Reynaldo Israel Cabrera Ambrosio
Expediente 975/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Reynaldo Israel Cabrera Ambrosio
- REYNALDO ISRAEL CABRERA AMBROSIO y Otros.
- Alfonso Gabriel Cabrera Alamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a quien pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en los registros de este órgano jurisdiccional, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 20 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
A N T E C E D E N T E S********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron ******************** y ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamaron del:********************1. Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán.********************2. Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán.********************3. Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y;********************4. Director de la Policía Estatal de Investigación.********************Todos con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Radicación de demanda y separación de juicios. Dicha demanda se radicó bajo el número de expediente 965/2023-II-B, y por auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se ordenó la separación de juicios, por lo que el expediente señalado se continuó respecto del acto reclamado consistente en las órdenes de cateo, aseguramiento y su ejecución, respecto del predio ubicado en la calle ******************** (conocido actualmente como calle ********************), en la carpeta de investigación ********************.********************Y por lo que se refiere al restante acto, se ordenó que se remitiera copia certificada de las constancias conducentes, a fin de que la se turnaran al Juzgado de Distrito que correspondiera. ********************TERCERO. Se recibe demanda con motivo de la separación de juicios y se admite a trámite. Por auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido del Secretario de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el oficio 15276/2023, con el que remitió por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, un legajo de constancias certificadas integradas por la copia de la demanda de amparo promovida por ******************** y ********************, con motivo de la separación de juicios ordenada en autos del juicio de amparo 965/2023-II-B, del índice de este Juzgado Federal, que por razón de turno le correspondió conocer a este propio órgano jurisdiccional.********************En esas circunstancias, se admitió la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 975/2023-III-A; en tal virtud, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama:********************La omisión de dar contestación al escrito de treinta de mayo de dos mil veintitrés, presentado en la carpeta de investigación ********************.********************TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por lo que hace al quejoso ********************, pues de las constancias que adjuntó a su informe justificado (registro 11528), a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como del oficio relacionado en proveído de veintiséis de julio de la presente anualidad, se desprende que el escrito de treinta de mayo último, únicamente fue suscrito por ********************, y no así por el diverso quejoso ********************; sin que este último haya desvirtuado dicha negativa.********************Consecuentemente, ante la inexistencia del acto atribuido a dicha autoridad, sin que el citado quejoso lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.********************Apoya lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/18, que a la letra señala: ********************"ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y la quejosa no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo."********************Así como la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, que señala:********************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo."********************CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por lo que hace al quejoso ********************; pues así se advierte en su informe justificado (registro 11528), de las constancias certificadas que adjuntó al mismo, así como del oficio relacionado en proveído de veintiséis de julio de la presente anualidad.********************QUINTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************"Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: ********************"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo.********************El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.********************De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado.********************Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal.********************En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija.********************Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella.********************Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."****************************************De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen:********************"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."****************************************Ahora bien, de las constancias que anexó el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a su informe justificado, a las que previamente se les concedió valor probatorio.********************Se advierte que mediante auto de siete de julio del año en curso, la autoridad responsable, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el treinta de mayo de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado al quejoso el doce de julio último.********************De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. ********************Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley.********************Apoya lo antes referido, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, en los siguientes términos:********************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."****************************************En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; consistente en la omisión de dar contestación al escrito de treinta de mayo de dos mil veintitrés, presentado en la carpeta de investigación ********************.********************Lo que legalmente procede es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley; lo que impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó.********************Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece:********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************OCTAVO. Expedición de copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 361 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. ********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se********************R E S U E L V E********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que respecta al quejoso ********************, en contra del acto reclamado al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. ********************SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace al quejoso ********************, en contra del acto reclamado al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. ********************TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.********************Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese el oficio signado por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, el cual remite en alcance a su informe justificado y cumple con el requerimiento efectuado en proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Al efecto, este órgano jurisdiccional tiene por informado lo anterior y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese el escrito de cuenta signado mediante el uso de la FIREL de Miguel Alejandro Torres Castro, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, con el que desahoga la vista que se le dio del informe justificado rendido por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Al respecto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que efectúa en vía de alegatos y ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales que en copias simples adjuntó al escrito de cuenta, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, por lo que hace al diverso ocursante Gustavo Geovany Cabrera Montejo, toda vez que dicha promoción no fue signada electrónicamente por éste, no ha lugar a tenerlo por presentado. Lo anterior es así, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 14, 16 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. No se puede acordar la promoción de cuenta por lo que hace al mencionado autorizado, toda vez que el artículo 3° de la Ley de Amparo y la propia normatividad que regula el trámite de los juicios de amparo vía electrónica, establecen que la firma electrónica (FIREL), produce los mismos efectos que la signatura autógrafa; por ende, no es posible considerar que Gustavo Geovany Cabrera Montejo, presentó el escrito en mención, al carecer de manifestación inequívoca de su voluntad. Siendo insuficiente que de la digitalización del escrito de mérito se advierta que contiene la firma autógrafa del ocursante; pues estimar lo contrario, implicaría considerar que es válido que cualquier persona presente promociones por la vía electrónica, sin la utilización de un certificado digital; lo cual sería contrario a la ley, pues la obtención de la firma electrónica es un trámite personalísimo. Por otra parte, toda vez que mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional requirió al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que remitiera en copia certificada todas y cada una de las constancias relacionadas con la existencia del acto reclamado por el quejoso Reynaldo Israel Cabrera Ambrosio, sin que a la fecha lo haya realizado. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Reynaldo Aquino Ramírez1341/2023
- Reynaldo de Jesús Sulú Sánchez565/2019
- Reynaldo Escobar Tun283/2018
- Reynaldo Felipe Ribon Chi946/2023
- Reynaldo Felipe Ribon Chi2790/2022
- Reynaldo Israel Cabrera Ambrosio965/2023
- Ricardo Adrian Sanchez Chab1465/2022
- Ricardo Aguilar Pomar1023/2018
- Ricardo Agustin Paz Alonzo1372/2023
- Ricardo Alberto Falcón Vera539/2017
- Ricardo Alberto Rosado Medina1059/2021
- Ricardo Alejandro Epitacio Eleuterio829/2021