carácter de autoridad responsable ejecutora al Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles; en el entendido de que sí el acto reclamado lo es la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veinte, pronunciada por dicho juzgador, deberá precisar en qué consiste la ejecución que de dicho acto reclama al citado juez. Se requiere a la promovente para que indique cuál es el acto o actos de ejecución -respecto la resolución que combate- que les atribuye a la actuaria y notificadora adscritas al órgano jurisdiccional citado; es decir, deberá señalar en que consiste la ejecución que le darán al auto que por esta vía combate. Asimismo, deberá precisar cuál o cuáles son los requerimientos y/o apercibimientos que se le hicieron efectivos y el o los motivos por los que considera que se afectó de forma económica y moral al ayuntamiento que representa. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, con número de registro 220365 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.- Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Finalmente, deberá exhibir siete copias de su escrito aclaratorio, para ser distribuidas de la siguiente manera: tres para igual número de autoridades responsables señaladas; una para el Ministerio Público adscrito a este juzgado federal; una más para la tercera interesada y dos para tramitar el incidente de suspensión que solicita. Ahora bien, en virtud de que se tratan de datos y copias de traslado, indispensables para proveer respecto de la demanda planteada, se apercibe a la solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la misma. Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rene Oyarvide Ibarra, Rogelio Aarón Gámez Zapata, José Fildemar Osornio Zúñiga, toda vez que cuentan con cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta realizada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; fuente que constituye un hecho notorio para este tribunal, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Domicilio. Por otra parte, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Juan Sarabia, número 621, entre las calles Rotarios y Aquiles Serdán de la Colonia Rotarios, en esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria que autoriza y da fe.KAHF/evr
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- AVISO: SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veinte. Demanda de Amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***contra actos que reclama del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 377/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención. Ahora bien, previo a proveer lo conducente, resulta importante destacar lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Precepto del que se sigue, que en los casos en que se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, o bien se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, no se hubiere acompañado el documento que acredite la personalidad, no se exprese como precisión el acto reclamado o se omita exhibir las copias de la demanda necesarias para correr traslado a las partes, surge la obligación del órgano jurisdiccional de que requerir al promovente, que aclare su demanda, señalando con precisión las deficiencias, irregularidades u omisiones que se observen. En ese sentido, una vez analizado el escrito de demanda, se advierte que en el caso se actualizan los supuestos previstos por el artículo 114, fracciones I y IV del ordenamiento legal antes invocado, en tanto se advierte que: La parte quejosa señala como tercera interesada a Reyna Castillo Velázquez; sin embargo, no proporciona su domicilio, ni manifiesta desconocerlo, bajo protesta de decir verdad. En el apartado correspondiente, la parte quejosa indica que señala como autoridad, tanto ordenadora, como ejecutora, al Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles; sin embargo, indica como acto reclamado, en el apartado respectivo, la resolución de diecinueve de octubre del año dos mil veinte, mediante la cual se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido en los autos del juicio ordinario mercantil 227/2018 del índice del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles; sin que se advierta en que consiste la ejecución de dicha resolución. En el mismo sentido, se advierte que señaló como autoridades ejecutoras a la actuaria y notificadora del órgano jurisdiccional en comento, pero, únicamente manifiesta que les atribuye el cumplimiento y observancia que le den a la resolución que combate. Asimismo, la promovente manifiesta que, como consecuencia de dicho acto reclamado, a su representado se le causaron daños económicos y de tipo moral -toda vez que los apercibimientos y requerimientos contenidos en los acuerdos cuya notificación impugnó ante el juez de origen, fueron actualizados en su contra-; sin embargo, es omisa en mencionar cuál o cuáles fueron los requerimientos y/o apercibimientos que se le hicieron efectivos y que a su juicio, le causaron el daño económico y moral que aduce. En tales condiciones, se requiere a la promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale bajo protesta de decir verdad: Proporcione el domicilio de Reyna Castillo Velázquez, o en su caso, manifieste sí lo desconoce. Señale de forma clara y precisa el acto que reclama, en su carácter de autoridad responsable ejecutora al Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles; en el entendido de que sí el acto reclamado lo es la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veinte, pronunciada por dicho juzgador, deberá precisar en qué consiste la ejecución que de dicho acto reclama al citado juez. Se requiere a la promovente para que indique cuál es el acto o actos de ejecución -respecto la resolución que combate- que les atribuye a la actuaria y notificadora adscritas al órgano jurisdiccional citado; es decir, deberá señalar en que consiste la ejecución que le darán al auto que por esta vía combate. Asimismo, deberá precisar cuál o cuáles son los requerimientos y/o apercibimientos que se le hicieron efectivos y el o los motivos por los que considera que se afectó de forma económica y moral al ayuntamiento que representa. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, con número de registro 220365 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.- Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Finalmente, deberá exhibir siete copias de su escrito aclaratorio, para ser distribuidas de la siguiente manera: tres para igual número de autoridades responsables señaladas; una para el Ministerio Público adscrito a este juzgado federal; una más para la tercera interesada y dos para tramitar el incidente de suspensión que solicita. Ahora bien, en virtud de que se tratan de datos y copias de traslado, indispensables para proveer respecto de la demanda planteada, se apercibe a la solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la misma. Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rene Oyarvide Ibarra, Rogelio Aarón Gámez Zapata, José Fildemar Osornio Zúñiga, toda vez que cuentan con cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta realizada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; fuente que constituye un hecho notorio para este tribunal, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Domicilio. Por otra parte, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Juan Sarabia, número 621, entre las calles Rotarios y Aquiles Serdán de la Colonia Rotarios, en esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Kenia Alejandría Hernández Flores, Secretaria que autoriza y da fe.KAHF/evr
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