Rey David Cozatl Cabrera
Expediente 1814/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1814/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rey David Cozatl Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el escrito suscrito por el quejoso********************y anexos que acompaña, mediante los cuales informa que se presentó ante las autoridades responsables a efecto de cumplir con los requisitos establecidos en la suspensión provisional concedida en fecha diecisiete de los corrientes, entre ellos, cubrir el monto de la multa que le fue impuesta por la cantidad con descuento de $2,593.00 dos mil quinientos noventa y tres pesos, lo que realizó, adicionalmente, las responsables le indicaron que tenía que exhibir la póliza del seguro de su automotor, lo que también realizó asegura el quejoso, anexando a su escrito el pago de la citada multa así como la carátula de la póliza de seguro de automóviles residentes expedida a su favor por Banorte, Seguros. Sin embargo, las responsables le mencionaron, que también tenía que presentarles el recibo de pago del seguro, indicando el quejoso que tal requisito no es necesario, pues en la póliza se establece el método de pago y la forma de cobro que realizó ante el Banco Banorte, negándole en consecuencia, la devolución de su automotor. Ahora bien, en autos del cuaderno incidental en que se actúa, se advierte que en resolución interlocutoria de veintisiete de noviembre del año en curso, se concedió al quejoso la suspensión definitiva, para los mismos efectos precisados en la provisional, esto es, para que las autoridades responsables una vez cumplidos los trámites administrativos respectivos y acreditada la propiedad del vehículo, devuelva al quejoso ********************en calidad de depósito, el vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de cinco días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, informen la forma y los términos que están acatando la suspensión definitiva emita en autos. Apercibidas que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se les impondrá, a cada una, la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el informe previo rendido por la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado y anexo que acompaña, sin hacer pronunciamiento alguno respecto al contenido del mismo, toda vez que mediante resolución dictada el veintisiete de los corrientes, se celebró la audiencia incidental respectiva, inclusive por el acto reclamado a dicha autoridad. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en su informe de mérito; igualmente, téngase como medios alternativos de comunicación el correo electrónico que proporciona en el mismo para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario Pablo Pérez Pacheco, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos; asimismo, da cuenta con los registros de Oficialía de Partes números 16576, 16577, 16580 y 16564, correspondientes a los informes previos rendidos por el Director General Jurídico y de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado, por el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador del Estado, por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado y por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con residencia en esta ciudad. Asimismo, doy cuenta con el diverso informe previo rendido por el Suplente del Director Jurídico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán; mismo que obra agregado en autos. Igualmente, le informo que el Congreso del Estado y el Inspector del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, no rindieron su correspondiente informe previo, no obstante estar debidamente notificados, según consta de la constancia de notificación de los oficios que al efecto se les giró para que lo rindieran. La Jueza acuerda: Agréguense a estos autos los informes previos de las autoridades de que se trata y ténganse por rendidos en tiempo y forma los mismos, para que sean tomados en consideración como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 y 141 de la Ley de Amparo en vigor, celébrese la presente audiencia incidental relativa, inclusive las autoridades responsables que fueron omisas al no rendir su correspondiente informe previo, ya que fueron debidamente notificadas, por las razones y fundamentos que a continuación se referirán. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de las autoridades responsables, Director General Jurídico y de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado; Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador del Estado y por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su respectivo informe previo, y como medios de contacto el correo electrónico que señala en su respectivo informe de mérito. De igual forma, se les autoriza a los delegados de las citadas responsables, el uso de cámaras digitales, lectores ópticos o cualquier otro medio de reproducción, para efecto de que se utilicen únicamente para consultar los autos, conforme a la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Abierto el período de pruebas se da cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió a su demanda inicial; en mérito de lo cual, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo en vigor, se admiten las pruebas documentales antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica Abierto el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierran dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: VISTOS, los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo V-1814/2023, promovido por el quejoso ********************, contra los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que el peticionario de amparo reclama de las responsables, la retención del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, que afirma es de su propiedad, así como las consecuencia de la misma. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por acuerdo de fecha catorce de noviembre del año en curso, se ordenó tramitar por duplicado el presente incidente de suspensión, se pidió a las responsables sus informes previos; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como los numerales 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, en la etapa respectiva se dio cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió a su demanda inicial; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo en vigor, se resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva atento a lo expresado por las autoridades en sus informes previos, por las pruebas admitidas y la naturaleza de los actos reclamados. TERCERO. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN. En los informes previos rendidos por las autoridades responsables éstas señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO Suplente del Director Jurídico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán NIEGA Director General Jurídico y de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado NIEGA Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador del Estado CIERTO Consejero Jurídico del Gobierno del Estado NIEGA Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado NIEGA El Congreso del Estado y el Inspector del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, no rindieron su correspondiente informe previo, no obstante estar debidamente notificados, según consta de la constancia de notificación de los oficios que al efecto se les giró para que lo rindieran; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Amparo en vigor, se presume cierto el acto que se les reclama. Así mismo, también deberá tenérseles por ciertos los actos reclamados al Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y Director Jurídico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, pues aun cuando manifestaron no ser cierto los actos que se le reclaman; sin embargo, expresaron argumentos tendentes a justificar sus actos, por tanto se desvirtúa dicha negativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con la voz: "ACTO RELAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. El Director General Jurídico y de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclamó sin prueba en contrario, por tanto, deberá negársele al quejoso la medida cautelar por lo que respecta a los actos reclamados a dicha autoridad responsable. QUINTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada, en cuanto a las consecuencias del citado acto a fin de que se le restituya a la parte quejosa la posesión del citado automotor, se procede analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada. Ahora bien, de conformidad con lo establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, se establece los siguientes requisitos: Que la solicite el quejoso; y, Que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, se actualiza la primera hipótesis pues el quejoso solicitó la suspensión de los actos en su demanda de amparo, cuya existencia quedó acredita con base en los informes previos de las autoridades responsables, que aceptaron la existencia de los mismos, consistente en la retención del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, que afirma el agraviado es de su propiedad. Así mismo, es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y declarativo, entre otros. Precisado lo anterior, lo que procede es determinar si la retención del referido vehículo automotor, por parte de las autoridades responsables, previamente a la promoción del juicio de amparo, es un acto consumado para los efectos de la suspensión, y si la concesión de la medida implica dar efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo. Al respecto, a juicio de la suscrita resolutora, el acto no es consumado para los efectos de la suspensión y, por ende, sí es susceptible de ser suspendido. La anterior afirmación se desprende de que la retención del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, llevada a cabo previamente a la promoción del juicio de amparo, si bien es un acto que se ha ejecutado, no puede considerarse como consumado para los efectos de la suspensión, ya que subsiste mientras el vehículo no sea devuelto al quejoso. Es decir, si bien la referida retención del vehículo se realizó en un solo momento, dicho acto no queda definitivamente consumado, toda vez que sus efectos se prolongan por todo el tiempo que exista la citada retención, lo que permite suspender esos efectos a fin de evitar perjuicio a la agraviada durante la tramitación del juicio de amparo. Además, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa solicitó la suspensión definitiva respecto de las consecuencias del acto reclamado, consistente en la retención del vehículo automotor, para el efecto de que le fuera devuelto, de donde se desprende que la suspensión se pidió no respecto de la detención en sí misma, sino de sus efectos y consecuencias; de ahí que, si estos siguen ejecutándose, no podría considerarse la desposesión como un acto indefectiblemente consumado pare los efectos de la medida cautelar. Ahora bien, debe precisarse que la suspensión que se conceda en contra de la retención del vehículo no tendrá efectos restitutorios, porque de no prosperar la acción constitucional intentada, las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar nuevamente el acto y, en caso contrario se habrá restituido a la quejosa en el goce del derecho constitucional violado, con lo que se evitaran los perjuicios que se pudieran provocar durante la tramitación del presente amparo. Dicho en otras palabras, la concesión de la medida cautelar no implica una restitución en el goce del derecho constitucional violado, ya que el acto reclamado sigue existiendo, en este caso, la orden de retención, encierro, secuestro administrativo o depósito del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, lo que hace es mantener la situación jurídica que mantenía antes de que tuviera lugar el acto reclamado, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a las autoridades ejecutar el acto en sus términos o restituya a la agraviada en el goce de sus derechos. Con base en lo anterior, se considera que la retención del vehículo automotor, es un acto que, conforme a su naturaleza, es susceptible de ser suspendido, y que de conceder la suspensión en contra de ese acto, no se daría efectos restitutorios en la medida cautelar. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2001198, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." Ahora bien, como se indicó, se advierte que se cumple con la condición prevista en la fracción I del artículo 128 referido, pues la medida cautelar fue solicitada por ******************** quien adjunta como documentos para acreditar de manera indiciaria la propiedad del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, lo siguiente: a) Original de la tarjeta de circulación del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, misma que se encuentra a nombre de ********************. Documento al que se le otorga valor probatorio, mismo que genera convicción a la suscrita Juzgadora, hasta esta etapa procesal, respecto a la titularidad del quejoso como propietario del vehículo retenido. Por lo que toca al diverso requisito consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, dispone que: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, ...". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que por apariencia de buen derecho respecto de lo cual, debe entenderse el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige a la juzgadora constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, se analice si de concederse la medida suspensional con base en esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión. Lo anterior se señala así, pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad; lo cual desde luego tornaría de suyo improcedente la medida. El segundo de los requisitos contenido en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, también se satisface, porque al concederse la suspensión no se afecta al interés social ni se infringen disposiciones de orden público. En el caso, como se vio, se reúnen los requisitos a que se refiere el numeral 128 citado para conceder la medida que se solicita. En el artículo 147 de la Ley de Amparo, se establece que la medida suspensional se concederá, de ser jurídica y materialmente posible, restableciendo provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado. Luego, considerando que la suspensión del acto reclamado en análisis constituye un acto de tracto sucesivo, que se acreditaron los requisitos previstos en el artículo 128 para el otorgamiento de la suspensión, y que en el caso, la naturaleza del acto otorga la posibilidad de que materialmente se restablezca provisionalmente a la quejosa en el derecho violado, procede CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR, para el efecto de que las autoridades responsables una vez cumplidos los trámites administrativos respectivos y acreditada la propiedad del vehículo, devuelva al quejoso ********************, en calidad de depósito, el vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, hasta en tanto se notifica a las autoridades responsables la resolución ejecutoria que se dicte acerca del juicio principal donde derivan los presentes autos. Importa señalar que la presente suspensión no surtirá efecto alguno, en el caso de que, esté pendiente el pago de alguna multa derivada del acto que dio origen a la retención, esto es, con motivo de una falta administrativa, o cualquier otra sanción por violación al reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, o cualquier otra disposición de carácter Federal o Estatal. De igual forma, dicha medida no constituye autorización para que el quejoso contravenga disposiciones de carácter administrativo, quedando expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dichas normas y complementarias que prevean las sanciones correspondientes para el caso de nueva infracción a la que motiva la presente demanda de amparo, o bien, por estar circulando dicho vehículo en la que se encuentre prestando servicio de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades previstas en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, esto es público, particular o contratado a través de plataformas tecnológicas, sin cumplir con los requisitos que establece la referida Ley o su Reglamento, para poder ejercer dicha actividad. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA al quejoso ********************, la suspensión definitiva contra los actos que reclama del Director General Jurídico y de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, por lo motivos expuestos y fundamentos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE al quejoso ********************, la suspensión definitiva contra los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades, precisados en el considerando tercero, por lo motivos expuestos y fundamentos en el quinto subsecuente de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, hago constar: que en la misma fecha se expidieron los oficios 28887, 28888, 28889, 28890, 28891 y 28892 correspondientes, en términos de la minuta que se agrega. Conste. "2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO" OFICIOS: 28887/2023 DIRECTOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 28888/2023 DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 28889/2023 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 28890/2023 DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 28891/2023 CONSEJERIA JURIDICA DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 28892/2023 CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) MÉRIDA, YUCATÁN. En autos del incidente de suspensión V-1814/2023, promovido por********************, contra actos de Usted y otras autoridades, el día de hoy se dictó una resolución del texto siguiente: "AUDIENCIA INCIDENTAL En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario Pablo Pérez Pacheco, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos; asimismo, da cuenta con los registros de Oficialía de Partes números 16576, 16577, 16580 y 16564, correspondientes a los informes previos rendidos por el Director General Jurídico y de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado, por el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador del Estado, por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado y por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con residencia en esta ciudad. Asimismo, doy cuenta con el diverso informe previo rendido por el Suplente del Director Jurídico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán; mismo que obra agregado en autos. Igualmente, le informo que el Congreso del Estado y el Inspector del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, no rindieron su correspondiente informe previo, no obstante estar debidamente notificados, según consta de la constancia de notificación de los oficios que al efecto se les giró para que lo rindieran. La Jueza acuerda: Agréguense a estos autos los informes previos de las autoridades de que se trata y ténganse por rendidos en tiempo y forma los mismos, para que sean tomados en consideración como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 y 141 de la Ley de Amparo en vigor, celébrese la presente audiencia incidental relativa, inclusive las autoridades responsables que fueron omisas al no rendir su correspondiente informe previo, ya que fueron debidamente notificadas, por las razones y fundamentos que a continuación se referirán. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de las autoridades responsables, Director General Jurídico y de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado; Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador del Estado y por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su respectivo informe previo, y como medios de contacto el correo electrónico que señala en su respectivo informe de mérito. De igual forma, se les autoriza a los delegados de las citadas responsables, el uso de cámaras digitales, lectores ópticos o cualquier otro medio de reproducción, para efecto de que se utilicen únicamente para consultar los autos, conforme a la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Abierto el período de pruebas se da cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió a su demanda inicial; en mérito de lo cual, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo en vigor, se admiten las pruebas documentales antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica Abierto el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierran dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: VISTOS, los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo V-1814/2023, promovido por el quejoso ********************, contra los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que el peticionario de amparo reclama de las responsables, la retención del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, que afirma es de su propiedad, así como las consecuencia de la misma. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por acuerdo de fecha catorce de noviembre del año en curso, se ordenó tramitar por duplicado el presente incidente de suspensión, se pidió a las responsables sus informes previos; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como los numerales 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, en la etapa respectiva se dio cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió a su demanda inicial; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo en vigor, se resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva atento a lo expresado por las autoridades en sus informes previos, por las pruebas admitidas y la naturaleza de los actos reclamados. TERCERO. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN. En los informes previos rendidos por las autoridades responsables éstas señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO Suplente del Director Jurídico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán NIEGA Director General Jurídico y de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado NIEGA Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador del Estado CIERTO Consejero Jurídico del Gobierno del Estado NIEGA Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado NIEGA El Congreso del Estado y el Inspector del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, no rindieron su correspondiente informe previo, no obstante estar debidamente notificados, según consta de la constancia de notificación de los oficios que al efecto se les giró para que lo rindieran; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Amparo en vigor, se presume cierto el acto que se les reclama. Así mismo, también deberá tenérseles por ciertos los actos reclamados al Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y Director Jurídico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, pues aun cuando manifestaron no ser cierto los actos que se le reclaman; sin embargo, expresaron argumentos tendentes a justificar sus actos, por tanto se desvirtúa dicha negativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con la voz: "ACTO RELAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. El Director General Jurídico y de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclamó sin prueba en contrario, por tanto, deberá negársele al quejoso la medida cautelar por lo que respecta a los actos reclamados a dicha autoridad responsable. QUINTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada, en cuanto a las consecuencias del citado acto a fin de que se le restituya a la parte quejosa la posesión del citado automotor, se procede analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada. Ahora bien, de conformidad con lo establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, se establece los siguientes requisitos: Que la solicite el quejoso; y, Que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, se actualiza la primera hipótesis pues el quejoso solicitó la suspensión de los actos en su demanda de amparo, cuya existencia quedó acredita con base en los informes previos de las autoridades responsables, que aceptaron la existencia de los mismos, consistente en la retención del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, que afirma el agraviado es de su propiedad. Así mismo, es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y declarativo, entre otros. Precisado lo anterior, lo que procede es determinar si la retención del referido vehículo automotor, por parte de las autoridades responsables, previamente a la promoción del juicio de amparo, es un acto consumado para los efectos de la suspensión, y si la concesión de la medida implica dar efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo. Al respecto, a juicio de la suscrita resolutora, el acto no es consumado para los efectos de la suspensión y, por ende, sí es susceptible de ser suspendido. La anterior afirmación se desprende de que la retención del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, llevada a cabo previamente a la promoción del juicio de amparo, si bien es un acto que se ha ejecutado, no puede considerarse como consumado para los efectos de la suspensión, ya que subsiste mientras el vehículo no sea devuelto al quejoso. Es decir, si bien la referida retención del vehículo se realizó en un solo momento, dicho acto no queda definitivamente consumado, toda vez que sus efectos se prolongan por todo el tiempo que exista la citada retención, lo que permite suspender esos efectos a fin de evitar perjuicio a la agraviada durante la tramitación del juicio de amparo. Además, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa solicitó la suspensión definitiva respecto de las consecuencias del acto reclamado, consistente en la retención del vehículo automotor, para el efecto de que le fuera devuelto, de donde se desprende que la suspensión se pidió no respecto de la detención en sí misma, sino de sus efectos y consecuencias; de ahí que, si estos siguen ejecutándose, no podría considerarse la desposesión como un acto indefectiblemente consumado pare los efectos de la medida cautelar. Ahora bien, debe precisarse que la suspensión que se conceda en contra de la retención del vehículo no tendrá efectos restitutorios, porque de no prosperar la acción constitucional intentada, las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar nuevamente el acto y, en caso contrario se habrá restituido a la quejosa en el goce del derecho constitucional violado, con lo que se evitaran los perjuicios que se pudieran provocar durante la tramitación del presente amparo. Dicho en otras palabras, la concesión de la medida cautelar no implica una restitución en el goce del derecho constitucional violado, ya que el acto reclamado sigue existiendo, en este caso, la orden de retención, encierro, secuestro administrativo o depósito del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, lo que hace es mantener la situación jurídica que mantenía antes de que tuviera lugar el acto reclamado, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a las autoridades ejecutar el acto en sus términos o restituya a la agraviada en el goce de sus derechos. Con base en lo anterior, se considera que la retención del vehículo automotor, es un acto que, conforme a su naturaleza, es susceptible de ser suspendido, y que de conceder la suspensión en contra de ese acto, no se daría efectos restitutorios en la medida cautelar. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2001198, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." Ahora bien, como se indicó, se advierte que se cumple con la condición prevista en la fracción I del artículo 128 referido, pues la medida cautelar fue solicitada por ******************** quien adjunta como documentos para acreditar de manera indiciaria la propiedad del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, lo siguiente: a) Original de la tarjeta de circulación del vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, misma que se encuentra a nombre de ********************. Documento al que se le otorga valor probatorio, mismo que genera convicción a la suscrita Juzgadora, hasta esta etapa procesal, respecto a la titularidad del quejoso como propietario del vehículo retenido. Por lo que toca al diverso requisito consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, dispone que: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, ...". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que por apariencia de buen derecho respecto de lo cual, debe entenderse el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige a la juzgadora constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, se analice si de concederse la medida suspensional con base en esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión. Lo anterior se señala así, pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad; lo cual desde luego tornaría de suyo improcedente la medida. El segundo de los requisitos contenido en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, también se satisface, porque al concederse la suspensión no se afecta al interés social ni se infringen disposiciones de orden público. En el caso, como se vio, se reúnen los requisitos a que se refiere el numeral 128 citado para conceder la medida que se solicita. En el artículo 147 de la Ley de Amparo, se establece que la medida suspensional se concederá, de ser jurídica y materialmente posible, restableciendo provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado. Luego, considerando que la suspensión del acto reclamado en análisis constituye un acto de tracto sucesivo, que se acreditaron los requisitos previstos en el artículo 128 para el otorgamiento de la suspensión, y que en el caso, la naturaleza del acto otorga la posibilidad de que materialmente se restablezca provisionalmente a la quejosa en el derecho violado, procede CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR, para el efecto de que las autoridades responsables una vez cumplidos los trámites administrativos respectivos y acreditada la propiedad del vehículo, devuelva al quejoso ********************, en calidad de depósito, el vehículo de la marca ********************, tipo ********************, con número de serie ********************, hasta en tanto se notifica a las autoridades responsables la resolución ejecutoria que se dicte acerca del juicio principal donde derivan los presentes autos. Importa señalar que la presente suspensión no surtirá efecto alguno, en el caso de que, esté pendiente el pago de alguna multa derivada del acto que dio origen a la retención, esto es, con motivo de una falta administrativa, o cualquier otra sanción por violación al reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, o cualquier otra disposición de carácter Federal o Estatal. De igual forma, dicha medida no constituye autorización para que el quejoso contravenga disposiciones de carácter administrativo, quedando expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dichas normas y complementarias que prevean las sanciones correspondientes para el caso de nueva infracción a la que motiva la presente demanda de amparo, o bien, por estar circulando dicho vehículo en la que se encuentre prestando servicio de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades previstas en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, esto es público, particular o contratado a través de plataformas tecnológicas, sin cumplir con los requisitos que establece la referida Ley o su Reglamento, para poder ejercer dicha actividad. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA al quejoso ********************, la suspensión definitiva contra los actos que reclama del Director General Jurídico y de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, por lo motivos expuestos y fundamentos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE al quejoso ********************, la suspensión definitiva contra los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades, precisados en el considerando tercero, por lo motivos expuestos y fundamentos en el quinto subsecuente de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. - - - DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS CON EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA." Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales en su caso. Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. A T E N T A M E N T E EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. (FIRMA ELECTRÓNICA) Pablo Pérez Pacheco JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. EXPEDIENTE: V-1814/2023 INCIDENTE FECHA: veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 28887/2023 DIRECTOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 28888/2023 DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 28889/2023 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 28890/2023 DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 28891/2023 CONSEJERIA JURIDICA DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) 28892/2023 CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN (AUTORIDAD RESPONSABLE) MÉRIDA, YUCATÁN. Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
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