Rebeca Olivera Romero
Expediente 931/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rebeca Olivera Romero
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. En?términos de los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable citada en la constancia secretarial, por rendido?su respectivo informe justificado y remitida la constancia que lo sustenta, las que se ordena glosar a los autos para que obren como corresponda. Ahora bien, como de la constancia secretarial se desprende que el acto reclamado en el presente juicio se hizo consistir en la omisión de desahogar las pruebas en el juicio laboral - del índice del Tribunal responsable, así como la omisión de dictar laudo; y toda vez, que de las documentales aportadas por la responsable, con su informe justificado, se desprende que el veintiuno de agosto del presente año, dicha responsable emitió el acuerdo en el que tuvo por desahogadas las pruebas ofrecidas en el juicio de origen y certificó que no existe prueba ni diligencia pendiente por desahogar dentro de dicho juicio, por lo que concedió el término de tres días hábiles a la parte demandada para formular alegatos. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; motivos por los cuales el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado tal acto al haberse desahogado las pruebas que se encontraban pendientes y otorgado el término de tres días a las partes para formular alegatos. Por ello, se estima que el particular han cesado los efectos del acto reclamado, y en consecuencia lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, la cual fue fijada, según constancia secretarial a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la fecha referida para el desahogo de tal audiencia. No se soslaya el hecho de que la quejosa reclama la omisión de dictar laudo en el juicio 75/2021 de donde emana el acto reclamado, no obstante, de lo antes indicado, se desprende que al momento de la presentación de la demanda de garantías, dicho expediente se encontraba en etapa probatoria, es decir, el trámite a seguir era que una vez concluido éste, previa certificación secretarial, dar vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales; y, será hasta entonces, cuando la autoridad laboral estará en condiciones de proseguir con las restantes etapas y emitir el laudo respectivo. En consecuencia, el análisis del acto reclamado y por ende de la violación que se analice en torno al actuar de la autoridad responsable, deberá limitarse en función de la etapa en la que se ubique el juicio de origen; por tanto, si el juicio natural se encontraba en la etapa de pruebas, resulta evidente que la responsable está jurídicamente impedida para emitir el laudo. Resulta aplicable al caso en particular, por las razones que contiene la tesis aprobada por la Segunda Sala en la Sesión del 20 de Noviembre de 2013 2ª. CV/2013 (10ª.), del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACION DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITUA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por la autoridad precisada en supra líneas, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de sus apoderados; carácter que se les reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, en virtud a que de las constancias adjuntas a la demanda de mérito, se evidencia que tienen reconocida dicha personalidad; en consecuencia, este Juzgado acepta la competencia planteada, dado el conocimiento previo que se tuvo de la diversa omisión reclamada en el juicio de amparo 347/2022 del índice de este Juzgado, promovido por la propia quejosa, relativo al juicio de origen - del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta Ciudad; por tanto, se avoca al conocimiento del presente asunto. Asimismo, en atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 5°, 33 fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo, contra el acto reclamado que refiere la parte quejosa en su libelo constitucional. Gírese oficio a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, a efecto de que se efectúe la compensación correspondiente. Regístrese en el Libro de Gobierno e ingrésese al sistema electrónico con el número IV-931/2023-2. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete. Sin formar por separado los cuadernillos incidentales, por no haber sido solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable, su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del que reciba el oficio en el que se les solicita, el que podrán hacerlo por escrito, y en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora, en atención al acto reclamado que consiste en la omisión de la responsable de tener por desahogadas las pruebas en el juicio de origen, para emitir el laudo correspondiente, se estima que en este caso la contraparte del quejoso no tiene carácter de tercero interesado, en términos de lo dispuesto en el numeral 5º. fracción III del ordenamiento legal de la materia, toda vez que la omisión reclamada, también le afecta a esa parte, por lo cual no tiene un interés contrario a la parte quejosa. En el entendido que este juzgado de Distrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia 1°/J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUIDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMDO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Sin embargo, se considera que dejó de ser aplicable en la actualidad, pues interpreta la Ley de Amparo anterior y la nueva en su artículo 5, fracción III, inciso b) precisa la necesidad de la existencia de un interés adverso, para que pueda tener el carácter de tercero interesado antagonista de la parte quejosa lo cual, se reitera, no sucede en la especie, en tanto que el actor como la demandada esperan la pronta resolución de la controversia a la que son sometidos. Más aún que la reforma constitucional al artículo 17 constitucional de quince de septiembre de dos mil diecisiete y la interpretación que al respecto hizo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 16/2021, ordenó que debe privilegiarse la resolución del fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. En el entendido de que los hechos que narra la parte quejosa en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días en los términos precisados en párrafos que antecede. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a la autoridad señalada como responsable, y a los que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) sentencia de fondo; d) admisión de recursos de revisión y queja; y, e) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la autoridad responsable, que para rendir su informe, deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos que se le notifique, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, autorizando para recibirlas a las personas que refiere.Así lo acordó y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de junio de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del cuerpo normativo en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa en legal y debida forma con la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.
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