Reyes Abelardo Perera Och

Expediente 1406/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1406/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
02/05/2019

Partes del expediente

  • Reyes Abelardo Perera Och
  • Juez Segundo Mixto Civil Y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    III. CAUSA ESTADO DE ORDENA EL ARCHIVO

  2. Principal

    III. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, con el que da cumplimiento al requerimiento de diecinueve de marzo último. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no admitido el juicio de interdicto desposesión de estado de hijo, radicado con el número 428/2018, que promovió a efecto de salvaguardar los derecho del menor cuya paternidad reclama, así como sus consecuencias. Por tanto, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XIX, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de las siguientes consideraciones. Ahora bien, de la interpretación literal del numeral 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se advierte que regula uno de los principios del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la exigencia de que el acto que se reclama en el juicio de amparo sea definitivo, es decir, que ya no exista otro medio de defensa o recurso por medio del cual dicho acto pueda ser anulado, revocado o modificado, ya que el juicio de amparo es un medio de defensa constitucional extraordinario que requiere la definitividad del acto impugnado, salvo los casos excepcionales establecidos en la misma ley y en la jurisprudencia. Por lo anterior, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resulta improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El referido principio trata de evitar la coexistencia del medio ordinario de defensa con la instancia constitucional en contra de un mismo acto, pues lo contrario traería como consecuencia, la posibilidad de que emitan dos resoluciones respecto al mismo planteamiento legal que, inclusive, podrían ser contradictorias. Para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo a que se ha hecho referencia, se deben satisfacer los requisitos siguientes:  Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo;  Que la ley establezca algún recurso o medio de defensa contra ese acto;  Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y,  Que en la especie no se surta alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Establecido lo anterior, debemos determinar a qué tipo de recurso o medio de defensa se refiere la causal que se analiza: si a uno ordinario o extraordinario. Los medios de defensa o recursos ordinarios son aquellos que se establecen en la ley por la cual se rige el procedimiento de donde deriva el acto reclamado y que pueden interponerse en el curso mismo del procedimiento, dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre; esto es, por medio ordinario de defensa entendemos todos aquellos que se pueden interponer durante un procedimiento para modificar, revocar o nulificar el acto materia del mismo y que se encuentran previstos en la misma ley que rige el procedimiento. Los medios extraordinarios se diferencian de los ordinarios por la ley u ordenamiento legal en que se encuentran establecidos, o por el momento procesal en que se pueden interponer. En efecto, el carácter de medio de defensa o recurso extraordinario no sólo está dado por no estar previsto dentro del procedimiento de que se trate, por su denominación o por estar regulado en un ordenamiento diverso, sino debe analizarse aunado a todo lo anterior la naturaleza del mismo, sus fines y efectos para poder determinar si dicho recurso o medio de defensa cumple con esa naturaleza para efecto de calificar la definitividad del acto reclamado y, en consecuencia, la procedencia del juicio constitucional. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado del Juez responsable y las enviadas por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se aprecia que el aquí quejoso interpuso recurso de apelación contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio 428/2018, relativo al juicio de inderticto de retener la posesión de estado de hijo respecto del menor de edad J.A.M.P. en contra de Diana Magdalena Pech Ramírez y Jorge Elías Mahla Ruiz. Asimismo, se aprecia que en fecha once de febrero del año en curso, la referida Sala Colegiada dio trámite al recurso instado, teniéndolo por presentado en tiempo y forma ello dentro del toca 145/2019. Atento a lo anterior, es claro que el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en el sumario de origen 428/2018, se trata de un medio ordinario de defensa, cuenta habida que se encuentra previsto en la propia codificación aplicable, además de que es susceptible de modificar o revocar el acto impugnado y se tramita en el propio expediente natural. En ese sentido, como acontece en la especie, en el juicio de amparo se impugna el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no admitido el juicio de interdicto desposesión de estado de hijo, radicado con el número 428/2018, que promovió a efecto de salvaguardar los derecho del menor cuya paternidad reclama, así como sus consecuencias y al mismo tiempo interpone recurso de apelación contra el auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el Inderticto apelante respecto del menor de edad J.A.M.P. en contra de Diana Magdalena Pech Ramírez y Jorge Elías Mahla Ruiz, el cual se admitió a trámite el once de febrero de dos mil diecinueve, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia antes citada. Lo anterior es así, pues la causal en estudio deriva del principio de definitividad, según el cual, el acto que se reclama en el amparo ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado. Por ello, no pueden coexistir el amparo con otro recurso que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el aludido principio, cabría la posibilidad de que se dictasen dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias. Así, el referido recurso de apelación busca por una parte, invalidar la sentencia emitida en el procedimiento natural; sin embargo, por otra parte, el tribunal de alzada tiene la obligación de estudiar los agravios en los que se combata la falta o la ilegalidad del emplazamiento efectuado en el juicio, ello, toda vez que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido como obligación de los tribunales de alzada, el estudio oficioso de la falta o ilegal emplazamiento, y la posibilidad de que el afectado impugne dicha violación a través de los agravios expuestos en el recurso de apelación, lo que de suyo implica una regla de excepción para el análisis de violaciones procesales, ya que la falta o ilegal emplazamiento constituye la violación procesal de mayor magnitud, la cual impide que legalmente se constituya la relación jurídico-procesal entre el actor y el demandado Es por lo anterior, que ante la promoción del recurso de apelación y la del juicio de amparo indirecto, se advierte que no pueden coexistir ambos, precisamente en virtud del principio de definitividad antes mencionado. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable en este asunto, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de las causales de improcedencia que se actualizaron, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Sin que obste el hecho de que no se haya emplazado a los terceros interesados Diana Magdalena Pech Ramírez y Jorge Elías Mahla Ruiz, habida cuenta que el presente acuerdo en el que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo no les causa afectación alguna. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, con el que da cumplimiento al requerimiento de diecinueve de marzo último. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no admitido el juicio de interdicto desposesión de estado de hijo, radicado con el número 428/2018, que promovió a efecto de salvaguardar los derecho del menor cuya paternidad reclama, así como sus consecuencias. Por tanto, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XIX, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de las siguientes consideraciones. Ahora bien, de la interpretación literal del numeral 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se advierte que regula uno de los principios del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la exigencia de que el acto que se reclama en el juicio de amparo sea definitivo, es decir, que ya no exista otro medio de defensa o recurso por medio del cual dicho acto pueda ser anulado, revocado o modificado, ya que el juicio de amparo es un medio de defensa constitucional extraordinario que requiere la definitividad del acto impugnado, salvo los casos excepcionales establecidos en la misma ley y en la jurisprudencia. Por lo anterior, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resulta improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El referido principio trata de evitar la coexistencia del medio ordinario de defensa con la instancia constitucional en contra de un mismo acto, pues lo contrario traería como consecuencia, la posibilidad de que emitan dos resoluciones respecto al mismo planteamiento legal que, inclusive, podrían ser contradictorias. Para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo a que se ha hecho referencia, se deben satisfacer los requisitos siguientes:  Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo;  Que la ley establezca algún recurso o medio de defensa contra ese acto;  Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y,  Que en la especie no se surta alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Establecido lo anterior, debemos determinar a qué tipo de recurso o medio de defensa se refiere la causal que se analiza: si a uno ordinario o extraordinario. Los medios de defensa o recursos ordinarios son aquellos que se establecen en la ley por la cual se rige el procedimiento de donde deriva el acto reclamado y que pueden interponerse en el curso mismo del procedimiento, dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre; esto es, por medio ordinario de defensa entendemos todos aquellos que se pueden interponer durante un procedimiento para modificar, revocar o nulificar el acto materia del mismo y que se encuentran previstos en la misma ley que rige el procedimiento. Los medios extraordinarios se diferencian de los ordinarios por la ley u ordenamiento legal en que se encuentran establecidos, o por el momento procesal en que se pueden interponer. En efecto, el carácter de medio de defensa o recurso extraordinario no sólo está dado por no estar previsto dentro del procedimiento de que se trate, por su denominación o por estar regulado en un ordenamiento diverso, sino debe analizarse aunado a todo lo anterior la naturaleza del mismo, sus fines y efectos para poder determinar si dicho recurso o medio de defensa cumple con esa naturaleza para efecto de calificar la definitividad del acto reclamado y, en consecuencia, la procedencia del juicio constitucional. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado del Juez responsable y las enviadas por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se aprecia que el aquí quejoso interpuso recurso de apelación contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio 428/2018, relativo al juicio de inderticto de retener la posesión de estado de hijo respecto del menor de edad J.A.M.P. en contra de Diana Magdalena Pech Ramírez y Jorge Elías Mahla Ruiz. Asimismo, se aprecia que en fecha once de febrero del año en curso, la referida Sala Colegiada dio trámite al recurso instado, teniéndolo por presentado en tiempo y forma ello dentro del toca 145/2019. Atento a lo anterior, es claro que el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en el sumario de origen 428/2018, se trata de un medio ordinario de defensa, cuenta habida que se encuentra previsto en la propia codificación aplicable, además de que es susceptible de modificar o revocar el acto impugnado y se tramita en el propio expediente natural. En ese sentido, como acontece en la especie, en el juicio de amparo se impugna el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no admitido el juicio de interdicto desposesión de estado de hijo, radicado con el número 428/2018, que promovió a efecto de salvaguardar los derecho del menor cuya paternidad reclama, así como sus consecuencias y al mismo tiempo interpone recurso de apelación contra el auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el Inderticto apelante respecto del menor de edad J.A.M.P. en contra de Diana Magdalena Pech Ramírez y Jorge Elías Mahla Ruiz, el cual se admitió a trámite el once de febrero de dos mil diecinueve, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia antes citada. Lo anterior es así, pues la causal en estudio deriva del principio de definitividad, según el cual, el acto que se reclama en el amparo ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado. Por ello, no pueden coexistir el amparo con otro recurso que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el aludido principio, cabría la posibilidad de que se dictasen dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias. Así, el referido recurso de apelación busca por una parte, invalidar la sentencia emitida en el procedimiento natural; sin embargo, por otra parte, el tribunal de alzada tiene la obligación de estudiar los agravios en los que se combata la falta o la ilegalidad del emplazamiento efectuado en el juicio, ello, toda vez que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido como obligación de los tribunales de alzada, el estudio oficioso de la falta o ilegal emplazamiento, y la posibilidad de que el afectado impugne dicha violación a través de los agravios expuestos en el recurso de apelación, lo que de suyo implica una regla de excepción para el análisis de violaciones procesales, ya que la falta o ilegal emplazamiento constituye la violación procesal de mayor magnitud, la cual impide que legalmente se constituya la relación jurídico-procesal entre el actor y el demandado Es por lo anterior, que ante la promoción del recurso de apelación y la del juicio de amparo indirecto, se advierte que no pueden coexistir ambos, precisamente en virtud del principio de definitividad antes mencionado. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable en este asunto, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de las causales de improcedencia que se actualizaron, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Sin que obste el hecho de que no se haya emplazado a los terceros interesados Diana Magdalena Pech Ramírez y Jorge Elías Mahla Ruiz, habida cuenta que el presente acuerdo en el que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo no les causa afectación alguna. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte la constancia realizada por la Actuaria adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, en la cual asienta los motivos por los que no le fue posible hacer entrega del oficio 8020/2019 del índice de este juzgado, dirigido al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, toda vez que al constituirse en las instalaciones, fue atendida por el licenciado Luis Sosa y ser el encargado de la recepción de oficios, quien le informó que no recibiría dicho oficio, ya que le corresponde a la Sala Civil; en consecuencia, comisiónese a la Actuaria de este Juzgado en turno, para que se constituya a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, (denominación correcta), ya que es necesario que la citada autoridad tenga conocimiento del contenido del acuerdo de diecinueve de marzo del año en curso, para los efectos legales correspondientes. Cúmplase. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano