Reyes Carmona Martinez

Expediente 45/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
45/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Reyes Carmona Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de abril del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso a); y su penúltimo párrafo, 1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído en el juicio de amparo en que se actúa, asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruir con posterioridad al DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS, pasados treinta días de la citada fecha. En relación al cuaderno incidental, en cumplimiento al artículo 21, inciso c), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto con posterioridad al DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto y las autoridades señaladas como responsables, en términos de lo expuesto en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la federación adscrita.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Síndico Único del Ayuntamiento Constitucional de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, por sí y en representación del Presidente y Regidor del Ramo del Bando de Policía y Buen Gobierno, de dicho Ayuntamiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista de acuerdos.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables Presidente, Síndico Único y Regidor del Ramo del Bando de Policía y Buen Gobierno, todas del Ayuntamiento Constitucional de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, no han rendido sus respectivos informes justificados, pese a estar debidamente notificadas desde el treinta de enero del año en curso, del proveído de veintitrés del mismo mes y año citado, mediante el cual se les solicitó; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables citadas en líneas anteriores, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que les surta efectos la notificación del presente auto, remitan las constancias relativas al acto reclamado, o en su caso, informen la imposibilidad legal que tengan para ello, toda vez que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de allegarse de las constancias necesarias para resolver el presente controvertido. Apercibidas que, en caso de no hacerlo así, se les impondrá a cada una, multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 238 en relación con los numerales 237, fracción I, y 259, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista de acuerdos.

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