Regino Bucio Fuerte

Expediente 422/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
422/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Juan Pablo Bucio Hernandez
  • Regino Bucio Fuerte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    MORELIA, MICHOACÁN, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Como del estado procesal que guardan los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro de dicho incidente, se tuvo a la parte quejosa, por exhibiendo el billete de depósito número N 837605, valioso por la cantidad de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.), a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional que le fue otorgada en auto de quince de mayo del mismo mes y año; por lo tanto se le requiere a ...para que dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, comparezca ante este Tribunal Federal a recibir el certificado de referencia, en razón de que jurídicamente resulta innecesario seguir conservándolo en depósito y a disposición de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo, en su momento se hará efectivo a favor del Erario Federal en términos del artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el duplicado del cuaderno incidental, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, y el original del cuaderno incidental, es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, lo anterior, toda vez que se sobreseyó el presente asunto y se concedió la suspensión provisional. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en la sentencia interlocutoria de veintiuno de mayo del año en curso, se requirió al Agente Investigador, encargado de la Agencia de Investigación y Análisis de la Fiscalía Especializada de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, -, para que proporcionara su clave RFC con homoclave, domicilio y fecha de nacimiento, copia simple de credencial de elector, cédula profesional o CURP, y nombramiento que lo acredite con ese cargo, para enviar dicha información al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1" del Servicio de Administración Tributaria, y hacerle efectiva la multa equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, sin que a la fecha lo haya hecho; por lo tanto, se le requiere nuevamente para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificado del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional la información requerida, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, la cual es distinta e independiente a la multa impuesta en la interlocutoria de mérito. Notifíquese.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en la que por una parte se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo respecto de y por la otra se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a ; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Notifíquese.

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