Reyes Mejia Jimenez
Expediente 804/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reyes Mejia Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó por una parte y se negó la Protección de la Justicia Federal en el presente asunto, promovido por ********************; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17 fracción lll, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, y es CONSERVABLE dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO DE TOMO DE PRUEBA. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la Presidenta de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 16726, a través del cual fue remitida la sentencia de data veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del presente juicio; lo anterior, se toma de conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 804/2023-I, promovido por Reyes Mejía Jiménez, por propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, y otros y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Reyes Mejía Jiménez, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra la autoridad y actos siguientes: "III. Autoridades responsables: Señalo como autoridad responsable a la Junta Local de Santidad Vegetal del Municipio de Ario (sic), del Estado de Michoacán, con domicilio (...) IV. Acto reclamado: De la autoridad responsable reclamo, la omisión de dar respuesta a la petición del quejoso formulada por escrito, el día veintinueve de mayo de este año dos mil veintitrés." En ese ocurso, el quejoso narró indistintamente los antecedentes de los actos reclamados y formuló en conjunto los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, tocó conocer de dicho asunto a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se registró bajo el número de expediente 804/2023-I, y se previno a la parte quejosa a efecto de que aclarara si era su deseo también reclamar el contenido del escrito de catorce de junio de dos mil veintitrés y si a través de este se dio respuesta a su petición de veintinueve de mayo. En obediencia a lo anterior el peticionario de amparo informó que era su deseo incluir como acto reclamado el referido escrito de catorce de junio y, que efectivamente, a través de este se dio respuesta a su petición. En consecuencia, en diverso proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda y se programó la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diversos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo por materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en la medida en que se reclaman actos provenientes de una autoridad administrativa, que reside en Ario de Rosales, Michoacán, lugar y materia en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda. También apoya lo anterior la tesis aislada P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, con número de registro digital 181810, de contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, con número de registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, su aclaración, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el quejoso reclamó de la autoridad responsable Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, las siguientes actuaciones: La omisión de responder su petición presentada mediante escrito de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, consistente en que se le reconozca como productor de aguacate, por ser copropietario de diversos predios rústicos que contienen huertos de aguacate. El escrito de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitido por la responsable en respuesta a aquélla petición, en el que se le indicó que no era posible realizar dicho registro, por ser necesario acreditar con documentos idóneos el derecho del quejoso respecto de las huertas de aguacate que refiere, toda vez que de los registros de dicha dependencia se obtenía que se encontraban registradas a nombre de diversa persona. El escrito de veinte de junio de dos mil veintitrés emitido por la responsable en respuesta al ocurso presentado por el ahora peticionario del amparo el quince de junio de dos mil veintitrés, en el que determinó que no contaba con facultades para citar como copropietario a Rafael Mejía Jiménez, le reiteró que debía exhibir la documentación sobre sus derechos de propiedad o posesión; y, le indicó que el organismo actuaba bajo los principios de transparencia, congruencia e imparcialidad. La precisión apuntada obedece a que si bien en su escrito aclaratorio de demanda el quejoso no señaló como acto destacado la referida resolución de veinte de junio, lo cierto es que de sus conceptos de violación se obtiene que esencialmente se duele de la falta de pronunciamiento expreso por parte de la autoridad responsable respecto a su solicitud consistente en que se le reconozca como productor de aguacate, así como de la ilegalidad de las respuestas asumidas en relación con esa petición. De ahí que a pesar de que no figura en el apartado relativo a los actos reclamados, atendiendo al sentido e intención de los conceptos de violación formulados, debe entenderse que el peticionario de ampao pretendió reclamar también la legalidad del referido escrito administrativo de veinte de junio de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia de acto omisivo. Es inexistente la omisión atribuida a la autoridad responsable, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda, es decir, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, ya había dado respuesta a la petición presentada por el quejoso mediante escrito de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, así como se le había notificado el catorce de junio de dos mil veintitrés. En efecto, de acuerdo con el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, el juicio de amparo debe sobreseerse cuando no se demuestra la existencia del acto reclamado, pues, atento al principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo impone a la parte quejosa la carga de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama, una vez negado por la responsable, efectivamente existe. No obstante, tratándose de actos omisivos corresponde a la autoridad la carga de demostrar que no incurrió en la omisión reclamada, siempre que tal abstención se vincule a sus facultades. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Tercera Parte, página 27, con registro digital: 238592, de rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Al respecto, la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 1241/2017 estableció que para determinar la certeza de los actos omisivos debe acudirse, en principio, a las normas legales que prevén su competencia para verificar si está obligada a realizar esa conducta, y en un segundo momento a la falta de actuación en ese sentido. Es aplicable por identidad de razón, la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". De lo anterior se advierte que para que se actualice un acto de carácter omisivo atribuido a determinada autoridad, deben concurrir dos elementos: 1) que a dicha autoridad le asista la obligación de hacer conforme lo dispuesto en las dispisiciones legales que preven su competencia y 2) que adopte una conducta pasiva ante dicha obligación. En el contexto apuntado, resulta inexistente la omisión atribuida a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, pues conforme al sentido en que rindieron sus informes con justificación y a lo manifestado por la propia quejosa en su escrito de demanda y posterior escrito aclaratorio, a la fecha de la presentación de la demanda ya había emitido el escrito de nueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se le indicó que no era posible dar de alta al quejoso como productor de aguacate, al tener que acreditar con documentos idóneos su derecho respecto de las huertas respecto a las cuales se ostentó como propietario. Además que con data catorce de junio de dos mil veintitrés, tal escrito ya se le había notificado al quejoso. En ese sentido, quedó demostrado que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, la autoridad apuntada ya había realizado, en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para atender la petición formulada por el quejoso. Con esas bases, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del primero de los actos reclamados a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán. CUARTO. Existencia de actos reclamados restantes. Por otro lado deben tenerse por ciertos los diversos actos reclamados a la autoridad responsable, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptó la emisión de los referidos acuerdos de nueve y veinte de junio de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Tal afirmación se corrobora con las copias certificadas remitidas por dicha autoridad administrativa relativas a las actuaciones realizadas con motivo de la presentación de la solicitud del peticionario de amparo de veintinueve de mayo de este año, entre las que se encuentran los ocursos que ahora se reclaman, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de documentos expedidos por una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. No actualización de causales de improcedencia. De autos no se revela que alguna de las partes hubiese propuesto alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo, y este juzgador, por su parte, no advierte que se configure alguna de ellas; de tal manera que lo procedente es examinar la regularidad constitucional de los actos reclamados. SEXTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previo analizar el fondo del asunto, es necesario narrar los principales antecedentes de los actos reclamados, así como la cronología en que los mismos acontecieron con el propósito de lograr mayor claridad en la presente determinación. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés ante la autoridad responsable Junta Local de Sanidad Vegetal de Ario de Rosales, el aquí quejoso solicitó se le reconociera como productor de aguacate, por ser copropietario, junto con sus hermanos, de diversos predios rústicos que contienen huertos de esa fruta, aclarando que con anterioridad ya se habían registrado a nombre de los otros copropietarios, diversos huertos de aguacate, ubicados dentro de los mismos predios. Para tal efecto exhibió copia de la escritura pública en la que se hizo constar la copropiedad constituida sobre los predios denominados "El Cerro", "La Cañada" y el "Plan, El Salto o el Cuarto". De manera complementaria, a través del diverso escrito presentado el treinta y uno de mayo siguiente, el quejoso aclaró que el objeto de su petición eran dos huertos de aguacate previamente registrados a nombre de su hermano Rafael Mejía Jiménez, y que le habían sido cedidos por dicho coheredero. Predios ubicados en el predio "La Cañada 6" con número de registro HUE08160093271 y en el predio "Plan 27", con registro HUE08160092645. En virtud de lo anterior, solicitó a la autoridad responsable para que se citara a Rafael Mejía Jiménez a fin de que confirmara la cesión referida y, en consecuencia, se cancelara el registro anterior y los huertos se dieran de alta a su nombre o, en su caso, negara dicha cesión. En respuesta a dicha petición, mediante escrito de nueve de junio de dos mil veintitrés -posteriormente notificado el catorce de junio siguiente-, la autoridad responsable indicó que no era posible realizar el registro solicitado, por ser necesario acreditar con documentos idóneos su derecho respecto de las huertas referidas, toda vez que de los registros de dicha dependencia se obtenía que las mismas se encontraban registradas a nombre de diversas personas y era su obligación integrar debidamente la documentación a su cargo y remitirla al área correspondiente. (Esta determinación constituye uno de los actos reclamados en la presente instancia constitucional). Inconforme con lo anterior, el peticionario de amparo presentó diverso escrito con fecha quince de junio, en el que insistió para que se citara amistosamente a Rafael Mejía Jiménez, para que informara la existencia de la cesión que realizó en su favor, asimismo fue enfático en señalar que recibió un trato distinto en relación con sus hermanos y copropietarios de los predios en donde se ubicaban las huertas de aguacate, a quienes únicamente se les solicitó la exhibición de la escritura de copropiedad para darlos de alta como productores de aguacate. Virtud de lo anterior, adicional a la citación de Rafael Mejía Jiménez, el quejoso solicitó que derivado de la aceptación de la cesión a su favor, se borrara el registro de Rafael, y se le diera de alta como titular de las huertas de aguacate o, en su caso, tomara conocimiento de la existencia de un conflicto surgido en relación con esas extensiones de tierra. En respuesta a lo anterior, la autoridad responsable emitió diversa determinación de veinte de junio de este año, en la que estableció que no poseía facultades para citar a Rafael Mejía Jiménez, para los efectos solicitados, pues en su caso le correspondía a esa persona de manera libre decidir al respecto. Asimismo, después de precisar la naturaleza jurídica de sus funciones, insistió en que era necesario que al ahora quejoso proporcionara los documentos idóneos a través de los cuales se acreditara su derecho de propiedad o posesión sobre las huertas de aguacate que refirió en sus peticiones; y, señaló que actuaba conforme a los principios de transparencia, congruencia e imparcialidad. (Determinación que constituye el otro acto reclamado). Hasta aquí lo antecedentes y cronología de los actos reclamados. SÉPTIMO. Decisión. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados, por tanto insuficientes para conceder la protección constitucional solicitada tal como se explica a continuación. Cabe señalar que no serán materia de estudio, aquéllos argumentos encaminados a combatir el acto inicialmente reclamado a la autoridad responsable, consistente en la omisión de responder su petición relativa a que se le reconozca como productor de aguacate, por ser copropietario de diversos predios rústicos que contienen huertos de esa fruta, toda vez que en el considerando tercero de la presente determinación se declaró la inexistencia de tal omisión. a) En una parte de su segundo concepto de violación el peticionario del amparo expone que la junta responsable, en respuesta a su petición, determinó que deberían exhibirse los documentos idóneos para demostrar su propiedad o posesión y, por ende, la procedencia de su solicitud, sin precisar con exactitud cuáles son esos documentos, dejando de observar de esa manera los requisitos de fundamentación y motivación que se debe se observar en todo acto de autoridad, conforme lo indica el artículo 16 constitucional -según lo expresa en el tercer motivo de disenso-. En relación con la falta de observancia a dichos requisitos, más adelante, alega que también de manera infundada la responsable pretende imponerle mayores requisitos para darse de alta como productor de aguacate, en comparación con los que le requirió a los otros copropietarios de los predios en que se encuentran las huertas materia de su solicitud, en particular a su hermano Rafael Mejía Jiménez, quienes ya disfrutan de los beneficios de ese registro. Argumentos que como ya se adelantó, resultan infundados, toda vez que contrario a lo que asevera el quejoso, se fundó y motivó debidamente lo determinado por la autoridad responsable en los escritos de nueve y veinte de junio de dos mil veintitrés, en el sentido de condicionar la procedencia de la solicitud del quejoso a que acreditara con documentos idóneos su derecho sobre las huertas de aguacate materia de su petición. Para justificar lo anterior, en principio debemos señalar que el derecho de legalidad invocado por el quejoso, se encuentra previsto en artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Del precepto citado se advierte que todo acto de autoridad debe: 1. Expresarse por escrito. 2. Provenir de autoridad competente, y 3. Fundar y motivar la causa legal de su determinación. La primera de las exigencias expresadas tiene como propósito generar certeza sobre la existencia del acto de molestia y que el afectado conozca con precisión de qué autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. En cuanto a que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente, significa que la emisora cuenta con la facultad para emitirlo. Por último, la exigencia de fundamentación consiste en el deber de la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulan el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones, causa o motivos por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que aplica. Así, dichos presupuestos de fundamentación y motivación deben coexistir, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Apoya a lo expuesto la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, con registro 238212, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora, de las referidas determinaciones de nueve y veinte de junio de dos mil veintitrés, se obtiene que la autoridad responsable Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, invocó como fundamento de su proceder el numeral 37, bis, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, así como los artículos 110 y 111 del Reglamento de dicha legislación, de contenido siguiente: "Artículo 37 bis.- Las personas físicas o morales que desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios, que conforme a las normas oficiales correspondientes o demás disposiciones legales aplicables, deban sujetarse a certificación y verificación fitosanitarias, presentarán a la Secretaría, directamente o a través de los organismos de certificación o unidades de verificación aprobados, el aviso de inicio de funcionamiento, en el que se harán constar los datos del interesado y que cumple con las especificaciones, criterios y procedimientos previstos en las normas oficiales que le sean aplicables. Una vez que se verifique y certifique la veracidad de la información proporcionada, así como el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad respectiva, con base en el aviso indicado en el párrafo anterior, la Secretaría la inscribirá en el Directorio Fitosanitario. La actualización y difusión de la información que se inscriba en el Directorio Fitosanitario, se harán en los términos del reglamento de esta Ley." "Artículo 110. En términos del artículo 37 Bis de la Ley, las personas físicas o morales que realicen Actividades o presten Servicios Fitosanitarios, sean propietarias, poseedoras, usufructuarias, beneficiarias o que tengan algún derecho, respecto de cualquier Establecimiento de los enunciados en el presente artículo, estarán obligadas a presentar el Aviso de Inicio de Funcionamiento y, en su caso, la Verificación y certificación: I. Establecimientos para la producción de material propagativo de especies Vegetales que incluye: empresas, viveros, invernaderos, instalaciones, laboratorios, huertos donde se producen semillas o material propagativo, huertos madre, bancos de germoplasma, Lote fundación y productor de yemas; II. Establecimientos de producción comercial que incluye: invernaderos, huertos, predios y plantaciones en donde se establecen especies Vegetales reguladas; III. Establecimientos de manejo de post-cosecha que incluyen: Agroindustrias, despepitadoras, beneficiadoras, corredoras, seleccionadoras, gajeras, Centros de Acopio, almacenes, empresas de Acondicionamiento, procesamiento, transformación e industrialización de granos y semillas importados y empresas distribuidoras y comercializadoras de semillas; IV. Establecimientos relacionados con insumos y servicios que incluyen fabricantes, formuladoras, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y aplicadoras de Plaguicidas, y V. Cualquier otro establecimiento cuya operación represente un Riesgo Fitosanitario previamente determinado por el SENASICA." "Artículo 111. Las personas físicas o morales a que se refiere el artículo anterior, deberán presentar el Aviso de Inicio de Funcionamiento, en términos de las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría, las cuales deberán atender a la naturaleza de los Establecimientos y Productos o Subproductos Vegetales que manejen dichos Establecimientos." De los anteriores preceptos legales se obtiene que los organismos de certificación o unidades de verificación aprobados por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, están facultados para conocer del trámite de aviso de inicio de funcionamiento de personas físicas o morales que realicen actividades fitosanitarias, sean propietarios, poseedores o usufructuarios, entre las que se ubican los establecimientos vegetales de producción comercial. En dichos numerales que establece que como parte de dicho trámite, tales unidades de verificación harán constar los datos de la parte interesada y si esta cumple con las especificaciones, criterios y procedimientos previstos en las normas oficiales aplicables, además de verificar la veracidad de la información proporcionada. Como complemento a lo anterior, es importante destacar las reglas 4.1 y 4.1.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-066-FITO-2002, relativa a las especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización del aguacate, de contenido siguiente: "4.1 Aviso de inicio de funcionamiento Los propietarios y/o encargados de los huertos comerciales, industrializadoras, empacadoras, centros de acopio, centrales de abastos y viveros de aguacate deben presentar a la Secretaría, directamente o a través de las Unidades de Verificación aprobadas en el manejo fitosanitario del aguacatero u organismos de certificación, el aviso de inicio de funcionamiento conforme al formato anexo SV-01. (.) 4.1.2 Para el caso de los propietarios y/o encargados de huertos comerciales el aviso de inicio de funcionamiento (anexo SV-01) se presentará una sola vez en el funcionamiento de los mismos, en el cual quedará establecida la superficie total del predio (presentando una copia del título o comprobante de propiedad). La división de un huerto comercial con fines fitosanitarios requerirá de la autorización de la Secretaría." Reglas de las cuales se desprende que, como parte del procedimiento relativo al aviso de inicio de funcionamiento, los propietarios o encargados de los huertos comerciales de aguacate deberán presentar una copia del título de comprobante de propiedad y, en caso de la división del mismo, se requerirá la autorización de la secretaria. Con esas bases, es evidente que contrario a lo que asevera, la autoridad responsable Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, invocó en sus determinaciones de nueve y veinte de junio de dos mil veintitrés, los preceptos legales que la facultaban para solicitar al peticionario de amparo los documentos idóneos con los que demostrara el derecho que refiere tener respecto de las dos huertas materia de su solicitud, así como las cuestiones de hecho que motivaron dicha decisión. Lo anterior en la medida en que en principio invocó las facultades que le confiere el artículo 37 bis, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para que en ejercicio de sus funciones de unidad de verificación aprobada por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pueda verificar la procedencia del trámite realizado ante ella, así como la veracidad de la información proporcionada por los solicitantes. Aunado a que de manera complementaria se refirió al artículo 110 del reglamento de esa legislación que específica que solo las personas propietarias, poseedoras, usufructuarias, beneficiarias o que tengan algún derecho respeto de un establecimiento de producción comercial podrán realizar los trámites respetivos. Además explicó que la necesidad de requerirle al aquí quejoso acreditara con documentos idóneos los derechos que refería tener respecto a las dos huertas materia de su petición obedecía, además de lograr la debida integración del trámite que solicitó, a que de su base de datos se obtenía que dichas huertas estaban registradas a nombre de una diversa persona. Por ende, si la autoridad responsable invocó los preceptos legales que la facultaban para requerir los documentos apuntados al peticionario de amparo, así como los hechos en particular que generaron la necesidad de dicha disposición, es evidente que, contrario a lo que alude la solicitante del amparo, no se violentó en su perjuicio la garantía de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad. A más que la norma oficial mexicana citada con antelación indica en el caso particular de los productores de aguacate, deberán presentar para sus trámites una copia del título o comprobante de propiedad de la superficie total respecto al cual realicen su trámite, de manera que en el caso existe disposición expresa que obliga a la autoridad responsable a requerir tales documentos al quejoso. No se inadvierte que el quejoso anexó a su escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, copia de la escritura pública en la que se hizo constar la copropiedad constituida sobre los predios denominados "El Cerro", "La Cañada" y el "Plan, El Salto o el Cuarto". No obstante, si bien dichos documentos pudieran ser suficientes para demostrar la propiedad o posesión del derecho que tiene el quejoso, como correctamente lo asentó la responsable en sus determinaciones, en el caso opera una particularidad que justifica que dicho documento no sea suficiente para demostrar la procedencia del trámite, a saber, que las huertas objeto de la petición con números de registro HUE08160093271 y HUE08160092645, ya están inscritas a nombre de una persona diversa. De tal manera que ante dicha contradicción, era necesario demostrar la cesión de derechos que refiere el quejoso se realizó en su favor por parte de quien aseveró está registrado como titular de esas huertas. De tal manera que al estar justificada dicho requerimiento también es incorrecto lo que asevera en el sentido de que la responsable pretende imponerle mayores requisitos para darse de alta como productor de aguacate, en comparación con los que se le requirieron a Rafael Mejía Jiménez. De ahí lo infundado de los argumentos en estudio. b) Por otro lado, en el mismo motivo de disenso refiere que la responsable fue omisa en precisar que los documentos que ahora le requiere también le fueron solicitados a Rafael Mejía Jiménez, o a alguno de los demás copropietarios, garantizando con ello un trato igualitario. Al final de ese concepto de violación el quejoso desarrolla que derivado de la copropiedad que existe sobre los predios en los que se ubican las huertas materia de su solicitud, se debió de dar un trato igual a todos los copropietarios y, por tanto explicar de qué manera se procedió a dar de alta como productor a Rafael Mejía Jiménez, sin afectar a los demás copropietarios. Para tal efecto indica que la responsable debió explicar cómo es que realizó el levantamiento topográfico de la superficie total de los predios para distinguir la propiedad de solo uno de los copropietarios, sin la presencia del resto de ellos; además, explica que de manera complementaria se debieron de tomar en consideración los expedientes completos de los predios materia de su solicitud. De manera que, al no haberlo hecho así, existe la posibilidad de beneficiar de manera injustificada a dicha persona, contraviniendo los principios de transparencia, congruencia e imparcialidad que afirmó la autoridad responsable se respetaron al emitirse los actos reclamados, pues con su proceder no se garantizó la división del predio en doce partes entre todos los copropietarios. Motivo de disenso que de igual manera deviene infundado. En principio, debe señalarse que el derecho fundamental de petición, se encuentra previsto en el artículo 8, segundo párrafo, de la Constitución Federal, el cual a su vez se complementa con el principio de legalidad consagrado en el diverso precepto 16 constitucional. El referido artículo 8 precepto establece que cuando un gobernado formula una petición por escrito, dirigidas a determinadas autoridades, estas se obligan a: 1) dar una respuesta por escrito a la petición que les dirija, 2) esa respuesta deberá ser congruente con lo solicitado y 3) dará a conocer al interesado esa respuesta en breve término. De ahí que debe identificarse al principio de congruencia como uno de los requisitos esenciales del derecho fundamental de petición que tienen los gobernados, el cual puede definirse como la existencia de una plena conformidad entre lo pedido por el gobernado y la respuesta que recaiga a su petición, lo cual obliga a las autoridades a ocuparse de todas y cada una de las cuestiones tal como fueron plateadas, así como de los hechos y las razones expuestas para sustentar lo pedido. En cambio, su cumplimiento será deficiente, gradualmente, en la medida que se omita abordar una o más de esas cuestiones o se incluya en el análisis y decisión alguno o más puntos ajenos al objeto de la petición del gobernado. Es aplicable la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, emitida por Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa" . Así como la diversa jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, por las razones que la integran de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado". Ahora, conviene recapitular algunos de los antecedentes de los actos reclamados, en particular la manera en que el ahora peticionario del amparo planteo su solicitud ante la autoridad responsable y la serie de peticiones que se hicieron valer. En principio, debe tomarse en consideración que mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó ante la autoridad responsable se le reconociera como productor de aguacate, por ser copropietario, junto con sus hermanos, de diversos predios rústicos que contienen huertos de esa fruta, aclarando que con anterioridad ya se habían registrado a nombre de los otros copropietarios, diversos huertos de aguacate, ubicados dentro de los mismos predios. Además, de manera complementaria, a través del diverso escrito presentado el treinta y uno de mayo siguiente, aclaró que el objeto de su petición eran dos huertos de aguacate previamente registrados a nombre de su hermano Rafael Mejía Jiménez, y que se le habían cedido por dicho coheredero, registrados bajo los números HUE08160093271 y HUE08160092645. En virtud de lo anterior, solicitó se citara a Rafael Mejía Jiménez a fin de que confirmara la cesión referida y, en consecuencia, se cancelara el registro anterior y los huertos se dieran de alta a su nombre o, en su caso, negara dicha cesión. En respuesta a dicha petición, la responsable indicó que no era posible realizar ese registro solicitado, por ser necesario acreditar con documentos idóneos su derecho respecto de las huertas referidas, toda vez que de la base de datos de dicha dependencia se obtenía que las mismas se encontraban registradas a nombre de diversas personas. En consecuencia, el quejoso presentó diverso escrito, en el que insistió se citara amistosamente a Rafael Mejía Jiménez, para que informara la existencia de la cesión que realizó en su favor, asimismo fue enfático en señalar que recibió un trato distinto en relación con sus hermanos y copropietarios de los predios en donde se ubicaban las huertas de aguacate, a quienes únicamente se les solicitó la sola exhibición de la escritura de copropiedad para darlos de alta como productores de aguacate. En respuesta, la responsable emitió diversa determinación, en la que estableció que no poseía facultades para citar a Rafael Mejía Jiménez, para los efectos solicitados, pues en su caso le correspondía a esa persona de manera libre decidir al respecto. Asimismo, después de precisar la naturaleza jurídica de sus funciones, insistió en que era necesario que al ahora quejoso proporcionara los documentos idóneos a través de los cuales se acreditara su derecho de propiedad o posesión sobre las huertas de aguacate que refirió en sus peticiones; y, señaló que actuaba conforme a los principios de transparencia, congruencia e imparcialidad. Con esas bases, es este juzgador concluye que, contrario a lo aseverado por el quejoso, la autoridad responsable no incurrió en la omisión que se le atribuye, relativa a no precisar qué documentos se le solicitaron al copropietario Rafael Mejía Jiménez, para su inscripción, no detallar la manera en que se desahogó dicho trámite, sin afectar a los copropietarios de los predios, o incluso indicar si se realizó un levantamiento topográfico o si se tomaron en consideración los expedientes completos de las huertas materia de la solicitud. Lo anterior en la medida en que tales cuestiones no fueron materia de las peticiones presentadas por el ahora quejoso, respecto a su trámite de alta como productor de aguacate, pues como ya se adelantó, éste únicamente solicitó a la responsable que se le reconociera con ese carácter, por ser copropietario de dos huertas ubicadas en diversos predios, que se citara a Rafael Mejía Jiménez a fin de que confirmara la cesión que realizó en su favor respecto de dichas extensiones de tierra y que se cancelara su registro; además de alegar de manera complementaria que a dicha persona únicamente se le había solicitado la sola exhibición de la escritura de copropiedad para darlo de alta como productor de aguacate. De ahí que si bien la congruencia entre lo solicitado por el gobernado y la respuesta asumida por la autoridad constituye uno de los requisitos esenciales para que no se actualice una violación al derecho fundamental de petición, es evidente que los pronunciamientos que ahora se combaten precisamente debieron versar sobre lo solicitado expresamente por el ahora quejoso y no sobre cuestiones diversas a tales planteamientos. Por ende, es claro que al no haberse planteado ante la autoridad responsable lo ahora desarrollado en sede constitucional como parte de las cuestiones sobre las que debería versar el pronunciamiento de la responsable, es claro que el no análisis de tales aspecto no violentó el principio de congruencia. De tal manera que tales motivos de disenso también devienen infundados. c) En otra parte del mismo motivo de inconformidad, indica que al tratarse de predios que son de propiedad común indivisa, debió explicarse por qué se registró a Rafael Mejía Jiménez como productor de aguacate sin requerirle la presencia de los otros copropietarios, además de justificar por qué no se puede citar a dicha persona para que corrobore la cesión de derechos que realizó en su favor. En ese sentido alega que todos los copropietarios de los predios involucrados tienen los mismos derechos y por ende deben hacerse de su conocimiento las decisiones que les afecten. Argumentos que también deben calificarse como infundados, en la medida en que del análisis general del marco normativo que regula la actuación de la autoridad responsable, Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, no se desprende que dentro de sus funciones se encuentre la de realizar citaciones de personas, con el objetivo de esclarecer alguna cuestión relacionada con los trámites que se llevan ante ella. En efecto, de primera mano, las facultades de la autoridad apuntada se encuentran medularmente contempladas en el artículo 6º del Reglamento Interior de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Ario de Rosales, de contenido siguiente: "ARTICULO 6o. La Junta Local tendrá las siguientes obligaciones y facultades: I. Participar en la formulación, ejecución y evaluación de las Campañas y los Programas Fitosanitarios que la Secretaría establezca dentro de su circunscripción; II. Colaborar en la evaluación de la importancia económica de plagas, enfermedades y malezas para programar su combate en orden prioritario; III. Formular anualmente el programa de trabajo y los presupuestos de egresos e ingresos correspondientes para someterlos a la consideración y aprobación de la dependencia especializada respectiva. Dicho programa y presupuestos serán ratificados o mejorados por la nueva directiva, en su segunda asamblea mensual, cuando la reestructuración de la Junta Local no coincida con el principio del año de presupuesto; IV. Reunir y aplicar los recursos económicos necesarios para el desarrollo de su programa de trabajo anual y el del Comité Estatal correspondiente, con la aprobación de la Secretaría; V. Contratar, con cargo a los recursos de la Junta, el personal profesional aprobado por la Secretaría, técnico subprofesional y jornaleros, así como personal de apoyo administrativo y contable, o los servicios de personas morales aprobadas, que requieran las campañas que se ejecuten, de común acuerdo con el personal de la Secretaría; VI. Adquirir en forma directa, o consolidada con otras Juntas Locales y bajo la coordinación de la Secretaría, o del Comité Estatal al que corresponda, plaguicidas, equipo para su aplicación y cualquier clase de materiales y de bienes, que la Junta Local utilice directamente en los programas fitosanitarios, o que venda o rente a sus miembros a menor precio o tarifa que la del mercado, sin demeritar su capital social; VII. Tratar con la dependencia de Sanidad Vegetal y el Comité Estatal correspondiente, los asuntos relacionados con sus funciones; VIII. Divulgar entre sus miembros y los agricultores de la localidad, los métodos de prevención y combate, utilizando los medios de comunicación disponibles, previa supervisión del personal oficial; IX. Colaborar en la vigilancia de la aplicación de plaguicidas con objeto de que estas substancias se apliquen en condiciones óptimas, sin alterar la ecología de la región; X. Intervenir en auxilio de sus miembros que sean sujetos de crédito para la gestión de créditos destinados a la protección fitosanitaria de sus cultivos; XI. Integrar los datos estadísticos de los cultivos agrícolas de la región que es necesario proteger contra las plagas, enfermedades y maleza, así como de sus acciones y resultados; XII. Sesionar, mediante sus directivas, por lo menos mensualmente, y a través de asamblea general, en los términos señalados en el artículo 14, y tomar decisiones en los términos de este Reglamento Interior cuyo proyecto someterán a la autorización de la Secretaría, por medio de la Dirección General de Sanidad Vegetal. Este Reglamento Interior será ratificado o enriquecido por la nueva directiva, en caso de reestructuración, en la siguiente asamblea mensual posterior a la de toma de posesión; XIII. Celebrar Convenios de Concertación o Coordinación con el Ejecutivo Federal y/o con el Ejecutivo Estatal, para complementar sus recursos, que se destinarán a ejecutar acciones fitosanitarias, en los términos del artículo 35; XIV. Gestionar créditos con la garantía de las cuotas por percibir, o de sus bienes muebles o inmuebles; XV. Ejecutar los acuerdos de asamblea general y los del Comité Estatal al que esté adscrito, en materia: de asesoría fitosanitaria, detección, muestreo, control y seguimiento; XVI. Proponer al Comité Estatal acciones que deban apoyarse con recursos obtenibles vía Convenio de Concertación o Coordinación, y realizarlas en el caso de obtener los recursos federales y/o estatales; y XVII. Formular el informe anual de actividades, de ingresos y egresos, y de beneficio-costo, con asesoría oficial, y someterlo a la autorización de la Asamblea General y de la Secretaría." También deben recapitularse los preceptos legales invocados con anterioridad, contenidos en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en su reglamento. Del análisis de dicho cuerpo normativo no se desprende que la autoridad responsable tenga dentro de sus facultades, la de realizar citaciones a efecto de dirimir alguna cuestión relacionada con los trámites que se realizan ante ella, en la medida en que conforme lo indicó en su informe justificado, su naturaleza jurídica radica en recibir y concentrar información para remitirla a las áreas competentes de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Es decir, que atendiendo a las funciones medulares de la responsable, es dable afirmar que en el caso no le corresponde dirimir conflictos en particulares generados respecto de la posesión y/o propiedad de un bien inmueble, en particular, mediante la citación de otras personas distintas a la que realiza el trámite, sino que sus funciones se limitan a verificar que se demuestre la propiedad o posesión de las extensiones de tierra materia de los procedimientos que ella conozca. De ahí que, contrario a lo que alega el quejoso, no se actualiza en perjuicio de la autoridad responsable la obligación de explicar la razón por la que el registro de Rafael Mejía Jiménez se realizó sin la citación de los copropietarios de los predios materia de solicitud, o bien por qué no se le citó a este a fin de obligarlo a corroborar la cesión de derechos en favor del peticionario de amparo. Por ello es que también debe calificarse como infundado el motivo de disenso en estudio. En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación alegados por la quejosa, lo que procede es negar el amparo solicitado por Reyes Mejía Jiménez. OCTAVO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Reyes Mejía Jiménez, por propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, por cuanto hace a las autoridades responsables y actos señalados en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Reyes Mejía Jiménez, contra los actos reclamados a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiuno de septiembre dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe. GHA veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 804/2023-I, promovido por Reyes Mejía Jiménez, por propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, y otros y... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Reyes Mejía Jiménez, por propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, por cuanto hace a las autoridades responsables y actos señalados en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Reyes Mejía Jiménez, contra los actos reclamados a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Municipio de Ario de Rosales, Michoacán, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiuno de septiembre dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe. GHA veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.
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