Reyes Justino Medel Chegue
Expediente 1024/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Reyes Justino Medel Chegue
Actuaciones
- Principal
PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclama de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, consistente en la omisión de la responsable de ordenar las gestiones para el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio administrativo ********************; para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta sentencia. Notifíquese: por lista que se fija en los estrados de este Juzgado federal al quejoso y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por rendido el informe justificado de la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el referido informe por el término continuo y genérico de ocho días. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que se adjuntan por la autoridad responsable; con las que se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional. Dada la voluminosidad de las constancias, fórmese un legajo de pruebas por separado para su mejor y ágil manejo. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la mencionada autoridad, a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 251/2023-III, promovido por *****, por conducto de su representante José Alejandro Bustos López, contra actos de la "LXI" Legislatura del Estado de México (en su denominación correcta) y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial, turnado a su vez a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, en esa misma data, Costco de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Costco Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante José Alejandro Bustos López, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y de las autoridades que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES "LXI" Legislatura del Estado de México (en su denominación correcta). Gobernador del Estado de México. Secretario de Finanzas del Estado de México. ACTOS RECLAMADOS De la "LXI" Legislatura del Estado de México, se reclama la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, publicada en el Periódico Oficial de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, específicamente por lo que refiere al artículo 11, fracción I, incisos c) y d), con motivo de su primer acto concreto de aplicación. Del Gobernador del Estado de México, se reclama la expedición del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, publicada en el Periódico Oficial de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, específicamente por lo que refiere al artículo 11, fracción I, incisos c) y d), con motivo de su primer acto concreto de aplicación. De la Secretaría de Finanzas del Estado de México, se reclama el cobro del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de México, en el que no se aplicó el artículo 11, fracción I, incisos c) y d), de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, publicada en el Periódico Oficial de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, así como los beneficios contenidos en el punto 11.2.1. incisos b), c) y e), de las reglas de carácter general de la Secretaría de Finanzas para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los preceptos 1°, 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, cuyo titular por auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, la registró bajo el expediente 251/2023-III; y previa aclaración, por acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, la admitió a trámite; dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; requirió a las autoridades señaladas como responsables, para que rindieran sus informes justificados; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, dado que se reclama una norma de carácter general, con motivo del primer acto de aplicación, que produce efectos de ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Los actos reclamados por la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo con el contenido íntegro de la demanda de amparo, los informes con justificación y las constancias que lo sustentan, son los siguientes: De la "LXI" Legislatura del Estado de México, se reclama la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, publicada en el Periódico Oficial de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, específicamente por lo que refiere al artículo 11, fracción I, incisos c) y d), con motivo de su primer acto concreto de aplicación. Del Gobernador del Estado de México, se reclama la expedición del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, publicada en el Periódico Oficial de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, específicamente por lo que refiere al artículo 11, fracción I, incisos c) y d), con motivo de su primer acto concreto de aplicación. De la Secretaría de Finanzas del Estado de México, se reclama el cobro del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de México, en el que no se aplicó el artículo 11, fracción I, incisos c) y d), de la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, publicada en el Periódico Oficial de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, así como los beneficios contenidos en el punto 11.2.1. incisos b), c) y e), de las reglas de carácter general de la Secretaría de Finanzas para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables "LXI" Legislatura del Estado de México (en su denominación correcta), el Gobernador del Estado de México y el Secretario de Finanzas del Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados en el respectivo ámbito de sus competencias. Además, con independencia de la aceptación de los actos reclamados, la existencia de la norma y Reglas de carácter general derivadas de ella que se combaten, están plenamente acreditadas por estar publicadas en un medio de difusión general como es la Gaceta de Gobierno del Estado de México, lo que constituye un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la "LXI" Legislatura del Estado de México, señaló que se actualiza la causal de improcedencia señalada en la fracción XII, del artículo 61, de la legislación de la materia, ya que las morales quejosas no cuentan con interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. La causal de improcedencia referida resulta infundada. Las morales quejosas promovieron su demanda de amparo con motivo del cobro del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de México, cuyos comprobantes digitales obran en el expediente en que se actúa, de los cuales se advierten que en el apartado relativo "Con subsidio 0", es decir, no les fue aplicado el subsidio fiscal a que hace referencia el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés y el punto 11.2.1., incisos b), c) y e), de las reglas de carácter general de la Secretaría de Finanzas para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés. Documentales que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Por tanto, contrariamente a lo que sostiene la autoridad responsable, las quejosas sí acreditan su interés jurídico, puesto que de esa forma no sólo probaron que se ubican en los supuestos normativos que impugnan, sino que también se materializó el perjuicio necesario para la procedencia del juicio de amparo; de ahí que no se actualice la causa de improcedencia hecha valer. Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes o que de oficio deba ser analizada, se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Análisis de la inconstitucionalidad reclamada respecto del artículo 11, fracción I, incisos c) y d) de la Ley de Ingresos del Estado de México, así como el punto 11.2.1. incisos b), c) y e), de las reglas de carácter general de la Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. En el primer concepto de violación, la parte quejosa refiere que se viola en su perjuicio la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al principio de igualdad, en virtud de que el numeral 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, contiene beneficios para ciertos contribuyentes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, generando un trato discriminatorio a contribuyentes que, como en el caso, no se ubican en los supuestos establecidos y que son del todo ajenos al objeto del tributo; de ahí que resultan violatorios de los derechos fundamentales de proporcionalidad y equidad. Enfatiza, que ésta realiza erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal necesario para llevar a cabo su objeto social, por lo que dada la objetividad del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal no existe una justificación objetiva para el tratamiento preferencial que se le otorga, ni mucho menos se justifican los limitantes adicionales a dichos beneficios. Lo anterior, en virtud de que los subsidios que establecen el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México, así como la Regla II.2 Subsidio en Materia de Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal de las "Reglas de Carácter General de la Secretaría de Finanzas para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés" para su aplicación hacen referencia a limitantes ajenas al objeto del impuesto, y por lo tanto discriminatorios, ya que atienden a características o condiciones particulares de los contribuyentes, siendo que no existe razón que justifique el limitar los beneficios que le ocupan a contribuyentes como ésta. Alega, que las disposiciones antes precisadas violan los principios de igualdad, universalidad y generalidad, en virtud de que ésta, al igual que los sujetos a los que van dirigidos los beneficios en dichas disposiciones normativas, son empresas que realizan actividades que alcanzarían los objetivos de trato preferencial. Máxime que los subsidios fiscales ya precisados se otorgan a empresas que teniendo fuentes de empleo en cualquier entidad federativa distinta al Estado de México, así como los contribuyentes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, que inicien operaciones con su fuente de empleo y tengan su domicilio fiscal federal en el Estado de México, gozarán de un subsidio del cien por ciento en el pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, por los treinta y seis meses posteriores a su cambio o a su inicio de operaciones; de ahí que se estimen violatorios del derecho fundamental de igualdad en perjuicio de la impetrante, ya que no existe una justificación razonable que convalide dichos tratos preferenciales. En el segundo concepto de violación, la parte quejosa indica que el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, viola lo establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el los numerales 14 y 16 de la Ley Suprema, así como las Reglas de Carácter General de la Secretaría de Finanzas, en específico la regla 11.2.1, en virtud de que fueron creadas sin que exista justificación o motivación legislativa; de ahí que sean arbitrarias y caprichosas particularmente lo que hace a los siguientes beneficios: 1. Empresas que, teniendo fuentes de empleo en cualquier entidad federativa distinta al Estado de México, las cambien a esta entidad durante al ejercicio fiscal 2023. 2. Contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2023 inicien operaciones con su fuente de empleo y domicilio fiscal en el Estado de México. 3. Los contribuyentes cuyo domicilio fiscal federal principal declarado ante el Registro Federal de Contribuciones se ubique en el Estado de México, y que durante el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, incrementen su plantilla laboral, gozarán del subsidio que se cause respecto de las nuevas plazas desde la fecha en que se generen y durante los doce meses siguientes. En el tercer concepto de violación la impetrante expresa que la normatividad reclamada, viola lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica, establecidas en el numeral 16 de la Carta Magna, en relación con la proporcionalidad de la medida del impuesto ya referido. Ello, en atención a que del análisis de proporcionada de las normas reclamadas se advierte que no existen motivos, razones o fundamentos que sirvan como parámetro para determinar si las medidas tomadas por el legislador traen consigo una ventaja o no. Los conceptos de violación son infundados en atención a las siguientes consideraciones. Respecto a la falta de fundamentación y motivación de las leyes impugnadas. Las morales quejosas sostienen que las normas aquí reclamadas son inconstitucionales toda vez que contravienen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues a su decir carecen de fundamentación y motivación. Lo que se estima infundado, toda vez que tratándose de la emisión de normas generales los requisitos de fundamentación y motivación quedan satisfechos cuando éstas son elaboradas por los órganos constitucionalmente facultados para su emisión y cuando tiende a regular circunstancias que exigen ser jurídicamente reguladas, además, la violación legislativa que alude, no trasciende de manera fundamental a la norma cuya inconstitucionalidad se reclama, en virtud de que no constituye un elemento esencial para su validez. En efecto, el artículo 16 constitucional establece la obligación de las autoridades de fundar y motivar todos sus actos, para así ajustarlos al marco constitucional. La obligación de fundar y motivar, en tratándose de actos legislativos se ven satisfechas cuando éstos son emitidos dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere a la autoridad, y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, por lo que no es necesario que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica. Así, la fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender como la circunstancia de que el Congreso o ente legislativo que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." De igual manera, cobra relevancia en el caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTÍA, CON RESPECTO A LAS LEYES. Ni en la iniciativa de una ley ni en el texto de la misma, es indispensable expresar su fundamentación y motivación, como si se tratara de una resolución administrativa, ya que estos requisitos, tratándose de leyes, quedan satisfechos cuando éstas son elaboradas por los órganos constitucionalmente facultados, y cumpliéndose con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo que para tal efecto se señalan en la Ley Fundamental." En el caso, la facultad para el procedimiento para la expedición de leyes se encuentra previsto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción I y 77 , fracciones III y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los cuales establecen entre otras cuestiones: los sujetos y órganos que pueden presentar iniciativas de ley; el procedimiento a seguir respecto a la discusión y aprobación de las leyes; la competencia de la Legislatura estatal para decretar o expedir leyes, así como las facultades del Gobernador para tal efecto; y las formalidades respecto a la aprobación, sanción y publicación de las leyes federales. De ese modo se concluye que no es indispensable expresar la fundamentación y motivación en la propuesta, en los dictámenes de discusión de una ley, ni en el texto de la misma, pues como ya se dijo, tratándose de normas generales, los mencionados requisitos quedan satisfechos cuando éstas son elaboradas por los órganos constitucionalmente facultados para su emisión y cuando tiende a regular circunstancias que exigen ser jurídicamente reguladas. Luego, si la norma que se tilda de inconstitucional fue propuesta por iniciativa del Gobernador del Estado de México, la Legislatura la analizó, sometió a discusión y debate; fue votada y aprobada por los legisladores y después promulgada y publicada por orden del Ejecutivo Estatal, entonces resulta claro que las disposiciones impugnadas fueron expedidas en uso de las atribuciones que específicamente han sido establecidas en la legislación aplicable, motivo por el cual se estima infundado el argumento esgrimido. Violación al principio de proporcionalidad y equidad tributaria. Dada la estrecha relación de dichos conceptos de violación relacionados con el tema de proporcionalidad y equidad tributaria, los mismos se analizarán de manera conjunta. - Las morales sostienen que la ley y regla reclamadas son inconstitucionales puesto que en modo alguno supera las etapas del test de proporcionalidad establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. - Indican que el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, es violatorio del principio de equidad tributaria, previsto en el 31, fracción IV, Constitucional, por establecer un trato diferenciado entre contribuyentes que comparten una misma situación de igualdad ante la ley, sin que existan razones objetivas para el otorgamiento de estímulos fiscales únicamente para los contribuyentes que señala dicho numeral con relación en las reglas de carácter general establecidas para acceder a ese subsidio. - Que no existe justificación objetiva y razonable para el tratamiento diferenciado entre contribuyentes que comparten una situación de igualdad entre la Ley. - Que dichos estímulos fiscales deben respetar los principios de justicia tributaria contenida en el citado artículo 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Que el subsidio que reclaman implica una alteración en el sentido y alcance de uno de los elementos esenciales del impuesto, a saber, los sujetos obligados al pago del mismo, por lo que las disposiciones impugnadas afectan e inciden directamente en la mecánica del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, y por tanto, insiste que se deben analizar a la luz de los principios de justicia tributaria. - Que los preceptos impugnados son violatorios de los principios de igualdad, universalidad y generalidad de los impuestos, con relación a la garantía de equidad tributaria, pues las quejosas, al igual que los sujetos a los cuales se otorgan los beneficios, son personas morales que fomentan el empleo a través del desarrollo integral de las familias, y se dedican a estimular y fomentar el empleo en el Estado de México, por ende no existe justificación legal para dejarla fuera de dichos beneficios, por lo que otorgan un tratamiento desigual e inequitativo. Son infundados los citados argumentos vía conceptos de violación. Conviene traer al caso lo dispuesto por los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales, el primero establece que se otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional para que el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales; así también, le corresponde planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general, y que al desarrollo económico nacional concurrirán el sector público, el sector social y el sector privado, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo y que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos. A su vez, el arábigo 28 de la norma constitucional es trascendente en cuanto a que prohíbe las exenciones de impuestos y autoriza el otorgamiento de subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación, vigilando su aplicación y evaluando su resultado. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional el artículo 11, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de México, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, relativo al subsidio en materia del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, así como la regla II.2 "Subsidio en materia de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal", de las Reglas de Carácter General de la Secretaría de Finanzas Para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés; en razón de que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes de ese impuesto que cumplan con las condiciones establecidas en la regla citada, excluyendo a las morales quejosas de gozar de ese beneficio. Dichas normas son del tenor siguiente: "Artículo 11. Los contribuyentes obligados al pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, gozarán del subsidio del 100 por ciento en los términos y plazos siguientes: I. Por los 36 meses posteriores a la generación de empleo, contratación, cambio o inicio de operaciones, según sea el caso, a los siguientes contribuyentes: a) Quienes generen durante el Ejercicio Fiscal 2023 empleos nuevos en el Estado de México para trabajadores de 60 años de edad o mayores. b) Quienes generen empleos para personas que hubieren concluido una carrera terminal, técnica, tecnológica o profesional en los años 2021, 2022 o 2023. c) Empresas que, teniendo fuentes de empleo en cualquier Entidad Federativa distinta al Estado de México, las cambien a esta Entidad durante el Ejercicio Fiscal 2023. d) Contribuyentes que durante el Ejercicio Fiscal 2023 inicien operaciones con su fuente de empleo y domicilio fiscal en el Estado de México (.)." "II.2. Subsidio en materia del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. II.2.1. Las personas físicas o jurídicas colectivas, incluidas las asociaciones en participación, causantes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, que durante el ejercicio fiscal 2023 se ubiquen bajo las siguientes hipótesis: (.) b) Que teniendo fuentes de empleo en cualquier otra entidad federativa, realicen el cambio de las mismas a esta entidad, gozarán del subsidio por los 36 meses siguientes contados a partir del mes de cambio, siempre y cuando el personal contratado permanezca laborando de forma ininterrumpida en el periodo objeto del subsidio. Para tal efecto, se considerará como fecha de inicio del subsidio la fecha en que se dio el aviso de cambio de domicilio o la apertura de establecimiento ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. c) Que durante el ejercicio fiscal 2023 inicien operaciones en el Estado de México con su fuente de empleo y domicilio fiscal en dicha entidad. En este supuesto, el goce del subsidio en el pago del impuesto se otorgará por el número de plazas con las que haya iniciado operaciones y por los 36 meses siguientes contados a partir del mes de alta de la obligación en el Estado de México. Para efectos de las presentes reglas, se considerará como fecha de inicio de operaciones la fecha de inicio de actividades estatales establecida en el Registro Estatal de Contribuyentes. No se considerará como inicio de operaciones la reanudación de actividades. Para los supuestos previstos en los incisos a), b) y d) el subsidio será aplicable siempre y cuando el personal contratado permanezca laborando de forma ininterrumpida en el periodo objeto del mismo. e) Los contribuyentes cuyo domicilio fiscal federal principal declarado ante el Registro Federal de Contribuyentes se ubique en el Estado de México, y que durante el ejercicio fiscal 2023 incrementen su plantilla laboral, gozarán del subsidio que se cause respecto de las nuevas plazas, desde la fecha en que se generen y durante los 12 meses posteriores. El subsidio se considerará tomando en cuenta la plantilla más alta de trabajadores que se declaró durante el 2022, y aplicará únicamente a los empleos generados durante el ejercicio fiscal 2023, adicionales a los de la plantilla mencionada y que cumplan con las condiciones administrativas previstas en las presentes reglas. (.) Para los supuestos previstos en los incisos a), b), d) y f) el subsidio será aplicable siempre y cuando el personal contratado permanezca laborando de forma ininterrumpida durante el en el periodo objeto del mismo. (.) Los contribuyentes que se ubiquen dentro de las hipótesis señaladas deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de las contribuciones estatales a que se encuentren sujetos. (.)." Luego, los argumentos de la quejosa giran en torno a que el precepto impugnado y las reglas de carácter general que se deben cumplir para obtener el subsidio señalado en el ordinal reclamado, son violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en términos del artículo 31, fracción IV, Constitucional, pues establecen un trato diferenciado sin una justificación objetiva y razonable entre contribuyentes que comparten una situación de igualdad ante la ley. Previo a determinar si el estímulo fiscal a que hace referencia el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés y las reglas de carácter general para acceder a éste, deben ser analizados a la luz del principio de justicia tributaria a que se refiere el artículo 31, fracción IV, Constitucional, conviene realizar las siguientes precisiones: Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; esto es, por facilidad operativa se incorporan al final de la mecánica de la contribución al disminuir la carga impositiva, siendo este el beneficio económico que recibe el contribuyente, teniendo como nota distintiva, que no afecta a la tributación misma, pues la correspondencia sólo se refleja en el sujeto obligado y la carga económica que tiene que cubrir. En cambio, los estímulos fiscales típicos, tienen relevancia impositiva cuando actúan junto a los elementos esenciales del tributo o se integran en su mecánica, de ahí que son relevantes para graduar el monto económico que se detrae al contribuyente, es decir, valoran la capacidad contributiva, aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar al contribuyente. Como puede apreciarse, la distinción entre ambos estímulos fiscales no radica en su relación con la carga tributaria que tienen que soportar los gobernados por virtud de las contribuciones, pues esta situación se presenta en los dos supuestos, sino en la forma en que se incorpora al esquema del tributo, ya que si actúa mediante un elemento esencial o se adiciona a su mecánica, dado que no se puede separar, tiene relevancia impositiva, porque se asocia a la valoración de la capacidad contributiva de los sujetos obligados; sin embargo, no acontece lo mismo si el estímulo fiscal opera desde afuera, es decir, sin relevancia impositiva, debido a que solamente sustrae una parte del impuesto que debe soportar el contribuyente. Esta diferenciación es útil para analizar si le son aplicables los principios de justicia fiscal al estímulo como expresión particular de ciertas garantías individuales, o bien, deben sujetarse a éstas en una connotación más amplia porque si el beneficio fiscal mide la capacidad económica del sujeto obligado o integra esta valoración, es idóneo su estudio a la luz de los principios de justicia fiscal, pues a partir de este hecho se puede vincular con la proporcionalidad y la equidad en el sentido de verificar si los recursos que aporta son producto de su capacidad contributiva, o si a otros sujetos se les da un trato preferente en el pago respectivo; y si el estímulo no está inmerso en la medición del hecho imponible o en cualquier otro de los elementos, es lógico que no puede apegarse a los principios de justicia tributaria a que se refiere el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política, porque no se logrará su adecuado acoplamiento, si se pondera que este tipo de beneficios fiscales surgen con datos o elementos ajenos a la estructura de la contribución. Apoya lo anterior, y en lo relativo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en cambio, los estímulos tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar al contribuyente. Esta diferencia material conlleva a que a ciertos estímulos fiscales les sean aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en tanto que si ese beneficio de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad debe estudiarse a la luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse con la proporcionalidad y la equidad impositivas. En ese tenor, si el estímulo fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, materializado a través de un acreditamiento, se otorga a personas que realizan actividades empresariales, con excepción de la minería, que compren diesel como combustible de la maquinaria en general, salvo vehículos, es indudable que estos factores son ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios -de donde surge el deber de pago- o al impuesto sobre la renta -con el cual se acredita-, en virtud de que no se adhieren a sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales." Con base en lo expuesto, se puede arribar a la convicción de que el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés y la regla II.2 de las Reglas de Carácter General de la Secretaría de Finanzas para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, se refieren y llevan inmerso un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva en el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal -de donde surge el deber de pago-, dado que no se adhiere a alguno de sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integra su mecánica, dado que opera desde afuera, es decir, sin relevancia impositiva debido a que sólo sustrae una parte del impuesto que debe soportar el contribuyente, tan es así que surge una vez determinado el tributo, sin duda, por disposición expresa de la propia norma jurídica que nos ocupa. En efecto, tal estímulo fiscal no incide en los elementos esenciales del tributo, en el caso, el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, como lo son el sujeto, objeto, base y tasa, los cuales se encuentran determinados en los artículos 56 a 59 Bis del Código Financiero del Estado de México. Conforme a lo anterior, resulta evidente que el estímulo fiscal a que se refiere el precepto 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, versa sobre un estímulo en el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, a quienes se ubiquen en la hipótesis legal establecida en dicho precepto en relación con las reglas para acceder a ese subsidio, hecho que impacta sobre el pago total con que se debe cubrir el impuesto, esto es, sólo disminuye o exenta del pago del impuesto causado durante un periodo de tiempo, con lo cual se pone de manifiesto que no afecta los elementos esenciales de la contribución, pues no importa la alteración de la base ni la modificación de la tasa, que a pesar del estímulo se mantienen ilesos. En ese sentido, el examen constitucional de la disposición jurídica de que se trata, por su naturaleza jurídico tributaria, no puede emprenderse bajo la óptica de los principios de justicia tributaria de proporcionalidad y de equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna, por lo cual, sin duda, lo conducente es desestimar, por infundados los conceptos de violación expuestos sobre el particular. Sustenta lo anterior el criterio que sostiene la jurisprudencia 1a./J. 69/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ESTÍMULOS FISCALES. AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El precepto mencionado del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013 establece la posibilidad de que las personas físicas que únicamente realicen actos o actividades con el público en general y que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el respectivo cumplimiento de las obligaciones, apliquen para el referido ejercicio fiscal una cantidad equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto al valor agregado que deben pagar por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles, el cual será acreditable contra el referido impuesto que deban pagar por dichas operaciones. Ello, siempre que los contribuyentes no trasladen al adquirente de los bienes, al receptor de los servicios independientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de bienes muebles, cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no realicen acreditamiento alguno del impuesto referido que les haya sido trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. Ahora bien, es criterio de este alto tribunal que los beneficios otorgados por razones no estructurales de la contribución, son producto de una sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional y pueden ubicarse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la extinción y disminución de tributos traducidos en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social adoptada en un época determinada. En este contexto, el estímulo fiscal de que se trata no constituye un ajuste a la estructura, diseño o monto del impuesto al valor agregado, ya que no afecta directamente a sus elementos esenciales ni al mecanismo que incide en el aspecto sustancial de la obligación fiscal que genera dicha contribución, no obstante que dicho estímulo haga referencia a un acreditamiento, pues tal elemento se otorga a manera de un crédito con el fin de que los sujetos del beneficio no paguen el tributo de que se trata en el ejercicio fiscal de dos mil catorce. En consecuencia, a dicho estímulo fiscal no le son aplicables los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En otro orden de ideas, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, el estímulo fiscal contenido en el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, no viola el derecho de igualdad, establecido en el artículo 1º constitucional, como inexactamente lo pretende hacer notar en este juicio. Conviene tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico la igualdad es un principio complejo, pues no sólo otorga a las personas el derecho de que serán iguales ante la ley, sino también en la ley, es decir, en relación con el contenido de ésta, la cual tendrá que ajustarse a las propias disposiciones constitucionales sobre igualdad para ser constitucional, por lo que, en algunas ocasiones, hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o incluso constitucionalmente exigido. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, que dice así: "IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO. El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones, y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de "términos de comparación", los cuales, así como las características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la determinación del punto desde el cual se establece cuándo una diferencia es relevante será libre más no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá sentido cualquier juicio de igualdad." Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no toda desigualdad de trato por la ley entraña una violación al principio de igualdad, sino sólo cuando produzca una distinción entre situaciones tributarias que puedan considerarse iguales, sin que exista para ello una justificación. Dicha justificación implica que el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, deberán sustentarse en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, bases que podrán responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso motivos extrafiscales. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las razones en que se apoya el legislador para emitir una norma que confiere un trato diferenciado entre quienes se ubican en el mismo supuesto de causación pueden precisarse en la exposición de motivos, en los dictámenes legislativos, en la propia ley o en el informe justificado que rinda en el juicio de amparo en el que se controvierta la norma. Así también, ha sostenido que existen casos excepcionales en los que el órgano de control constitucional puede advertir claramente que la disposición legal que establece un trato desigual entre quienes se encuentran en supuestos similares, está dirigida a proteger o ayudar a las clases débiles o menos favorecidas, o a alcanzar cualquier otro fin extrafiscal fácilmente identificable, es decir, existen casos en los que las razones que sustentan el trato diferenciado son evidentes por constituir hechos notorios. En estos supuestos puede considerarse válidamente que la autoridad legislativa no debe necesariamente exponer los argumentos tendentes a justificar el trato diferenciado que confiere una norma, pues éstos se conocen indubitablemente por quienes deben hacer el examen correspondiente en sede constitucional. Esto es, se trata de casos en los que el juzgador, ante lo evidente y manifiesto que resulta el sustento de la norma de que los subsidios fiscales que hace referencia el numeral 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México, contienen preceptos con la naturaleza de estímulos fiscales por cuestionada, puede sostener que el precepto relativo establece fines extrafiscales aunque sobre el particular no exista pronunciamiento alguno. Entonces, a fin de establecer si dicho precepto otorga un trato desigual entre contribuyentes que se encuentran en la misma situación de contribución, conviene recordar que el artículo 25 constitucional pone de relieve que el Estado debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica del país mediante el fomento e impulso de las actividades de interés general, bajo criterios de equidad social y de productividad, sin hacerse una distinción en cuanto al apoyo en los diversos sectores del desarrollo económico nacional. En otras palabras, el Estado debe impulsar cualquier sector del desarrollo económico, pero esta situación no produce que a todos se les otorgue el mismo incentivo económico o apoyo técnico, porque la Constitución Federal delimita las actividades que requieren contar con un mayor impulso y otras que por su solidez o productividad simplemente es necesario coordinar, dar seguridad jurídica o estímulos focalizados para que continúe su crecimiento, en virtud de que las áreas prioritarias del desarrollo, la producción y distribución de bienes o servicios socialmente necesarios, y las que inevitablemente se requieran para el desarrollo humano. Se insiste, el Estado al planear, conducir, coordinar y orientar las actividades económicas del país debe fomentar aquellas que sean de interés general; sin embargo, no necesariamente con la misma intensidad o por medio del mismo mecanismo, como pretende la quejosa por el solo hecho de ser una empresa legalmente establecida y que genera empleos en esta entidad federativa. En efecto, el precepto impugnado, cabe recordar no es más que un estímulo fiscal estatuido por el legislador con el fin de beneficiar a los contribuyentes del impuesto sobre erogaciones por remuneración al Trabajo Personal que al efecto se ubiquen bajo las reglas que para tal efecto se emitieron, dispensando de su carga tributaria el pago del citado impuesto, por un periodo determinado, lo cual evidentemente tiene su explicación, precisamente, en el interés que tiene el Estado en mantener actualizado del padrón de contribuyentes, asegurar la normalidad legal del sistema tributario, generar nuevas fuentes de empleo en el Estado, en relación a las personas que se señalan en el propio numeral 11 de la Ley de Ingresos del Estado de México, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, como se señaló en la propia exposición de motivos. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el artículo 31 de nuestra Carta Magna establece que: "son obligaciones de los mexicanos (...) contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.". Esto obliga a enfatizar que no existe un derecho constitucionalmente tutelado a la exención tributaria (o, en lo relevante para el presente caso, al otorgamiento de un estímulo fiscal), en tanto que todos -es decir, todos los que cuenten con un nivel económico mínimo- están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público. Por ende, se tiene que la disposición reclamada respeta los extremos siguientes: a) Su finalidad es objetiva y constitucionalmente válida. b) Es una medida racional. c) Cumple con la relación de proporcionalidad entre los medios implementados y los fines que se pretenden alcanzar. En relación con el primer aspecto, importa destacar que su finalidad fue incentivar la economía para proteger y generar nuevas fuentes de empleo en esta entidad, cuyos objetivos son válidos conforme a los artículos 25, 26 y 123 de la Constitución Federal, de cuya interpretación armónica deriva que el Estado está obligado a desarrollar formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación, además que organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al acrecimiento de la economía, para lo cual se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, partiendo de la base que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, cabe citar, en lo conducente, la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO OTORGA A LOS GOBERNADOS GARANTÍA INDIVIDUAL ALGUNA PARA EXIGIR, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, QUE LAS AUTORIDADES ADOPTEN CIERTAS MEDIDAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A AQUÉLLA. El citado precepto establece esencialmente los principios de la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, lo que se logrará mediante acciones estatales que alienten a determinados sectores productivos, concedan subsidios, otorguen facilidades a empresas de nueva creación, concedan estímulos para importación y exportación de productos y materias primas y sienten las bases de la orientación estatal por medio de un plan nacional; sin embargo, no concede garantía individual alguna que autorice a los particulares a exigir, a través del juicio de amparo, que las autoridades adopten ciertas medidas para cumplir con tales encomiendas constitucionales, pues el pretendido propósito del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a proteger la economía nacional mediante acciones estatales fundadas en una declaración de principios contenida en el propio precepto de la Ley Fundamental." De igual manera, la medida es adecuada y racional para alcanzar la meta deseada, puesto que con ella se permite no sólo la reactivación de la economía, sino también que las entidades y entes de derecho público respectivos, así como que las personas físicas y morales que inicien actividades empresariales en esta anualidad y Entidad Federativa y que, sin duda, las empresas que contraten trabajadores de sesenta años o mayores, personas que hayan concluido una carrera terminal, técnica, tecnológica o profesional. Por último, hay proporcionalidad en la medida decretada en tanto que responde a los fines sociales y económicos, dándole solución a un problema de interés estatal, como lo es el actual entorno económico adverso de la economía local y nacional. Por lo que, el hecho de que se entregue tal beneficio sólo a determinados contribuyentes, se encuentra justificado si se atiende a que el apoyo económico a esos sujetos se realiza para incentivar la economía, con la intención de proteger nuevas y ya existentes fuentes de empleo en esta entidad, motivo por el que el estímulo constituye un beneficio fiscal que corre a cargo del Gobierno del Estado de México, sacrificándose los ingresos que pudiere obtener por la recaudación del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. En tal virtud, no hay duda de que se previeron parámetros cualitativos y cuantitativos para determinar los supuestos en los que se puede acceder al estímulo de referencia, que, como se dijo, resultan razonables por constituir indicadores que atienden a criterios objetivos de naturaleza extrafiscal que justifican plena y racionalmente el trato diferenciado y que, en consecuencia, no transgreden el principio de igualdad. Así, se advierte que el estímulo se justifica en la medida en que está destinado a cumplir determinados fines extrafiscales claramente identificables, los cuales, se desprenden de la propia norma jurídica, es decir, reactivación económica, conservación y generación de empleos. Sobre ese particular, cabe citar la tesis sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, que dice: "FINES EXTRAFISCALES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LOS ESTABLEZCA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos de autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se satisface cuando aquella actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere y la motivación se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran los ordenamientos deban ser materia de una motivación específica, pues ello significaría una actividad materialmente imposible de llevar a cabo. Ahora bien, si de la simple lectura de una norma tributaria se advierte, prima facie, que está orientada a impulsar, conducir o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país, y los fines que pretende son precepto sin necesidad de hacer un complicado ejercicio de interpretación, es incuestionable que el juzgador puede sostener que el precepto relativo establece fines extrafiscales aunque sobre el particular no se haya hecho pronunciamiento alguno en la exposición de motivos o en el proceso legislativo respectivo." Luego, opuestamente a lo que sostienen las morales quejosas, es inexacto estimar que los parámetros que se fijaron en las normas reclamadas para sustentar el estímulo son arbitrarios, porque el numeral resulta general y, por tanto, necesariamente debe establecer parámetros generales que mientras sean lógicos y se apeguen a la realidad no pueden considerarse arbitrarios o caprichosos. Cierto, en el estímulo de que se trata, el emisor no puede conocer y menos valorar la situación económica en su integridad de todas y cada una de las empresas; antes bien, atiende al inicio de actividades empresariales, lo cual guarda estrecha relación con el impuesto muchas veces citado, dado que para el desarrollo de esas actividades, lógicamente, es necesario la utilización de empleados que, a cambio de la prestación de sus servicios, se les retribuye un salario, que es lo que, precisamente, constituye el objeto de esa contribución, al gravar las erogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, dicho sea de paso, los contribuyentes tanto beneficiados por el estímulo como aquellos a los cuales no se otorgó, como lo son las quejosas, deben pagar el referido impuesto en la proporción establecida en los preceptos que lo prevén. Lo anterior se considera así, pues el estímulo otorgado es una medida adecuada y racional para alcanzar la meta deseada, sin que lo antes expuesto implique una desigualdad entre contribuyentes que se encuentran en una misma situación tributaria, como en el caso lo es, el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, pues como se expuso con antelación, los beneficiados con el estímulo fiscal impugnado, efectúan el pago del citado impuesto conforme a los preceptos que lo establecen, sin modificar ninguno de sus elementos constitutivos del tributo, al igual que las empresas hoy quejosas, siendo la única diferencia, que con el fin de estimular la inversión de las mismas, se les exime del pago por un periodo; sin embargo, en modo alguno, los dispensa del aludido impuesto, una vez vencido el plazo de dicho estímulo fiscal, de ahí que los preceptos reclamados no otorguen un trato diferenciado como lo pretende la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia." De igual modo, es infundado el concepto de violación, en el que la quejosa sostiene que las normas que tacha de inconstitucionales, al contener beneficios para ciertos contribuyentes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, generan un trato discriminatorio a contribuyentes que, como en el caso, no se ubican en los supuestos establecidos. Lo anterior es así, pues hay que recordar que dichas normas establecen un estímulo fiscal estatuido por el legislador con el fin de beneficiar a los contribuyentes del impuesto sobre erogaciones por remuneración al Trabajo Personal que al efecto se ubiquen bajo las reglas que para tal efecto se emitieron, lo cual tiene su explicación, precisamente, en que con ellas se permite no sólo la reactivación de la economía, sino también que las entidades y entes de derecho público respectivos, así como que las personas físicas y morales que inicien actividades empresariales en esta anualidad y Entidad Federativa. Por lo que tal beneficio se otorgue a determinados contribuyentes, se encuentra justificado, toda vez que el apoyo económico a esos sujetos se realiza como ya se dijo para incentivar la economía, con la intención de proteger nuevas y ya existentes fuentes de empleo en esta entidad, motivo por el que el estímulo constituye un beneficio fiscal que corre a cargo del Gobierno del Estado de México En consecuencia, al resultar infundados los motivos de inconformidad de las morales quejosas lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal; negativa que se hace extensiva al acto de aplicación, consistente en el cobro del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de México, por no reclamarse por vicios propios. SEXTO. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SÉPTIMO. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Por lo expuesto, y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión, NO AMPARA NI PROTEGE en el presente juicio de amparo a *****, en contra de los actos reclamados a la "LXI" Legislatura del Estado de México, Gobernador del Estado de México y Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos y fundados en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución. Notífiquese; vía electrónica a la parte quejosa; por lista que se fija en los estrados del Juzgado al agente del Ministerio Público de la adscripción, y por oficio a las autoridades señaladas como responsables.
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