Rey David Hernández Martínez
Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rey David Hernández Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el quejoso Rey *****z, en esencia, reclama: El oficio S.P.- 9630 de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad responsable, en el que se le comunicó a Rey David Hernández Martínez (aquí quejoso), que no era procedente presentar su examen profesional para obtener el título como Ingeniero Militar en Comunicaciones y Electrónica, en razón de que su situación administrativa-académica era irregular, al haber logrado su permanencia en la citada carrera, con motivo de la suspensión otorgada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 630/2021-VI, del índice de este juzgado federal. En ese sentido, este juzgado de distrito advierte, de oficio, que respecto de dicho acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.).". De dicho precepto se aprecia que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, resulta aplicable, por identidad de razón, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, como ya se adelantó, la parte quejosa reclama el oficio S.P.- 9630 de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad responsable, en el que se le comunicó a Rey David Hernández Martínez (aquí quejoso), que no era procedente presentar su examen profesional para obtener el título como Ingeniero Militar en Comunicaciones y Electrónica, en razón de que su situación administrativa-académica era irregular, al haber logrado su permanencia en la citada carrera, con motivo de la suspensión otorgada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 630/2021-VI, del índice de este juzgado federal. Sin embargo, conforme de las constancias remitidas por la autoridad responsable a través del oficio registrado con el folio 16265, se advierte que mediante acuerdo 106965 de uno de noviembre de dos mil veintitrés, el General Secretario de la Defensa Nacional, determinó que el quejoso Rey David Hernández Martínez (teniente pasante Ingeniero de Comunicaciones y Electrónica) causará baja de la Escuela Militar de Ingenieros, cesando de efectuar la carrera de Ingeniero Militar en Comunicaciones y Electrónica de conformidad en el artículo 68, fracción VIII del Reglamento de la escuela Militar de Ingenieros al haber acumulado 580 puntos de demérito durante el ciclo escolar 2020-2021 y habérsele determinado mala conducta por el Consejo de Honor de la referida escuela militar. Lo que provocó un cambió de la situación jurídica, puesto que, cuando el acto reclamado consista en S.P.- 9630 de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se le comunicó a Rey David Hernández Martínez (aquí quejoso), que no era procedente presentar su examen profesional para obtener el título como Ingeniero Militar en Comunicaciones y Electrónica, circunstancia que hace patente que la autoridad responsable no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que actualmente se encuentra sujeto el quejoso. Ello, toda vez que la condición particular que guardaba antes del acuerdo 106965 de uno de noviembre de dos mil veintitrés, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional, motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al emitirse el acto reclamado en esta instancia constitucional, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Además, existe autonomía e independencia entre los actos reclamados en esta vía y la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso; de modo que esta última puede substituir con independencia de que aquellos actos resulten inconstitucionales o no. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento. Apoya a lo antes expuesto, la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia.". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos correspondientes del caso. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se INSTRUYE a la Oficial judicial "A" (SISE), para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Subjefe Jurídico Contencioso de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la Defensa Nacional, mediante el cual, remite copia certificada de diversas constancias que le fueron requeridas en auto de seis de octubre del año en curso. Atento a lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos y de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales que remite la autoridad en cita, las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de dar nueva cuenta de ella en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la indicada ley conforme a su artículo 2º, se da vista a las partes con las citadas documentales por el término continuo y genérico de ocho días. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede, se provee hasta ésta data, en los términos siguientes: Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte, que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de julio del año en curso, a pesar de estar debidamente notificado. En ese sentido, es menester contar con la totalidad con las constancias relativas al expediente laboral ********************, a fin de estar en posibilidad de resolver el presente asunto. Por lo tanto, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable antes citada, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran al expediente laboral ********************, de su índice, a partir de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada el dos de junio del año en curso, hasta su última actuación. Se apercibe a la citada autoridad, que para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior o no informe la imposibilidad legal que tenga para ello, dentro del término concedido, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Lo anterior, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que se encontraba señalada para el día veinte de octubre del año en curso, el cual fue declarado inhábil, como se desprende de la certificación que antecede; y, en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en ausencia temporal del Jefe de la misma quien actúa en representación del Director de la Escuela Militar de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiséis de septiembre del año en curso y al efecto remite copia certificada del procedimiento administrativo sancionador implementado en contra del aquí quejoso. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la indicada ley conforme a su artículo 2º, se da vista a las partes con las documentales, por el término continuo y genérico de ocho días. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas documentales que remite; las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, de la revisión de las constancias se advierte que mediante oficio SCB-1403 de la estadística de la responsable se inició procedimiento administrativo en contra del promovente de amparo para resolver sobre la procedencia o improcedencia de su baja de la Escuela Militar de Ingenieros mediante resolución respectiva. En virtud de lo anterior, requiérase a la autoridad oficiante para que en el plazo de diez días, computados a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, informe el sentido de la resolución del procedimiento administrativo sancionador implementado en contra del quejoso y remita copia certificada que sustente tal circunstancia, toda vez que resultan necesarias para resolver el expediente que nos ocupa. Apercibido que en caso de no remitir la referida documentación o bien informar la imposibilidad que tenga para remitirlo, se le impondrá una medida de apremio, consistente en una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización; con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que su omisión, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues entorpece la administración de justicia pronta y expedita, en el presente asunto. Notifíquese: por oficio a la autoridad responsable, y por lista al resto de las partes.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · 7,200 expedientes
- René Sánchez Zuppa564/2021
- René Vives Rendón275/2022
- René Vives Rendón276/2022
- Rey Arellano Flores337/2022
- Rey David Cruz Ángeles297/2021
- Rey David Hernández Martínez630/2021
- Rey Isaac Vázquez Barrera697/2023
- Reyes Chaparro Duran1148/2019
- Reyes García Martínez935/2018
- Reyes Justino Medel Chegue18/2023
- Reyes Justino Medel Chegue1024/2023
- Reyes Martínez Anaya50/2019