Regina García Meza

Expediente 245/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
245/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Regina García Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de marzo de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Glósese el oficio de cuenta que firma el coordinador médico del Hospital "Dr. Ignacio Chávez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo de diez de marzo del presente año, remite copia certificada de las constancias, relacionadas con el estudio médico elaborado en diez de marzo del presente año a la aquí quejosa. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas, de las cuales se advierte que se ha actualizado una causal de improcedencia, lo cual es un asunto de estudio oficioso y preferencial, según dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por cesación de efectos. En efecto, del análisis de la prueba documental agregada y demás constancias existentes en autos, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de surtir, abastecer y/o mantener en existencia y/o inventario y/o disponible para surtir las recetas o entregarle al quejoso los medicamentos o medicinas rosuvastatina tabletas 10 mg. c/30 y fenofibrato cápsulas 160 mg. c/30; y, La omisión de realizarle el estudio consistente en angiotomografía ordenado por el médico especialista en cardiología del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Al respecto, la autoridad responsable subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, mediante oficio SSA/523/20221, en vía de informe de suspensión de plano, remitió diversas documentales de las que se advierte que el cuatro de marzo de este año, se surtió la receta médica cuya omisión en hacerlo fue objeto de la presentación de este sumario. Lo anterior, indica que resultaron ciertos los actos dado que hasta la fecha de presentación y admisión de la demanda (veinticinco de febrero de dos mil veintidós) no se le había surtido el medicamento a la parte quejosa, ni realizado el estudio médico que reclama también como omisión de efectuarlo por parte de las responsables. No obstante lo anterior, en el diverso informe referente a la suspensión de plano, la también autoridad responsable, director del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, expresó que en cuanto al estudio denominado angiotomografía indicada por el médico especialista en cardiología de dicho instituto, previamente la quejosa tenía que realizarse estudio de laboratorio de creatinina, lo cual acontecería el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Derivado de lo anterior, dichos oficios se agregaron en auto de diez de marzo de este año, en el cual se requirió a la autoridad responsable para que informara el resultado de tal estudio programado para esa fecha y, en atención a tal requerimiento, el director hospitalario en mención, remitió el oficio de cuenta y las constancias respectivas, de lo cual se desprende que el indicado estudio de creatinina se le realizó a la paciente en la fecha programada y el diverso estudio de angiotomografía, el diez de marzo de este año, éste, cuya omisión en realizarlo también fue objeto de reclamo. De lo anterior la responsable remite prueba documental, la cual fue valoradas con antelación y, por ello, con base en lo expuesto, se evidencia la causal de improcedencia invocada, toda vez que, si bien, resultó existente el reclamo constitucional a la fecha de presentación de la demanda, no obstante, durante el trámite del sumario, con el actuar de las propias autoridades responsables, se restituyó a la agraviada en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. Es así, porque si el perjuicio que le ocasionaba el reclamo constitucional a la quejosa fue la omisión por parte de las autoridades en surtirle los medicamentos o medicinas rosuvastatina tabletas 10 mg, y fenofibrato cápsulas 160 mg; y, de realizarle el estudio consistente en angiotomografía ordenado por el médico especialista en cardiología del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y, las responsables ya le hicieron entrega del medicamento, asimismo, de las constancias que se agregan en esta fecha se advierte que dicho estudio se realizó el diez de marzo del presente año, han cesado los efectos del reclamo constitucional. Por tanto, las actuaciones de las autoridades, descritas con antelación, tornan improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional. No pasa inadvertido para este juzgador el señalamiento que efectúa la quejosa al relatar el acto reclamado, relativo a que además "la omisión de surtir, abastecer y/o mantener en existencia y/o inventario y/o disponible para surtir permanente y oportunamente las recetas.". Sin embargo, tal argumentación no puede ser objeto de análisis en el presente sumario, dado que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a desplegar una conducta omisa en lo futuro, en lo relativo a la atención médica que deba dispensarse a la quejosa o en el surtido de medicamentos que se le prescriban; de ahí, que resulte intrascedente tal planteamiento para lo determinado en este biinstancial, en el que el reclamo substancial omisivo que causaba un perjuicio a la agraviada, ya cesó en sus efectos por actuación de las propias responsables; de modo que, en caso de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, la agraviada estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con quince minutos del siete de abril del año en curso). En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Se agrega informe justificado. Visto el oficio remitido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda legalmente; y, dése vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de marzo de dos mil veintidós. Se agrega informe justificado. Visto el oficio remitido por el Subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda legalmente; y, dése vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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