Rey David Cruz Ángeles
Expediente 297/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rey David Cruz Ángeles
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Ahora bien, toda vez que obran documentos que se estiman de interés para la parte quejosa, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado a recogerlos. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el presente expediente. En mérito de lo anterior, se exhorta al promovente para que realice las gestiones conducentes para generar el código de acceso QR correspondiente, ello en términos del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y con ello estar en aptitud de ingresar a este órgano jurisdiccional y cumplimentar lo ordenado en el párrafo anterior. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Huehuetoca, Estado de México, mediante el cual informa que se ponderó la determinación de no ejercicio de la acción penal, de la investigación complementaria del desglose abierto relativa a la averiguación previa PGR/MEX/TLAII/005/2009, misma que fue remitida al Fiscal Regional de Cuautitlán, por oficio número 02/2021 de su índice, fechado en veintiocho de abril de dos mil veintiuno, para su aprobación. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, en atención a las manifestaciones vertidas por la oficiante de cuenta, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al Fiscal Regional de Cuautitlán, para que en el término de tres días informe sobre lo que tuvo a bien determinar sobre la consulta que le fue realizada, o en su defecto el sentido en que fue resuelta, remitiendo a este órgano de control constitucional, copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de resolver si la ejecutoria dictada en el presente asunto ha quedado cumplida en sus términos; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le hará efectivo el apercibimiento hecho en autos, consistente en la imposición de una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de puesto y su consignación. Notifíquese: por oficio a la autoridad responsable Fiscal Regional de Cuautitlán, y por lista a las partes restantes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, del acuerdo de diecinueve de abril del año dos mil veintiuno, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y cuyo acuerdo dice: " . . . Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México,diecinueve de abril de dos mil veintiuno. V i s t a la demanda de amparo promovida por Rey David Cruz Ángeles, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección en relación a la autoridad y acto que a continuación se precisan: Autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Familiar con residencia en el Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Acto reclamado ? El auto de seis de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1439/2010, en el que el Juez responsable, determinó que no era procedente cancelar la pensión alimenticia a cargo del aquí quejoso, ya que dicho tópico se resolvió en sentencia definitiva y por tanto dicha petición debía formularla en diverso juicio. IMPROCEDENCIA DE DEMANDA No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Ahora bien, en el presente asunto se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; esto es así, toda vez que la quejosa no agotó el recurso ordinario respectivo previo a instar el juicio constitucional, por tanto, no cumplió con el principio de definitividad. Para sustentar la anterior afirmación, en principio es pertinente destacar que el acto reclamado por la ahora recurrente en su demanda de amparo, consiste esencialmente en el proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1439/2010, en el que el Juez responsable, determinó que no era procedente cancelar la pensión alimenticia a cargo del aquí quejoso, ya que dicho tópico se resolvió en sentencia definitiva y por tanto dicha petición debía formularla en diverso ????????? juicio, con lo cual, en su opinión, se trasgreden los numerales 1, 14 y 16 constitucionales. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. (.) En esencia, dicha disposición legal establece el principio de definitividad que rige al juicio de amparo e implica que previamente a la solicitud de protección de la Justicia Federal el gobernado debe agotar las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción ahí previstos. de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, mientras que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio constitucional. Lo que se traduce en que, si pasando por alto esas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos emitidos por autoridades tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que agotaran esos medios de defensa, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de las autoridades aludidas, lo que desnaturalizaría el juicio constitucional para establecerlo como una instancia más. Por consiguiente, a efecto de que se actualice la causal de improcedencia en comento, deben concurrir los elementos que a continuación se enuncian: a) Que se trate de un acto emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que proceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, que al efecto la ley ordinaria establezca. Así, el primero de los requisitos está satisfecho, pues el acto reclamado fue emitido por la responsable Juez Primero ???????? de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Ahora bien, en relación al segundo requisito y en ese orden, debe decirse que en contra del acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1439/2010, en el que el Juez responsable, determinó que no era procedente cancelar la pensión alimenticia a cargo del aquí quejoso, ya que dicho tópico se resolvió en sentencia definitiva y por tanto dicha petición debía formularla en diverso juicio. (siendo esto último materia del presente amparo). Por tanto, en contra de dicho auto procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece: Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Luego, si en contra del citado auto la recurrente no interpuso el recurso de revocación, previo a solicitar la protección constitucional; entonces es inconcuso que no agotó el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado o bien la procedencia del juicio de amparo. Sin que se advierta la actualización de alguna excepción al referido principio de definitividad, ya que no se reclamó un acto que importe peligro a la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación etcétera o alguno de los previstos en el artículo 22 constitucional; asimismo, el acto combatido no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación al proceso o cualquiera otro que afecte la libertad personal de la parte demandada; el amparo no fue promovido por una persona extraña al juicio, pues el promovente es demandado en el expediente natural, ni fue interpuesto por un menor de edad o incapaz. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1ª /J.113/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Así las cosas, en la especie se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia de mérito. Es manifiesta porque dicha improcedencia en esencia radica en que la quejosa no agotó el medio ordinario de ?????????? defensa (recurso de revocación) en contra del auto de seis de abril de dos mil veintiuno. E indudable, ya que no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. EXHORTO A LAS PARTES DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Toda vez que la demanda que nos ocupa se presentó de manera física; con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia con el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea, y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525; o bien, al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Toda vez que el promovente señala un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por medio lista que publica este juzgado, en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. ?????????????? Por única ocasión se comisiona uno de los actuarios adscritos a este juzgado a efecto de que se constituyan en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente acuerdo, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese: personalmente al quejoso..." Lo que se hace constar para los efectos conducentes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con el cual solicita le sea remitida copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del auto por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, REMÍTASE DE MANERA INMEDIATA copia certificada de la constancia que solicita, para que esté en posibilidad de resolver el medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese: por oficio al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito que se remita vía interconexión y por lista al resto de las partes.
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