Reyna Hernández Amador
Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Reyna Hernández Amador
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de siete de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia... se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora... resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruirse con posterioridad al VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO. ... Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
(.) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE SIETE DE DOS MIL VEINTIDÓS: "(.) Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 242/2022/VI-B. Al respecto, se acuerda: .PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitida en los autos del expediente 126/2022, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, a través del cual negó decretar el depósito del menor de identidad reservada con iniciales I.F.V.A., promovido por la aquí quejosa Reyna Hernández Amador, en su calidad de abuela de dicho infante. DECISIÓN SOBRE LA INSTANCIA CONSTITUCIONAL (DESECHAMIENTO). En principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo... INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado puede ser impugnado a través del recurso de reclamación previsto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. . En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad. En ese sentido, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. .Por su parte, el numeral 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, prevé lo siguiente: "Artículo 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos." Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." El dispositivo legal transcrito dispone que cualquier reclamación sobre las medidas a que se refiere ese capítulo, se resolverá con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso; es decir, el precepto claramente prevé, que la medida provisional de depósito, puede ser impugnada por el demandado o futuro demandado, por el progenitor que no tenga al menor, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar, si es que estima que los términos en que se concedió la medida cautelar le causan perjuicio, a través del medio de defensa de reclamación. Conforme lo anterior, es dable sostener que existe un principio de impugnabilidad respecto de medidas cautelares de depósito, que el legislador consideró apropiado, específicamente, la reclamación de tramitación inmediata que debe ser agotada por el demandado o futuro demandado, o por cualquier pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar, si es que estiman que los términos en que se resolvió la medida cautelar le causa un perjuicio, pues es el medio de defensa idóneo respecto de medidas provisionales de depósito o guarda de personas como acto prejudicial, por ser sumamente rápido, que surgiría una vez notificada la medida provisional decretada, para lo cual se cuenta con un plazo de tres días para interponer tal medio de impugnación, conforme a la regla genérica contenida en el artículo 98, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz,3 que prevé que cuando no se señale términos para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá el de tres días; de ahí que la reclamación debe interponerse dentro de los tres días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la providencia y, previa vista a la parte contraria, el juez debe resolver dicho medio de impugnación. Así, no cabe considerar que la falta de previsión expresa como recurso a la reclamación, deba servir de base para excluir tal medio procesal previsto en el artículo 162 de la codificación adjetiva en comento, respecto del auto que niega decretar el depósito, pues al establecer "cualquier reclamación" sobre las medidas a que se refiere ese capítulo, el gobernado conoce con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo. Además, al tratarse de una medida cautelar respecto al depósito no decretado, con motivo de la solicitud de alguna de las partes para el resguardo del menor en tanto se tramita el juicio ordinario civil respectivo, el parte no custodia que fue o será denunciado o demandado, aun cuando no sea notificado de la medida, está obligado a agotar el recurso ordinario en los términos que indica la legislación, porque no es un tercero extraño que no tiene oportunidad de defensa, sino que se trata de un progenitor que tiene a su alcance el citado medio de defensa; siendo la reclamación la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, porque el juez, con base a lo que alegue el progenitor del infante, en su respectivo escrito, habrá de resolver si modifica, revoca o nulifica el acto reclamado. Luego, la prevención normativa "sin ulterior recurso" que contiene el artículo 162 en cita, claramente implica que la resolución que decida la reclamación es inimpugnable, pero no evidencia que el auto que determina no decretar el depósito sea irrecurrible, pues el afectado está plenamente facultado para inconformarse a través de la reclamación. Lo anterior pone en evidencia que la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitida en los autos del expediente 126/2022, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, a través del cual negó decretar el depósito del menor de identidad reservada con iniciales I.F.V.A., promovido por la aquí quejosa Reyna Hernández Amador, en su calidad de abuela de dicho infante, procede el recurso de reclamación conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, a través del cual se puede obtener su modificación. Esto es así, porque de acuerdo con la regulación procesal sobre providencias cautelares (artículos 158 al 168 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz), en los juicios de lo familiar relacionados con la guarda y custodia de menores, el juez está facultado para adoptar las medidas de carácter provisional que estime pertinentes a efecto de preservar la familia y proteger a sus miembros; sin embargo, el citado artículo 162 del Código Procesal Civil del Estado, prevé la figura de la reclamación, que permite al interesado solicitar al juzgador que le escuche, para que luego resuelva lo que corresponda, lo cual implica el establecimiento de un medio de defensa que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo. Sobre esa base, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto que se reclama, la peticionaria del amparo debió agotar el aludido medio de defensa, para así observar dicho principio. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos; asimismo, atendiendo a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional para que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. .DOMICILIO Y AUTORIZADOS.se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizada en amplios términos del artículo 12 ibídem a Mario Iván Martínez Aparicio, quien cuenta con el registro 107437, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que, se autoriza en términos restringidos a Mayeli Araceli Martínez Aparicio, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni la parte quejosa acreditó que la citada persona cuente con dicho documento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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