Reynaldo Felipe Ribon Chi
Expediente 946/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Reynaldo Felipe Ribon Chi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente para que obre como legalmente corresponda el escrito de********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el que solicita que se le revoque la autorización para consultar el presente expediente electrónico. Al respecto, es dable atender tal petición; sin embargo, dígase al ocursante que no ha lugar a acordar favorablemente tal solicitud, toda vez que en el particular, en su carácter de autorizado, aun en términos amplios, no está facultado para efectuar dicha petición, ya que no fue autorizado expresamente en esos términos, tal y como se dispone de la interpretación integral de los numerales 6, 35, 36 tercer párrafo, 37 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Pues de dichos preceptos claramente se establece que para el acceso y consulta del expediente electrónico, así como su cancelación, los titulares de los órganos certificarán que sólo las partes y sus representantes legales pueden solicitar la autorización de terceras personas para el ingreso al expediente electrónico, y sólo por excepción, lo podrán llevar a cabo los autorizados en amplios términos, cuando así hayan sido autorizados expresamente. Situación que no se actualiza en la especie, ya que el autorizado de referencia no fue facultado en esos términos; por lo que de conformidad con los numerales 36 y 37 citados, resulta improcedente su petición. Por ilustrativa, se cita por identidad de razón, la tesis del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR QUE AQUÉLLAS SE REALICEN POR ESA VÍA, AL CORRESPONDER DICHA DECISIÓN DIRECTAMENTE A LAS PARTES O SUS REPRESENTANTES. Conforme a los artículos 24, 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las notificaciones en los juicios de amparo se harán electrónicamente a las partes o a sus representantes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica, sin que se faculte para solicitar la práctica de las notificaciones por esa vía a los autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la citada ley, pues dicha figura no constituye una representación legal; además, sólo se les permite llevar a cabo actos en el juicio tendentes a lograr una adecuada defensa de los intereses del autorizante, dentro de las cuales no se encuentra la solicitud en cita, por tratarse de una cuestión personalísima de las partes o sus representantes." (Época: Décima Época, Registro: 2014379, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario, Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: XXVII.3o.118 K (10a.) y página: 2027). En efecto, la autorización contemplada en el numeral 12, no constituye una representación, sino la concesión de una de las partes (quejoso o tercero interesado) en la litis constitucional para la realización de actos procesales, pero sin incluir la representación de los intereses del autorizante. Lo que se corrobora con la prohibición expresa del mencionado artículo 12, párrafo primero, atinente a que el autorizado no puede sustituir o delegar dicha autorización para sí o a un tercero. Bajo el contexto anterior, se reitera que solamente las partes o sus representantes legales pueden solicitar o cancelar el acceso al expediente electrónico, no así el autorizado a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, salvo por excepción en el caso expresamente señalado. Lo que se insiste no se cumple en la especie, tanto por las razones antes expresadas, así como porque de forma alguna lo prevé el numeral 12 citado; de tal manera que no resulte procedente su solicitud. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, SE ACUERDA: agréguese a este expediente el escrito de cuenta del quejoso Reynaldo Felipe Ribón Chi, y en atención a su contenido, se accede a la devolución del documento que insta, una vez que se realice la compulsa respectiva con su copia simple para que obre en los autos, y entréguesele por el conducto que indica, previa identificación y recibo que se deje en este expediente. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General sin número, de dos de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es destruíble. Lo anterior, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta del quejoso Reynaldo Felipe Ribón Chí, con el que, en cumplimiento al requerimiento de quince del actual mes, reiterado el veintiséis siguiente, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el acto de que se duele es la falta de entrega física y material de la motocicleta de la marca ITALIKA FT-125, número de serie 3SCPFTDE6H1024335, motor número LC157FMIQE022016, modelo 2017 con placas de circulación 12DLF7, del Estado de Yucatán, retenida desde mediados del mes de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, téngase por presentado al nombrado promovente dando cumplimiento a dichas prevenciones, y en consecuencia, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Respecto del acto reclamado por el quejoso que hace consistir en la falta de entrega física y material de la motocicleta de la marca ITALIKA FT-125, número de serie 3SCPFTDE6H1024335, motor número LC157FMIQE022016, modelo 2017 con placas de circulación 12DLF7, del Estado de Yucatán, retenida desde mediados del mes de agosto de dos mil veintidós, misma que atribuye al Secretario de Seguridad Pública de la Entidad, la dependencia que representa y de su Director Jurídico. Se actualiza de manera indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la materia, DEBA DESECHARSE de plano la demanda de mérito, atento a las siguientes consideraciones. Los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; . "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En el caso, el promovente de amparo en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto que reclama, manifestó que a mediados del mes de agosto de dos mil veintidós, fue detenido por elementos de la Policía Estatal Roque de Jesús Chan Martín, a quien le había prestado su motocicleta de la marca ITALIKA FT-125, número de serie 3SCPFTDE6H1024335, motor número LC157FMIQE022016, modelo 2017 con placas de circulación 12DLF7, del Estado de Yucatán, siendo trasladado a la cárcel pública para cumplir un arresto administrativo junto con el referido vehículo. Posteriormente, después de obtener su libertad, se presentó en su carácter de propietario de la referida motocicleta a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a solicitar la devolución de dicho vehículo, siendo informado que tendría que presentar una solicitud dirigida al Secretario de Seguridad Pública, para que éste autorizara la devolución de dicha motocicleta. Por lo que, con fecha treinta de mayo del año en curso, presentó el ocurso solicitado sin que le dieran respuesta al respecto. Asimismo, se tiene que el peticionario del amparo, en cumplimiento al requerimiento de quince de junio del año en curso, en su memorial de cuenta, plasmó bajo protesta de decir verdad, que el acto de que se duele es la falta de entrega física y material de la motocicleta de la marca ITALIKA FT-125, número de serie 3SCPFTDE6H1024335, motor número LC157FMIQE022016, modelo 2017 con placas de circulación 12DLF7, del Estado de Yucatán, retenida desde mediados del mes de agosto de dos mil veintidós. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, toda vez que dicho acto no fue combatido dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, resultando, por tanto, extemporánea, tomando en consideración que lo declarado por el propio quejoso fue en forma expresa y bajo la formal "protesta de decir verdad", y que por disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los hechos manifestados por el promovente en la demanda y ocurso que la complementan, constituye una confesión expresa. Por lo que resulta evidente que tuvo conocimiento de la existencia del acto que reclama, desde la fecha en que se presentó a solicitar su devolución, esto es, desde mediados de agosto de dos mil veintidós, una vez que ********************obtuviera su libertad luego de cumplir con un arresto administrativo de veinticuatro horas, y dicha devolución le fuera negada, condicionándolo a solicitarlo de manera escrita. Consecuentemente, la demanda se promovió en forma extemporánea, pues excedieron los quince días que refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo. De ahí que la negativa que aquí se reclama se considere, para efectos del juicio de amparo, como un acto consentido, lo cual torna improcedente en este aspecto el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Tomo XII, diciembre de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 214035 que dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Asimismo, es aplicable al caso en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página 57, del Tomo III, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 200094, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De igual manera tiene aplicación al caso, lo que informa la tesis de jurisprudencia visible con el número 556, en la página 370, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquel en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amaro), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados. " En esa tesitura, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia referida, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente.
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