Reynaldo de Jesús Sulú Sánchez
Expediente 565/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Reynaldo de Jesús Sulú Sánchez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 3811/2019, con el que comunica esencialmente, que aceptó la competencia declinada a su favor, del juicio de amparo 565/2019-II-A, de donde deriva este expedientillo. En atención a lo anterior, estese a lo acordado en proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve, en el que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de mayo de dos mil diecinueve. Visto: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 3229/2018, con el que comunica que tuvo por recibidos los autos originales del juicio de amparo 565/2019-II-A del índice de este juzgado y copias de la demanda, que se remitieron tras haberse declarado incompetente este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto, y del que se infiere se avocó al conocimiento del asunto de donde deriva este expedientillo. En atención a lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente auxiliar, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto vigésimo citado. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y no existiendo razón alguna para que continúe el presente cuaderno de antecedentes en la Secretaría de este Juzgado, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra los actos que reclama de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, que hace consistir en: "1.- La sentencia condenatoria de fecha 29 de noviembre de 2017 relativa al toca número 549/2016, del recurso de apelación promovido en contra de la sentencia de fecha 9 de agosto de 2016 emitida en la causa penal 525/2010, del Juzgado Cuarto Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, migrada al cierre de dicho juzgado por conclusión de sus funciones al Juzgado Segundo Penal con número 1121/2014, que se siguió por los delitos de homicidio cometido por culpa y lesiones y daño en propiedad ajena cometidos por culpa, denunciado el primero por la ciudadana ****rillo, en agravio de *******, e imputado por la representación social. - - - 2.- La inexacta aplicación de los principios de sana crítica, presunción de inocencia y del principio "in dubio pro reo". - - - 3.- La ilegal e injusta orden de aprehensión y/o detención que emitieron en mi contra, con la que se intenta privar ilegalmente de la libertad." Fórmese expediente, regístrese con el número 565/2019-II-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, el análisis de la demanda de mérito permite al suscrito Juzgador estimar que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la misma. Lo anterior, con fundamento en los artículos 107 Constitucional, fracción V, inciso d), 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 33, fracción II, 34, 47, 170, fracción, I de la Ley de Amparo, acorde a los razonamientos que a continuación se expresan: La fracción V, inciso d), del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)." El inciso a), fracción I, del artículo 37, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; (.)" Los artículos 33, fracción II, 34, 47,170, fracción I, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los Tribunales Colegiados de Circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. (.)". Para los efectos de estos artículos, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando sean contarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto de juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado que nos ocupa consiste en la sentencia de segunda instancia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que confirmó la diversa de nueve de agosto de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos de la causa penal 525/2010 (ahora 1121/2014 del índice del Juzgado Segundo Penal), instruida en su contra por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena cometidos por culpa. De manera que, tomando en cuenta que se trata de una sentencia definitiva, la competencia para conocer respecto del preindicado acto reclamado se surte en favor del Tribunal Colegiado de este Circuito, residente en esta ciudad. , cuando se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda de amparo podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años. Ahora bien, dicho plazo debe operar también cuando el quejoso no tenga restringida su libertad personal con motivo de la compurgación de la privativa de libertad impuesta, pues conforme al principio pro persona, aunque ya no tiene restringida su libertad personal, la sentencia que reclama la sigue atacando indirectamente, así como los demás elementos que la componen -acreditamiento del delito, la plena responsabilidad y la condena por reparación del daño-." En este contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por *****Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en esta ciudad, para que provea lo conducente; solicitándole de la manera más atenta se sirva hacer del conocimiento de este órgano jurisdiccional la determinación que se emita con motivo de la presente incompetencia. Fórmese el cuaderno de antecedentes que corresponda. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como se solicita por autorizadas con las limitaciones a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, a las personas que menciona para tal fin. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO
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