Reyna Diana Campos Barrios

Expediente 1469/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1469/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Reyna Diana Campos Barrios

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el original del juicio de amparo 1347/2023-I, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, promovido por ***, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales *** y ****, al haber aceptado el conocimiento previo planteado, demanda en la que se señala como autoridad responsable y actos los que a continuación se precisan: Autoridad responsable Juez Mixto del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. Acto reclamado El auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar ***** del índice del A quo responsable, a través del cual determinó desestimar la excepción de incompetencia planteada por la quejosa en su escrito de contestación de demanda. Radicación y registro de la demanda Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 1469/2023-V. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Captura de los datos de los menores. Ahora bien, en cumplimiento a la circular DGG/JSTG/20/2020, signada por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, se instruye a la Oficial Judicial "A" para que capture en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la edad de los menores quejosos de iniciales J.I.R.C. (10 años) y S.R.C. (8 años). Causal de improcedencia Ahora bien, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: El auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar 10694/2023 del índice del A quo responsable, a través del cual determinó desestimar la excepción de incompetencia planteada por la quejosa en su escrito de contestación de demanda. En ese contexto, previamente al juicio de amparo, la quejosa debió interponer recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.76, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Dicho precepto prescribe: "Artículo 5.76.- La apelación procede en contra de: II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y (.)." De lo anterior, se advierte que en contra del acto impugnado por la parte quejosa es procedente el recurso de apelación en contra del auto impugnado y sus consecuencias, previstos por la legislación procesal civil del Estado de México; medios de defensa a través de los cuales es dable conseguir la modificación, revocación o nulificación de las actuaciones como las que tilda de inconstitucionales. Ello es así, pues de conformidad con los preceptos antes citados, de manera específica el numeral 5.76, fracción II, la apelación se erige como medio ordinario de defensa procedente en contra del auto reclamado. Tal es el caso que nos ocupa, ya que el acto reclamado se hace consistir en el auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar 10694/2023 del índice del A quo responsable, a través del cual determinó desestimar la excepción de incompetencia planteada por la quejosa en su escrito de contestación de demanda, por lo que, en su contra debía agotarse el medio de impugnación en comento, previamente a la interposición del juicio de amparo. Sentado lo anterior, se puede establecer que en el caso concreto el auto que la quejosa reclama es un auto en contra del cual procede el recurso de apelación, dado que se determinó desestimar la excepción de incompetencia planteada por la quejosa. Por tanto, la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo se encontraba obligada a agotar el recurso de apelación, previsto en la legislación procesal de la materia, pues a través de dicho medio de impugnación podía lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En este contexto, la quejosa se encontraba legalmente obligada a agotar el recurso de apelación de mérito previo al ejercicio de la acción constitucional. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009912, cuyo contenido es el siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. Así mismo, sirve de apoyo la tesis aislada III.4o.C.42 C (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con registro digital 2011512, cuyo contenido es el siguiente: RECURSO DE REVOCACIÓN. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PROCEDE CONTRA EL PROVEÍDO QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA EN UN JUICIO DE CARÁCTER CIVIL, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 22, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.", determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que desecha o desestima un incidente y/o la excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destaca el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, ya que la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. En congruencia con lo anterior, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra el proveído dictado en uno de carácter civil, que deseche la excepción de incompetencia por declinatoria, procede el recurso de revocación, en términos del artículo 431 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, toda vez que en ese evento, la Sala no resuelve el fondo sustancial de aquélla, pues no determina cuál Juez resulta competente para continuar conociendo del trámite del juicio de origen. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que el acto reclamado no es definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es indudable, ya que ese hecho no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio para oír y recibir notificaciones La parte quejosa señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en Cuernavaca Morelos, Estado de México, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito; en consecuencia, se le tiene como tal la lista que se fija en los estrados de este juzgado. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, dada la trascendencia esta determinación, por única ocasión, con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, líbrese atento exhorto vía interconexión al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente auto a la promovente Reyna Diana Campos Barrios, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales J.I.R.C. y S.R.C. en el domicilio ubicado en Avenida Álvaro Obregón número 219, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con el apercibimiento, que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se faculta al juez exhortado para que provea todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado en este proveído y en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles al fedatario judicial adscrito a su juzgado. Juicio en línea En términos de lo que establece el artículo 263, tercer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Autorizados para oír notificaciones En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente por exhorto a la parte quejosa.

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