Rencurrell Luis Abrahan
Expediente 386/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rencurrell Luis Abrahan
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 10028/2019, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por medio del cual, informa que el siete de mayo de dos mil diecinueve, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Oscar Pérez Córdova Amador, en representación de los quejosos Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel; de lo que el suscrito juzgador toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula respectiva, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En diverso aspecto, de autos se advierte que el siete de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, solicitó a este órgano jurisdiccional que una vez que se tuviera conocimiento respecto a qué Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, le había correspondido conocer de la demanda de que se trata, se le informara dicha circunstancia, y como ello ya aconteció, infórmese al Homólogo de referencia, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Oscar Pérez Córdova Amador, en representación de los quejosos Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel; la cual radicó bajo el número 1320/2019; lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, dentro del controvertido constitucional 745/2019 de su índice. Finalmente, del estado procesal que guardan los presentes autos, aparece que el tres de mayo del año en curso, se reservó proveer lo que en derecho correspondiera, respecto del oficio 17478/2019 del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, y anexos que acompañó, hasta en tanto se tuviera conocimiento de quién era la autoridad que continuaría conocimiento de la demanda planteada por Oscar Pérez Córdova Amador, en representación de los quejosos Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, o en su caso, la determinación que hubiere adoptado; y, toda vez que, en esta data se obtiene tal información, al respecto se provee: Envíese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, copia certificada del oficio 17478/2019 del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remitió el oficio INM/DGJDHT/DAJ/AMP/0839/2019 de la Subdirectora de Juicios de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General Jurídico de Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración; y dos oficios de veintisiete de abril de dos mil diecinueve, del Director General Adjunto de procedimientos Constitucionales, en suplencia por ausencia de la Directora General de Procedimientos Constitucionales, en representación de la Secretaría de Gobernación, para que surtan los efectos legales dentro del juicio de amparo 1320/2019 de su estadística.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 17663/2019 del secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, atento a lo solicitado, se provee: Una vez que este órgano jurisdiccional tenga conocimiento respecto a qué Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, le correspondió conocer de la demanda presentada por Óscar Pérez Córdoba Amador, en representación de Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, infórmese al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla a efecto de que surta efectos en el juicio de amparo 745/2019 de su índice.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 17478/2019 de la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual, remite las siguientes comunicaciones: Oficio INM/DGJDHT/DAJ/AMP/0839/2019 de la Subdirectora de Juicios de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General Jurídico de Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración; y, Dos oficios de veintisiete de abril de dos mil diecinueve, del Director General Adjunto de procedimientos Constitucionales, en suplencia por ausencia de la Directora General de Procedimientos Constitucionales, en representación de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el suscrito juez de Distrito declinó competencia por razón de territorio al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, sin que a la fecha se tenga conocimiento de quién es la autoridad que continuará conociendo de la demanda planteada por Óscar Pérez Córdoba Amador, en representación de Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, o en su caso, de la determinación que haya adoptado. Por tanto, resérvese acordar lo conducente, una vez que ocurra lo anterior. Notifíquese electrónicamente al promovente y por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y FORMACIÓN. Agréguese a los autos el oficio 17189/2019, signado por el secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al cual adjunta el juicio de amparo 745/2019, en el que consta la demanda de amparo presentada por Óscar Pérez Córdoba Amador, en representación de Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel. Fórmese expediente y regístrese con el número 386/2019-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. Y, acúsese el recibo correspondiente INCOMPETENCIA. Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto, en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, Óscar Pérez Córdoba Amador, en representación de Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III. ACTOS RECLAMADOS: A. El posible, cierto y real temor fundado de que los hoy quejosos sean privados de su Iibertad y su consecuente reclusión en la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas, del Instituto Nacional de Migración. Con la consecuente deportación a su país de origen, así como de los actos de las autoridades migratorias, y administrativas que tengan que ver con una posible limitación a las garantías que consagra la Constitución, sobre todo con la de libre tránsito, evitando además que se les auxilie por razones humanitarias por los organismos tanto gubernamentales, como no gubernamentales y sobre todo que me sean violentadas las garantías individuales consagradas en los artículos 11, 14 y 16 de la propia Constitución Federal. IV. AUTORIDADES RESPONSABLES. Delegado Regional en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Carretera Nueva Alemania, Km. 1.5 a un costado el Hospital, COFAL, C.P. 30710, Tapachula, Chiapas. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). Director de la Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Carretera Nueva Alemania, Km. 1.5 a un costado el Hospital, COFAL, C.P. 30710, Tapachula, Chiapas. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Carretera Nueva Alemania, Km. 1.5 a un costado el Hospital, COFAL, C.P. 30710, Tapachula, Chiapas. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). Director de la Policía Estatal Fronteriza con domicilio en Prolongación Duraznos SN, Los Naranjos, San Antonio Cebadilla, C.P. 30700 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis (En su carácter de ordenadora y ejecutora). Titular de la Secretaría de Gobernación con domicilio en Abraham González col. Juárez, Del. Cuauhtémoc Ciudad de México. (en su carácter de ordenadora y ejecutora). Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Con domicilio en Avenida Homero1832, Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México. C.P. 11510. (en su carácter de ordenadora y ejecutora). Comisionado general de la Policía Federal. Con domicilio en Londres 102, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06600 (en su carácter de ordenadora y ejecutora). Comandante de la Policía Estatal Preventiva, con domicilio en 21,7a. Avenida Sur 19, Centro, C.P. 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis. (En su carácter de ordenadora y ejecutora)." Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la interpretación de los normativos y criterios apuntados, se advierten tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se requiere hacer el estudio del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda, así como de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la regla general de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. Luego, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente esencialmente reclama del 1. Delegado Regional en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, 2. Director de la Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas del Instituto Nacional de Migración, 3. Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas del Instituto Nacional de Migración, 4. Director de la Policía Estatal Fronteriza 5. Titular de la Secretaría de Gobernación, 6. Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 7. Comisionado general de la Policía Federal y Comandante de la Policía Estatal Preventiva: La privación ilegal de la libertad fuera del procedimiento y como consecuencia: La deportación a su país de origen; y, La reclusión en estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tapachula Chiapas. En ese sentido, el suscrito advierte que se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Lo anterior es así, ya que atendiendo a la naturaleza de la citación reclamada y de sus consecuencias jurídicas, éste requiere de ejecución material, consistente en que los quejosos directos sean alojados o detenidos en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tapachula, Chiapas y como consecuencia su deportación a su país de origen. En consecuencia, el acto que por esta vía se combate, evidentemente tendrá ejecución en Tapachula Chiapas, máxime que en el escrito de demanda y en el diverso que presentó el veintisiete de abril pasado, ante el secretario de guardia del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el promovente indicó que los quejosos directos Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel. se encuentran en Tapachula, Chiapas, y señaló el domicilio donde se encuentran alojados, por lo que, es ahí donde van a ejecutarse los actos reclamados. Por tanto, es evidente que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal conocer de la presente demanda de amparo presentada por Óscar Pérez Córdoba Amador, en representación de Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. Sin que se oponga a lo anterior el hecho de que el aquí promovente señalé un domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio para oír y recibir notificaciones, ni en su caso la dirección donde habita el promovente, sino el lugar donde resida la autoridad que ha de ejecutar el acto reclamado, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En ese contexto, se advierte que de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, conocer de los juicios de amparo con ejecución en esa demarcación territorial, como acontece en la especie. Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente, por territorio, para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, para conocer del presente asunto. Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir la presente demanda amparo radicada con el número de amparo 386/2019, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; para que, por su conducto, se turne al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, que corresponda, por razón de turno. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda ubicado en la ciudad de Puebla AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Óscar Pérez Córdoba Amador, atento a que de los datos proporcionados acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogada y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas restantes, por así haberlo solicitado expresamente. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Así mismo, con base en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, así como en lo preceptuado en los numerales 79, 80, 81, 82, 96, 97, 98, 99 y100 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, realícense las notificaciones a la parte quejosa de manera electrónica. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrán que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, Hugo Mercado Bautista, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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