Renan Chavez Aburto
Expediente 569/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Renan Chavez Aburto
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta número 4918 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, mediante el cual informa que en data veintisiete de agosto del año en curso, aceptó la competencia planteada por este Juzgado desechando la demanda de garantías promovida por la parte quejosa. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce, dado que se planteó incompetencia para conocer del presente asunto. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta número 4403 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, mediante el cual previo a proveer respecto de la incompetencia planteada por este Juzgado requiere al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con sede en esta ciudad, a fin de que cumpla con lo que refiere en su ocurso. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ********************, en cuanto apoderado jurídico de ********************carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, virtud a las constancias que adjunta a su libelo constitucional, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con sede en esta ciudad; señalando como acto reclamado el siguiente: "4.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: DE LA ORDENADORA; RECLAMO. El auto de fecha 7 siete de junio del 2018, mediante el cual; DECRETA LA CADUCIDA DE LA INSTANCIA VOLVIENDO LAS COSAS AL ESTADO QUE GUARDABAN HASTA ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA..dictada dentro del juicio sumario civil sobre.INTERDICTO DE SUSPENSIÓN DE OBRE NUEVA; MAS EL PAGO DEL DAÑO CAUSADO CON MOTIVO DE LA MISMA..SOLICITANDO SE APRECIBA A LOS DEMANDADOS..Dentro del expediente 731/2017: Casando bajo por auto aquí ahora impugnado (según la responsable) de conformidad con el artículo 718 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán." Al respecto, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en virtud de que el acto que se reclama pone fin al juicio de origen y sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, con fundamento en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" Del precepto legal en cita se desprende la procedencia del juicio de amparo directo en los siguientes supuestos: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. b) Son sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. c) Son resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. d) Deben agotarse previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales las sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados. e) Para efectos de la Ley de Amparo, se entiende que el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Sentado lo anterior, en el caso concreto, el acto que el quejoso reclama consiste en: El auto de siete de junio de dos mil dieciocho, que decretó la caducidad de la instancia dentro del Juicio Sumario Civil, sobre Interdicto de Suspensión de Obra Nueva, número 731/2017 promovido por el apoderado jurídico del aquí quejoso Renán Chávez Aburto ante el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con sede en esta ciudad. Del análisis del acto reclamado, resulta evidente que se trata de una resolución que pone fin al juicio, en virtud de que sin haberlo decidido en lo principal lo está dando por concluido. Ahora, el auto que constituye el acto aquí reclamado, respecto del cual, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento el día ocho de junio del año en curso. De lo expuesto se obtiene que en el auto que reclama la promovente del amparo se decretó la caducidad de la instancia, por lo que si bien no es una resolución que decida el juicio en lo principal, sí constituye un auto que pone fin al juicio. En ese sentido, es dable concluir que el auto aquí combatido da por terminado el juicio relativo sin decidir el problema expuesto por el actor en su demanda. Por tal motivo, su reclamo debe plantearse en la vía de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, en específico, ante un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, de conformidad con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, por similitud resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J.139/2002, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia Administrativa, página 236, de rubro y contenido: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En lo conducente resulta aplicable, la tesis aislada con número de registro 220617, resuelta por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Febrero de 1992, Materia Común, página 239, de rubro y contenido: "PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECRETA LA CADUCIDAD EN LA PRIMERA INSTANCIA Y ES CONFIRMADA EN APELACIÓN. La caducidad de la instancia es un medio extraordinario establecido en las legislaciones procesales, cuya característica es la de extinguir la relación jurídica que liga a los sujetos que participan en un procedimiento contencioso, sin resolver cuestión alguna respecto de sus pretensiones; por lo que cuando se decreta la caducidad dentro de la primera instancia y tal determinación es confirmada en grado de apelación, esta última resolución, para los efectos que marca el artículo 46 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio susceptible de combatirse en amparo directo." Así como la Tesis Jurisprudencia XIV.2o. J/23, resulta por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Civil, página 1161, que a la letra dice: "CADUCIDAD. EL AUTO QUE LA DECLARA EN SEGUNDA INSTANCIA ADMITE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y EL AMPARO DIRECTO RESULTA IMPROCEDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Es improcedente el amparo directo promovido contra una resolución que declara la caducidad en segunda instancia toda vez que, aun cuando se trata de una resolución que pone fin al juicio, admite el recurso de revocación previsto en el artículo 368 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y, por tanto, si no se agotó este medio de defensa, la vía constitucional directa resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo." Por consiguiente, es dable sostener que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para los efectos legales conducentes. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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