Reynaldo Agustín Hernández Maldonado y Otros.

Expediente 287/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
287/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Reynaldo Agustín Hernández Maldonado y Otros.
  • Josué Isai Ortiz Huerta y Otros.
  • Rosa Soto García
  • Edwin Yahat Soria Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO Y SE ATIENDE PETICIÓN. Visto el oficio de cuenta, remitido a través del correo electrónico oficial a nombre del Secretario para el Trámite de Solicitudes Jurisdiccionales de Acceso a la Información, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, por el cual solicita se le remita información a través del correo electrónico dtsai@correo.cjf.gob.mx., de la demanda de garantías presentada dentro del juicio de amparo 418/2023, así como de los informes justificados y de los informes sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, del índice de este órgano jurisdiccional promovido a nombre de Reynaldo Agustín Hernández Maldonado y otros, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Infórmese en el correo que se provea que sí existe la información solicitada. Por otro lado, remítase a través del correo electrónico dtsai@correo.cjf.gob.mx., en la modalidad electrónica que solicita el archivo de la demanda de garantías presentada a nombre de Reynaldo Agustín Hernández Maldonado y otros, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, así como de los informes justificados y de los informes sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano. Hágase del conocimiento de la autoridad solicitante que el contenido del fallo cuyo archivo se ordena su envío no encuadra ni contiene información clasificada en términos de los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, salvo los datos sensibles de los promoventes. Asimismo, tal y como lo solicita, hágase del conocimiento de la oficiante que para efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas del asunto de que se trata, queda a su servicio el licenciado ********************, secretario de este órgano jurisdiccional, con el número de teléfono 443 322 69 60 y de extensión 1153. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con ********************, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Se ordena archivo físico. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración lo anterior, no obstante que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso a, del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; sin soslayar que se SOBRESEYÓ en este juicio y causó ejecutoria dicha determinación; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que no se formaron. Finalmente, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Andrés Leyva Mercado Secretario que autoriza y da fe.Dva

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veintiuno. Oficio devuelto. Visto el sobre que contiene el oficio 145 relativo al auto de dieciséis de marzo del año en curso, a través del cual se pretendió enviar copia de la demanda al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Consejero Jurídico, a fin de que rindiera su informe justificado; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en el presente asunto se dictó sentencia el dieciséis de julio pasado, determinación que causó ejecutoria el dos de septiembre del año en curso. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Andrés Leyva Mercado Secretario que autoriza y da fe.Dva

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo V-287/2020, promovido por Jorge Álvarez Banderas, en favor de Reynaldo Agustín Hernández Maldonado, Josué Isaí Ortiz Huerta, Edwin Yajhat Soria Rodríguez, Refugio Jímenez Hernández, Rosa Soto García y Jesús Josué Hernández, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Salud y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veinte, vía electrónica, Jorge Álvarez Banderas promovió amparo, en favor de Reynaldo Agustín Hernández Maldonado, Josué Isaí Ortiz Huerta, Edwin Yajhat Soria Rodríguez, Refugio Jímenez Hernández, Rosa Soto García y Jesús Josué Hernández, contra las autoridades antes mencionadas, de quienes reclamó las omisiones que precisó de la siguiente manera. ".LA OMISIÓN DE APLICAR LAS MEDIDAS Y ACCIONES SANITARIAS; LA OMISIÓN DE APLICAR MEDIDAS DE CONTENCIÓN; LA OMISIÓN DE APLICAR MEDIDAS PARA APLICAR EL CONTAGIO; LA OMISIÓN DE APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DETECTAR LOS CASOS DE PERSONAS INFECTADAS CON EL VIRUS SARS COV2 COVID-19 Y LA OMISIÓN DE PRACTICAR A LOS QUEJOSOS LAS PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS COVID-19." SEGUNDO. Trámite. Por tratarse de un asunto que en su momento se consideró que podría actualizar los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y porque en la fecha de presentación este juzgado se encontraba de guardia, el conocimiento del asunto le correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, donde por acuerdo de esa misma fecha, se registró como el expediente V-287/2020; se admitió a trámite la demanda; se concedió la suspensión de plano; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y, se fijaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en los términos asentados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra omisiones de las autoridades señaladas como responsables, de manera que el conocimiento del asunto se determina a prevención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustran lo anterior, las siguientes tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados en el presente asunto son los siguientes: La omisión de implementar las medidas y acciones sanitarias que permitan reducir los riesgos de propagación del virus denominado COVID-19. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, todas las autoridades señaladas como responsables negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, de las constancias que integran el expediente que se examina se obtiene que ninguna de las autoridades aportó pruebas con las cuales acreditaran su dicho; esto era trascendental debido a que, en la especie, la negación de los actos implica una afirmación, habida cuenta que lo atribuido a las responsables son omisiones. Lo anterior, permite concluir que son ciertas las omisiones atribuidas a las autoridades señaladas como responsables. No es óbice que algunas de las responsables manifestaron que no están entre sus facultades implementar las medidas referidas por los quejoso; empero, la realidad es que el sistema de salud pública es un organismo complejo que está compuesto por múltiples dependencias que se encargan cada una de aspectos diversos, sin las cuales no podría operar; luego, aun cuando existen áreas encargadas específicamente de emitir la normativa y los lineamientos de operación de los sistemas de salud, en los distintos niveles de gobierno, así como de establecer las medidas y condiciones que deberán imperar en cualquier estado de emergencia, la realidad es que debido a la naturaleza del fenómeno de salud pública generado con motivo del virus denominado COVID-19 y a sus implicaciones es necesario que distintas dependencias operen en forma conjunta y coordinada; porque la actuación de cualquier dependencia u órgano de gobierno en forma aislada resultaría insuficiente. Por tanto, es factible considerar que son ciertas las omisiones atribuidas a cada una de las autoridades señaladas como responsables. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ahora, de oficio se considera que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, porque los directos quejosos no acreditaron su interés para promover el amparo, aunado al hecho de que la persona que promovió el juicio en favor de los directos quejosos carece de legitimación para instar en favor de los directos quejosos. Para evidenciar lo anterior, conviene precisar que los artículos 1º, 3º, 5º, fracción I, 15 y 61, fracciones V y XXIII, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De una interpretación sistemática de los dispositivos legales transcritos se obtiene que pueden promover el juicio de amparo aquellas personas que aduzcan ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legitimo o colectivo, siempre que se manifieste que la norma, acto u omisión reclamados vulneren los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y que dicha circunstancia genere una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea en forma directa o por su especial situación; también, que el juicio de control constitucional puede promoverse por el quejoso directo, por su representante legal o su apoderado e inclusive por cualquier persona, esto último cuando se trate de los supuestos específicos que la propia ley de la materia prevé. Además, que todas aquellas promociones que se presenten durante el juicio de control constitucional deberán realizarse en forma escrita y contar con la firma autógrafa o electrónica, dependiendo de la forma en que se presenten; salvo que se trate de alguno de las hipótesis preestablecidas en el artículo 15 de ese mismo cuerpo normativo; es decir, que tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el amparo podrá promoverse por conducto de cualquier persona. Finalmente, que el juicio de amparo resultará improcedente cuando el acto u omisión reclamados no afecte los derechos fundamentales de los peticionarios del amparo; o bien, cuando sea promovido por una persona distinta al quejoso, sino se acredita su representación y no se ubica en alguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene señalar que el "interés jurídico", desde un punto de vista general, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales; es decir que se encuentra referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede acudir al juicio de amparo. Siendo la base del concepto anterior, la noción de derecho subjetivo, se precisa su titularidad. A partir de ello, se da la facultad de exigir, siendo correlativa de un deber jurídico, que implica cumplir con esa exigencia. Luego, si existe una violación o desconocimiento, ello representa el incumplimiento de la obligación. De esta manera, el agravio es entendido como toda restricción o privación de un derecho o imposición de un deber que ordena o realiza una autoridad del Estado. De acuerdo con los criterios que existían por parte del Poder Judicial de la Federación, antes de la reforma de seis de junio de dos mil once, al texto constitucional, para efectos de demostrar el interés jurídico, era necesario que alguna norma reconociera la posibilidad de que la parte quejosa pudiera hacer o dejar de hacer algo, o lo beneficiara con una situación jurídica determinada, para que ante la existencia de algún acto concreto de autoridad que vulnerara ese derecho jurídicamente tutelado, procediese el juicio de amparo para reclamar su discrepancia con la ley fundamental. Ahora, la definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se puede advertir de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a. /J. 168/2007, que dice: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, Delegación Tláhuac, Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, A.C. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 18 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o Jorge Durán Olvera. 10 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil siete.". Por otra parte, en relación con "interés legítimo", el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su obra "Hacia una nueva Ley de Amparo", publicada en México, 2002, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, que no exige la afectación de un derecho subjetivo, pero tampoco se trata de que cualquier persona esté legitimada para promover el amparo con el fin de exigir que se cumplan las normas administrativas, pues no es una acción popular. Al respecto, abunda en explicar que el presupuesto del interés legítimo es la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, pero tal obligación no corresponde a un derecho subjetivo del que sean titulares determinados particulares, a pesar de que sí se afecta su esfera jurídica. Este perjuicio se acarrea por dos motivos: a) por la particular posición de hecho en que una persona se encuentre frente a un acto administrativo; y b) porque ciertos particulares sean los destinatarios del acto administrativo que se discute. Acorde con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el alcance del concepto de interés legítimo en el juicio de amparo, al emitir la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de rubro y texto: "Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Página: 60 "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Contradicción de tesis 111/2013. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de junio de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó en contra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, y el diverso sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013. El Tribunal Pleno, el seis de noviembre en curso, aprobó, con el número 50/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". El contexto anterior evidencia la existencia de elementos constitutivos, tanto del interés jurídico como del interés legítimo, los cuales son concurrentes pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. En efecto, para acreditar el interés jurídico necesariamente el promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo el promovente del amparo deberá demostrar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Ahora, en el caso, ya quedó establecido que el presente juicio de amparo fue por Jorge Álvarez Banderas, en favor de Reynaldo Agustín Hernández Maldonado, Josué Isaí Ortiz Huerta, Edwin Yajhat Soria Rodríguez, Refugio Jímenez Hernández, Rosa Soto García y Jesús Josué Hernández; que se pretendía reclamar la omisión de las autoridades señaladas como responsables de implementar las medidas y acciones sanitarias que permitan reducir los riesgos de propagación del virus denominado COVID-19; y, que la demanda que dio origen la juicio que se resuelve fue formulada en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues en el decir del promovente, las omisiones atribuidas a las responsables implicaban un peligro inminente de privación de la vida de los directos quejoso, por tratarse de un tema de salud. Sin embargo, de las constancias que integran el expediente que se resuelve no es factible obtener certeza respecto a las omisiones atribuidas a las autoridades responsables hayan irrogado un impacto real y directo en la esfera jurídica de las personas señaladas como directos quejosos, al menos no de manera actual; pues de ninguna manera se acreditó que tales omisiones hayan impactado en sus personas en alguna forma específica. Es decir, si bien el promovente del amparo manifestó que las autoridades señaladas como responsables tenían la obligación de implementar medidas y acciones con el propósito de disminuir el riesgo de propagación del fenómeno de salud pública denominado COVID-19; la realidad es que ni siquiera se indicó cuál fue la manera en que dicha omisión trascendió a la persona de cada uno de los directos quejosos; mucho menos se aportaron medios de convicción con el propósito de acreditar que tales omisiones se materializaron o afectaron su esfera jurídica; lo cual permite considerar que el reclamó se formuló en forma genérica. Es así, porque no acreditaron que, por ejemplo, hubieren requerido atención médica y que ésta se les hubiere negado, que la falta de actuación de las autoridades señaladas como responsables haya generado una merma en su salud, en su patrimonio o en su libertad, ni siquiera que alguno de los directos amparistas se contagió o que tuvo riesgo de hacerlo y que, por ello, haya requerido que se le practicara alguna prueba o algún tratamiento específico. Tales circunstancias permiten considerar que el reclamo de los directos quejosos se formuló de manera genérica y abstracta, precisamente porque no indicaron y mucho menos acreditaron cómo fue que las omisiones atribuidas a las autoridades trascendieron a sus esferas jurídicas; esto a su vez, permite concluir que directos quejosos carecen de interés jurídico para promover el juicio de amparo que se resuelve. Sobre el particular, resultan aplicables las tesis que se insertan en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2009194 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a. CLXXXVI/2015 (10a.) Página: 441 INTERÉS LEGÍTIMO. COMO USUARIO O BENEFICIARIO DEL GASTO PÚBLICO, LA PARTE QUEJOSA QUE COMBATE SU DEFICIENTE INTEGRACIÓN NO ACUDE COMO CONTRIBUYENTE, POR LO QUE CARECE DE AQUÉL. De acuerdo con los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el universo de afectaciones posibles de un contribuyente como sujeto constitucional, relevantes para el juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional, son todas aquellas asociadas a su estatus de sujeto pasivo de una relación tributaria. Con la ampliación del interés legítimo, los contribuyentes podrían resentir afectación en la aplicación de normas que regulan esa forma de tributar. Sin embargo, la afectación que pueden resentir por las condonaciones otorgadas a favor de terceros extraños, al existir una merma en el gasto público total realizado por el Estado, no es resentida por las personas en su calidad de contribuyentes, sino en su calidad de sujetos beneficiarios de los servicios del Estado. Por tanto, en este contexto, la distinción entre contribuyentes y no contribuyentes es artificial: ambos son igualmente beneficiarios del gasto público y ambos son igualmente afectables por las modificaciones en las condiciones de integración general del gasto público del que buscan beneficiarse. Nuestra Constitución no hace distinciones al interior de los sujetos beneficiarios del gasto público por razón de su capacidad contributiva, es decir, a la Constitución no le importa asistir con el gasto público únicamente a quienes han contribuido a su sostenimiento. Ello es impedido por el carácter social e igualitario de la Carta Fundamental, que obliga al legislador a otorgar una igual consideración a todas las personas sin importar su condición social. Introducir una distinción entre categorías de sujetos usuarios del gasto público por su capacidad de contribuir, sólo con el fin de encontrar una base para alegar la existencia de interés legítimo, correría el riesgo de poner en tensión la naturaleza democrática de nuestra forma de gobierno. El destinatario del gasto público es toda la población y no sólo los que puedan contribuir a su sostenimiento. Por tanto, quienes alegan una afectación por la indebida integración del gasto público, acuden al juicio de amparo con una afectación que es societaria y abstracta, no reducible al interés legítimo. Este tipo de reclamos abstractos y generales, si bien existentes, no son aptos para ser dirimidos en sede de control constitucional. El principio de división de poderes reserva la solución de este tipo de afectaciones a los canales democráticos. Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi". "Época: Décima Época Registro: 2009200 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a. CLXXXVII/2015 (10a.) Página: 447 INTERÉS LEGÍTIMO. LA AFECTACIÓN ALEGADA CON MOTIVO DE LA INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, POR AUSENCIA DEL PODER IMPOSITIVO DEL ESTADO, NO LO ACTUALIZA. Es infundado que una persona, en su calidad de contribuyente, tenga interés legítimo para impugnar una ley fiscal que combate en su configuración por no incluir como sujeto pasivo a determinadas personas, a lo que se opone por no gozar de un mejor gasto público. Esta afectación no es privativa de los contribuyentes, como colectividad identificable, en oposición a los no contribuyentes. El sujeto jurídico que resiente los efectos de un deficiente sistema de gasto público y/o de recaudación es todo ciudadano, persona residente en el país o persona sin más, sujeto al Estado mexicano, pues todos son beneficiarios latentes de sus beneficios, por lo que debe concluirse que esa afectación afecta por igual a toda la población y, por tanto, no es reducible a un interés legítimo. Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi". "Época: Décima Época Registro: 2009198 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a. CLXXXII/2015 (10a.) Página: 445 INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi". "Época: Décima Época Registro: 2009202 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a. CLXXXV/2015 (10a.) Página: 449 INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR NORMAS TRIBUTARIAS. EL UNIVERSO DE AFECTACIÓN AL CONTRIBUYENTE APTO PARA ACTUALIZARLO, SE DELIMITA POR SU CALIDAD DE SUJETO PASIVO DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA. De los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, se desprende una misma metodología: encontrar en el lenguaje de las obligaciones el lenguaje de los derechos. El operador deóntico utilizado por el Constituyente es el de obligación: los mexicanos deben contribuir al gasto público. Sin embargo, este Tribunal Constitucional ha encontrado que su lectura literal no da cuenta de la doble función de la norma constitucional: no sólo la de establecer obligaciones, sino también derechos. Mediante la consagración de distintos principios materiales (proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público), la norma constitucional limita el poder impositivo del Estado; límites que deben entenderse en clave de derechos de las personas para defenderse contra la arbitrariedad del legislador. Luego, son esas condiciones de sujeción al poder coactivo tributario del Estado las que definen al sujeto identificado como "contribuyente". Ausente la presencia del poder impositivo, los reclamos que realicen las personas al sistema tributario no lo hacen en su calidad de contribuyentes. Esto se refuerza cuando en lugar de alegarse la arbitrariedad del poder impositivo, se reclame su ausencia, esto es, que el Estado, a través de sus instituciones democráticas, no lo haya ejercido contra ciertos sujetos para lograr de ellos una extracción patrimonial, pues la norma constitucional sirve a las personas para protegerse de muchas maneras del poder impositivo, pero no sirve para que, vía judicial, puedan controlar la dirección de la política fiscal, independientemente de lo que decidan las mayorías legislativas. La dirección del poder impositivo no corresponde exclusivamente a los contribuyentes, sino, de acuerdo con un postulado del constitucionalismo clásico incorporado en nuestro sistema, a toda la población, a través de sus representantes populares. Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi". Aunado a lo anterior, es menester señalar que, desde la fecha en que se admitió la demanda se indicó que no existía pruebas o indicios de que las omisiones reclamadas colocaran a los quejosos en los supuestos de urgencia del artículo 15 de la Ley de Amparo. Esto resulta relevante, porque como ya quedó establecido la demanda que dio origen al juicio que se resuelve fue promovida por Jorge Álvarez Banderas, en favor de Reynaldo Agustín Hernández Maldonado, Josué Isaí Ortiz Huerta, Edwin Yajhat Soria Rodríguez, Refugio Jímenez Hernández, Rosa Soto García y Jesús Josué Hernández; empero, en ningún momento de la secuela procesal se exhibió algún medio de convicción con el que se acreditase que el primero de los mencionados ejerce la representación de los señalados como directos quejosos. Luego, si ya se precisó que, aun cuando el escrito inicial se indicó que la demanda era promovida en términos del numeral referido en el párrafo que antecede, lo cierto es que no se advierte que las omisiones atribuidas a las responsables constituyan actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; por ende, resultaba indispensable que los directos peticionarios del amparo instaran por sí o por conducto de su representante o apoderado. De manera que si esto no ocurrió así, válidamente puede afirmarse que el promovente de la demanda carece de legitimación para promover el presente juicio en favor de las personas directas quejosas Reynaldo Agustín Hernández Maldonado, Josué Isaí Ortiz Huerta, Edwin Yajhat Soria Rodríguez, Refugio Jímenez Hernández, Rosa Soto García y Jesús Josué Hernández. No es óbice, que por acuerdo de diez de abril de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda e inclusive se proveyó respecto de la suspensión de plano para los siguiente efectos: "1.- En caso de que resulte necesario, aplicar las medidas respectivas para proteger la salud de los quejosos, contenidas en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte. 2. En caso de que los quejosos soliciten a la autoridad sanitaria respectiva, la aplicación de la prueba para la detección del SARS CoV2 COVID-19, por presentar síntomas que lo justifiquen o por haberse ubicado en una situación de alto riesgo para el contagio, las responsables deberán realizar dicho test a los peticionarios del amparo, de manera inmediata, en el lugar que la autoridad sanitaria determine que resulta ser el más conveniente para salvaguardar la salud de la persona y evitar la propagación del virus mencionado; lo anterior obedece a que, son las autoridades médicas-sanitarias quienes en principio están en una mejor posición para determinar cuáles son las medidas y acciones adecuadas de contención, evitar un mayor contagio, evitar las medidas preventivas para detectar los casos de personas infectadas con el virus COVID-19 y así evitar su propagación; e indicarle un lugar en particular sería sustituir las facultades y conocimientos que tienen sobre la materia. " Lo anterior, porque debe entenderse que las circunstancias de que la demanda de amparo se haya admitido a trámite e inclusive que se haya otorgado la medida cautelar de plano, de ningún modo constituyen una determinación definitiva e inmutable respecto de la procedencia del juicio, ni mucho menos respecto de la naturaleza de los actos que se reclamen; sino únicamente una determinación adoptada con base en los elementos con los que se contaba en ese momento, en este caso, con el dicho del promovente; no obstante, son las constancias y los medios de convencimiento que se alleguen durante la secuela procesal los que permitan determinar, entre otros aspectos, la naturaleza de los actos reclamados, así como el interés jurídico y la legitimación de quienes ocurren al juicio de control constitucional. Al respecto, por las razones que contienen resulta aplicables los criterios que se invocan en seguida: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2011888 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 54/2012 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 829 Tipo: Jurisprudencia AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. Contradicción de tesis 297/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Cuarto, todos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Nota: En términos de la resolución de 18 de mayo de 2016, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró el rubro de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 929, para quedar en los términos aquí expuestos. Tesis de jurisprudencia 54/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Esta tesis se republicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación." "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2001071 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 54/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929 Tipo: Jurisprudencia AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. Contradicción de tesis 297/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Cuarto, todos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 54/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de mayo de dos mil doce. Nota: En términos de la resolución de 18 de mayo de 2016, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente, pero infundada dicha solicitud y aclaró el rubro de esta tesis de jurisprudencia para quedar en los términos en que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo II, página 829." "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018943 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 32/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Contradicción de tesis 47/2018. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. 8 de octubre de 2018. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz con precisiones, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votó en contra: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ausentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Criterios contendientes: El sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver la queja 87/2017, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver la queja 256/2017. El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 32/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Nota: Los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015 citados, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, página 1667 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo II, diciembre de 2015, página 1393, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de enero de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." No se inadvierte que, en el caso, la legitimación de Jorge Álvarez Banderas, para instar en favor de Reynaldo Agustín Hernández Maldonado, Josué Isaí Ortiz Huerta, Edwin Yajhat Soria Rodríguez, Refugio Jímenez Hernández, Rosa Soto García y Jesús Josué Hernández, es una cuestión que se encuentra íntimamente vinculada con el tema de la personalidad; y, que por regla general, este tópico debe quedar establecido desde el auto inicial; sin embargo, precisamente debido a las circunstancias particulares del caso, en específico a la incertidumbre de que las omisiones reclamadas actualizaran alguna de las hipótesis previstas en el multirreferido artículo 15 de la Ley de Amparo, en el auto inicial se reservó proveer respecto de la calidad con la que instó el licenciado Jorge Álvarez Banderas, tan es así, que en el proveído de diez de abril de dos mil veinte, en la parte que interesa, se indicó lo siguiente: "Teniendo en consideración que la demanda que se analiza la promueve Jorge Álvarez Banderas, refiriendo gestionar en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo a nombre de los quejosos, es preciso señalar que de lo narrado en su libelo, no se advierte que se ubique en alguno de los supuestos normativos que prevé dicho precepto para que pueda gestionar en favor de terceros; empero, como resulta un hecho notorio para el suscrito juzgador el estado de emergencia sanitaria declarado en nuestro país, el resguardo domiciliario que se realiza por gran parte de la población y que ello puede incidir en que no se cuente con los medios materiales y legales suficientes para acreditar una representación legal formal o la suscripción de la demanda por cada uno de los quejosos, aunado a que el juicio de amparo tutela los derechos fundamentales del gobernado, y que la actuación de los tribunales está regida por los principios de imparcialidad y buena fe, antes de los intereses de las partes o rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales; se estima procedente, a reserva de reconocer a Jorge Álvarez Banderas, el carácter de apoderado o representante legal de los quejosos, proveer lo que en derecho corresponda en torno de la misma, sin perjuicio de que, más adelante, en el trámite del juicio se requiera a la parte promovente para que acredite el carácter o se ratifique el libelo por los quejoso directos." De hecho, la única personalidad que se le reconoció fue en los siguientes términos: "Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Jorge Álvarez Banderas y José Gilberto Pedraza Escobar, con la plenitud de la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en Derecho; y los restantes, sin dicha plenitud de facultades por no encontrarse registrada su cédula." De suerte que no puede considerarse que, al emitirse el presente fallo se haya desconocido al promovente Jorge Álvarez Banderas, alguna representación que previamente le hubiere sido reconocida; por el contrario, lo cierto es que en ningún momento se le reconoció; simplemente lo que sucedió fue que no se consideró que en su momento existiera un motivo manifiesto e indudable para desestimar la demanda, ni tampoco que categóricamente pudiera afirmarse que las omisiones reclamadas actualizaban o no alguno de los supuestos de urgencia establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En tal virtud, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia referida al inicio del presente considerando, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del presente juicio, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Debido lo anterior, es menester señalar que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para ocuparse de los conceptos de violación expuestos en la demanda, precisamente porque el sobreseimiento del asunto impide analizar el fondo del asunto. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del título y contenido siguientes: "Época: Octava Época Registro: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Página: 252 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Así, por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jorge Álvarez Banderas, en favor de Reynaldo Agustín Hernández Maldonado, Josué Isaí Ortiz Huerta, Edwin Yajhat Soria Rodríguez, Refugio Jímenez Hernández, Rosa Soto García y Jesús Josué Hernández, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Salud y otras autoridades, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido del secretario que autoriza y da fe, Alfredo Montoya Revilla, hasta el día de hoy dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

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