Renato Sosa Malo
Expediente 211/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Renato Sosa Malo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se advierte que el juicio principal del cual deriva este incidente de suspensión, se encuentra fallado en definitiva por resolución firme; en ese sentido, se provee lo siguiente: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedieron las medidas cautelares. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. (...)
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. (...) En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. (...)
- Principal
Hermosillo, Sonora, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 211/2020; y, Resultando Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, remitida por razón de turno al juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, con sede en aquella localidad, Renato Sosa Malo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del agente del Ministerio Público "A" adscrito a la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Carlos Manuel de la Rosa Zayas) y otras autoridades: Los actos los hizo consistir la parte quejosa en la orden de presentación dictada en su contra, así como su correspondiente ejecución, por considerar que se infringen sus derechos que le otorgan los artículos 14 y 16 Constitucionales. Mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el titular del juzgado federal receptor de la demanda, la admitió; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual previos diferimientos por razón ordinaria del propio procedimiento, dio inicio a las nueve horas con veinticuatro minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve. Durante el trámite del sumario realizado ante el juzgador primigenio, mediante acuerdos de diecinueve y veinticuatro de enero de dos mil veinte, se dejó de tener como autoridades responsables a las siguientes: 1. "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (IVÁN DE JESÚS NAVARRO RODRÍGUEZ)"; y, 2. "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO "A", ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (SUGHEY PALAFOX SOLIS)". Asimismo, se determinó que no rindieron su informe justificado las autoridades señaladas como responsables siguientes: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO "A" ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (SIRIA ELIZABETH CELAYA NÁJERA)". "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO "A" ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (MANUEL FRANCISCO LÓPEZ MÉNDEZ)". "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (PRISILIANO VÁZQUEZ VALENZUELA)"; y, "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO "A" ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (FERNANDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ)". Así, al celebrar la audiencia constitucional el doce de febrero de dos mil veinte, el juzgador primigenio, determinó carecer de competencia, al advertir que la ejecución del acto reclamado podría realizarse dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado Federal; ello, dado que la autoridad señalada como responsable, con residencia dentro de la jurisdicción territorial del juez declinante, negó los actos reclamados; y, que las cuatro autoridades indicadas en el arábigo anterior, no rindieron su informe justificado, ante lo cual les presumió cierto la existencia del reclamo y como dichas autoridades fueron señaladas con residencia en esta territorialidad, determinó que un juzgado de distrito de esta circunscripción era competente, correspondiendo el conocimiento del asunto, por razón de turno, a este Juzgado Federal. De esa manera, mediante acuerdo dictado el veinte de febrero de dos mil veinte, este Juzgador aceptó la competencia, por lo que se avocó al conocimiento del juicio y, atendiendo al principio de unidad que rige a la audiencia constitucional, reconoció la validez de las etapas celebradas por el juez incompetente y declaró en estado de resolución el asunto, decretando que la sentencia se efectuaría una vez que obrara en el sumario la constancia de notificación a la parte quejosa, lo cual ya aconteció, por lo que se dicta la presente resolución, dentro del término de ley. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado es de posible ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La orden de presentación emitida por las autoridades señaladas como responsables y su inminente ejecución. Con apoyo en lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en obvio de transcripciones innecesarias y en consideración de que este juzgador, previo análisis minucioso de las constancias existentes en autos, reconoció la validez de las actuaciones del juicio, efectuadas por el juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de igual nombre, y dado el sentido de los informes justificados existentes en el sumario, en el siguiente considerando no se transcribirá la denominación de cada una de las autoridades responsables y el nombre de las personas que ostentan dichos cargos (indicados en el resultando I); en el entendido desde luego, que habrá de ordenarse la notificación de la presente resolución a cada una de las autoridades responsables y a las demás partes, como corresponde. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables que se enuncian enseguida, al rendir su informe justificado negaron categóricamente la existencia del acto que les reclama el quejoso: AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO "A" ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA: CARLOS MANUEL DE LA ROSA SAYAS, JUAN JOSE DE SANTIAGO RAMOS, RUBEN DARÍO ESQUER ANDRADE, A QUIEN SE LE TUVO POR RENDIDO POR CONDUCTO DE ANA PATRICIA BARRERAS MORALES LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR COMISIONADA EN EL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, FARWEL ROBLES MONTES, MONICA GUILLERMINA RIOS PERAZA, SONIA ROJAS ANGULO, JORGE CANO AGUIRRE, ALBA REINA ESPINO SANDOVAL, XOCHITL HERRERA LÓPEZ, JANNETTE OTILIA LOPEZ CARRION, MARIA ANGELICA CAMBERO PEREZ, ALMA NOHEMI MARTINEZ RAMIREZ, ISABEL CRISTINA NAVARRO FELIX, FRANCISCO CORDOVA MONTAÑO, VICTOR MANUEL CUBEDO LIMON, JUDITH AMALIA PADILLA TIZANO, GUSTAVO VALLE ARAUJO, JUAN CARLOS TAPIA ENRIQUEZ, ROBERTO TAPIA VALDEZ, NORBERTO VAZQUEZ ANDRADE, CIGI FREDO VAZQUEZ MIRANDA, JOSE ISIDRO ULLOA MARTINEZ, ROGELIO CRUZ MORALES, PATRICIA VENEZUELA VALENCIA, FRANCISCA SALAZAR LOPEZ, JESUS ERNESTO SALAZAR LOPEZ, CLAUDIA IVONNE SARMIENTO GALAVIZ, SAMARIA SOLANO PORTUGAL y VICTOR HUGO SOLORZANO LOPEZ. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA: JAVIER RIVERA MORENO, BRANDO SAUL MUÑOZ FELIX y JOSE DE JESUS VELARDE FELIX. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA: IRAM RUIZ MONGE, EVA OFELIA ARRIOLA VILLA, RENE ARTURO BARRANCO ROSETE, MARTHA CECILIA CASTRO RIVAS, YESSENIA NATHALI ACOSTA VIERA, CLAUDIA VANESSA ACUÑA ARTEAGA, LIZETH ALEJANDRA FRAIJO ESCALANTE, JORGE ALBERTO HERNANDEZ VALENZUELA, JOSE ANTONIO LEYVA SAMPERIO, LUIS CARLOS LOERA ROJAS, MARIA ISABEL LOPEZ SAAVEDRA, GUADALUPE CALDERON FUENTES, MIGUEL ANGEL LÓPEZ SANCHEZ, ISABEL CRISTINA CARRILLO MADUEÑO, MICHEL MAGAÑA SANDOVAL, CALEB MORENO CHAVEZ, JESUS ALANN ROBLES DIAZ, SHELBY LARAY VELAZQUEZ, JUAN ALBERTO CONTRERAS LIMON y JESUS ARMANDO CORTEZ TORRES. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADOS ADSCRITOS A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, FRANCISCA YANET MURRIETA SALAZAR RAMIREZ y MARIA FERNANDA LARA PANDURO; y, DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Con el contenido de los informes justificados se dio vista durante el trámite del sumario a la parte quejosa, con la oportunidad suficiente a efecto de que tuviera conocimiento de su contenido y pudiera estar en aptitud de desvirtuar el contenido de dichos informes justificados, conforme lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo, sin que ofreciera prueba alguna en contrario que desvirtuara la negativa de las autoridades responsables. En consecuencia, lo procedente en el caso es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Actos que se presumen ciertos Las autoridades señaladas como responsables siguientes, no rindieron su informe justificado: I). "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO "A" DSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (SIRIA ELIZABETH CELAYA NÁJERA)". II. "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO "A" ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (MANUEL FRANCISCO LÓPEZ MÉNDEZ)". III. "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (PRISILIANO VÁZQUEZ VALENZUELA)"; y, IV. "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO "A" ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (FERNANDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ)". En efecto, dichas responsables no rindieron su informe con justificación, no obstante encontrarse debidamente notificados, según se advierte de las constancias postales de acuse de recibo que obran en el sumario, por lo cual, con apoyo en lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les presume cierto el reclamo que les hace el impetrante. Análisis de causales de improcedencia De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de oficio. En el caso, no se advierte ningún argumento que contestar en ese sentido, ni tampoco este juzgador advierte oficiosamente que se actualice alguna causa de improcedencia, por lo que, procede enseguida el estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. Conceptos de violación y negativa de amparo. Los conceptos de violación que hace valer el agraviado, los que se tienen aquí por reproducidos por economía procesal, resultan infundados en la medida de los siguientes fundamentos y motivos. La parte quejosa bajo protesta de decir verdad, argumenta en su demanda, que acudieron a su domicilio unas personas que manifestaron ser policías de la Agencia Estatal de Investigación del Estado, y pretendieron sacarlo de su domicilio sin lograrlo; y, al preguntarles el motivo le dijeron que llevaban una orden de presentación, decretada en su contra, que provenía de un agente del Ministerio Público de Hermosillo, Sonora. De igual modo, en el capítulo respectivo, el quejoso arguye que se violentan sus derechos contenidos en los artículos 1, 14, y 20 Constitucionales, pidiendo se le supla la deficiencia de la queja. Al respecto, como se evidenció las autoridades responsables que nos ocupan, no rindieron su informe justificado respectivo, por lo cual la certeza del reclamo es en grado de presunción de certeza, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Amparo, que establece categóricamente que cuando no se rinda el informe se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Asimismo, dicho numeral prescribe que estará a cargo de las autoridades responsables, la obligación de rendir su informe justificado y de acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo. Partiendo de lo anterior, resulta menester indicar que la conducta que generalmente puede adoptar la autoridad es: Rendir el informe justificado, ya sea: a) negando el acto b) aceptando su existencia; y/o c) haciendo valer alguna causal de improcedencia. No rendir el informe justificado, en cuyo caso opera la presunción de certeza del acto, actualizándose así lo estatuido por el referido precepto, en el sentido de que queda a cargo del quejoso la prueba de la inconstitucionalidad del acto, cuando el mismo no sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que esa circunstancia dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Como se advierte es en el caso de que la autoridad no rinda su informe justificado que resulta procedente presumirle cierto tal reclamo, pero corresponde al quejoso la carga de la prueba a que se refiere el cuarto párrafo, es decir, debe acreditar la ilegalidad del acto reclamado. Tal supuesto se actualiza cuando la autoridad es omisa en rendir dicho informe, en virtud de que ello solamente establece una presunción juris tantum, en el sentido de que la falta del informe presupone, salvo prueba en contrario, la certeza del acto reclamado. El hecho pues, de que la autoridad responsable no rinda su informe justificado en relación con la demanda de amparo instaurada por el agraviado en contra de su actuación, no implica una mera confesión o aceptación presuntiva acerca de las pretensiones del actor, ni propiamente la inconstitucionalidad del reclamo, sino que solamente hace presumir su certidumbre. Por consiguiente, la omisión de rendir el informe no supone la inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues la circunstancia imprescindible para que prospere la acción de amparo debe ser probada o demostrada por el quejoso, lo que es congruente con lo preceptuado por el cuarto párrafo del mencionado artículo 117, de la ley de la materia. En la especie, el precepto 149 de la ley abrogada, que corresponde al actual artículo 117 de la Ley de Amparo, fue interpretado por la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 26, del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." De lo anterior se desprende que la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado y los derechos que dice el quejoso se violan en su perjuicio, queda a cargo de la parte que solicita el amparo; por lo que, si no se aportan pruebas para demostrar tal circunstancia, lo cual acontece en el particular, no se está en posibilidad de analizar si el acto reclamado por la parte quejosa es o no inconstitucional, además si se violan o no en su perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución que refiere en la demanda de amparo. En efecto, en el presente caso, se actualiza el supuesto señalado en la referida jurisprudencia en el inciso g), consistente en que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de derechos humanos o garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Se afirma lo anterior, pues no basta el simple hecho de que el impetrante del amparo, en su escrito de demanda, manifieste que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 20 de la Constitución General de la República; ya que, al haber sido omisas las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público "A" adscritos a la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (SIRIA ELIZABETH CELAYA NÁJERA, MANUEL FRANCISCO LÓPEZ MÉNDEZ y FERNANDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ) y agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de justicia del Estado de Sonora (PRISILIANO VÁZQUEZ VALENZUELA), los cuatro con residencia en esta ciudad, en rendir su respectivo informe justificado, y atento a lo establecido en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo vigente, le correspondía al quejoso la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto y la violación de los derechos humanos que dice es objeto con el actuar de la responsable. Lo anterior significa que el impetrante debía demostrar que existe una orden de presentación en su contra, y de esta forma se constate que efectivamente existe dicha resolución; de ahí que lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado por el impetrante del amparo, dependía de la justificación objetiva de tales circunstancias; es decir, de acuerdo a lo que argumenta en los conceptos de violación de su demanda de amparo, no es posible analizar lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado, menos aún determinar que se vulneran en su perjuicio los derechos constitucionales a que hace alusión en su libelo de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." (lo subrayado y letra negrita añade énfasis). En esa tesitura, la orden de presentación de la que se duele la parte quejosa, no es inconstitucional en sí misma, porque de conformidad con el artículo 21 Constitucional, que regula la naturaleza y funciones del Representante Social -Ministerio Público-, siendo éste un órgano administrativo al que se le encomienda la investigación y persecución de los delitos, cuestiones que se llevan a cabo al integrar la carpeta de investigación, puede echar mano del recurso consistente en la presentación de alguna persona a declarar en torno a un hecho que se investiga. Luego, por el desempeño de esas funciones, el Ministerio Público es el órgano competente para ejercitar o no la acción penal en contra del probable responsable, pues es quien recaba la información necesaria para saber si existen elementos suficientes que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al Ministerio Público le compete conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal y en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, conforme al artículo 90, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona está obligada a presentarse ante el Ministerio Público, cuando sea citada e, incluso, según lo establece el diverso 104 de la propia codificación, el Ministerio Público podrá disponer de diversos medios de apremio para el cumplimento de los actos que ordene en el cumplimiento del ejercicio de sus funciones, las cuales son: amonestación, multa, entre otras. Lo anterior hace patente que el Ministerio Público tiene facultades para recabar datos de prueba en la integración de la carpeta de investigación, e incluso tiene facultad para ordenar la detención de una persona siempre y cuando se actualicen los supuestos que se señalaron; y, evidentemente la ilegalidad de una actuación ministerial con base en la presunción por omisión de rendir informe es insuficiente para demostrar la inconstitucionalidad de la orden de presentación, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto. En esa medida, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, como lo dispone el numeral 117 de la Ley de Amparo, y al no haberse aportado los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, por ende, resultan infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso. En razón de lo anterior y al no advertirse que deba suplirse en favor de la parte quejosa la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues tal suplencia sólo opera respecto de la deficiencia o falta de conceptos de violación al contrastar el acto objetivo reclamado, por tanto, lo que procede es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, porque no se acredita la ilegalidad del acto reclamado, en términos del multicitado artículo 117 de la ley de la materia. Decisión En las relatadas condiciones al ser inexistente el acto reclamado a las autoridades tratadas en los apartados III y IV, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Asimismo, al resultar infundados los conceptos de violación con relación al acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el diverso considerando VII, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Renato Sosa Malo, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el apartado IV del presente fallo, por los fundamentos y argumentos expuestos. Segundo. La justicia de la Unión, no ampara ni protege a Renato Sosa Malo, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el apartado VII, del presente fallo, por los fundamentos y argumentos expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa, que autoriza y da fe, terminando de engrosar la sentencia hasta el día de hoy, veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Conste. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Integración de oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, mediante el cual acompaña la constancia de notificación practicada por medio de estrados a la parte quejosa relativa al proveído de veinte de febrero del año en curso. En ese contexto, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, a fin de que señalara ante este órgano jurisdiccional domicilio donde oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Díctese fallo. Ahora, en cuanto las labores de este juzgado así lo permitan díctese la resolución constitucional correspondiente. Notifíquese.
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