Rey Jorge Ladrón de Guevara Martínez

Expediente 611/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
611/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • Rey Jorge Ladrón de Guevara Martínez
  • Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, mediante el cual acusa recibo del diverso 17581/2018 por el que se le remitió el juicio de amparo 611/2018, del índice de este Juzgado e informa que se avocó al conocimiento del mismo; en consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haber sido aceptada la competencia planteada al homólogo federal, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario de Juzgado, con que actúa y da fe. Doy fe. Liliana*

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos reclamados al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 611/2018. De la lectura íntegra de la demanda en comento se advierte que el acto que reclama el solicitante de amparo consiste en: "Los actos de autoridad a través de los cuales se haya ordenado, acordado, tramitado o ejecutado la cancelación, eliminación o baja del Sistema del Cobro de Impuesto Predial, de la cuenta predial ****** concerniente al predio suburbano con número de cedula catastral *****, localizado en *********. Propiedad del suscrito. La ilegalidad por parte de las autoridades de responsables, del acuerdo tomado unilateralmente, para proceder a la cancelación, eliminación o baja del Sistema del Cobro de Impuesto Predial, de la cuenta predial ******* concerniente al predio suburbano con número de cedula catastral *******, localizado en *********, de mi propiedad. Incumpliendo con la obligación de notificar de manera fundada y motivada dicha determinación." Ahora, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez donde se haya presentado la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda de amparo. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Establecido lo anterior, es preciso destacar algunos antecedentes del acto reclamado que señalo el quejoso, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado. 1.- Refiere que al acceder a la página digital http://www.bocadelrio.gob.mx/, a efecto de realizar el pago del impuesto predial de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, concernientes al inmueble con número de cédula catastral *******, le apareció en pantalla la leyenda "Este servicio esta temporalmente fuera de línea. Por favor intente más tarde o acuda a un Módulo de Caja". "EL PREDIO SELECCIONA (sic).SE ENCUENTRA DADO DE BAJA". 2.- Motivo por el cual, acudió ante la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz, a fin de realizar dicho pago en ventanilla y al encontrarse en la caja para realizar el mismo, le fue informado por la encargada que la cuenta del predio estaba dado de baja, que desconocía los motivos, que tendría que hablar con el Tesorero, para que le informara el motivo de la cancelación. 3.- Una vez estando con el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Boca del Río, encontrándose también en el lugar la Directora de Asuntos Jurídicos de dicho Ayuntamiento, y sin dar más explicaciones le manifestaron que por órdenes del Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz, la cuenta había sido dada de baja, porque dicho predio para ellos era inexistente. En ese tenor, resulta evidente que el acto del que se duele el quejoso lo practicaron las autoridades responsables con sede en Boca del Río, Veracruz, municipio en el que se encuentra ubicado el bien inmueble de su propiedad y en el que se efectuó la cancelación de la cuenta de dicho pedio por ser inexistente. Entonces, siendo que esa serie de movimientos administrativos, esto es, dar de baja la cuenta del predio aludido, correspondió al Presidente, Tesorero y Director Jurídico del Ayuntamiento Constitucional de Boca del Rio, Veracruz; por consiguiente, el suscrito juzgador considera que este juzgado de distrito no es legalmente competente por jurisdicción territorial para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que el acto reclamado tuvo verificativo y ejecución en el municipio de Boca del Río. Lo anterior se sustenta en la Tesis Aislada I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como también, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.(Lo resaltado es propio) Se sustenta lo anterior, porque, como se ha dicho, las autoridades responsables, son las que llevaron a cabo los movimientos administrativos tendentes a realizar la baja o cancelación de la cuenta del predio señalado por ser inexistente, por lo que es indudable que ahí se ejecutó el acto reclamado por la parte quejosa. No pasa inadvertido para quien esto provee, que el impetrante de amparo refiera que su domicilio particular se encuentre ubicado en esta ciudad capital; sin embargo, el lugar en donde el promovente del amparo tenga su domicilio, no es un parámetro para fijar la competencia legal al Juzgado de Distrito correspondiente, dado que ello no lo contempla así el artículo 37 de la Ley de Amparo, como podrá advertirse de su lectura detenida, ya que estimar lo contrario equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover su demanda de amparo. Apoya a lo anterior, la tesis número VI2°.20 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras". Tampoco se está en el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, pues como quedó precisado en párrafos que anteceden, el acto reclamado se ejecutó y surtió todos sus efectos en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Por ello este Juzgado de Distrito, en estricto apego a lo que dispone el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal y el diverso numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ha de estarse a la regla referente a que será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado se haya ejecutado. Sirviendo de apoyo en consideración por su contenido, la tesis número 2°. XII/95, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." La anterior determinación, la adopta el suscrito juzgador, a fin de evitar un retraso en la impartición de justicia, pues de lo contrario se podría causar un entorpecimiento en el derecho de acceso a la justicia de las partes, y por ende, es que se consideró declinar la competencia en los términos antes expuestos. En consecuencia a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir el expediente al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, ya que dentro de su jurisdicción se realizó la ejecución del acto reclamado. En mérito de lo expuesto, de inmediato, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el presente juicio al homólogo federal, para que determine lo conducente, solicitando el acuse de recibo; sin que se provea respecto de la suspensión peticionada, en razón de que el acto combatido no se encuentra entre los previstos por el arábigo 15, de la ley de la materia. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda y autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Alcalá Hernández, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 15886. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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