Remedios Morales Valdez

Expediente 1520/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 49 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1520/2015
Año
2015
Actuaciones
49
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Remedios Morales Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como la promoción con número de registro 7657, relativa al oficio número CT-588/2018, acompañado de la ejecutoria dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho en el incidente de cumplimiento sustituto 21/2017 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con dos anexos; agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes y, acúsese recibo, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales y realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, se ordena la notificación a las partes del oficio número CT-588/2018, acompañado de la resolución dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho en el incidente de cumplimiento sustituto 21/2017 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtenida del Módulo de Intercomunicación para la transmisión electrónica de documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte (MINTERSCJN). En ese sentido, se ordena al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, para que, inmediatamente, notifique personalmente a la parte quejosa, por lista al tercero interesado Gilberto Román Morales, en cumplimiento al auto de nueve de septiembre de dos mil catorce (foja 18 del tomo I), por oficio a las autoridades responsables 1) Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, 2) Juez de Ejecución de Medidas de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, 3) Director de Medidas de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, 4) Subsecretario Jurídico de la Secretaria General del Gobierno del Estado de Puebla, 5) Directora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, a la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Hecho lo anterior, remítase mediante el oficio que al efecto se libre las constancias respectivas a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, como del oficio de cuenta se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de cumplimiento sustituto 21/2017 de su índice, el catorce de marzo de dos mil dieciocho, en lo que aquí interesa señaló: "(.) En el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el incidente de cumplimiento sustituto que nos ocupa es improcedente, puesto que no existe imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, sino una inexacta interpretación de los alcances de la misma. Al respecto, cabe destacar que las decisiones emitidas durante el procedimiento de ejecución por la juez de amparo (auto emitido el veintisiete de noviembre de dos mil quince y la resolución de seis de julio de dos mil diecisiete) y por el tribunal colegiado del conocimiento (en el incidente de inejecución 3/2015 y el recurso de inconformidad 20/2016), no resultan vinculantes para esta Segunda Sala, toda vez que, como órgano terminal, este Alto Tribunal tiene facultades no solamente para definir qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplir el fallo protector y en qué medida, sino también para establecer los alcances de la ejecutoria, con el objeto de conseguir su eficaz y pleno acatamiento, máxime si la causa de que no se haya atendido a lo resuelto deriva de la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, como sucede en la especie. (.) En ese sentido, tomando en consideración que el amparo se concedió porque la Directora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla dilató la tramitación del procedimiento económico coactivo, ordenado mediante oficio 1081/2014, de cinco de noviembre de dos mil catorce, el alcance de la sentencia de amparo se traduce en que, la autoridad responsable ejecute todos los actos y medidas necesarias para cumplimentar el procedimiento económico coactivo ordenado en el citado oficio contra Gilberto Román Morales y sus padres José Celso Román y Fortunata Morales Leal y, como consecuencia, obtenga el pago de la reparación del daño a que fue condenado aquél. Por tanto, contrario a lo estimado en el acuerdo emitido el veintisiete de noviembre de dos mil quince, la resolución dictada en el incidente de inejecución 3/2015, en el recurso de inconformidad 20/2016 así como en la resolución emitida el seis de julio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable ejecutó los actos y medidas necesarias para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra Gilberto Román Morales y sus padres, José Celso Román y Fortunata Morales Leal, como se desprende de los oficios antes mencionados, puesto que: (.) En ese contexto, la autoridad responsable llevó los actos que estuvieron a su alcance para tramitar el procedimiento económico coactivo sin que se hubiera logrado obtener el pago por causas no atribuibles a dicha autoridad sino, precisamente, por la insolvencia del sentenciado y de sus progenitores, como quedó asentado en las constancias antes descritas. Sin que sea óbice a lo anterior, que no se hubiera obtenido el pago reparación del daño a que fue condenado Gilberto Román Morales y sus progenitores, en virtud de que la autoridad responsable llevó a cabo todos los actos necesarios para tramitar el procedimiento administrativo de ejecución y así poder obtener el pago mencionado, pues realizó las investigaciones antes referidas, pues llevó a cabo tres mandamientos de ejecución así como tres actas de requerimiento de documentación, pago y embargo, de las que se advierte que la autoridad responsable, por conducto de los notificadores-ejecutores, una vez que se presentaron en el domicilio correspondiente para llevar a cabo las diligencias anteriores, no trabaron embargo, porque se trataba de bienes que se no eran susceptibles para ello. En ese sentido, se advierte que el amparo se concedió por la dilación procesal en que incurrió la autoridad responsable, la cual como se dijo, llevó a cabo los actos necesarios para tramitar el procedimiento administrativo de ejecución antes citado sin obtener el pago respectivo, por causas ajenas a dicha autoridad. Por tanto, esta Segunda Sala considera que no procede el cumplimiento sustituto, ya que no se advierte que se actualice alguna imposibilidad para cumplir con el fallo protector el cual se insiste consistió en que la Directora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla dentro del término de sesenta días naturales ejecutara todos los actos y medidas necesarias para cumplimentar el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra Gilberto Román Morales y sus padres José Celso Román y Fortunata Morales Leal, y obtuviera el pago de la reparación del daño a que fue condenado el primero de los mencionados; de ahí que no se actualizan los supuestos de los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, razón por la cual no es procedente ordenar su acatamiento en forma sustituta. No está por demás señalar que lo resuelto en esta ejecutoria no impide que la Juez de Ejecución de Medidas de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla en el expediente15/201/JEM de su índice, continúe llevando a cabo los actos necesarios para obtener el pago de la reparación del daño ordenada en el expediente 148/2011, incluyendo el verificar si ante la insolvencia del deudor sentenciado, tal pago se puede dar, de ser procedente, por medio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Delito previsto en el artículo 18 de la Ley de Protección a las Victimas para el Estado de Puebla. En tal virtud, esta Segunda Sala determina que es improcedente este incidente de cumplimiento sustituto en el juicio de amparo indirecto 1520/2015 (antes 1277/2014), del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Es improcedente el incidente de cumplimiento sustituto a que este toca se refiere. (.) En consecuencia, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano terminal, precisó los alcances de la ejecutoria de amparo y resolvió improcedente el cumplimiento sustituto, pues no existió imposibilidad para cumplir con el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable ejecutó los actos y medidas necesarias para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución instaurado en contra de Gilberto Román Morales y sus padres José Celso Román y Fortunata Morales Leal, esto es, realizó los actos que estuvieron a su alcance para tramitar el procedimiento económico coactivo sin que se hubiera logrado obtener el pago por causas no atribuibles a dicha autoridad sino, precisamente, por la insolvencia del sentenciado y de sus progenitores. Por tanto, al haberse cumplimentado la ejecutoria de amparo con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sirve de apoyo la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." En esa tesitura, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Incidental

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA REMEDIOS MORALES VADEZ EL PROVEÍDO DE 23 DE abril DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como la promoción con número de registro 7657, relativa al oficio número CT-588/2018, acompañado de la ejecutoria dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho en el incidente de cumplimiento sustituto 21/2017 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con dos anexos; agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes y, acúsese recibo, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales y realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, se ordena la notificación a las partes del oficio número CT-588/2018, acompañado de la resolución dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho en el incidente de cumplimiento sustituto 21/2017 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtenida del Módulo de Intercomunicación para la transmisión electrónica de documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte (MINTERSCJN). En ese sentido, se ordena al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, para que, inmediatamente, notifique personalmente a la parte quejosa, por lista al tercero interesado Gilberto Román Morales, en cumplimiento al auto de nueve de septiembre de dos mil catorce (foja 18 del tomo I), por oficio a las autoridades responsables 1) Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, 2) Juez de Ejecución de Medidas de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, 3) Director de Medidas de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, 4) Subsecretario Jurídico de la Secretaria General del Gobierno del Estado de Puebla, 5) Directora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, a la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Hecho lo anterior, remítase mediante el oficio que al efecto se libre las constancias respectivas a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, como del oficio de cuenta se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de cumplimiento sustituto 21/2017 de su índice, el catorce de marzo de dos mil dieciocho, en lo que aquí interesa señaló: "(.) En el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el incidente de cumplimiento sustituto que nos ocupa es improcedente, puesto que no existe imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, sino una inexacta interpretación de los alcances de la misma. Al respecto, cabe destacar que las decisiones emitidas durante el procedimiento de ejecución por la juez de amparo (auto emitido el veintisiete de noviembre de dos mil quince y la resolución de seis de julio de dos mil diecisiete) y por el tribunal colegiado del conocimiento (en el incidente de inejecución 3/2015 y el recurso de inconformidad 20/2016), no resultan vinculantes para esta Segunda Sala, toda vez que, como órgano terminal, este Alto Tribunal tiene facultades no solamente para definir qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplir el fallo protector y en qué medida, sino también para establecer los alcances de la ejecutoria, con el objeto de conseguir su eficaz y pleno acatamiento, máxime si la causa de que no se haya atendido a lo resuelto deriva de la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, como sucede en la especie. (.) En ese sentido, tomando en consideración que el amparo se concedió porque la Directora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla dilató la tramitación del procedimiento económico coactivo, ordenado mediante oficio 1081/2014, de cinco de noviembre de dos mil catorce, el alcance de la sentencia de amparo se traduce en que, la autoridad responsable ejecute todos los actos y medidas necesarias para cumplimentar el procedimiento económico coactivo ordenado en el citado oficio contra Gilberto Román Morales y sus padres José Celso Román y Fortunata Morales Leal y, como consecuencia, obtenga el pago de la reparación del daño a que fue condenado aquél. Por tanto, contrario a lo estimado en el acuerdo emitido el veintisiete de noviembre de dos mil quince, la resolución dictada en el incidente de inejecución 3/2015, en el recurso de inconformidad 20/2016 así como en la resolución emitida el seis de julio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable ejecutó los actos y medidas necesarias para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra Gilberto Román Morales y sus padres, José Celso Román y Fortunata Morales Leal, como se desprende de los oficios antes mencionados, puesto que: (.) En ese contexto, la autoridad responsable llevó los actos que estuvieron a su alcance para tramitar el procedimiento económico coactivo sin que se hubiera logrado obtener el pago por causas no atribuibles a dicha autoridad sino, precisamente, por la insolvencia del sentenciado y de sus progenitores, como quedó asentado en las constancias antes descritas. Sin que sea óbice a lo anterior, que no se hubiera obtenido el pago reparación del daño a que fue condenado Gilberto Román Morales y sus progenitores, en virtud de que la autoridad responsable llevó a cabo todos los actos necesarios para tramitar el procedimiento administrativo de ejecución y así poder obtener el pago mencionado, pues realizó las investigaciones antes referidas, pues llevó a cabo tres mandamientos de ejecución así como tres actas de requerimiento de documentación, pago y embargo, de las que se advierte que la autoridad responsable, por conducto de los notificadores-ejecutores, una vez que se presentaron en el domicilio correspondiente para llevar a cabo las diligencias anteriores, no trabaron embargo, porque se trataba de bienes que se no eran susceptibles para ello. En ese sentido, se advierte que el amparo se concedió por la dilación procesal en que incurrió la autoridad responsable, la cual como se dijo, llevó a cabo los actos necesarios para tramitar el procedimiento administrativo de ejecución antes citado sin obtener el pago respectivo, por causas ajenas a dicha autoridad. Por tanto, esta Segunda Sala considera que no procede el cumplimiento sustituto, ya que no se advierte que se actualice alguna imposibilidad para cumplir con el fallo protector el cual se insiste consistió en que la Directora de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla dentro del término de sesenta días naturales ejecutara todos los actos y medidas necesarias para cumplimentar el procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra Gilberto Román Morales y sus padres José Celso Román y Fortunata Morales Leal, y obtuviera el pago de la reparación del daño a que fue condenado el primero de los mencionados; de ahí que no se actualizan los supuestos de los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, razón por la cual no es procedente ordenar su acatamiento en forma sustituta. No está por demás señalar que lo resuelto en esta ejecutoria no impide que la Juez de Ejecución de Medidas de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla en el expediente15/201/JEM de su índice, continúe llevando a cabo los actos necesarios para obtener el pago de la reparación del daño ordenada en el expediente 148/2011, incluyendo el verificar si ante la insolvencia del deudor sentenciado, tal pago se puede dar, de ser procedente, por medio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Delito previsto en el artículo 18 de la Ley de Protección a las Victimas para el Estado de Puebla. En tal virtud, esta Segunda Sala determina que es improcedente este incidente de cumplimiento sustituto en el juicio de amparo indirecto 1520/2015 (antes 1277/2014), del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Es improcedente el incidente de cumplimiento sustituto a que este toca se refiere. (.) En consecuencia, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano terminal, precisó los alcances de la ejecutoria de amparo y resolvió improcedente el cumplimiento sustituto, pues no existió imposibilidad para cumplir con el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable ejecutó los actos y medidas necesarias para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución instaurado en contra de Gilberto Román Morales y sus padres José Celso Román y Fortunata Morales Leal, esto es, realizó los actos que estuvieron a su alcance para tramitar el procedimiento económico coactivo sin que se hubiera logrado obtener el pago por causas no atribuibles a dicha autoridad sino, precisamente, por la insolvencia del sentenciado y de sus progenitores. Por tanto, al haberse cumplimentado la ejecutoria de amparo con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sirve de apoyo la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." En esa tesitura, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil dieciocho. Visto el acuse de recibo del oficio SSGA-XXI-31152/2017, emanado del incidente de cumplimiento sustituto 21/2017 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el acta de la diligencia levantada el catorce de marzo de dos mil dieciocho, por el actuario judicial adscrito a este juzgado, se advierte que dicha comunicación fue debidamente notificada a la autoridad Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Medidas de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla. En ese sentido, se ordena glosar copia certificada de las aludidas constancias y, en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de cumplimiento sustituto 21/2017 de su índice, se remiten dichos documentos a través del Módulo de Intercomunicación para la transmisión electrónica de documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte (MINTERSCJN), asimismo, se remiten los originales vía ordinaria, a través de oficio que se gire para tal efecto.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y, atento a su contenido, téngase a la Superioridad comunicando 1) la radicación y admisión del incidente de cumplimiento sustituto planteado dentro del juicio de amparo 1520/2015 del índice de este órgano jurisdiccional, 2) que el asunto se turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas y 3) que el incidente se radicó con el número de expediente 21/2017; de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional.

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