René de Jesús Armenta Olivares
Expediente 937/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- René de Jesús Armenta Olivares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de abril de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por medio del cual envía el diverso oficio suscrito por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por corresponder al índice de este órgano constitucional; sin necesidad de mayor proveído al respecto, toda vez que el ocho de marzo de la presente anualidad, se dictó sentencia definitiva en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cuarenta y siete minutos del ocho de marzo de dos mil veinte, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe con justificación rendido por la responsable. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas. Al respecto, se da cuenta con las documentales que exhibió la autoridad señalada como responsable, así como las ofertadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados por su naturaleza los aludidos medios de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 937/2020; y, R e s u l t a n d o: I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno a este juzgado, René de Jesús Armenta Olivares, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. De esa manera, por proveído de diez de diciembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, con el cual suspendió la actividad judicial en los órganos jurisdiccionales, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, la omisión de acordar la promoción presentada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y por consecuencia la omisión de dictar laudo en el juicio arbitral 3611/2014. Existencia del acto combatido Es cierto el acto reclamado a la junta responsable, toda vez que así se advierte del informe con justificación rendido por su presidente, así como de las constancias que remitió en apoyo a éste. Causa se improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar la promoción presentada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y por consecuencia la omisión de dictar laudo en el juicio arbitral 3611/2014. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el caso, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado, consistente en omisión de acordar la promoción presentada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y por consecuencia la omisión de dictar laudo en el juicio arbitral 3611/2014, ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó se vulneraron en su perjuicio, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, en lo que interesa se advierte lo siguiente: La parte quejosa entabló demanda laboral ante la responsable radicada bajo el número de expediente 3611/2014. Mediante escrito recibido por la responsable el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, la parte actora en el juicio de origen formuló sus alegatos. Seguida la secuela procesal, el nueve de febrero de dos mil veintiuno, la responsable atendió el escrito mencionado en el punto que antecede, hizo efectivo el apercibimiento decretado en diecisiete de octubre de dos mil dieciocho y declaró cerrada la instrucción y se citó el juicio de origen para oír resolución definitiva, y no hay constancia alguna que acredite que se haya dictado la resolución correspondiente. En efecto, la parte quejosa combate el citado acto, sin embargo, como ya se mencionó de las constancias que en copia certificada adjuntó el presidente de la junta laboral, se advierte que mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, la responsable acordó de conformidad la promoción, declaró cerrada la instrucción y remitió el juicio de origen a la sala de dictámenes para que en términos de la ley que rige a dicho órgano jurisdiccional formule el proyecto de laudo correspondiente, circunstancia que ordenó hacer del conocimiento de la parte actora. Consecuentemente, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto impugnado, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y se restituyó a aquél en el goce de la garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas.". De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado.". Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, ,en relación con la fracción XXI del artículo 61, ambas de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". No es óbice a lo anterior, el hecho que en el juicio natural aún no se haya dictado el laudo, pues de las consideraciones vertidas con anterioridad se colige que la omisión de acordar la promoción presentada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, que en este juicio de amparo se combate es lo que ha estado deteniendo el trámite del juicio laboral 3611/2014 y como consecuencia la omisión del dictado de la resolución correspondiente en el dicho juicio obrero. Sin embargo, al haber dictado la responsable el acuerdo correspondiente y cerrado instrucción, la secuela procesal sigue su curso, entendiéndose que el dictado del laudo se encuentra en proceso. Para comprender mejor lo expresado con anterioridad, es menester para este juzgador traer a colación que de los numerales 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que una vez desahogada la totalidad de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, el secretario hará la certificación correspondiente y se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con la precisión que de no realizar manifestación alguna, de oficio se procederá al cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción, el auxiliar de la junta, dentro del plazo de diez días, formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará copia a los integrantes de ésta, quienes a su vez, dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrán ordenar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo dentro de un lapso de ocho días. Después de haber transcurrido dicho plazo o desahogadas las diligencias pendientes, el presidente de la junta citará a los miembros para la audiencia discusión y votación, la que se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes al que haya concluido el término fijado, o el desahogo de las diligencias respectivas. Finalmente, una vez aprobado el proyecto de resolución, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los integrantes de la junta, el cual, se pasará al actuario para que lo notifique personalmente a las partes; lo anterior, suma un aproximado de treinta y tres días, temporalidad que aún no le trascurre a la autoridad responsable para su cumplimiento. Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, al actualizarse la causa de improcedencia analizada en el considerando IV de esta sentencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V, en relación con la diversa XXI del artículo 61, ambas de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por René de Jesús Armenta Olivares, por las razones y fundamentos expuestas en el considerando IV de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, y en atención a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en auto de dieciocho de febrero de la presente anualidad. Notifíquese.
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