Rene Sebastian Pavia Mendiburu
Expediente 79/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rene Sebastian Pavia Mendiburu
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio 1929, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente I-79/2021, del índice de este Juzgado, y el testimonio de la resolución pronunciada en el toca 35/2021, del índice de dicho Cuerpo Colegiado, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veinte de enero de dos mil veintiuno; ejecutoria de cuyo único punto resolutivo declaró infundado el recurso de mérito; al efecto, háganse las anotaciones correspondientes en el sistema y en el libro de gobierno respectivo. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción,digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción,digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 2394/2021, con el que se rindió el informe justificado sobre la materia de la queja interpuesto y se remitió el escrito del quejoso René Sebastián Pavía Mendiburo, con el que interpuso recurso de queja en contra del auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, informa que se dio entrada al recurso de queja, formándose por tal motivo, el toca impreso y electrónico y registrándose con el número 35/2021.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le remitan copias certificadas de la boleta de este juicio de amparo, de la demanda, así como de la suspensión provisional y definitiva, a fin de que se encuentre en aptitud de resolver la suspensión definitiva en el juicio de amparo 71/2021, de su índice. Ahora bien, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, se ordena dar acceso al expediente electrónico a dicho órgano jurisdiccional para que pueda consultar las constancias solicitadas; no obstante lo anterior, de estimarlas necesarias de manera física, se le remitirán una vez que se soliciten a este Juzgado. En tal virtud, hágase lo anterior, del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, para que realice las acciones necesarias a fin de que la citada autoridad judicial, se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente expediente electrónico.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Juez Tercero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 79/2021-VIII. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En el caso, la parte quejosa reclama del Juez Tercero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, el auto de uno de diciembre de dos mil veinte, que ordenó el embargo del treinta por ciento del excedente del salario mínimo que devenga mensualmente como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1405/2018, promovido en su contra por Prestamos Felices en 15 Minutos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en el que fue condenado mediante sentencia definitiva al pago de doscientos cuarenta mil pesos como suerte principal y otras prestaciones. Ahora bien, esta juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado precepto dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad, consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece, esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivos, por lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el juicio de amparo un medio de control constitucional extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En el caso, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio ejecutivo mercantil, el proveído reclamado (auto de uno de diciembre de dos mil veinte) fue emitido por un Tribunal Judicial (Juez Mercantil) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser revocado o modificado. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Comercio, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra todo proveído o auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto, los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra las determinaciones dictadas en el juicio y tienen como finalidad que se confirme, reforme o revoque la determinación impugnada. Para que proceda el recurso de apelación, contra los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, será necesario que lo disponga el código y que la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, lo que sucederá en caso de que la suerte principal reclamada sea mayor a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Por otro lado, el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables y será resuelto por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Lo anterior, corrobora la regla enunciada, esto es que cualquier auto o proveído dictado en un juicio mercantil puede ser impugnado a través de los recursos ordinarios, ya que son procedentes los medios de defensa citados, pues si no procede el recurso de apelación, entonces procede el de revocación. A diferencia de sentencias interlocutorias o definitivas contra las cuales sólo procede apelación, siempre que el monto de lo reclamado, supere el establecido en el numeral 1339 del Código de Comercio. En el caso, como ya se dijo el proveído que se reclama fue emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil y toda vez que se relata que el monto de la suerte principal a que fue condenado el demandado, ahora quejoso, es menor de la cantidad que establece el artículo 1339 del Código citado, no sería procedente la apelación, por lo que en ese supuesto al tratarse un auto procede recurso de revocación como lo ordena el numeral 1334 citado, sin embargo, el quejoso no lo hizo valer y por tanto, el acto reclamado carece de definitividad. En efecto, como el quejoso fue demandado, oído y vencido dentro de un juicio ejecutivo mercantil, en el que son procedentes los recursos, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revocación en contra de la determinación que ordenó embargarle su ingreso que percibe como pensionado, pues a través de ese medio de impugnación podía obtener su revocación o modificación; sin embargo al no agotar dicho recurso, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste se torna improcedente Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común. No se soslaya que, si bien el quejoso afirma que hay una excepción al principio de definitividad, y cita una tesis en la que refiere que el embargo de la pensión jubilatoria en ejecución de sentencia es un acto de imposible reparación que afecta el derecho sustantivo de supervivencia del jubilad adulto mayor, lo cierto es que el que el acto en su caso sea de imposible reparación no constituye una excepción al principio de definitividad. Lo anterior, puesto que no se trata de un actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni el quejoso se trata de persona extraña al procedimiento. Además, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto y tal como se indicó la irreparabilidad del acto no constituye excepción alguna al principio de definitividad, por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no sucedió. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) Registro digital: 2017117 Materias(s): Común, Décima Época Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 55, Junio de 2018 Tomo I, Página: 8, que señala: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda promovida por ********************, contra actos que reclama del Juez Tercero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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