Regina Vazquez Saut

Expediente 1444/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 72 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1444/2015
Año
2015
Actuaciones
72
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Regina Vazquez Saut
  • REGINA VAZQUEZ SAUT y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 72.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por la quejosa Regina Vázquez Saut y, visto que fue su contenido, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia simple de las constancias que indica, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Por otra parte, respecto a su petición para la reproducción digital de las indicadas constancias, se acuerda procedente dicha solicitud, bajo las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Haciéndole saber que, con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por la quejosa Regina Vázquez Saut y, visto que fue su contenido, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Haciéndole saber que, con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se aprecia que en acuerdo de once de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo de dicho expediente como asunto totalmente concluido; sin embargo, en dicho auto no se proveyó sobre el destino del tomo de pruebas que ofreció la parte quejosa, integradas al presente cuaderno en interlocutoria de veinte de diciembre de dos mil doce (fojas 186 a 190), consistentes en copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo 1015/2012, de la estadística del antes Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, así como copia certificada de los Contratos de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma (anexo I). En consecuencia, con fundamento en la fracción I del artículo vigésimo del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el referido tomo de pruebas es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo dictado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 3802 a 3807, del tomo IV), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de noviembre al diez de diciembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. No escapa a la atención de quien aquí provee, que del acuse de recibo del oficio CUMP-1361-1, dirigido a la Directora Jurídica Contenciosa de la Coordinación General Jurídica adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el cual se le notificó el referido acuerdo de ocho de noviembre del actual, se aprecia que fue recibido el nueve de octubre de dos mil dieciocho; sin embargo, es evidente que se trata de un error, en virtud que el auto a notificar se emitió el ocho de noviembre de dos mil dieciocho; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar la totalidad de las actuaciones que obran en el mismo. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales ofrecidas en el presente asunto y acordadas en proveído de once de abril de dos mil catorce (fojas 782 a 784, del tomo I), se ordena devolver a la Directora Jurídica Contenciosa de la Coordinación General Jurídica, adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, los anexos II a IV, consistentes en: a) La documental pública consistente en la copia certificada expedida por la Ingeniera Consuelo Romero y Romero, Directora de Normatividad y Gestión Ciudadana de la Secretaría de Infraestructura, el siete de abril de dos mil catorce (anexo II). b) Las copias simples de las actuaciones del expediente número 1700/2012 del índice del juzgado Primero de lo Civil de Cholula, Puebla (anexo III). c) La documental pública consistente en los planos 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 del Proyecto Ejecutivo Colector Pluvial Atlaco- Recta Cholula, emitidos por la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (anexo IV). Sin que sea necesario requerirle acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda notificar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales antes descritas. Así mismo, al ser innecesario conservar las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda consistente el instrumento notarial número tres mil ochocientos setenta y cuatro (3874) de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, de la Notaría Pública Número 27 de la ciudad de Puebla, así como con las diversas acordadas en audiencia incidental de veinte de diciembre de dos mil doce (fojas 186 a 190, del incidente de suspensión -anexo I-) como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos aludidos, apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente principal; los cuales le serán devueltos, previa identificación y constancia de su entrega. Finalmente, toda vez que los anexos V, VI, VII y VIII, fueron remitidos por Miguel Ángel Cariño Aguilar, perito oficial en materia de valuación de bienes inmuebles, consistentes en diversos dictámenes de la materia conferida; y, por cuanto hace al diverso anexo I, que se formó en proveído de veinte de marzo de dos mil catorce (foja 659, del tomo I), con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos por Bruno Viñals Morales, autorizado en términos amplios de la quejosa, y, en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que los mismos al ser de relevancia documental, son susceptibles de depuración.

Quedan 68 actuaciones en este expediente

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