Reynaldo Mora Aguilar

Expediente 1393/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1393/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Reynaldo Mora Aguilar
  • Reynaldo Mora Aguilar y Otros.
  • José Armando Mora Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1393/2023, promovido por Reynaldo Mora Aguilar y José Armando Mora Aguilar, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por el Juez Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. EL JUEZ: Dicho informe se recibió en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba en esta incidencia. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión X- 1393/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de la presente anualidad, Reynaldo Mora Aguilar y José Armando Mora Aguilar, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de noviembre del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la determinación de negarles la autorización de medios electrónicos para el desahogo de la audiencia mediante video conferencia, y el girar en su contra orden de aprehensión, así como su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. En la especie se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 128, fracción I, 130, 131 y 136, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto se causaría a la promovente daños y perjuicios de difícil reparación. Debe precisarse que la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran y no se les privé de su libertad, respecto de lo cual este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente. Así las cosas, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, (i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; (ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; (iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; (iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y (v), que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como en lo manifestado por la autoridad responsable en su informe previo. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión respecto de una orden de aprehensión y su ejecución, actuaciones que por su naturaleza positiva e inminencia, permiten la observancia de la medida cautelar, como se analizará posteriormente. (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, se obtiene indiciariamente que la probable ejecución de los actos reclamados afectan la esfera de derechos de los peticionarios de amparo en la medida en que conforme a los hechos narrados en su demanda, es probable de que se ejecute en su contra una orden privativa de su libertad. (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el presente caso, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar se afecte el interés social o se contravenga el orden público, por no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en la legislación correspondiente. Ello siempre y cuando se modulen los efectos de la presente medida de tal manera que no tenga como consecuencia suspender la celebración de la audiencia de juicio en la causa penal de origen. Por otro lado, sí se acredita la apariencia del buen derecho de los quejosos, dado que de un análisis preliminar de los actos reclamados se obtiene que de ejecutarse se afectaría su esfera de derechos, en específico, su libertad personal. Este juzgador debe hacer dicha ponderación, en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/200967, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Por tanto, tomando en cuenta que el delito de homicidio calificado que se atribuye a los quejosos es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa; por tanto, se concede a Reynaldo Mora Aguilar y José Armando Mora Aguilar, es de aquéllos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por tanto, la suspensión definitiva que solicitan es para los siguientes efectos: Que los referidos quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional en lugar donde se realice su internamiento; sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlos para la continuación del procedimiento del orden penal que se siga en su contra, de conformidad con el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la tesis del rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2027335 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Constitucional, Común, Penal Tesis: XXX.3o.6 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, página 5746 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE LOS EFECTOS PARA LOS QUE DEBE CONCEDERSE CUANDO SE TRATA DE DELITOS DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, NO ES INCONVENCIONAL. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito, con apoyo en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, concedió la suspensión provisional contra una orden de aprehensión para el efecto de que una vez que fuera aprehendido el quejoso, quedara a su disposición en el lugar en que fuera recluido y a la del Juez responsable para la secuela del procedimiento; inconforme, el peticionario interpuso recurso de queja, en el que planteó que debió concederse la medida para que no se le privara de la libertad e, incluso, no se le permitiera a la autoridad responsable ejecutar una medida privativa de libertad, en caso de que se continuara con la secuela procesal, pues el artículo 19 constitucional, al que remite el diverso 166, fracción I, mencionado y que prevé la prisión preventiva oficiosa, ya fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, determinándose que esa medida cautelar es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de ahí que dicho precepto legal debió inaplicarse por inconvencional. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo no es inconvencional, debido a que la prisión preventiva oficiosa - supuesto específico en el cual se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos- y una orden de aprehensión no pueden ser análogas, pues ésta es una forma de conducción al proceso y aquélla una medida cautelar, las cuales persiguen finalidades distintas. Justificación: El artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de: a) orden de aprehensión/reaprehensión o, b) medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, en ambos supuestos tratándose de los delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Así, es errado considerar que los efectos de la concesión de la suspensión deben ser para el efecto de que el quejoso no sea detenido bajo ningún supuesto, pues al tratarse de una orden de aprehensión, su pronunciamiento en torno a la eficacia de la medida debe efectuarse conforme a las reglas especiales previstas en el artículo 166, fracción I, mencionado. Sin que sea obstáculo para arribar a conclusión diversa, la pretensión de inconvencionalidad propuesta en torno a este precepto, pues el planteamiento se sustenta en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estimado que la prisión preventiva oficiosa resulta contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo que en el caso el acto reclamado no es el dictado de dicha medida cautelar, sino de una orden de aprehensión y tampoco podrían analogarse ambas figuras para los fines del análisis de legalidad planteado, pues difieren del estatus del procedimiento penal en el que se ubican, esto es, la orden de aprehensión, para iniciarlo, pues conforme al artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de conducción excepcional al proceso penal, mientras que la medida cautelar prevista en el artículo 155 del propio código, para continuarlo, en cuanto es impuesta mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. En suma, es desacertado considerar que "el punto máximo de eficacia de la suspensión en materia penal, será la no detención del quejoso", ya que esto riñe con lo resuelto por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias aludidas, en cuanto se imposibilitaría cumplir con el fin que subyace en lo resuelto por dicho tribunal internacional y que se traduce en que "los Jueces de Control efectúen un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso." En el concepto que en este supuesto, cuando la detención de los quejosos no tenga relación con la comisión de un delito, deberán ser puestos en libertad, lo que se especifica así porque la autoridad responsable en su informe previo no especifica que la orden de aprehensión derive de la comisión de un delito de homicidio como lo especifican los quejosos en su demanda de amparo. Esta medida surte sus efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable del auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En la inteligencia de que el cumplimiento de la medida otorgada de ninguna manera implicará la suspensión de la celebración de la audiencia de juicio en la causa penal de origen. Además, si el acto reclamado emana de una orden o medida de protección dictada en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad judicial, no procederá la medida suspensiva que se otorga; lo anterior en términos del artículo 128, fracción II, última parte, de la Ley de Amparo. Por otro lado, la concesión de la presente medida cautelar, no surtirá ningún efecto legal si se le sorprende en la comisión flagrante de delito, o se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrán hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a Reynaldo Mora Aguilar y José Armando Mora Aguilar, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1393/2023, promovido por Reynaldo Mora Aguilar y José Armando Mora Aguilar, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por el Juez Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. EL JUEZ: Dicho informe se recibió en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba en esta incidencia. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión X- 1393/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de la presente anualidad, Reynaldo Mora Aguilar y José Armando Mora Aguilar, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de noviembre del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la determinación de negarles la autorización de medios electrónicos para el desahogo de la audiencia mediante video conferencia, y el girar en su contra orden de aprehensión, así como su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. En la especie se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 128, fracción I, 130, 131 y 136, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto se causaría a la promovente daños y perjuicios de difícil reparación. Debe precisarse que la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran y no se les privé de su libertad, respecto de lo cual este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente. Así las cosas, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, (i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; (ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; (iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; (iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y (v), que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como en lo manifestado por la autoridad responsable en su informe previo. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión respecto de una orden de aprehensión y su ejecución, actuaciones que por su naturaleza positiva e inminencia, permiten la observancia de la medida cautelar, como se analizará posteriormente. (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, se obtiene indiciariamente que la probable ejecución de los actos reclamados afectan la esfera de derechos de los peticionarios de amparo en la medida en que conforme a los hechos narrados en su demanda, es probable de que se ejecute en su contra una orden privativa de su libertad. (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el presente caso, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar se afecte el interés social o se contravenga el orden público, por no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en la legislación correspondiente. Ello siempre y cuando se modulen los efectos de la presente medida de tal manera que no tenga como consecuencia suspender la celebración de la audiencia de juicio en la causa penal de origen. Por otro lado, sí se acredita la apariencia del buen derecho de los quejosos, dado que de un análisis preliminar de los actos reclamados se obtiene que de ejecutarse se afectaría su esfera de derechos, en específico, su libertad personal. Este juzgador debe hacer dicha ponderación, en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/200967, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Por tanto, tomando en cuenta que el delito de homicidio calificado que se atribuye a los quejosos es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa; por tanto, se concede a Reynaldo Mora Aguilar y José Armando Mora Aguilar, es de aquéllos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por tanto, la suspensión definitiva que solicitan es para los siguientes efectos: Que los referidos quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional en lugar donde se realice su internamiento; sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlos para la continuación del procedimiento del orden penal que se siga en su contra, de conformidad con el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la tesis del rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2027335 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Constitucional, Común, Penal Tesis: XXX.3o.6 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, página 5746 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE LOS EFECTOS PARA LOS QUE DEBE CONCEDERSE CUANDO SE TRATA DE DELITOS DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, NO ES INCONVENCIONAL. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito, con apoyo en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, concedió la suspensión provisional contra una orden de aprehensión para el efecto de que una vez que fuera aprehendido el quejoso, quedara a su disposición en el lugar en que fuera recluido y a la del Juez responsable para la secuela del procedimiento; inconforme, el peticionario interpuso recurso de queja, en el que planteó que debió concederse la medida para que no se le privara de la libertad e, incluso, no se le permitiera a la autoridad responsable ejecutar una medida privativa de libertad, en caso de que se continuara con la secuela procesal, pues el artículo 19 constitucional, al que remite el diverso 166, fracción I, mencionado y que prevé la prisión preventiva oficiosa, ya fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, determinándose que esa medida cautelar es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de ahí que dicho precepto legal debió inaplicarse por inconvencional. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo no es inconvencional, debido a que la prisión preventiva oficiosa - supuesto específico en el cual se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos- y una orden de aprehensión no pueden ser análogas, pues ésta es una forma de conducción al proceso y aquélla una medida cautelar, las cuales persiguen finalidades distintas. Justificación: El artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de: a) orden de aprehensión/reaprehensión o, b) medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, en ambos supuestos tratándose de los delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Así, es errado considerar que los efectos de la concesión de la suspensión deben ser para el efecto de que el quejoso no sea detenido bajo ningún supuesto, pues al tratarse de una orden de aprehensión, su pronunciamiento en torno a la eficacia de la medida debe efectuarse conforme a las reglas especiales previstas en el artículo 166, fracción I, mencionado. Sin que sea obstáculo para arribar a conclusión diversa, la pretensión de inconvencionalidad propuesta en torno a este precepto, pues el planteamiento se sustenta en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estimado que la prisión preventiva oficiosa resulta contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo que en el caso el acto reclamado no es el dictado de dicha medida cautelar, sino de una orden de aprehensión y tampoco podrían analogarse ambas figuras para los fines del análisis de legalidad planteado, pues difieren del estatus del procedimiento penal en el que se ubican, esto es, la orden de aprehensión, para iniciarlo, pues conforme al artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de conducción excepcional al proceso penal, mientras que la medida cautelar prevista en el artículo 155 del propio código, para continuarlo, en cuanto es impuesta mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. En suma, es desacertado considerar que "el punto máximo de eficacia de la suspensión en materia penal, será la no detención del quejoso", ya que esto riñe con lo resuelto por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias aludidas, en cuanto se imposibilitaría cumplir con el fin que subyace en lo resuelto por dicho tribunal internacional y que se traduce en que "los Jueces de Control efectúen un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso." En el concepto que en este supuesto, cuando la detención de los quejosos no tenga relación con la comisión de un delito, deberán ser puestos en libertad, lo que se especifica así porque la autoridad responsable en su informe previo no especifica que la orden de aprehensión derive de la comisión de un delito de homicidio como lo especifican los quejosos en su demanda de amparo. Esta medida surte sus efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable del auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En la inteligencia de que el cumplimiento de la medida otorgada de ninguna manera implicará la suspensión de la celebración de la audiencia de juicio en la causa penal de origen. Además, si el acto reclamado emana de una orden o medida de protección dictada en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad judicial, no procederá la medida suspensiva que se otorga; lo anterior en términos del artículo 128, fracción II, última parte, de la Ley de Amparo. Por otro lado, la concesión de la presente medida cautelar, no surtirá ningún efecto legal si se le sorprende en la comisión flagrante de delito, o se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrán hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a Reynaldo Mora Aguilar y José Armando Mora Aguilar, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa trámites Visto el oficio de cuenta que suscribe la Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que no se ha realizado la devolución correspondiente al pago de arrastre y corralón, por lo que solicita que se haga del conocimiento al quejoso esa situación. De lo anterior toma nota este órgano jurisdiccional y se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Se requiere a la responsable. En virtud a lo anterior y como lo solicita la autoridad oficiante, requiérase al quejoso Eduardo Vázquez González para que comparezca con identificación oficial, estado de cuenta y constancias de pago en original y copia, en las instalaciones de la autoridad responsable ubicadas en Avenida Francisco I. Madero Poniente, número 60, colonia Molino de Parras de esta ciudad, código postal 58010, en un horario de 09:00 a 14:00 horas; a fin de que la responsable, como lo informa en su comunicación de cuenta, le haga la devolución del pago en cita. Apercibimiento a la parte quejosa Lo anterior, bajo apercibimiento que de no comparecer o hacer manifestación alguna se entenderá que recibió y cobró dicho concepto y se proveerá lo que conforme a derecho proceda en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se requiere a la responsable Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes, al en que comparezca la parte quejosa y se le realice la devolución del pago relativo, informe a este juzgado y remita las constancias con las que acredite esas actuaciones. Subsiste apercibimiento para las responsables En el concepto de que subsisten los apercibimientos que les fueron formulados en auto de uno de julio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. SE RESERVA ENVIAR Agréguese a los autos el escrito signado por Roberto Ibrahim Bueno Gallegos, autorizado de la parte quejosa Leticia Villicaña Maldonado, a través del cual señala domicilio y designa autorizada para oír recibir notificaciones ante el Tribunal de Alzada; asimismo, solicita el acceso al expediente electrónico del amparo en revisión proporcionando el usuario para tal efecto. En consecuencia, una vez que el juicio de amparo sea remitido al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, remítase el escrito de cuenta a fin de que el Tribunal de alzada provea lo conducente. SE GIRA OFICIO Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre del año en curso, hecho valer por el tercero interesado; sin embargo, se omitió enviar oficio a la diversa autoridad responsable Titular de la Oficina Recaudadora de Rentas del Ayuntamiento de Morelia, a fin de hacerle de su conocimiento la interposición del medio de impugnación antes descrito. En tal virtud y en obvio de mayores dilaciones procesales, gírese el oficio correspondiente a la aludida autoridad, al que deberá adjuntarse copia del escrito de agravios y copia autorizada del proveído de siete de noviembre del año en curso, a fin de que este juzgado se encuentre en condiciones de remitir el medio de impugnación hecho valer por el tercero interesado para la substanciación del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.

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