Reyes Mejía Jiménez
Expediente 468/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reyes Mejía Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-468/2022, promovido por Reyes Mejía Jiménez, contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el tres de mayo del año en curso, depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, ese mismo día, Reyes Mejía Jiménez, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 1° y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de cuatro de mayo del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma como expediente II-468/2022. En el mismo proveído, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Mediante oficio presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable negó el acto reclamado, lo que pretendió acreditar mediante oficio que exhibió a su informe con número SFA/SI/DR/002885/DIFC/2022 de seis de mayo de este año mismo, que le fue notificado al aquí quejoso el veinte de mayo de dos mil veintidós y el cual obra firma de recibo por el propio quejoso, por lo que ya había dado respuesta a la solicitud del quejoso y señaló que en ese momento atendía la petición planteada. En consecuencia, mediante proveído de seis de junio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, por lo que veía a la respuesta emitida en el oficio SFA/SI/DR/002885/DIFC/2022 firmada por el Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado, con sede en esta ciudad, la cual exhibió en su informe justificado el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán; sin que la quejosa, haya ampliado su demanda por lo que ve a la respuesta emitida por la autoridad responsable. A las nueve horas con cuarenta minutos del siete de julio de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Por tratarse de una demanda de amparo promovida contra una omisión de una autoridad dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consiste en: La falta de respuesta a la petición formulada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, referente a la devolución de una cantidad por concepto de derechos registrales. TERCERO. Presunción de certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, negó la existencia del acto reclamado. No obstante la negativa que del acto realizó la autoridad responsable en cita, procede desvirtuarla, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda, aún existía la omisión de darle respuesta a la solicitud de veinticinco de abril de dos mil veintidós de que se trata, de ahí la presunción de certeza del acto que se le atribuye. Lo anterior queda corroborado con las constancias remitidas por el quejoso, las cuales adquieren pleno valor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Previo al análisis de la causal que se actualiza, se hace alusión a los antecedentes del caso. La parte quejosa señala como acto reclamado la falta de respuesta a la petición formulada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, en la que se solicitó al Secretario de Finanzas del Estado la devolución de la cantidad que, afirma, se le cobró por la inscripción del predio rústico "El Plan, El Salto o El Cerro"; en consecuencia violación a su derecho de petición. En efecto, dicho escrito lo anexó en copia certificada la propia autoridad responsable a su informe justificado. De igual forma, también adjuntó copia certificada del oficio número SFA/SI/DR/002885/DIFC/2022 que contiene la respuesta a la citada petición, lo cual hizo en los siguientes términos: "(.) Derivado de lo anterior, se le informa al C. Reyes Mejía Jiménez, que deberá anexar el original de Formato Múltiple de Pago de Contribuciones Estatales y/o Federales con número 0006049926 que cita en su oficio de cuenta, pero que no lo anexa; así mismo, debe adjuntar copia simple de la Identificación Personal (INE-IFE), y copia simple del documento expedido a nombre del contribuyente mencionado por la Institución bancaria, donde consta su número de cuenta y la clabe interbancaria vigente, es decir, con una vigencia no mayor a tres meses, así como las documentales con las que se acredite que se brindó, negó o rechazó el servicio por el pago de derechos que realizó, en virtud de que dicha documentación es indispensable para que se valide en las diferentes Direcciones, y en caso de que proceda la devolución solicitada ante esta Autoridad Fiscal se esté en condiciones de dar trámite y pronunciarse respecto de lo solicitado, y a su vez se turne a la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración... [.]." Con base a ello, este órgano jurisdiccional por auto de seis de junio de dos mil veintidós requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, ampliara su demanda de amparo, por lo que ve a la respuesta emitida por la autoridad responsable, sin que lo haya hecho. Por tanto, se continuó el trámite del presente juicio de amparo por el acto reclamado y autoridad responsable que señaló en su libelo constitucional. Precisado lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, con relación a la conducta omisiva que se atribuye a la responsable. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta al escrito presentado en fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós. Sin embargo, -como se puso de manifiesto- la autoridad responsable al emitir su informe justificado comunicó y acreditó que dio respuesta a la solicitud de la quejosa, y le notificó dicha contestación, de lo cual se le dio vista para que ampliara su demanda, sin que así lo haya hecho. Por ende, aunque devino un nuevo acto durante la tramitación del proceso, que guarda estrecha relación con los reclamados en la demanda de inicial, al no haber ampliado la demanda en contra de éste, es evidente que el acto reclamado - omisivo- quedó insubsistente con motivo de la respuesta de la autoridad responsable, y su notificación personal al quejoso. Además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sin que sea dable analizar la constitucionalidad de la respuesta emitida por la autoridad responsable, porque contra ésta no se inconformó la parte quejosa, aun y cuando se le dio vista con la misma y se le requirió para que señalara si era su deseo ampliar la demanda en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 168189 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 205/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 605 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la omisión de contestar el escrito formulado ante las autoridades responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. No obsta para arribar a la anterior conclusión que el escrito se hubiera presentado ante la Secretaría de Finanzas del Estado y la respuesta la hubiera dado el Director de Recaudación a través del oficio terminación 002885/DIFC/2022, de ocho de mayo de dos mil veintidós. Lo anterior porque para efecto de dar cumplimiento al derecho fundamental de petición basta con que, como en el caso, se dé respuesta congruente, fundada y motivada, y esta se notifique en breve término al solicitante, en el domicilio que señaló al efecto. Máxime que como se dijo, no amplió la demanda contra la determinación. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia siguiente: Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente es innecesario que se aborden los alegatos expuestos por el quejoso, porque no señaló diversa causa de improcedencia, ni forman parte de la Litis. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Reyes Mejía Jiménez, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe. EFR/JessGtzP El suscrito Secretario hace constar que con motivo de la resolución que antecede se generó el oficio número 17533. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. SENTENCIA: 30 DE AGOSTO DE 2022 CUADERNO: PRINCIPAL NO AUTORIDADESOFICIO1SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN17533Por vía de notificación para su conocimiento y efectos legales del caso, remito a Usted copia de la resolución dictada el día hoy, dentro del juicio de amparo número II-468/2022, promovido por Reyes Mejía Jiménez. A T E N T A M E N T E. MORELIA, MICH., A 30 DE AGOSTO DE 2022. LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. ESPERANZA FUENTES REYES. Jegp
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 468/2022 promovido por Reyes Mejía Jiménez contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no tiene reconocido el carácter de tercero interesado persona alguna. Por otra parte, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente la autoridad responsable ofreció diversas pruebas documentales, mismas que obran agregadas en autos, y que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las parte formuló alegatos. EL JUEZ: Ténganse por hecha la relación que antecede. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES
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Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. SE TIENEN POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, atento a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones a que alude el quejoso en el sentido de que resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo, por los motivos que expone, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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